de los derechos humanos
El gobierno siguió silenciando a las personas críticas con sus políticas, incluidos periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Lewis Medjo, director del periódicoLa Détente Libre,
fue condenado a tres años de prisión en enero. Fue declarado culpable de “difusión de noticias falsas” a causa de un artículo en el que se afirmaba que el presidente Biya estaba planeando forzar la dimisión del presidente del Tribunal Supremo.
En junio, los periodistas Jacques Blaise Mvié y
Charles René Nwé, del periódicoLa Nouvelle, fueron
condenados en ausencia a cinco años de prisión tras ser declarados culpables por el tribunal militar de Yaundé de injurias a una autoridad y de violación de secretos de defensa. El juicio guardaba relación con un artículo publicado en el periódico en el que se decía que el ministro de defensa había estado implicado en una conspiración para derrocar el gobierno.
En diciembre, Jean-Bosco Talla, del periódico
Germinal, fue detenido y acusado de injuriar al
presidente Biya.Germinalhabía publicado un extracto
de un libro prohibido que denunciaba que el presidente Biya y su predecesor, Ahmadou Ahidjo, habían concluido un pacto político sellado por un acto homosexual. El 28 de diciembre, el Tribunal Superior declaró culpable a Jean-Bosco Talla y lo condenó a prisión con suspensión de un año y al pago de una multa, y le ordenó el pago de costas por un importe de 3.154.600 francos CFA (unos 7.000 dólares estadounidenses). Al terminar el año continuaba bajo custodia por no haber pagado la multa. Antes, en julio, Jean-Bosco Talla había recibido amenazas de muerte
anónimas por teléfono tras publicarGerminaluna
información en la que se decía que el presidente Biya había adquirido propiedades en Francia por medios corruptos.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales
y personas transgénero
El Código Penal penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
En julio, dirigentes de la Iglesia católica romana organizaron una manifestación en Duala para protestar contra la adopción en mayo por Camerún del Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, conocido como Protocolo de Maputo, que garantiza una amplia gama de derechos a las mujeres. Los dirigentes eclesiásticos acusaron al gobierno de legalizar el aborto y la homosexualidad al adoptar el Protocolo.
Yves Noe Ewane fue detenido en mayo y acusado de
realizar actos homosexuales. Al principio negó el cargo pero, según informes, se vio obligado a admitir el delito cuando durante varios días lo tuvieron desnudo y le impidieron recibir visitas de familiares. Quedó en libertad en septiembre.
Condiciones de reclusión
Las condiciones en las prisiones de todo el país seguían siendo duras y podían suponer una amenaza para la vida. En un informe publicado en agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades, de carácter gubernamental, afirmó que hasta cinco presos morían cada año debido a falta de atención médica y a las deficientes condiciones de higiene. La Comisión expresó también su
preocupación por la larga duración de la reclusión sin juicio de hasta el 62 por ciento de la población penitenciaria, en algunos casos nueve años.
Los centros de detención seguían siendo inseguros y peligrosos.
En enero, en la prisión de Bamenda, muchos presos
resultaron heridos durante un motín protagonizado por los reclusos. En marzo se fugaron 10 presos: 2 condenados a muerte y 8 declarados culpables de violación o robo a mano armada.
En junio, hasta 50 reclusos se fugaron de la prisión
de Yagona, en la Provincia del Extremo Norte. La mayoría fueron capturados de nuevo, pero al terminar el año casi 20 seguían en libertad. Otros 18 presos se fugaron de la cárcel de Meri, en la misma provincia.
Impunidad
No parecía que el gobierno hubiera tomado medidas administrativas o judiciales para investigar los
homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad contra civiles durante las protestas violentas de febrero de 2008. Las personas que habían ordenado o llevado a cabo las violaciones seguían sin rendir cuentas y las víctimas no recibieron forma alguna de resarcimiento.
Pena de muerte
Un número desconocido de presos estaban en espera de ejecución. Uno de ellos era Jérôme Youta, que en 1999 había sido declarado culpable del homicidio de su padre en un juicio que, según Jérôme y su abogado, había carecido de garantías. No se sabía con certeza cuántas personas habían sido condenadas a muerte en 2009. La última ejecución se había llevado a cabo en 1997.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Respondiendo a un informe de Amnistía Internacional publicado en enero, el gobierno negó que hubiera obstaculizado previamente las visitas de delegaciones de Amnistía Internacional y se comprometió a facilitar una visita de la organización a principios de 2010.Cameroon: Impunity underpins persistent abuse(AFR 17/001/2009)
CANADÁ
CANADÁ
Jefa del Estado: reina Isabel II,
representada por Michaëlle Jean
Jefe del gobierno: Stephen Harper
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 33,6 millones
Esperanza de vida: 80,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000
Las autoridades canadienses no protegieron de forma satisfactoria los derechos de los pueblos indígenas. Siguieron suscitando preocupación las violaciones de derechos humanos relacionadas con leyes y prácticas sobre seguridad nacional, así como con actividades mineras fuera del territorio canadiense.
Información general
En febrero se evaluó el historial de Canadá sobre derechos humanos en virtud del mecanismo de examen periódico universal de la ONU. El gobierno federal rechazó la recomendación de que Canadá elaborara una estrategia nacional para la erradicación de la pobreza, argumentando que la puesta en marcha de una medida semejante era competencia de las provincias o territorios.