En la región Sur del país la expansión minera se ha realizado sobre el cobre. La minería cuprífera estuvo dominada por mucho tiempo por la Cerro de Pasco Copper Corporation, ubicada en la sierra centro de Perú y caracterizada por un tipo de minería de socavón. Sin embargo este tipo de minería sería reemplazada en varias partes del mundo por la minería a cielo abierto, aumentando los riesgos de impactos negativos ambientales. En la década de 1960 la extracción del cobre se movió hacia el Sur nacional, donde actualmente SPCC mantiene dos minas: Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna)30.
Los antecedentes de las actividades extractivas de SPCC en el sur peruano no son los mejores. Ésta mantiene un historial de contaminación, como lo sucedido en la bahía de Ite que fue utilizada para descargar los relaves de las minas de Cuajone y Toquepala, contaminando 35 kilómetros del cauce del río Locumba, y excediendo en más de cuatro veces y medio el límite máximo permisible en la emisiones de dióxido de azufre31. Asimismo, hasta enero de 2015, SPCC contaba con 12 sanciones del OEFA, 9 de ellas confirmadas (SPDA 2015)32.
Además de estos antecedentes de SPCC en el sur peruano (siendo un motivo de su repulsión en el valle de Tambo), la expansión minera de la región Arequipa impulsada desde el Estado resulta otro factor de amenaza para el valle de Tambo y las prácticas agrícolas en la región. Por ejemplo, para el 2015, la región presentó una cartera de proyectos mineros estimada en US$ 9,472 millones, lo que representa el 15% del total nacional (US$ 63,115 millones),
30SPCC se ubicó entre las diez mayores empresas mineras productoras de cobre en el mundo, además de ser una de las mayores corporaciones exportadoras del Perú (Martínez-Alier 2011, 94).
31Hasta el año 2013, el tope para emisiones de dióxido de azufre era de 80 microorganismos.
32Dichas sanciones fueron impuestas por incumplir normas de protección ambiental, de instrumentos de gestión ambiental, de recomendación, y de residuos sólidos.
ubicándose por debajo de la región Apurímac la cual lidera la inversión minera con el 31% según las estadísticas del MINEM (Ministerio de Energía y Minas) (Correo 2015).
Es una provincia que está mineralizada, nos identifica las concesiones que tiene la provincia, el 80% del territorio de la provincia está concesionada para hacer minería, entonces nos dice lo que realmente sucedería al final con este proyecto […]” (Jesús Cornejo, Presidente de la Junta de Usuarios de Riego del valle de Tambo-Cocachacra, en conversación con el autor, Arequipa, abril de 2016).
La expansión de la minería en la región Arequipa guarda relación con los conflictos socioambientales reconocidos en la macro-región Sur en los últimos años33. De un total de 174 casos de conflictos socioambientales ocurrido a nivel nacional durante el 2015, 113 casos corresponden a conflictos relacionados con la actividad minera, concentrando la macro-región Sur 66 casos34(Defensoría del Pueblo 2015, 93-96).
2.4 ¿Qué sucede con el valle de Tambo y el proyecto minero Tía María?
El valle de Tambo está ubicado en la costa sur del territorio nacional, en la región de Arequipa, provincia de Islay, y está conformada por cuatro distritos: Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia y Mejía35. La distancia entre los distritos no es larga, tomando aproximadamente 40 minutos en recorrer todo el valle.
El valle de Tambo es conocido por su tradición agrícola. Varios productos dieron fama a este valle, entre los que se encuentran el azúcar, el arroz, y al ají. Por sus cultivos, se constituyó en un emporio de riqueza siendo considerada como la “Despensa del Sur”. Asimismo, se asentó una de las haciendas azucareras más importantes a nivel nacional en el siglo XX, como es la de Chucarapi, que actualmente es empresa privada.
El río Tambo atraviesa el valle (del mismo nombre) en una longitud de 59 kilómetros. Este río tiene su origen en las cuencas de la región Puno, teniendo su mayor recorrido en la región de Moquegua, y finalmente desembocando en Arequipa. Sus aguas serán motivo de conflictos
33Son parte de la macro-región sur del Perú: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. 34Casi se registra el mismo porcentaje para el 2014, pues la macro-región sur reunió el 36% de los conflictos socio-ambientales, ver: artículo “Las Bambas y Espinar: dos conflictos sociales que pueden reactivarse”.. 35La provincia de Islay está conformada por estos cuatros distritos, además de los distritos de Islay y Mollendo. Sin embargo, los cuatro en mención son principalmente agrícolas y conforman el valle de Tambo.
por su distribución a las actividades económicas que mantienen cada región en mención. Ante el ingreso de la minería a gran escala, como es el proyecto Tía María, el recurso hídrico será un motivo más de disputa al involucrar inicialmente dichas aguas en las operaciones mineras, poniendo en riesgo la producción agrícola del valle.
Figura 2.1 Mapa de ubicación del proyecto Tía María y el valle de Tambo
Fuente: Diario La República
Figura 2.2 Panorama del valle de Tambo, desde el distrito de Cocachacra
Hoy en día el valle cuenta con 15, 000 mil hectáreas de cultivo aproximadamente. La mayoría de la población se dedica a la agricultura, existiendo un modelo de desarrollo agrícola en la zona. Sin embargo, durante los últimos años, la actividad agrícola en el valle se ha visto amenazada por el ingreso del proyecto cuprífero Tía María, llevando a movilizaciones en su contra y quedando sin efecto su ingreso hasta la actualidad.
No se había registrado actividad minera a gran escala previa en el valle. El intento de ingreso del proyecto minero significó una posible afectación a la producción agrícola, pues su diseño operativo generó suspicacia entre los tambeños al ubicarse a 2,4 kilómetros del valle y a 6,2 del distrito de Cocachacra. Además, solo la separa 2,5 kilómetros del río Tambo; sustancial fuente de agua del valle (Boletín Informativo SPCC y PCM 2105).
El valle de Tambo cuenta con más de 45 mil personas que la conforman, donde 19 mil son Población Económicamente Activa (PEA) y de éstas 5 mil pobladores se dedican a las
actividades agrícolas. El 90% de los agricultores se concentran en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón (La República 2015).
Inés es una agricultora crecida en el valle de Tambo, en el centro poblado El Boquerón. En un día normal de actividad agrícola se encontraba acompañada de su menor hijo de dos años y su personal, un poco más de 30 jornaleros, en una cosecha de ajos. Varios sacos de este producto serían embarcados en una de las camionetas de su propiedad. Mientras me comentaba sobre la realidad agrícola en el valle, me señaló que dentro del grupo había una profesora escolar que trabajaba con ella porque considera que la agricultura cubre sus gastos cotidianos.
No tardo mucho para recordar uno de los episodios más críticos acontecidos recientemente en el valle de Tambo, donde incluso hubo pérdidas humanas. Dicho episodio hace referencia a uno de los últimos actos de violencia ocurridos, durante marzo de 2015, entre los pobladores del valle con el personal policial del Estado debido al respaldo del Gobierno central al proyecto minero Tía María. En palabras de Inés: “Si lo hubieses vivido, parecía una guerra, bombas por aquí, policías por allá, la gente enardeció”36.
Este conflicto que menciona Inés se remonta al año 2003, cuando la empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC), miembro del Grupo México, anuncia su plan de inversión por US$ 1,400 millones para emprender el proyecto minero Tía María (SPDA 2015). Este proyecto minero prevé la extracción de cobre, mediante la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: La Tapada (338 000 t) y Tía María (225 377 t)37.
En el 2008 SPPC encarga a la consultora Walter Management Consultants la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)38. En el 2009 se emprende la audiencia pública del primer EIA, sin embargo se produce algunos enfrentamientos dejando un saldo de 15
pobladores y 4 policías heridos (Defensoría del Pueblo 2009). El motivo del conflicto recaía en la consideración del valle de Tambo dentro del área de impacto de la operación minera. El EIA considera la ubicación del proyecto en el norte del distrito de Cocachacra, incidiendo también en los distritos de Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía (SPCC 2013).
Los agricultores del valle consideran que el proyecto minero afectará su principal actividad económica que es la agricultura, pero son los de Cocachacra y Deán Valdivia quienes perciben una mayor amenaza. Ambos distritos serán las principales plazas de movilización.
La reacción de los tambeños no esperó. El mismo año (2009) se organizan en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, emprendiendo una consulta vecinal popular donde alrededor del 95% de la población consultada de la provincia de Islay se pronunció en contra de las pretensiones de SPCC (Quintanilla y Scott 2013).
Los distritos involucrados emitieron una Ordenanza Municipal avalando la consulta como mecanismos democrático para manifestar la posición de la población sobre un posible inicio de las actividades mineras en el valle. No obstante, la municipalidad provincial de Islay rechazó la medida. La consulta popular sólo obtuvo apoyo a nivel de los municipios distritales, siendo una medida prácticamente autónoma.
37Ambos yacimientos fueron sometidos a actividades de exploración desde 1994.
38 El Estudio de Impacto Ambiental se define como el procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que puede producir determinado proyecto en el lugar donde se pretende instalar. Es de carácter evaluativo, pudiendo ser rechazado u aprobado por todos los miembros involucrados: Estado, empresa minera o sociedad civil.
Es más, cuando solicitaron el apoyo de los órganos electorales nacionales como la
Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), éstas mantuvieron una posición desatendida replicando que dicha medida no tenía carácter vinculante, que era únicamente referencial. Empero, para los tambeños representó el sentir general pronunciado en el lema: “Agro sí, mina no”.
Durante el 2010 las protestas siguieron pero en menor medida. Durante los primeros meses del 2011 se vivían las campañas presidenciales para las elecciones presidenciales. El entonces candidato Ollanta Humala, quien más tarde se convertirá en el Presidente de la República, se trasladó de manera sorpresiva al valle de Tambo como parte de su campaña presidencial y dejo un claro mensaje a los pobladores sureños:
Acá se decidirá cuáles serán los proyectos de desarrollo de Islay, de Arequipa. El gobierno tendrá que dialogar, el presidente de la República tendrá que venir aquí y no mentir, porque si miente tiene que ser vacado (Correo 2015).
Con este mensaje Humala se comprometió con el valle de Tambo en respetar la decisión sobre su propio desarrollo. Habló en dicho mitin de una revolución agraria impulsada desde las localidades con el apoyo del Estado (Mollendinostv 2015).
Ese mismo año (2011), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyecto (UNOPS, en su siglas en inglés) presentó un informe técnico sobre el EIA del proyecto, por encargo del Gobierno peruano a fin de aquietar las protestas que se venían registrando. En ésta se detallaban 138 observaciones y 300 recomendaciones al proyecto minero39.
En este contexto, se realizaron movilizaciones para respaldar la negativa al proyecto minero, ahora con el respaldo de un informe técnico imparcial. Las protestas producen algunas pérdidas humanas por enfrentamientos con la policía. En medio de esta convulsión, el
MINEM anuncia la cancelación de proyecto minero al declarar inadmisible su EIA. Este sería el primer intento de ingreso del proyecto minero.
39Para el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo (FDVT), el informe de UNOPS “confirmó y dio razón que se tenía un Estudio de Impacto Ambiental hecho a la medida de la empresa con engaños, mentiras y errores insalvables” (Gutierrez 2011, 99).
En febrero de 2012, sin considerar los sucesos anteriores, SPCC comunica la preparación de un nuevo EIA que contempla las observaciones realizadas a su anterior estudio. Tan solo un año después, a fines de 2013, SPCC presenta su segundo EIA. El evento se efectuó el día estipulado con enfrentamientos entre los opositores y los casi 200 policías presentes para esa ocasión40. En agosto del 2014, el MINEM aprueba el nuevo EIA de Tía María, reactivando las protestas en plenas vísperas de las elecciones subnacionales. Este sería el segundo intento de ingreso del proyecto minero.
A razón de la aprobación del nuevo EIA de parte del MINEM, algunos pobladores se
mostraron perplejos al no entender su doble rol en los procesos de licitación de los EIA´s. Es decir, el MINEM asumía una función de promover y evaluar simultáneamente los proyectos mineros
Cómo es posible que el gobierno que genera la inversión evalué si el EIA contamina o no contamina, si es juez y parte jamás va a decidir pues […] entonces con abuso y atropello han querido hacer sus charlas, como la gente estaba protestando entonces no han ido, entonces qué ha hecho la mina […] ha traído gente de otro sitio para que haya público, para hacer bulto (Víctor Zevallos, agricultor, en conversación con el autor, Arequipa, abril de 2016).
A fines del 2014se realizan los comicios subnacionales. En los distritos que conforman el valle de Tambo, “las elecciones estuvieron marcadas por el proceso contencioso ocurrido durante todos esos años en contra de SPCC. Ese fue un punto crítico a la hora de evaluar a los candidatos y a sus propuestas” (Meléndez 2016). Jaime De La Cruz, quien asumió un rol de dirigente opositor a la minería terminó colocándose en el sillón municipal del distrito de Deán Valdivia. Situación similar sucedió en los distritos anexos de Cocachacra y Punta de Bombón, donde vencieron Helard Valencia y José Ramos, respectivamente. Los agricultores del valle se posicionaron en los cargos ediles para liderar al sector opositor y así afrontar el conflicto, representando para muchos agricultores el malestar hacia el proyecto minero Tía María41.
40 Para algunos agricultores, consideran lo hecho por el Estado concerniente a la audiencia pública “como un abuso y atropello al llevarlo a cabo a puertas cerradas, imputando al gobierno central la participación de gente que no era del lugar” (Víctor Zevallos, agricultor, en conversación con el autor, Arequipa, abril de 2016). 41 La red social agrícola fue un elemento importante para llevar a los propios agricultores a la alcaldía y así afrontar el ingreso del proyecto minero. Este punto se amplia en el capítulo IV.
Pocas semanas después de los comicios distritales el valle volvió a enardecer. Las
declaraciones del Viceministro de Gestión Ambiental acaloraron los ánimos de los entonces alcaldes electos. El alto funcionario del Estado aseguró que el EIA del proyecto Tía María era un tema resuelto para el Gobierno central, y que la ejecución del mismo dependía solo de SPCC. Para De La Cruz estas afirmaciones no hacían más que plasmar la postura del
Gobierno central a favor de la inversión de la empresa extractiva: “Está claro que nos quieren imponer (el proyecto) pero no lo aceptaremos. Tía María puede tener EIA aprobado, pero carece de licencia social”, manifestó (La República 2014).
Por los discursos confrontativos desde el gobierno central, los alcaldes recién electos como los representantes de las Juntas de Usuarios del valle de Tambo acordaron realizar un paro de 48 horas en contra del proyecto minero (Correo 2014). La mayoría de manifestantes que se sumaron fueron trabajadores agrícolas quienes no otorgaron licencia social a SPCC. En medio del mitin antes de la movilización el alcalde de Deán Valdivia sentenció
Tenemos educación y trabajo en base a los campos de cultivo, no vamos a dejar que la minería acabe con nuestra vida, más de 13 mil hectáreas del valle de Tambo se verían perjudicadas por la actividad minera (La República 2014).
Desde la presentación del primer EIA del proyecto minero Tía María las movilizaciones de resistencia y los intentos por entablar mesas de diálogo han sido constantes en la accidentada historia de una de las mayores inversiones en la producción de cobre en el país. Seis años después de aquella declaración de inversión de parte SPCC, el Viceministro de Minas declaró que a mediados de marzo de 2015 se tenía programado aprobar la licencia de construcción del campamento minero (El Comercio 2015).
La noticia fue considerada una provocación para el grupo movilizado, incentivando a la población opositora a acordar un paro indefinido. Frente a dicha situación, el Gobierno central convocó a una mesa de diálogo con la asistencia de la Gobernadora regional de Arequipa y los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura. No obstante, al encuentro no asistieron los alcaldes distritales que lideraban la movilización.
El 23 de marzo de 2015 los pobladores del valle de Tambo salieron a las calles. El primer día de paro comenzó con extensas jornadas de protestas donde participaron más de 4 mil
personas. Las actividades productivas del valle así como las labores públicas fueron
suspendidas. Los opositores bloquearon las carreteras, atribuyendo dicha acción a un grupo de jóvenes que se desplegaron como fuerza de contención denominados por la prensa nacional como los “espartambos”.
Las alcaldes electos y dirigentes se hicieron presentes en la movilización. Según el presidente de la JUVT-Cocachacra no había marcha atrás: “la única salida para suspender la huelga es que el Gobierno central emita un documento para suspender las operaciones de Tía María” (Perú21 2015). El paro duró cuatro días, siendo uno de los episodios más violentos dejando el saldo de un muerto y doce heridos.
Las consecuencias fueron inmediatas. Desde SPCC, el vocero oficial de la empresa anunció la cancelación del proyecto minero Tía María. Este comunicado reflejó el descontento del sector empresarial minero. Según el vocero esta cancelación se debía a dos razones
En primer lugar, a la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo antiminero, llevado adelante por un grupo violento, minoritario. En segundo lugar, a una parálisis del Estado en su rol de promover las inversiones” (RPP 2015).
Desde el gobierno central dicho comunicado tuvo reacciones rápidas a favor de SPCC. Por ejemplo un congresista de la república señaló que “Arequipa ha visto cómo se esfuman US$ 1,400 millones en inversión privada y el gobierno no dice nada. Este ha sido un golpe mortal contra el desarrollo del sur del país” (Correo 2015).
Cuando se pensaba en el fin del proyecto minero Tía María, sale en escena el presidente de SPCC, Óscar Gonzáles Rocha, anunciando que se emitiría una rectificación y que harían “sus mayores esfuerzos para llevar adelante el proyecto” (El Comercio 2015). Este sería el tercer intento de ingreso del proyecto minero.
Las protestas en el valle continuaban. Se promovieron mesas de diálogo en el distrito de Cocachacra entre representantes del Estado, autoridades distritales del valle y dirigentes opositores locales. Estos encuentros tenían como objetivo solucionar el conflicto y ponerle fin al paro indefinido que iniciaron los “antimineros” (Perú21 2015).
La posición del sector opositor a Tía María era sólida. Exigían al Gobierno central que
garantice el retiro definitivo de SPCC. Por otro lado, los representantes del Estado dijeron que no podían anunciar la cancelación del proyecto. No había solución, la violencia era constante con carreteras bloqueadas y enfrentamientos diarios entre manifestantes y policías. El paro indefinido se fue por los dos meses registrando la muerte de un agricultor más.
Ante la presente situación, el presidente de turno, Ollanta Humala, emitió un mensaje a la nación donde mantuvo firme su posición en apoyo del proyecto minero, señalando que la empresa “cumple con todos los requisitos exigidos por la ley” y que ésta debería “generar las bases del entendimiento” para terminar con las protestas (La República 2015)