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Para finales de los años treinta y la década de los cuarenta la clase económica y política dirigente de colombiana logró darle peso constitucional a su ideario de desarrollo, a esa noción de progreso que desde tempranos años de la república se había erigido en su brújula ideológica. Esta visión de “progreso”, de desarrollo, quedó plasmada en la imposición en el agro colombiano del binomio agroindustria – latifundio, como estrategia de los empresarios agrarios para satisfacer las demandas del mercado internacional y asegurar el control y la concentración sobre la propiedad territorial. Con la imposición de este modelo de desarrollo agrario, el campesinado fue excluido, golpeado en su condición socio-económica y obligado a vincularse como asalariado a las nuevas agroindustrias o a emprender nuevas jornadas de colonización.

El predominio del binomio agroindustria-latifundio en el agro colombiano produjo tres hechos socio-económicos que marcaron el inicio de lo que es en la actualidad el agro colombiano. El primero se refiere a las grandes inversiones de capital (nacional y transnacional) orientadas a la mecanización y la especialización regional de la agroindustria (Bejarano, 1989; Misas, 2001; Garay, 2004)12. El Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca

12 _{Según Garay (2004), las divisas procedentes del café, que constituían el 80% del valor de las exportaciones}

totales, se habían constituido en un componente fundamental para el impulso de la industria colombiana, el fortalecimiento del sistema de transporte y ferroviario, la importación de maquinaria y el impulso a la introducción de prácticas productivas capitalistas en el agro.

producía para comienzos de los cuarenta más del 80% del azúcar nacional, Bolívar y el Valle producía el 50% del arroz y la región de Armero el otro 50%, los departamentos de la Costa Atlántica producía el 80% de algodón y la agricultura en regiones como el Valle, Tolima, el Cauca, Magdalena y Cundinamarca mecanizaron el agro e implementaron agroquímicos (Fajardo, 1986; Bejarano, 1989). Los créditos internacionales para fomentar la agroindustria estuvieron a disposición de los empresarios agrarios y el Estado, con la asesoría de la Sociedad de Agricultores de Colombios (SAC), promulgó la ley 100 de 1944, con el fin de: (a) ofrecer a los empresarios agrarios más tiempo para la conversión de sus haciendas tradicionales a la agricultura moderna, (b) proteger algunos contratos de aparcería con el fin de cubrir el déficit de alimentos que se dio a nivel nacional como consecuencia de los impactos de la segunda guerra mundial y la expulsión masiva de arrendatarios13, y (c) promover nuevos frentes de colonización.

El segundo fue la incorporación en el agro de la ganadería extensiva como estrategia de los empresarios agrarios para continuar detentando la concentración territorial en sus manos, satisfacer de manera ficticia el requisito legal de “explotación económica del predio” - exigido por la ley-, incrementar el precio de la tierra (renta absoluta del suelo) y expropiar a los campesinos de sus predios, a través de la ampliación ilegal de sus haciendas (Reyes, 1978; LeGrand, 1980). Con esta estrategia los empresarios agrarios fueron progresivamente institucionalizando el latifundio tradicional como parte de la estructura de tenencia de la tierra en Colombia. Para dimensionar históricamente el predominio de la gran propiedad en un reducido número de propietarios, podemos observar que mientras el Censo Agrario de 1960 mostraba que el 41% de la tierra estaba monopolizada por unos 8.000 terratenientes en predios mayores de 500 hectáreas (Censo citado por Zamosc, 1978),

13 _{Fajardo (1986:70) anota que para neutralizar los riesgos que pudiera significar la presencia de aparceros en}

las haciendas y garantizar la integridad de las mismas, la ley 100 de 1944 contemplaba un contrato modelo en el cual se prohibía la siembra de cultivos permanentes por parte de los aparceros, se establecían las condiciones dentro de las cuales podía procederse al lanzamiento de los mismos y se fijaban pautas para el evalúo de sus mejoras.

para el año 2011 el 1.15% de los propietarios concentraba el 52% de grandes propiedades (extensiones mayores de 500 hectáreas), en su mayoría, con ganadería extensiva (PNUD, 2011).

El tercero fue la promulgación de nuevas políticas de colonización, orientadas con criterio económico-empresarial. Estas políticas de colonización tuvieron dos propósitos centrales. El primero fue fomentar, en las nuevas regiones de colonización, clases medias rurales al estilo de los farmers norteamericanos. Esta idea, dice Machado (1986), fue inspirada en las tesis que el sociólogo norteamericano T. Lynn Smith pregonaba desde su rol como asesor del Ministerio de Economía Nacional. Y el segundo propósito fue la de desviar la presión campesina sobre las tierras y esquivar posibles afectaciones a la gran propiedad. La idea, sin duda alguna, era evitar que los nuevos frentes de colonización quedaran en manos de nuevo en los campesinos que estaban siendo expulsados de las tierras andinas y valles interandinos. El Estado y los empresarios agrarios buscaban conjurar de los nuevos territorios la forma de vida campesina que se había consolidado desde tiempos republicanos, romper la subjetividad campesina e impedir que allí se forjaran nuevas territorialidades y se re-establecieran las identidades y redes comunitarias que ellos, por la vía jurídica y la presión policial, estaban destruyendo. Machado (1986:91) sintetiza así el sentido asignado por el Estado y la SAC a la colonización:

“La colonización debía ser una empresa capitalista porque “la colonización debe ser una empresa de grandes capitales, apoyados y controlados por el Gobierno Nacional”. No era suficiente comenzar con la creación de una clase media agrícola, tal como lo predicaba el sociólogo americano, había que ir directamente a la gran explotación moderna tanto en tierras ya incorporadas a la producción, como en las que esperaban la llegada por primera vez del hombre y sus herramientas”.

Las probabilidades económicas, políticas y culturales para dirigir empresarialmente los nuevos procesos de colonización eran muy poco factibles, como lo subraya Absalón Machado (1986), pero lo que nos interesa destacar, es la ideología de “desarrollo” que alimentaba las mencionadas políticas agrarias y la ausencia total en ellas de espacios que

defendieran y respetaran la forma de vida y lógica productiva, familiar y comunitaria del campesinado. Lo que no estuviera inscrito en la escritura sagrada del progreso, no tenía cabida y estaba excluido. Dice Arturo Escobar (1996) que antes que fueran descubiertos por los economistas como potenciales agentes productivos del capitalismo agrario, en el discurso del desarrollo sólo se hacía referencia a los campesinos como una masa indiferenciada, algo molesta, de rostro casi invisible. Laureano Gómez (Presidente de Colombia durante el período 1950 – 1953) de manera despectiva se refería a los campesinos y sus exigencias de devolución de sus tierras, de la siguiente manera:

“Si quieren que haya tierra para los campesinos el país tiene abundantísimas tierras para los campesinos (…) son pantanos, pero si se secan pueden redistribuir ahí lo que se quiera, sin perjudicar a ningún propietario legítimo” 14

Los campesinos durante los años treinta y cuarenta fueron excluidos de sus derechos socio-económicos y culturales. El Estado los desamparó política y jurídicamente, los empresarios agrarios movilizaron todo tipo de recursos (jurídicos, económicos y policiales) para expulsarlos de sus tierras y quienes permanecieron en sus territorios lo hicieron en suelos de baja importancia para los empresarios agrarios y en precarias condiciones sociales y económicas. Renán Silva (2006:136), con base en la Encuesta Folclórica Nacional de 1942, caracterizaba así la vida rural colombiana de la época:

“A pesar de los cambios, la vida rural colombiana se caracterizaba por un conjunto de condiciones de vida aún muy precarias: viviendas insalubres, duras condiciones de trabajo, una alimentación abundante pero limitada sobre todo a lo que las propias regiones producían y por ello desbalanceada y unilateral, la ausencia de sistemas modernos de acueducto y alcantarillado y la presencia de insectos transmisores de toda clase de enfermedades, condiciones difíciles que eran el contexto preciso de la vida campesina…”

14

Este texto es citado por Tatiana Acevedo en el informe del PNUD (2011) y previamente había sido publicado por ella en su columna del Espectador en abril de 2011. La cita original es tomada por Acevedo del periódico el Siglo, domingo 4 de diciembre de 1960 No 7585 pág. 1-3.