Walkability measures using GIS 1 Walkability

A lo largo de casi dos décadas la UABJO se situó en un modelo político, cuyo origen se explica con los eventos ocurridos en los años de 1975 a 1978 principalmente (Martínez, 2004), denominado como un movimiento democrático universitario (Montes, 2006), sin que ello excluya a la serie de sucesos que ocurrieron de manera aislada en la década de los 80 y 90, pero que se suman al conflicto vivido en dicha época. La politización de las estructuras burocráticas se enmarcó cada vez más, en la medida que los compromisos políticos fueron

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un factor para la asignación de puestos, desestabilizando la función de los órganos colegiados en la medida que prevalecieron los intereses tanto de los grupos como de los sindicatos.

Con la entrada del nuevo milenio, la matrícula estudiantil no sufrió un comportamiento de crecimiento, lo mismo ocurrió con el profesorado que descendió significativamente, aún con la diversificación de la oferta educativa. Los primeros pasos se enfocaron en fomentar los procesos de la evaluación y la planeación. Así, en el año 2000, la UABJO vivió por primera vez una evaluación institucional por una instancia externa, los resultados obtenidos volcaron a una institución con tradiciones enraizadas a través de “la creciente politización estudiantil, de trabajadores administrativos y docentes, que vieron en el conflicto el medio para poder acceder a distintos ámbitos del poder universitario” (Montes, et al. 2009, p. 282), los resultados reflejaron la carencia de lo académico, a casi una década del funcionamiento de su estatuto académico la regulación del profesorado necesitaba de bases para su funcionamiento.

La elección del año 2000 permitió visualizar que el control institucional no correspondía ya al cien por ciento por el grupo que ejercía el poder en el período anterior. Tras una serie de tomas de las instalaciones con el fin de negociar los espacios administrativos, el nuevo período del gobierno universitario empezó su curso con la solicitud de una evaluación institucional a la ANUIES. El reordenamiento legal, académico y administrativo (Sorroza & Bautista, 2001), fue el principal factor en el que se debía trabajar, para ello la SEP otorgó las primeras partidas de recursos financieros.

En dicha evaluación la ANUIES a través de su Comité de Evaluación, de Gestión y Administración planteó 50 recomendaciones para la UABJO (Martínez, 2006). Las recomendaciones consideraban cambios en la legislación y el gobierno, la planeación y la evaluación, el apoyo académico, el ámbito administrativo financiero y, la vinculación y coordinación. Estos aspectos se remitían a una revisión integral de la normatividad universitaria, la definición del proyecto académico de la universidad y la revisión curricular.

Los conflictos con los distintos grupos llevaron a un nivel más alto las disputas hasta ocupar indeliberadamente espacios e incendiar varias instalaciones, como el paraninfo de la universidad, una de las principales expresiones universitarias y patrimonio oaxaqueño. Con

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la intervención de los niveles de gobierno y de la SEP, se firmó un acuerdo en octubre de 2001 para lograr la estabilidad y desarrollo académico. En los compromisos pactados resaltaban: el incremento del subsidio por las instancias federales y estatales, la formulación de un plan de desarrollo pertinente al contexto, la urgente profesionalización docente, diseñar estrategias de seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas y, con especial atención a depurar las prácticas obsoletas y de las figuras que obstaculizaban la modernización académica y universitaria (Sorroza & Bautista, 2001).

Sin embargo, las estrategias se fueron generando paulatinamente. Los CIEES que funcionaron a partir de 1991 y el COPAES en el 2001, comenzaron de manera tardía su intervención en la institución. Tres años después del surgimiento del COPAES, se promovieron los mecanismos de evaluación no solo con el otorgamiento del recurso a las unidades académicas de la UABJO, también con la preparación de profesionales para atender tales necesidades. En el caso del profesorado se fue consolidando a través del mejoramiento de los mecanismos que se iniciaron en la década de los noventa.

Uno de los principales mecanismos fue el programa de estímulos al desempeño del personal académico como parte del proyecto de consolidación académica, inicialmente el programa se ajustó a las condiciones del personal docente de tiempo completo. La existencia de una población alta de profesores con estudios únicamente de licenciatura redujo las posibilidades de abarcar a solo profesores con posgrado. La operación de este requisito se mantuvo en los períodos de evaluación hasta el 2003; una vez beneficiado al profesorado para su proceso de titulación, estudios de posgrado y la obtención del grado, se transitó para modificar los requisitos del programa de estímulos con únicamente los estudios del nivel mínimo en los períodos de 2003 a 2008; para más tarde del 2008 al 2014 consolidar como requisito el grado mínimo o la especialidad para las áreas médicas.

La evolución que se aprecia en la década de los noventa permitió observar que los mecanismos de participación se mantuvieron por cerca de 12 años, en el 2003 se presentó el mayor número de profesores que participaron en el programa con 229. Con la modificación de los requisitos en el 2003, los participantes fueron considerablemente reducidos, lo que reflejó que, a pesar de beneficiar con estímulos al profesorado por más de una década, solo

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189 académicos pudieron mantenerse en dicho programa. Así en 2008, fueron 128 profesores los que participaron directamente al poseer los rubros solicitados. En el 2009, 122 profesores participaron en el programa pues contaban con el grado mínimo que estipulaban las convocatorias, en el 2010 fueron 124 y 125 en el 2011.

El PROMEP se creó en 1996, pero fue hasta el 2002 que la UABJO participó en el programa con profesores que alcanzaron el perfil deseable (Montes, et al. 2015), el máximo número se presentó en el 2015 con 76 profesores. Las problemáticas detectadas tenían que ver con que la universidad participó de forma tardía en el programa, así como en los mecanismos de contratación, pues durante décadas no existió el concurso de oposición, fue hasta el 2004 que se realizó por primera vez y de forma regular después del 2007, esto permitió que se otorgaran plazas de tiempo completo sin un sustento en la normatividad.

La habilitación del profesorado resultó ser un problema grave de mayor alcance durante casi toda la década del presente siglo, ya que la base o el grueso de ellos no contaba con el grado mínimo, por tanto, las estrategias que se implementaron en primera instancia tenían que ver con la titulación para obtener el grado de licenciatura, posteriormente que el profesorado concluyera los estudios de maestría y la obtención del grado. El recrudecimiento de los requisitos plasmados en las convocatorias para participar en los programas de estímulos, como en las de ingreso de nuevos profesores generó un efecto latente: afianzar la profesionalización del personal académico y, por tanto, asegurar la participación de la universidad en la solicitud de recursos.

En un estudio realizado en el año 2002 con profesores universitarios (Montes, Cuéllar & García, 2008), se reportó que más del 70% del personal docente tenía la categoría de asignatura. Este estudio contempló caracterizar a los profesores de acuerdo con las actividades que realizaban; se encontró que más del 56% se dedicó a la realización de actividades docentes, mientras que el 27% de PTC no realizaba alguna actividad de generación y aplicación del conocimiento y de manera general, cerca del 43% no se dedicó a estas actividades. Dicho estudio demostró el comportamiento heterogéneo de la población académica, incluso con las áreas de conocimiento, lo que reflejó a la docencia como una

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fortaleza, pero a la investigación y otras funciones sustantivas como un área de oportunidad para la universidad.

De esta forma, el nuevo milenio se inaugura con el crecimiento de la oferta educativa, sin embargo, los conflictos internos en el sindicato de maestros, así como la disidencia de los intereses dieron la pauta para que en el 2002 naciera un nuevo sindicato de maestros, lo que particularmente se posicionó con la victoria de un candidato a la rectoría procedente del mismo en el año 2004. En este período no existieron resultados favorables en la evaluación de los programas académicos, tampoco en los posgrados para su ingreso al CONACYT, mientras que los recursos percibidos por el PIFI fueron mínimos.

En sintonía con lo anterior, Mungaray, Ocegueda, Moctezuma y Ocegueda (2016), con base en un estudio realizado a partir de la participación de las universidades en los programas que otorgaban subsidios extraordinarios, en el año 2002, de acuerdo con los indicadores de desempeño institucional alcanzados como: habilitación del profesorado, investigadores en el SNI, perfiles promep, programas de calidad, CA y eficiencia terminal, ubicaron a la UABJO en situación de rezago institucional. Estos elementos implicaron que, frente al fortalecimiento de la política, la UABJO todavía no asumía un plan a mediano o largo plazo para incorporarse a las nuevas exigencias.

Después del 2004, se pretendió impulsar el plan de desarrollo denominado “Plan Juárez” que consideró aspectos en materia de gestión institucional, vinculación, académica y administrativa. De este plan derivó una propuesta para un primer modelo educativo, además de la incorporación de un enfoque hacia los procesos de acreditación y evaluación de los programas académicos (Martínez, 2013). Al mismo tiempo, se definieron criterios para establecer un modelo de gestión basado en la planeación para elevar la calidad educativa, la transparencia y la toma de decisiones de manera oportuna.

En suma, el período que comprendió del 2004 al 2008 se obtuvieron las primeras evaluaciones favorables de los programas académicos, así como la participación periódica en los distintos programas para percibir recursos extraordinarios, en mayor medida por el PIFI. Además, frente a la carencia de un reglamento interno, en el 2007 se aprobaron distintos

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reglamentos con la intención de solventar los vacíos en la legislación, como la titulación, el servicio social, el posgrado, el ingreso, la permanencia y egreso de estudiantes.