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Pueden existir muchas definiciones y conceptos de territorio. En concordancia con el enfoque de gestión de riesgos planteado en esta guía, presentamos la definición propuesta por DELNET - CIF/OIT (2010- 2011):

“(…) el espacio donde se materializan el conjunto de relaciones políticas, económicas, sociales y ambientales de un determinado grupo de población con intereses, problemas y proyectos comunes. Este concepto puede abarcar desde pequeños o limitados ecosistemas hasta espacios geográficos transfronterizos. El área que abarca un territorio dependerá, entonces, de las relaciones y la interdependencia que exista entre la convivencia de las comunidades con los ecosistemas y las actividades que se desarrollen en el espacio considerado”(p.34).

Así mismo, el territorio se piensa en términos, ya no de una ocupación física espacial, tal como explica Albuquerque (2008) sino:

“(…) como un agente de transformación social y no únicamente como simple espacio o soporte funcional del despliegue de actividades. El territorio socialmente organizado y sus rasgos sociales, culturales e históricos propios, son aspectos muy importantes desde la perspectiva del desarrollo local” (p.17).

Visto así, el territorio se construye con todos los actores sociales que tienen intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones de cooperación y o de conflicto, y ejercen acciones que fortalecen o debilitan las labores municipales.

De esta manera, el territorio, en particular el municipal, se constituye en un espacio de poder, gestión, y dominio del estado en cabeza del alcalde. Pero, así mismo, de todos los demás actores sociales que actúan y lo apropian: los resguardos indígenas, las comunidades afro descendientes, las acciones de los individuos, los grupos, organizaciones y empresas locales, nacionales y multinacionales.

Las inadecuadas políticas de planeación del desarrollo municipal contribuyen directa e indirectamente a generar y acumular escenarios de riesgos (amenazas y vulnerabilidades), los cuales se pueden materializar en desastres a diversas escalas (municipal, veredal, comunal, barrial, etc.). Lo anterior está relacionado principalmente con la forma de apropiación, uso, ocupación, explotación y transformación del territorio (dinámicas sociales)17 y su inadecuada interrelación con los procesos naturales potencialmente peligrosos (geológicos e hidrometereológicos). Comprender cómo se generan los riesgos (Figura 8) y entender cómo un mal desarrollo puede incrementarlos, es el primer paso para avanzar hacia procesos de planificación estratégica del desarrollo municipal.

17. Está asociado a las políticas de desarrollo existentes que pueden afectar los factores económico-productivos, político- administrativos, ambientales (físico y natural) y socio-culturales del territorio municipal.

Figura 8. Conformación de los riesgos de desastres en el territorio municipal.

TERRITORIO MUNICIPAL

Dinámicas

naturales

Dinámicas

sociales

Cuando los riesgos se materializan al transformarse en desastres, debemos indagar algunos aspectos que ayuden a comprender sus causas. Por ejemplo, los procesos sociales que estuvieron detrás de estos, el tipo de vulnerabilidad que se ha ido gestando: desempleo, características físicas de las construcciones, ubicación de las viviendas, desorganización comunitaria, ausencia de principios solidarios, deficientes procesos de participación, desconocimiento del medio, o ideologías fatalistas, entre otros.

De otro lado, las amenazas por fenómenos de origen natural y antrópico, así como las vulnerabilidades y riesgos, se presentan como un conjunto de interacciones entre variables dinámicas del ambiente y el conjunto social. Entre ellos, los fenómenos de alta energía con distintos lapsos de ocurrencia y extensión a diversas escalas territoriales (procesos naturales), exposición de poblaciones a sitios poco adecuados (ocupación de laderas inestables y zonas de inundación), deficiente conocimiento científico y/o mala difusión, ignorancia, negligencia, actitudes fatalistas, oportunismo económico, incapacidades institucionales o fallas de información y en los planes de los sectores público, privado y de prestación de servicios; acelerada concentración y crecimiento de poblaciones; pobreza y segregación social. A todo esto se añade la actual situación de crisis económica, violencia y migraciones.

Las dinámicas naturales asociadas a procesos geológicos y hidrometereológicos en combinación con el aumento y concentración de vidas, bienes, infraestructura y servicios (dinámicas sociales), en el marco de una interacción desajustada entre sociedad y naturaleza, están conduciendo cada vez más al aumento de vulnerabilidades y riesgos por fenómenos de origen natural y tecnológico con potencial de desastres. En efecto, es cada vez más evidente la dinámica social expresada en el caótico patrón de urbanización que se presenta en la mayoría de las ciudades colombianas. Caracterizado por una paulatina invasión del territorio por conjuntos habitacionales atomizados de baja densidad y por la ubicación arbitraria de otros usos en los más diversos lugares de la región.

Dicha situación entra en conflicto con la dinámica natural propia de estas regiones, generalmente sujetas a fenómenos climáticos extremos, tales como inundaciones, sequías, y variaciones climáticas relacionadas con los fenómenos del Niño y la Niña, y con el aumento en la frecuencia, duración e intensidad de estos. La interacción equivocada deja como resultado poblaciones pobres que se han visto forzadas a construir sus viviendas en lugares no aptos para la urbanización -cauces de los ríos, laderas de alta pendiente, zonas bajas costeras-, que ya están siendo afectadas con mayor rigor por las lluvias torrenciales, las inundaciones y los huracanes, asociados con el calentamiento global o con los fenómenos de variabilidad climática. Hechos sobre los cuales ya se tienen dramáticas evidencias en Colombia, como en el caso de la pasada ola invernal (2010-2011).

La observación de los anteriores eventos en las últimas dos décadas en Colombia se ha realizado desde modelos conceptuales basados en el desastre. Sin embargo, nos encontramos en un proceso de transición, que de manera lenta, pero consistente, avanza en un afincamiento institucional que se decanta por un enfoque centrado en el riesgo. Esta posibilidad y decisión institucional de trabajar a partir del riesgo con perspectiva de desarrollo, desde una visión de los “desastres como consecuencia de riesgos no manejados”, permite reconocer la existencia de responsabilidades en la generación y acumulación de condiciones de vulnerabilidad en un territorio, no sólo desde un punto de vista social, sino político e institucional.

Esta concepción cada vez más afianzada en el enfoque de riesgo se hace evidente con la reciente creación en Colombia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta entidad del nivel descentralizado cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, y se encuentra adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. La creación de esta Unidad Administrativa Especial muestra el renovado vigor y posiciona el compromiso de hacer una gestión de los riesgos y no sólo una atención del desastre. Son acciones nacionales que tienen, entre otras, dentro de su marco institucional, las directrices de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, con el fin de desarrollar ciudades resilientes y hacer frente al riesgo urbano. Este organismo trabaja con sus contrapartes en el mundo para aumentar el grado de conciencia y compromiso en torno a las prácticas del desarrollo sostenible, como medio para reducir el riesgo de desastres e incrementar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

Comprender este contexto físico, ambiental e institucional actual es una oportunidad para desarrollar el país. También para los técnicos y universitarios interesados en profesionalizarse en el tema de gestión de los riesgos, para educar, asesorar, o prestar sus servicios en las diferentes entidades locales en el país y la región.