Desde el mes de agosto de 1967 comenzaron a circular insisten- tes rumores de que asesores militares norteamericanos estaban implicados en negocios turbios de ventas de armas a trafican-
tes y contrabandistas. El escándalo pudo tomar fuerza a raíz del extravío de un cargamento completo expedido en el puerto chileno de Arica, y que nunca llegó a Bolivia. Según fuentes de Inteligencia boliviana fue la estación CIA en La Paz la que in- formó a Washington de este jugoso negocio. Entre los oficiales de esa agencia de espionaje y los representantes del Pentágo- no existían rivalidades, celos, envidias y malos entendidos; al conocer del hecho, las contradicciones se agudizaron. El 2 de septiembre el Gobierno de los Estados Unidos envió al señor Patrick Morris, director de la oficina de Asuntos Bolivianos y Chilenos del Departamento de Estado, para investigar los in- formes de la Agencia y discutir los problemas existentes entre los funcionarios norteamericanos. Ese mismo día, la prensa bo- liviana anunció el descubrimiento de un importante depósito de armas en las minas de Huanuni; según las mismas fuentes, esta información era falsa, pero tenía la finalidad de desinfor- mar a Morris y hacerle creer que las armas habían sido robadas por grupos de mineros que apoyaban a los guerrilleros y de esa forma justificar el contrabando.
El 19 de septiembre apresaron a la profesora francesa Su- sanne Robert, a quien quisieron vincular con las guerrillas y el tráfico de armas. Un día después, una valija diplomática de la embajada de los Estados Unidos, que contenía abundantes documentos, cheques y papeles, desapareció en los instantes en que la trasladaban de esa misión diplomática a las oficinas de la compañía de aviación Braniff International, en pleno centro de la capital boliviana.
De acuerdo con las fuentes bolivianas, un humilde joven de catorce años de edad, por unos cuantos pesos, sustrajo la valija y se la entregó a dos civiles que lo esperaban en un jeep
militar listo para partir en una calle próxima a la avenida Cama- cho. Se indicó que en la valija iban los informes y documentos de Patrick Morris referidos al contrabando, tráfico de armas y las conclusiones de su visita. Los asesores militares norte- americanos necesitaban ganar tiempo para poder explicar a sus superiores en Washington e influir en ellos, y por esa razón planificaron el robo.
El 21 de septiembre llegó a La Paz una misión de las fuer- zas armadas de los Estados Unidos, con el propósito de inves- tigar las denuncias formuladas, vigilar el desembarco y trans- portación de un nuevo cargamento de 15 toneladas. La prensa boliviana reportó que las armas llegarían por el puerto perua- no de Arequipa. Sin embargo, el barco norteamericano Marfac arribó por el puerto peruano de Matarani a 950 kilómetros de La Paz; fueron recibidas y supervisadas por la comisión de con- trol y vigilancia norteamericana. Se conoció que el anuncio del arribo por Arequipa fue con fines desinformadores.
Por su parte, la Inteligencia boliviana envió al capitán Humberto Aliendre Mercado a recibir el cargamento, para ga- rantizar que se entregara completo. Las armas las trasladaron a Bolivia en un avión Hércules de la fuerza aérea norteamericana.
La investigación sobre el cargamento perdido provocó la difusión de diferentes versiones entre los militares bolivianos, los asesores norteamericanos y los oficiales de la CIA. Los pri- meros afirmaron que no se envió o que los norteamericanos lo vendieron en otro lado. También acusaron a las fuerzas arma- das de Chile como autoras del robo, alegando que estaban muy preocupadas por el rearme boliviano.
Otro punto de fricción fue el robo de la valija, ya que los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos presiona-
ron para que la policía buscara a los culpables. Por tal motivo comenzó una represión intensa y criminal contra los jóvenes que limpiaban zapatos, vendían periódicos o pedían limosnas por la avenida Camacho y sus alrededores. Un grupo de estos muchachos humildes fueron detenidos, golpeados y torturados, con el fin de que aportaran alguna información sobre quién había efectuado el robo de la valija. La represión llegó a tal gra- do que grupos de padres, vecinos y familiares de esos pobres muchachos se presentaron ante el fiscal del distrito penal, Juan Rivera Antezana, para formular las denuncias correspondien- tes. Ellos acusaron a efectivos del ejército y de la policía como los responsables de los atropellos y los daños físicos que les infligieron. Pero el fiscal acusó al Partido Comunista Boliviano como responsable de una sistemática campaña de desprestigio contra las fuerzas armadas de la nación, que todas esas denun- cias eran falsas y obedecían a un plan de los comunistas para hacer aparecer a los militares como personas abusivas ante la ciudadanía.
Los familiares y vecinos protestaron ante el juez; llevaron a los jóvenes golpeados para que personalmente los observara. Entonces Rivera Antezana afirmó que ellos mismos se provo- caron los daños físicos para poder formular la denuncia e im- putarles esos delitos a los jefes y oficiales del ejército, y declaró enérgicamente: “No permitiremos que las Fuerzas Armadas de la Nación sean vilmente calumniadas y desprestigiadas por los rojos”. Luego, sentenció: “Los responsables de esta campaña serán reprimidos de acuerdo con la ley”.
El 11 de octubre de 1967 la policía informó que el ciuda- dano Leandro Goyzueta fue detenido en la avenida Camacho, cuando trataba de cambiar 26 cheques norteamericanos por
monedas bolivianas. Según la policía, el detenido confesó que los encontró en un basurero de la calle Los Andes que, como no aportó otros elementos, seguían las investigaciones, porque podría resultar una pista segura para llegar a los culpables.
Ese mismo día ocurrió un extraño “suicidio”: según la prensa local, un joven de catorce años perdió la vida jugando a la ruleta rusa en la Plaza “Alonso de Mendoza” de la capital boliviana.
Un día después el periódico Presencia, de La Paz, divulgó la siguiente información: “Ayer, a las 20 horas, detectives de la sección Delitos contra las personas, levantaron el cadáver de Oscar Cordero Zapata, de 14 años de edad, quien, según las au- toridades policiales, murió accidentalmente cuando jugaba con un arma de fuego. El proyectil se localizó en la región temporal derecha. [...] La policía investiga de dónde obtuvo el menor el revólver con el que se quitó la vida accidentalmente”.
Vecinos del muchacho manifestaron que ese día se perso- naron en su vivienda varios efectivos del Ministerio del Interior y de la DIC, al frente de los cuales se encontraba el coronel Rafael Loayza, los que golpearon salvajemente al muchacho, y amenazaron de muerte a los familiares y vecinos si intervenían o denunciaban el hecho. Una vecina del lugar, que permane- ció oculta detrás de una ventana, vio cuando el coronel Rafael Loayza disparó contra el joven. Horas más tarde apareció su cadáver en la Plaza “Alonso de Mendoza”.
Fuentes bolivianas aseguraron que ese joven sabía quién había sustraído la valija diplomática; su asesinato evitó el co- nocimiento de datos que pudieran identificar a los verdade- ros responsables.