Administrative reforms

Es innegable que el proyecto de modernización para la educación superior se construyó retomando los lineamientos de las políticas establecidas por los organismos internacionales que son, como bien lo afirma Heinz Dieterich (1995) la estructura ejecutiva, económica, política, social, ideológica y militar del Estado global.13 Esto significa que las políticas nacionales respondieron a las políticas o tendencias internacionales para lo cambios en las universidades e instituciones de educación superior. Las directrices fundamentales provienen de los organismos internacionales que brindan apoyo económico a México, tales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación Económica (OCDE)

Estos organismos, que constituyen el brazo económico del Estado global, surgen después de la segunda guerra mundial para la recuperación económica de las potencias mundiales. Estos organismos han proyectado sus esfuerzos desde la década de los sesenta y, apoyados en los principios de la teoría del capital humano, proponen el fortalecimiento de la educación para generar el crecimiento de los países industrializados así como el desarrollo de las sociedades económicamente menos avanzadas14.

13 _{Heinz Dieterich (1995) afirma que el gobierno global — cuyo cerebro está constituido por el grupo de los siete (G-} 7) donde se concentran las siete grandes potencias industriales: Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, Italia, Francia y Canadá— tiene una estructura ejecutiva, una estructura organizativa que conforma el Estado global y que a través de sus organismos ejecutivos coordina aciones a través de organismos internacionales para su desarrollo. Estos organismos internacionales se concentran en cuatro grupos: el económico, donde se incluye al Banco Mundial (BM), al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE), y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El segundo grupo corresponde al brazo político que integra a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Seguridad. El tercer grupo es

el social-ideológico que integra a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Asamblea General a la

UNESCO, al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Finalmente, en el cuarto grupo, el militar, se incluyen organismos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

14 _{En la década de los sesenta, organismos internacionales como la OCDE, bajo el principio de la teoría del capital} humano, desarrollaron y promovieron la política de las contribuciones de la educación al crecimiento económico y por ende al desarrollo de los países pobres (OCDE, 1964).

En todos los documentos internos y externos encontramos lineamientos centrales con una sola dirección que no son privativos de nuestro país, sino que son aplicadas en la región latinoamericana y en resto del mundo. Se retoman como ejes centrales del cambio porque en ellas se concentra gran parte de las medidas propuestas y es donde radican las transformaciones sustanciales. Estos ejes son: a) Evaluación de las Instituciones de Educación Superior; b) privatización de las universidades e instituciones de educación superior, con la subsecuente reducción del subsidio a las instituciones públicas de enseñanza superior por parte del gobierno federal, y c) la racionalización y reorientación de la matrícula estudiantil, es decir, las restricciones en el ingreso para ciertas áreas del conocimiento privilegiando aquellas que tienen una relación directa con el aparato productivo, esto es, la distribución del capital humano en áreas prioritarias a la producción.

4.1 Evaluación Institucional

A pesar de que desde la década de los setenta empezaron los primeros trabajos sobre evaluación de la educación superior, fue hasta la década de los ochenta, particularmente en 1984, cuando la ANUIES propuso las bases para un modelo de evaluación (ANUIES, 1990). Con base en ello, a mediados de esta década se empezaron a dar propuestas para la auto evaluación de algunas universidades autónomas. Esta política se consolidó en el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (ANUIES, 1986) a partir del proyecto denominado Evaluación del Sistema de Educación Superior, a través del cual se evaluaron tres instituciones a fin de analizar la calidad y el impacto social de la educación superior.

Con estas propuestas se dejaba en claro que la evaluación sería un punto estratégico del proyecto salinista de modernización, lo cual se vio reflejado en la agilidad para impulsar los programas, pues un año después de que Salinas tomó posesión como presidente de la República, apareció el Programa para la Modernización Educativa, y a finales de 1989 y durante 1990 se diseñaron y negociaron los programas de evaluación para la educación superior (Kent, 1997).

El tipo de evaluación que promovió el proyecto salinista podría caracterizarse como una evaluación estratégica considerada por Guy Neave (1990) como el desempeño de una política nacional a fin de realizar cambios mayores a la luz de resultados encontrados. Esta evaluación se enfoca en cuestiones como: el acceso estudiantil y la apertura de la educación superior a los grupos hasta ahora excluidos; la distribución espacial de la educación superior en el territorio nacional; la estructura, duración y equilibrio de diferentes áreas disciplinarias; una política nacional de formación de cuadros, etc. (Neave, 1990). Y para aplicar una política de esta naturaleza, en lo que se instrumentaran los cambios a partir de políticas nacionales, se requiere no sólo del diseño del proyecto y las metas a largo plazo para el sistema de educación superior, sino además de la estimación de recursos económicos, así como de recursos humanos y el equipo adecuado para realizarlo. Esto significaba que este tipo de evaluación requeriría de una diversidad de factores que interactuaran en el proceso para que se pudiera llevar a cabo.

Esta política estratégica fue una medida que tenía un doble propósito: por un lado, hacer y tener una valoración interna de cada una de las instituciones educativas a fin de que las instituciones fueran centros de calidad que elaboraran productos de calidad. Por tanto, para lograrlo, las instituciones tendrían que hacer un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades como instituciones educativas encargadas de la formación de capital humano que demanda el mercado y las nuevas necesidades del capital.

Esta evaluación está en relación con las funciones sustantivas de la universidad, lo que en otras palabras representaba la evaluación del sistema educativo en su conjunto, tomando en consideración sus diversos componentes: educandos, educadores, planes y programas de estudio, establecimientos, organización, administración y el proceso enseñanza-aprendizaje (PEF, 1989b). Con esta política se pretendía conocer las deficiencias de las instituciones y en esa medida establecer mecanismos que permitieran alcanzar los objetivos propuestos en el programa y obtener así los parámetros de los propósitos de la evaluación. Así pues, bajo los

principios de la calidad, la eficacia y la eficiencia se empezó a promover la investigación e innovación de una cultura científica, la capacitación de los profesores e investigadores, la difusión y extensión de la cultura, el fortalecimiento de programas de posgrado, la vinculación de la educación superior con el sector productivo y la revisión e impulso de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje (ANUIES, 1989).

Por otro lado, la política de evaluación tenía otra finalidad: además de crear y promover productos de calidad, tenía relación con una fuente vital de existencia y permanencia de los centros educativos de carácter público, es decir, con el financiamiento. Así, el financiamiento fue el segundo objetivo por el cual la evaluación tenía razón de ser en las instituciones de educación superior, ya que se empezó a establecer medidas condicionadas para la asignación presupuestaria. El condicionamiento para la asignación de recursos fue justamente la forma o el mecanismo por el cual el Estado ejerció medidas de presión a las IES para lograr una educación de acuerdo con los resultados de la evaluación previa.

La lógica o el mecanismo fue expresado claramente por el Consejo Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE) en el sentido de señalar que las Instituciones de Educación Superior tenían que evaluarse internamente bajos los lineamientos de calidad, eficacia, productividad y eficiencia. Al establecer estos parámetros se establecería una competencia entre las instituciones educativas, entre los individuos, entre los programas y entre los proyectos, lo que daría como resultado la búsqueda de la calidad y con ello se le brindaría a las empresas la posibilidad de seleccionar la institución más adecuada con la cual establecería un contrato. Así pues, esta competencia entre las instituciones garantizaría, por un lado, la racionalización del presupuesto universitario y, por otro lado, haría del sistema de educación superior un producto de la más alta calidad.

Las actividades propuestas en las instituciones coinciden directamente con el concepto de evaluación emitido por la ANUIES, al considerar que la evaluación es una actividad de análisis y reflexión sobre diferentes actividades académicas que posibilitaba analizar la eficiencia y eficacia de los procesos y resultados institucionales (ANUIES, 1989).

Con la perspectiva de evaluar las instituciones de educación superior, en el Programa para la Modernización Educativa se plantearon puntualmente cinco actividades a evaluar: el desempeño escolar, del proceso educativo, aspectos programático- administrativos, las políticas educativas y el impacto de los egresados en la sociedad (PEF, 1989b).

i)La evaluación del desempeño escolar significa una valoración de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores de los educandos con fines de diagnóstico, acreditación y certificación de estudios. De aquí surge la propuesta para instrumentar medidas que midan el rendimiento, proponiendo para ello la realización y aplicación de exámenes de calidad con carácter nacional en las diferentes instituciones de enseñanza superior.

ii) La evaluación sobre el proceso educativo, es decir, la valoración sobre la importancia en el logro de los objetivos de los diferentes elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. En este tipo de valoración quedan incluidos el análisis de las contribuciones de los académicos, de los planes y programas de estudio, de los medios y métodos, de las instalaciones y equipo y de la organización escolar en la obtención de los resultados académicos.

iii) El tercer tipo de evaluación es la programático-administrativa, lo que significa determinar la pertinencia de la estructura y funcionamiento del sistema educativo para cumplir sus finalidades y efectividad del apoyo administrativo y con ello determinar la relación entre la asignación de recursos y el cumplimiento de las metas.

iv) La cuarta línea es la evaluación de la política educativa, que tiene como principal propósito determinar si se siguieron y cumplieron los objetivos y estrategias del Programa para la Modernización Educativa. Esta era una forma de presionar a las IES para que se modernizaran, en donde no había posibilidades de decidir si se estaba de acuerdo o no con el proyecto modernizador, sino solamente encontrar las formas y los

mecanismos idóneos para hacer efectivas las políticas. Si bien se señala la importancia en la construcción de los proyectos institucionales para modernizar las IES, en ello no se contempla la discusión respecto a la necesidad, conveniencia o el acuerdo con la modernización como proyecto no sólo educativo sino nacional. Por lo tanto, lo único que quedaba y lo que estaba de fondo del discurso era adaptarse y adecuarse a los nuevos proyectos modernizadores

John Holloway (s/f) hace referencia al juego que tuvieron que jugar los actores universitarios y la población en su conjunto ante el proyecto modernizador: “La ‘modernización´ se está llevando a cabo de cualquier modo, nos guste o no; lo único que nos queda por decir es si queremos que sea una modernización ‘reaccionaria’ o ‘democrática’ ”. Asimismo utiliza una metáfora planteada por Gunn para explicar el proceso: “El pudín que tenemos que comernos ya está cocinado, y todo lo que se nos permite es elegir el aderezo” (Idem).

Y efectivamente, en los hechos lo que sucedió fue que ante la presión del gobierno federal para proporcionar los recursos económicos, las IES tuvieron que adoptar y adaptarse a las políticas modernizadoras independientemente de la discusión colectiva, de la aprobación del proyecto o de cualquier acto de voluntad por parte de los actores universitarios.

v) Finalmente, la última línea de evaluación está encaminada a establecer el impacto de los egresados en el sistema educativo y de los servicios culturales, recreativos y deportivos en el entorno socio-económico (PEF, 1989b). En este sentido cabe resaltar que, para el proyecto modernizador, la noción de sociedad se construía a partir de las élites políticas y económicas dominantes, ya que con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), los sectores más beneficados era el gran capital nacional y extranjero, dejando en el olvido a los sectores mayoritarios de la población.

Estos cinco criterios de evaluación se pueden centrar en tres ejes de análisis que integran las diferentes iniciativas de evaluación y los diferentes aspectos a evaluar. El

primero es la evaluación de las instituciones de educación superior, el segundo es la evaluación de los diferentes programas académico-administrativos y, finalmente, la evaluación de los actores.

a) Evaluación programático-administrativa

La propuesta de la evaluación programático-administrativa tiene como principal objetivo determinar el funcionamiento del sistema educativo con base en el cumplimiento de sus metas para demostrar la efectividad del apoyo administrativo. Este tipo de evaluación fue el que propuso el Ejecutivo Federal para la asignación de recursos, ya que la distribución de los ingresos federales provenientes del exterior de las IES, así como la asignación y distribución interna para diferentes partidas, estarían sujetas al cumplimiento de metas y objetivos político-académicos.

La otra propuesta para la evaluación institucional fue la evaluación de la política educativa, es decir, el análisis sobre el seguimiento y cumplimientos de objetivos por parte de las IES de acuerdo con lo estipulado en el Programa para la Modernización Educativa. Esta era una forma de presionar a las IES para que se modernizaran, no se trataba de decidir si se estaba de acuerdo o no con el proyecto modernizador, sino solamente de encontrar las formas y mecanismos idóneos para hacer efectivas las políticas. Es cierto que en la construcción de proyectos institucionales se señala la importancia de modernizarse, sin embargo, no está a discusión la importancia, conveniencia o el acuerdo para modernizarse. Lo único que quedaba y lo que estaba de fondo en el discurso era adaptarse y adecuarse a los nuevos proyectos con todo lo que ello implicaba.

b) Evaluación de programas académicos

Para la evaluación de los programas académicos se propuso la evaluación del proceso educativo, que en otras palabras significa una valoración de la importancia en el logro de objetivos de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. En ella se incluye

el análisis de las contribuciones de los académicos, la valoración curricular, de los métodos y técnicas pedagógicas, así como de los equipos e instalaciones para el logro de los objetivos académicos.

Este tipo de evaluación cristalizó en la propuesta de reestructurar los planes y programas de estudio en las diferentes áreas del conocimiento y en las diferentes instituciones de educación superior. Para la reestructuración de los planes y programas de estudio se propuso que se retomara una teoría que el Plan Nacional de Desarrollo definía como una moderna teoría pedagógica, esto es, la tecnología educativa. Sin embargo, cabe señalar que desde la década de los setenta la tecnología educativa, como corriente pedagógica, adquirió especial relevancia en la elaboración de planes y programas de estudio, así como la teoría curricular, propuestas que tienen una fundamentación teórica basada en la psicología conductual, la teoría de los sistemas, la teoría del capital humano y la teoría de la evaluación. Sin embargo, la intelligentsia salinista, la identificaba como una teoría innovadora, no tanto porque realmente lo fuera, sino porque esta teoría se ajustaba perfectamente bien a la orientación tecnocrática y eficientista que se demanda en los planes y programas de estudio bajo el influjo del neoliberalismo y la globalización.

c) Evaluación de actores

Estas políticas de evaluación se centraban en dos actores esencialmente: los estudiantes y los profesores.

i) Evaluación de los estudiantes

Para la evaluación de los estudiantes se formularon dos propuestas. Una de ellas está en función de la evaluación del desempeño escolar, esto es, la valoración del estudiante en relación con sus habilidades, rendimientos, destrezas, aptitudes y valores. En otras palabras, significa una valoración en términos de acreditación y certificación de estudios.

La segunda propuesta es la evaluación de los egresados en la sociedad y tiene como objetivo establecer el impacto que tienen los egresados del sistema educativo, de los servicios culturales de las IES, los recreativos y los deportivos en su entorno socio- económico.15 Con base en estas propuestas se instrumentaron medidas para evaluar a los estudiantes en su rendimiento, tales como la aplicación de los siguientes exámenes: el examen general de calidad profesional, el examen de Refrendo y el examen único para el ingreso a la licenciatura.

En la reunión que se llevó a cabo entre los rectores de las diferentes IES del país, celebrada el 22 de marzo de 1992 en Manzanillo, Colima, el secretario de Educación Pública expuso a los rectores la necesidad e importancia de conformar instrumentos de evaluación general y promulgar una nueva ley de profesiones. Un año más tarde, el 26 de marzo de 1993, apareció la propuesta del Examen General de Calidad Profesional (EGCP), el cual se conforma por una batería de pruebas aplicadas a los egresados de las distintas profesiones para medir y evaluar sus conocimientos, así como sus habilidades respecto a su formación profesional y académica (ANUIES; 1993).

Esta evaluación, según lo señala el mismo EGCP, es necesaria porque atiende varios aspectos de la vida académica de un individuo. La realización del examen general de calidad se considera importante para el sustentante, para las instituciones educativas que contribuyeron en la formación profesional, para las autoridades educativas gubernamentales y para la sociedad en su conjunto.

Las políticas del EGCP establecen que dichos exámenes se deben aplicar por carrera o por especialidad y para su elaboración se propone la participación de todos los sectores involucrados, desde los institucionales (autoridades, maestros y alumnos), las asociaciones nacionales, los colegios profesionales, los principales usuarios y empleadores de servicios, así como las autoridades gubernamentales. Asimismo, estos

15 _{Cabe recordar que el entorno socio-económico de los estudiantes es el predominio del neoliberalismo y la} globalización. Por tanto, la formación y capacitación de profesionales tiene como objetivo atender las necesidades que se demanda en este nuevo modelo de acumulación del capital.

exámenes son ejecutados por personal académico, técnico y científico del más alto nivel, por tanto su producción y aplicación estaría sujeta a una supervisión y auditoría externa. El EGCP forma parte de un sistema de evaluación más amplio que se integra al Examen Nacional Indicativo previo a la Licenciatura (ENIPL) y al Examen de Refrendo.

Dicho examen de ninguna manera sustituye al examen profesional, ya que éste es independiente de aquél y del proceso de titulación. La función del EGCP es una condición para la obtención de la cédula profesional antes o después de obtener el título. También se mencionaba que en el caso de que las instituciones adoptaran otra modalidad, el EGCP podría quedar como una opción de titulación. La aplicación de este examen se probaría inicialmente en las siguientes carreras: medicina, odontología, enfermería, veterinaria, psicología, ingeniería civil, derecho y contaduría (ANUIES, 1993). Estas son algunas de las carreras donde se consideró necesario empezar a instrumentar el EGCP y que fueron áreas que crecieron vertiginosamente durante el sexenio de Luis Echeverría y que en esta