La conformación de un bloque de integración regional en el Cono Sur a comienzos de los años 90 respondió a tendencias propias de la globali- zación neoliberal que buscaba la liberalización del comercio de mercan- cías y la circulación del capital. A partir de su institucionalización como MERCOSUR, en 1991, existió una lucha entre, por un lado, una visión puramente comercial al servicio de los intereses de los empresarios trasna- cionales, que en el mejor de los casos derramaría riqueza y bienestar hacia
19 A consultar en: http://descarga.vamosuruguay.com.uy/programa_de_gobierno_PC.pdf (citado 2009 - 11 – 04)
20 A consultar en: http://www.lacalle.com.uy/programa/ (citado 2009 - 11 – 04) 21 A consultar en: www.partidoindependiente.org (citado 2009 - 11 – 04)
otros grupos sociales que verían entonces la integración como positiva. Por otro, una visión más social y politizada, donde los objetivos de la integra- ción deberían estar motivados por la cooperación y la solidaridad entre “los pueblos” (asociada con la complementariedad productiva), con miras a un desarrollo sustentable compartido y donde el bloque regional actuaría como defensa frente a los actores globalizantes (ie. las empresas trasnacionales y las instituciones financieras internacionales), así como espacio experimen- tal de construcción permanente de mejores relaciones económicas, sociales, culturales y políticas.
En Uruguay, donde el MERCOSUR ha sido siempre un tema en de- bate como quizá no lo sea en ningún otro país del bloque, esta puja de visiones no incluyó con demasiado énfasis la cuestión migratoria. A partir de los antecedentes descriptos en las secciones previas, queda claro que la dinámica migratoria reciente fue mayor en la dirección Norte-Sur en comparación con la orientación Sur-Sur, lo cual llevó a un segundo plano de la opinión pública y académica las migraciones transfronterizas y regio- nales. Pellegrino (2009: 25) afirma: “La existencia del MERCOSUR no ha tenido consecuencias importantes sobre los flujos migratorios [regionales], ni en su orientación ni en su ritmo, y su situación parece estar más bien relacionada con las asimetrías económicas de los procesos de desarrollo y con los avatares económicos y políticos de cada uno de los países”. Por ello, pueden resultar extraños o directamente ignorados, los avances existentes en materia legal en los distintos Estados, legislación promovida desde la frágil institucionalidad del MERCOSUR. En particular, el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados partes del MERCOSUR, Chile y Bolivia, vigente desde julio de 2009, que junto con programas unilaterales y binacionales colocan a Sudamérica como líder en el concierto mundial en materia de libre circulación y respeto a los derechos de los migrantes. Sin embargo, la distancia entre acuerdos, normas, reglamentaciones y su verdadera implementación en fronteras, aduanas, fábricas, comercios, insti- tuciones educativas y de la salud, barrios urbanos y predios agrícolas resulta aún muy grande.
El cierre desde hace más de dos años del libre paso en el puente in- ternacional San Martín entre Fray Bentos (ROU) y Gualeguaychú (RA) simboliza las contradicciones entre integración regional y libre circulación de personas, ocultando otras situaciones mucho más problemáticas para los migrantes. Por ejemplo, los temas sobre legislación laboral no son co- nocidos y debatidos, en particular la Declaración Sociolaboral (1998) o el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR (2005). Según Ermida Uriarte, el MERCOSUR no es una región de libre circulación de
trabajadores porque “se discrimina a los trabajadores extra-mercosureños”, y porque las normas aprobadas “facilitan trámites sin llegar a garantizar una plena libertad de circulación” (Ermida Uriarte, 2009: 32). En este campo, empresarios y trabajadores organizados tienen fuertes diferencias sobre cuál debería ser el alcance de la regulación y flexibilización laboral en la región, tensiones que además de mostrar intereses económicos y políticos diver- gentes, hacen emerger borrosas concepciones acerca del trabajador migran- te como simple portador de un factor económico (ie. trabajo) y/o sujeto de derechos. Los propios sindicatos nacionales, más allá de sus discursos in- ternacionalistas, no logran neutralizar la discriminación y xenofobia que se construye en torno al temor de la competencia intra-clase que representa- rían los trabajadores migrantes dispuestos a trabajar en inferiores condicio- nes laborales (Ermida Uriarte, 2009: 33). No obstante, se observan algunos avances. La reciente reunión de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, en diciembre pasado, reconoce en su Declaración Política de Montevideo la importancia de la libre residencia de los trabajadores mi- grantes en el MERCOSUR. En su plan de acción promueve los “acuerdos entre países para el reconocimiento de los derechos de la seguridad social de las/los trabajadoras/es migrantes”22; en consonancia con la puesta en vi- gencia -desde junio 2006, luego de nueve años-, del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR. Mientras tanto, las empresas trans- latinas (ie. Petrobrás) parecen preocupadas por una mayor flexibilidad en las migraciones circulares de sus cuadros técnicos y gerenciales en la región (Braga y Sprandel, 2008: 94).
Las organizaciones de la sociedad civil han tenido escasa incidencia en las líneas de trabajo a nivel regional. En Uruguay, no proliferan las ONG y redes que consideren al MERCOSUR como territorio ampliado de su pensamiento y accionar. Son menos aún las que trabajan sobre la proble- mática de las migraciones humanas. Vale la pena mencionar en este senti- do el trabajo histórico del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU), y las más recientes acciones de estudios y campañas de la Pla- taforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (ver PIDHDD, 2008; 2009). Otras pequeñas organizaciones, con cierta visibilidad y audiencia en el país, como la Asociación de Familiares y Ami- gos de Migrantes “Idas y Vueltas”, la Asociación Cultural y Casa de los Inmigrantes César Vallejo, y el programa “Departamento 20” de la radio y televisión nacional, organizan circunstancialmente movilizaciones o even- tos23. El Parlamento del MERCOSUR, que inició su actuación en 2007,
22 A consultar en: http://www.ccscs.org/noticias/ (citado 2010 – 01 – 25)
23 Por ejemplo, a fines de 2009 se realizó en Montevideo el evento internacional Vaiven09, organizado por El Colletero de España para su proyecto comunicativo Entre Soles y Lunes, al cual estas organiza-
abrió nuevas expectativas hacia una mayor influencia de las agendas socia- les de estas redes de defensa de los derechos humanos y de los sindicatos, pero aún sin resultados tangibles (ver VV.AA. 2009).
En casi dos décadas de MERCOSUR, sólo la mitad de 31 acuerdos vinculados a las migraciones han entrado en vigencia (VV.AA. 2009: 264). Las dificultades para la adopción simultánea en los países del bloque de normativas nacionales y programas que acompañen los acuerdos alcanza- dos a nivel regional sobre libre circulación y los derechos de los migrantes, ha llevado a buscar el atajo de los acuerdos bilaterales (o programas unila- terales), que aparecen como más efectivos. Por ejemplo, en 2002 Uruguay y Brasil firmaron un acuerdo de residencia fronterizo, que luego se extendió, en 2006, a todo el territorio de ambos países, como avanzada del Acuerdo sobre residencia del MERCOSUR, Bolivia y Chile que entró finalmente en vigencia en julio de 200924.
La ausencia de información de calidad y en cantidad suficientes sobre las migraciones en el espacio MERCOSUR, ciertamente colabora en el lento avance de las metas planteadas en declaraciones y acuerdos de libre circulación y en la generación de un mercado de trabajo ampliado (Baer, 2006).25 En Uruguay, a nivel académico, el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República es donde se ha producido conocimiento sobre la materia, aunque no existe una línea de trabajo permanente sobre migraciones e integración regional.
Finalmente, sigue habiendo una brecha importante entre la dinámica migratoria fronteriza y los esfuerzos de creación de espacios de conver- gencia binacionales a nivel estatal, a pesar que en los últimos años se ha reconocido la especificidad de estos territorios. Por ejemplo, desde hace pocos años existen mayores oportunidades en la frontera entre Uruguay y Brasil para acceder a servicios de salud en ambos países sin importar la nacionalidad.
ciones se sumaron en la planificación y realización. Lo mismo sucedió en 2006 cuando el II Encuentro Cívico Iberoamericano: Migración y Desarrollo, organizado por la SEGIB en Piriápolis en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
24 A consultar en: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/03/notas_uru_bras.pdf. (citado 2010 - 01 – 25). Esta visión es recogida por Daniel Etcheverry (2006:127) a través de sus informantes de organizaciones mediadoras hacia los migrantes en Porto Alegre
25 Ver por ejemplo las conclusiones del 1er. Taller sobre libre circulación de trabajadores y la integración fronteriza en el MERCOSUR realizado en Buenos Aires en agosto 2008. A consultar en: http://www. cgtrainternacional.com.ar/edi41/noticias/noticia3.html (citado 2009 - 11 – 01)