La elaboración de genotipos de semillas resistentes a herbicidas específicos marcó el punto de partida del agrocapitalismo sojero. En 1996 se concretó la liberación comercial de la variedad transgénica RR (RoundupReady) de la multinacional Monsanto1. El paquete tecnológico permitió simplificar notablemente el manejo del
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La producción de transgénicos fue impulsada por el gobierno de C. S. Menem. Con ese objetivo, en el ámbito de la SAGPyA, en 1991 fue creada la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad Agropecuaria), cumpliendo con el pedido de Monsanto y otras multinacionales. En 1998 fue aprobado el maíz Bt (resistente al insecticida para el barrenador del tallo). En 2004, durante el gobierno de N. Kirchner, el Ministerio de Economía avaló el maíz RR (resistente a la aplicación de glifosato). De los más de 1700 ensayos de campo autorizados y de las evaluaciones aprobadas entre 1991 y 2010, un 56 %
sistema agrícola con la siembra directa2, la mecanización total y el aumento exponencial de la aplicación de agroquímicos. Los monocultivos de exportación son parte del extractivismo que no responde a necesidades locales sino a una inserción internacional subordinada y funcional a la `globalización´ comercial y financiera (Gudynas, 2009). Es así que, buena parte del agrocapitalismo argentino está dominado por grandes corporaciones transnacionales que obtienen rentas extraordinarias3. El Estado argentino capta una parte de las rentas a través de las retenciones a las exportaciones. Con la asunción del gobierno de ultraderecha en diciembre de 2015, las retenciones a las exportaciones de soja bajaron de 35 a 30 %, al tiempo que se eliminaron las aplicadas al resto de las producciones agropecuarias.
El negocio de la soja queda concentrado en tres grandes sectores:
a) Los pool de siembra que se nutren de fondos de inversión y operan a gran escala sobre las tierras arrendadas en detrimento de los pequeños y medianos productores.
b) Los proveedores de agroquímicos (Monsanto, Novartis, Dupont, Bayer, Zéneca, Agroevo) acumulando en base a la fuerte dependencia que tiene la producción de soja de las nuevas semillas y fertilizantes.
c) La concentración de la comercialización, con cinco grandes compañías exportadoras que manejan el 90 % de las ventas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera (de capitales chinos desde 2014) y Aceitera General Deheza, que exportan desde puertos propios privatizados en los años noventa4.
El proceso de sojización colocó a la Argentina como el tercer productor mundial del grano, después de EEUU y Brasil, y primer exportador mundial de aceites, harinas y biodiesel5. El complejo oleaginoso de Rosario y su zona de influencia se ha convertido
correspondió a variedades de maíz; un 23 % a las de soja; algodón y girasol 5 % cada uno; arroz 3 %; papa 2 %; con un 6 % para otros cultivos.
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En 1988/89 sólo el 1 % de la soja cultivada utilizó el sistema de siembra directa. En 1996/97, el 43%; en 2004/05 rondaba el 99 %. La soja RR pasó del 5,5 % de la producción en 1996/97 a más del 98 % en 2002/03.
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La cosecha de soja 2014/15 arrojaría una producción de 60,1 millones de toneladas (Bolsa de Comercio de Rosario, julio 2015). La superproducción de países como la Argentina y Brasil, más la de Estados Unidos -con cosecha récord en 2014-, lleva los precios de la oleaginosa a la baja. El grano de soja, en enero de 2014 cotizó a U$S 466 la tonelada y en mayo a U$S 540, mientras que en el primer trimestre de 2015 se posicionó en U$S 380 a causa de la casi perfecta cosecha estadounidense, con rendimientos récord (Bolsa de Comercio de Rosario, julio 2015).
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Cabe recordar que el precio internacional de la soja, como el de otros commodities, resulta también de la especulación. Se recomienda consultar el trabajo de Schumann, 2014.
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en el principal grupo exportador de la Argentina donde se procesa y se comercializa el 80% del total de la producción de soja nacional.
El fuerte aumento de la producción de soja (que para el año agrícola 2002/03 ya era transgénica en más del 98 %) implicó cambios en las orientaciones productivas: numerosos tambos en Santa Fe y Córdoba cerraron, se redujo la superficie dedicada a la caña de azúcar y a la horticultura en Tucumán, la ganadería bovina fue empujada hacia tierras marginales, expulsando rebaños de cabras de campesinos. Se destruyeron bosques (entre 2004 y 2007 se deforestó un millón de ha.), humedales y estepas, terminando con la biodiversidad, alterando los ciclos hídricos y contaminando suelos y aguas superficiales y subterráneas con agrotóxicos. En suma, se vulnera la seguridad y la soberanía alimentaria. El avance del monocultivo alienta la expulsión de trabajadores rurales afectando la estructura social agraria y desplazando a pequeños productores.
Las consecuencias de la sojización son aún más graves. Afectan los suelos extrayendo sus nutrientes y micronutrientes6, obligando a una profusa aplicación de fertilizantes artificiales para sostener el esquema productivo. Los daños a la salud humana resultan innumerables; aumenta la cantidad de situaciones en las que habitantes rurales y urbanos padecen afecciones respiratorias, dermatológicas, neurológicas, distintas formas de cáncer y muerte, en asociación directa con el uso de agrotóxicos7. En marzo de 2015, la OMS (Organización Mundial de la Salud) dio a conocer, a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), un estudio que revela que el glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas. El agroquímico8se detecta en el aire durante la pulverización de los cultivos
millones de toneladas de producto procesado. Ese año, Argentina aportó casi el 50 % de las exportaciones mundiales de aceite y harinas de soja y el 73 % de las de biodiesel.
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En términos de volumen extraído con el cultivo de soja, desde los comienzos de la agriculturización (1970/71) hasta el año agrícola 2005/2006, la Argentina ha perdido 11.354.292 millones de toneladas de Nitrógeno (ya descontada la reposición natural), 2.543.339 mill. de tn. de fósforo y valores muy elevados de los demás nutrientes y oligoelementos. Por el costo estimado de una restitución equivalente con fertilizantes minerales, la Argentina ha perdido unos U$S 2.895.344.460; 2.638.055.818; 890.168.650; 461.509.880; 86.251.130 y 71.531.320 (Pengue, 2006) por el nitrógeno, potasio, fósforo, azufre y magnesio exportados, respectivamente [7 mil millones de dólares].
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Marzo de 2010: Fallo judicial que prohibió el uso del glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge, Santa Fe. Agosto de 2012: Sentencia correspondiente a un juicio por contaminación y daños a la salud por agroquímicos aplicados a través de la fumigación de campos cultivados con soja. Barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba.
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El glifosato es comercializado hace más de 20 años por la multinacional Monsanto bajo la marca Roundup y su uso se incrementó significativamente a raíz del desarrollo de variedades de cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. En Argentina también está permitido su uso en yerba mate, vid, trigo, girasol, hortalizas, pasturas, cítricos y frutales de pepita (manzana, pera, membrillo). En 2014, según datos de la misma industria, en el territorio argentino se utilizaron alrededor de 200 millones de litros de glifosato.
en los que es utilizado, así como también, en el agua y en los alimentos. De esta manera, la máxima autoridad de salud a nivel global confirma las denuncias silenciadas de los pueblos fumigados y de científicos independientes9.
Es más, se ha tornado “moneda corriente” la persecución a los investigadores que llevan a cabo los trabajos que, de manera incostentable, prueban los perjuicios de los agrotóxicos usados por el agronegocio sobre la salud de los seres humanos. Allá por 2009 y en años posteriores, el Dr. Andrés Carrasco, Director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA/CONICET, sufrió amenazas anónimas, campañas mediáticas e institucionales de desprestigio, presiones políticas, golpizas cuando recorría el territorio nacional para alertar sobre los graves daños que causaban y causan los productos profusamente aplicados en los campos de la agricultura transgénica. Ejemplo de conciencia y coherencia, el Dr. Carrasco había demostrado, p.e, que el glifosato, con dosis 1500 veces menores a las que se utilizan en áreas pampeanas y extrapampeanas, se presentaban trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.
El hostigamiento y la intolerancia se fue agravando. En 2015, el Dr. M. Ávila Vásquez, integrante de la red de Médicos de Pueblos Fumigados, dirigió un estudio epidemiológico en la localidad de Monte Maíz, provincia de Córdoba, revelando que esa población triplica la media nacional de casos de cáncer. Poco después, el Dr. Ávila Vásquez denunció amenazas por parte de directivos de la Universidad Nacional de Córdoba que, simultáneamente, solicitaron iniciarle un sumario por “haberse extralimitado en las actividades autorizadas” (ADUNLu y CONADU-H, 2016).
Cabe agregar la persecución que durante los últimos meses sufre el equipo de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por el Dr. Damián Verzeñassi. Hace seis años que ese equipo de docentes-investigadores, con participación de estudiantes, viene realizando una valiosa experiencia de relevamiento de impactos en la salud humana de agroquímicos como el glifosato, en pueblos y ciudades del país. La animosidad y la violencia contra el citado profesional tuvo un punto alto el 28/10/2016, cuando el Decano de la Facultad de Medicina ordenó cerrar con cadenas y candados el ingreso a la oficina que guarda 96.800 historias clínicas generadas en los campamentos sanitarios concretados en 27 localidades de Santa fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Lamentablemente, no hay error ni casualidad: la
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información recolectada en los campamentos constituye una prueba científica contundente e irrefutable de las consecuencias socio-sanitarias que provoca el actual modelo agrario, evidenciando los cambios en los perfiles de morbimortalidad de la región que hace veinte años está sometida a envenenamiento constante (ADUNLu y CONADU-H, op. cit.). Mientras tanto, continúa el ocultamiento por parte de corporaciones transnacionales, empresarios nacionales del sector, funcionarios de gobiernos de escala provincial y nacional, a los que hay que sumar sectores académicos acríticos, por denominarlos de un modo amable que intenta dejar de lado cualquier acusación sobre supina ignorancia o deleznable mala intención.
Las enfermedades continuarán en tanto y en cuanto se continúe con el paquete tecnológico, medular en la actual agricultura, fuertemente apoyado por los gobiernos nacionales hasta el 9 de diciembre de 2015 y más aún desde entonces, cuando los capitales concentrados del agronegocio participan del régimen céocrata de manera directa.