Reducir la contaminación acústica Reducir el consumo de energías no renovables
Mejorar la eficiencia social del espacio urbano OBJETIVO 2: + COMPETITIVO
Garantizar la regularidad en los tiempos de desplazamiento de todos los modos de transporte, evitando la congestión
Mejorar la calidad de los desplazamientos en todos los modos de transporte Mejorar el sistema de distribución de mercancías y su incidencia en la movilidad general
OBJETIVO 3: + UNIVERSAL
Garantizar el derecho a la movilidad de los sectores de población que no disponen de vehículo
Conseguir que los costes de transporte público sean asumibles por todos los sectores sociales
Mejorar la accesibilidad a todos los medios de transporte de las personas con movilidad reducida
OBJETIVO 4: + SEGURO
Reducir el número y gravedad de los accidentes
Disminuir la accidentalidad entre jóvenes y personas de la tercera edad Mejorar la asistencia a las víctimas
También se nombra tímidamente al urbanismo:
“Según las partes interesadas, la coordinación entre las autoridades podría contribuir a hacer frente a los retos de la movilidad urbana. Además, ésta podría beneficiarse de la integración de ámbitos políticos tales como el urbanismo, los asuntos económicos y sociales, el transporte, etc.”
La política de transporte puede marcar diferencias en la salud colectiva. Por ejemplo, en España en enero de 2008, se estableció una limitación de la velocidad a 80 Km por hora en las carreteras de acceso a Barcelona para reducir la contaminación y los accidentes. Esta medida fue precedida por una valoración de los beneficios en la salud de la reducción de la contaminación atmosférica. Disminuir la contaminación atmosférica, hasta lograr los niveles aconsejados por la OMS, aportaría importantes beneficios a la población del área metropolitana de Barcelona en conceptos de morbimortalidad y esperanza de vida, según reveló un estudio dirigido por el Dr. Nino Künzli, profesor de investigación ICREA del Instituto Municipal de Investigación Médica y del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (IMIM-CREAL), por encargo del Departamento de Salud y del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
El estudio, titulado “Los beneficios para la salud pública de la reducción de la contaminación atmosférica en el área metropolitana de Barcelona”, se presentó públicamente en septiembre de 2007. Forma parte del Plan de actuación para el área metropolitana de Barcelona, para reducir la contaminación atmosférica, en el que se identifican las fuentes de emisión de los contaminantes y se cuantifican georeferenciando las emisiones por foco.
Durante 2009 disminuyeron las emisiones de muchos contaminantes generados por el transporte en Europa. Ahora bien, según el último informe anual sobre las emisiones del transporte publicado por la AEMA, esta reducción podría ser sólo consecuencia pasajera de la recesión económica. Además, el informe de la AEMA sobre transporte y medio ambiente muestra que se ha logrado una mayor eficiencia en el transporte. Por ejemplo, en 2010, los vehículos nuevos fueron aproximadamente un 20% más eficientes que en el año 2000. Sin embargo, dichas mejoras se han visto contrarrestadas por el aumento de la demanda, incluso en un contexto de recesión que ha ralentizado la actividad en determinados ámbitos. Entre 1990 y 2009, la demanda de transporte aumentó aproximadamente un tercio, lo que condujo a un incremento del 27 % de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte.
El informe destaca las importantes oportunidades que se presentan a los responsables políticos para acometer esos problemas de manera coherente, por ejemplo, abordando conjuntamente la calidad del aire y el cambio climático. Por primera vez, la AEMA ha elaborado un escenario de partida para evaluar los progresos en la consecución de los objetivos medioambientales del sector del transporte, que cubren las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y el ruido. Se ha desarrollado un conjunto de 12 indicadores, que abarcan una amplia variedad de campos de actuación. En el caso de la salud uno de los indicadores tiene que ver con el nivel de NO2, y el otro con la población expuesta al ruido. Aunque en el informe se comenta en algunas ocasiones el problema de
salud que representan ciertos componentes liberados a la atmosfera en cantidades peligrosas para la salud y la generalización del ruido, no existe propuesta de implicación del sector salud, ni del sector de la planificación urbana en la posible solución del problema. Los nuevos objetivos contemplados por la Comisión brindarán un marco a las políticas que se formulen a escala europea, nacional y municipal para hacer frente a los problemas medioambientales relacionados con el transporte.
Si no se racionaliza el transporte se produce un círculo vicioso. Un 80% de los ciudadanos vive en núcleos urbanos. El ruido, la contaminación, la densidad del tráfico, el descuido del entorno construido, la mala gestión del medio ambiente y la falta de planificación estratégica generan problemas sanitarios y descenso de la calidad de vida. Por estos motivos los ciudadanos huyen de las ciudades y aglomeraciones y se instalan en la periferia. Pero esta dispersión genera un mayor tráfico y los problemas se agudizan. El centro de gravedad de las ciudades se dispersa y se debilita el centro urbano. La ciudadanía pierde accesibilidad y se acentúan las desigualdades.
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VI. CONCLUSIONES
De todo lo expuesto puede deducirse que las relaciones actuales entre salud pública y urbanismo en el ámbito de la UE no son simétricas. Parece claro que las decisiones de la planificación urbanística y del diseño urbano influyen de forma muy importante en la salud de la ciudadanía europea. Sin embargo, la relación inversa no se produce; las necesidades de salud no inciden de forma directa sobre las determinaciones urbanísticas. Como mucho lo hacen indirectamente a través de las políticas medioambientales.
Resulta curioso como, a pesar de todos los problemas y conflictos entre urbanismo y medio ambiente, los condicionantes de este tipo están influyendo de forma determinante en las decisiones sobre cómo construir la ciudad. Incluso a través de metodologías propias como las de Evaluación de Impacto. El problema es que muchas determinaciones de salud pública que no son necesariamente medioambientales deberían de contar con cauces directos que condicionaran la construcción de la ciudad. Ver la siguiente figura.
Los ejemplos que se pueden poner son muchos. Desde exigencias sobre la distancia máxima a la que tiene que estar una zona verde, hasta el tipo de pavimento para que no se resbale
con la lluvia. Probablemente casi todas las exigencias relativas a la contaminación, seguridad del sistema viario o ruido, puedan regularse a través de la normativa de carácter medioambiental. Pero una gran parte de las necesidades en materia de salud pública deberían poder condicionar el diseño y la planificación de nuestras ciudades. En la situación actual la UE lo está haciendo mediante sistemas indirectos. Es decir, a través de normativa ambiental, de gobernanza y participación, de transporte, de accesibilidad o de evaluación, pero no a través de las necesidades derivadas de la salud pública.
Esta situación se ha podido producir debido a que la opinión progresivamente impuesta ha sido la de priorizar los ámbitos locales sobre los globales. En materia urbanística hay razones prácticas y de sentido común para que sea así, pero también razones políticas y administrativas derivadas tanto de la estructura administrativa de los EE.MM. como de su organización. Esto ha traído consigo la ausencia de una política urbana global aunque, se intentó en numerosas ocasiones. De forma que las instituciones europeas encuentran enormes dificultades cuando quieren imponer determinadas condiciones en forma de estándares, criterios o simples recomendaciones a las ciudades.
Ocurre también en algunos de los ámbitos estatales. Particularmente en España reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han impedido al Estado Español que legislara, ni aún mínimamente, sobre Urbanismo y Ordenación del Territorio. Prácticamente leyes enteras como la de Reforma de la Ley del Suelo de 1990 (Texto Refundido de 1992) han sido borradas de la legislación estatal por los tribunales.
Esta tendencia no es sólo aplicable al urbanismo sino puede detectarse una cierta corriente general a favor de la recuperación de soberanía por parte de las naciones.
Existe una dificultad adicional en el momento actual, por la deriva que está tomando la UE, pasando de sus objetivos globales a las prioridades en cohesión y solidaridad de los primeros tiempos a una búsqueda de la competitividad realmente feroz. En esta situación, todos aquellos elementos que priorizan la igualdad, como puede ser el de la salud para todos, se están sacrificando de forma sistemática en favor de aquellas regiones. Como es muy probable que sean precisamente estas regiones más competitivas las que cuenten con más recursos la asimetría existente en la actualidad tenderá a aumentar. En cambio, dado que las imposiciones ambientales se plantean básicamente por motivos económicos (evitar un dumping encubierto por parte de aquellos países más “blandos” en este tipo de exigencias) parece que la situación, de momento, no se presenta muy favorable a lo que sería racional. Es decir, a la posibilidad de imponer directamente criterios de planificación y diseño urbano derivados de las necesidades de la salud pública.
En conclusión, actualmente la mejor posibilidad de que la UE intervenga en el diseño de las ciudades para que sean más sanas es básicamente a través de las competencias compartidas en materia de medio ambiente. Esta no es precisamente la situación deseable; sería importante que lo pudiera hacer de forma directa, ya que algunas cuestiones como las densidades, distancias de zonas verdes a las áreas residenciales o pendientes máximas no deberían entenderse como temas medio ambientales a menos que se haga una interpretación extensiva de los mismos. Es cierto que las situaciones particulares en las que se encuentran las ciudades de la Unión son muy diferentes, tanto desde el punto de
vista climático como socio-económico o cultural, pero no es menos cierto que la respuesta en parámetros de salud de la ciudadanía europea es muy parecida vivan en España, Estonia, Bulgaria o Suecia.
Hay que hacer notar, por último, el paralelismo en esta materia que se produce entre la UE y las ciudades europeas y el del Estado Español y las ciudades españoles. Esto significa, en la práctica, que los órganos de decisión que pueden realmente imponer directamente determinaciones relativas a la salud pública en la planificación y diseño de las ciudades españolas son las CC.AA.. La alternativa pasa por hacerlo a través de las competencias compartidas en Medio Ambiente (y en algunos casos muy particulares de salud pública) por parte de la UE, o las de mínimos en idénticas materias que tiene el Estado Español. Esta situación se refleja en la falta de trabajos de investigación, órganos de coordinación, publicación de guías, recomendaciones o incluso premios, que formen un corpus de ayuda a un desarrollo más profundo en un campo tan fundamental como es el de la relación entre el urbanismo y la salud pública.
Aunque la salud es considerada un valor central para la ciudadanía europea, y esa prioridad se ha reflejado en la legislación y políticas de desarrollo que han creado un amplio marco de acción englobando otras políticas según el Tratado de la Unión, muchas de ellas aun no han desarrollado todo el potencial de beneficio mutuo que puede producirse con las consideraciones de salud en otras políticas. Tanto el sector salud como el medio ambiental, tienen que considerar la planificación urbana y la ordenación del territorio con enfoque de salud, sostenibilidad y equidad para estar en condiciones de resolver ciertos problemas. La salud pública y el urbanismo están ligadas entre si y relacionadas con el proceso de ganar y perder salud, fundamentalmente en el territorio urbano.
Compartir una amplia visión de los objetivos de las grandes áreas sectoriales, conocer los impactos mutuos, y hacer el seguimiento de los resultados ayudaría a una jerarquización de intervenciones en razón de los valores y metas de la UE. También implicaría una mayor integración de las políticas entre sí, en los diferentes ámbitos territoriales y produciría una mayor efectividad.
La superación de los objetivos que la salud pública tiene planteados y que podrían amenazar el crecimiento y el desarrollo de la UE, requiere la consideración de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo por parte de la UE en los diferentes ámbitos territoriales. Parece que paulatinamente van introduciéndose medidas, propuestas y recomendaciones en el ámbito urbanístico, producto de las conclusiones de proyectos urbanos de regeneración, y como complemento a la respuesta que algunos sectores y políticas tienen que dar tales como las medioambientales, cambio climático, sostenibilidad, salud, deportes o políticas de cohesión. Sin embargo, esta situación todavía no ha producido propuestas concretas, a pesar de existir experiencias y evidencia científica suficiente.
Los problemas de la salud pública, son de naturaleza compleja y las respuestas fraccionadas que cada sector puede producir no son suficientes. Es necesario el análisis compartido, la priorización conjunta y la actuación coordinada para que las medidas y
posibles soluciones de cada sector no incrementen los problemas de los otros sino que produzcan beneficios.
El sector salud, como el ambiental, debería elaborar informes generales de impacto en la salud de otras políticas y proponer medidas que promuevan los objetivos de cada política concreta. Es necesario seguir desarrollando la metodología de la Evaluación del Impacto en Salud, cuantificando los problemas en términos económicos y de salud y proponiendo indicadores de seguimiento y medidas de actuación. El sector salud debería trabajar preventivamente en la comunidad, convocando al urbanismo a tener en cuenta los problemas y necesidades de salud de la ciudadanía y construyendo núcleos de población y ciudades inclusivas, sostenibles, prosperas, saludables, amigables y habitables.
Entendemos que, a lo largo del texto, se ha demostrado la importancia que tiene, para las instituciones europeas la relación entre conformación de la ciudad y la salud de sus habitantes. De cómo, a pesar de esta importancia, y de las evidencias obtenidas, la UE ha sido incapaz de articular una política urbana que pusiera de relieve esta importancia y que, cuando lo ha hecho, ha sido siempre a través de políticas medioambientales.
Además, y dado que estas políticas medioambientales han estado presentes muy frecuentemente debido a problemas económicos de competencia entre estados, no siempre su finalidad última ha sido la salud física y mental de su ciudadanía.
La existencia de herramientas tales como indicadores de salud urbana o medioambiental no ha tenido una repercusión práctica, hasta el punto que en el momento actual, por ejemplo, en los programas españoles de los estudios de urbanismo y ordenación del territorio las cuestiones de salud pública sencillamente no existen. Sería necesario un cambio de rumbo en un tema básico que nos afecta a todos.
Se necesita una política a nivel europeo, a nivel nacional, regional y local que marque las pautas de una planificación urbana eficaz, sostenible y saludable. Hay razones suficientes de tipo científico para incluir actuaciones reguladoras de la ordenación del territorio y el urbanismo entre las actuaciones políticas de la UE, bien por si misma o para dar efectividad a otras políticas (medioambiente, cambio climático, transporte, energía, e industria) que permitan garantizar la protección y el fomento de la salud.
La UE tiene normativa y proyectos sectoriales muy específicos destinados a regular a impulsar ciertas actividades. Sin embargo, por la complejidad del escenario y el mismo proceso de construcción de las políticas, hay espacios no regulados con gran potencial para producir beneficios generales acordes con los valores y objetivos de la Unión.
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VII. GLOSARIO
AEMA
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), es un órgano descentralizado de la Unión Europea, cuya misión es la recogida, elaboración y difusión de información sobre la situación y la evolución del medio ambiente a escala europea.
Fue creada el 7 de mayo de 1990, siendo operativa desde 1994. La Agencia es el primer organismo de la UE que acogió en virtud de un tratado especial a estos países candidatos como miembros. Los 27 estados que conforman la UE, junto a los países candidatos Croacia y Turquía, así como Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza .
El reglamento constitutivo de la AEMA establece que debe estar abierta a países que no pertenezcan a la UE pero que compartan su preocupación por el medio ambiente. Islandia, Liechtenstein y Noruega son miembros desde sus comienzos.