PART II: COUNTRY CHAPTERS
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN BANK INDONESIA by Rudi Saleh Sustyo
4. Challenges, Risks and Issues in Human Resource Management
A este proceso le siguió una transición de partidos políticos en el gobierno federal, pues a partir del año 2000, Vicente Fox (2000-2006) al frente del Partido de Acción Nacional (PAN) ganó las elecciones en un ambiente confuso respecto al “debilitamiento” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como “partido de Estado”. Durante esta gestión de inicio del siglo XXI, un aspecto en el ámbito educativo es imprescindibles de comentar: el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la intención de cobertura de becas para estudiantes de nivel medio superior. Consecuencia directa fue el nacimiento del programa nacional Pronabes, acompañado de otros programas sociales de corte asistencialista que aportaron una pequeña cantidad de dinero para la manutención de algunos estudiantes.
Fox y su impulso de “ciudadano emprendedor” como empresario en el poder estatal, facilitó la entrada del programa “e-México” el cual consistió en posicionar antenas satelitales, conexión a Internet y otras medidas en las escuelas para tecnologizar la educación para abatir el rezago y preparar a los estudiantes del nuevo milenio. Un ejemplo es el persistente fracaso del programa Enciclomedia, que consistió en un software para la educación básica que pudo digitalizar los libros de texto y posibilitar otras formas audiovisuales de aprendizaje (Moreno, 2004). Debido a las condiciones de precariedad
27 Incluso es una prueba que fue cancelada en el estado de Chiapas por recomendación del Consejo Nacional
para Prevenir y Erradicar la Discriminación, gracias a la acción colectiva de un equipo de maestros indígenas que denunciaron la discriminación institucional que representaba la prueba ENLACE por ser un examen estandarizado que no contempló la diferencia cultural ni era pertinente al contexto lingüístico de los pueblos Tsotsiles y Tseltales de Chiapas (Girón & Hernández, 2014).
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estructural de las escuelas, pocas veces fue utilizado y en la mayoría abandonado, ya que en muchas ocasiones ni siquiera prevalecieron condiciones de infraestructura o no existió la suficiente capacitación para incluir estas estrategias en el aula.
Esta etapa de pruebas tecnológicas en la escuela no fue en vano. Los organismos internacionales en materia educativa reestructuraron sus iniciativas globales a partir del paradigma neoliberal del nuevo milenio, con la finalidad de adaptar los sistemas escolares a las demandas del mercado para preparar el nuevo “capital humano” en el marco de las transformaciones del capital. Para asumir estos nuevos retos, el 8 de agosto del 2002 el Estado estableció otra iniciativa política, ahora con mayor articulación desde diversos actores, la cual nombró Compromiso Social por la Calidad de la Educación, firmada por:
Una amplia representación social que comprendió, desde los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, hasta diferentes fundaciones e instituciones de la sociedad civil, tales como las organizaciones de los padres de familia, el gremio magisterial, la ANUIES, la FIMPES, institutos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones de los medios de comunicación, organizaciones empresariales, entre otros28.
Empresarios aliados al Estado enunciaron un “cambio” en la conducción de la educación. Este compromiso pretendió “establecer consensos para sumar esfuerzos de todos los grupos sociales y lograr así una educación de mejor calidad, tanto la que imparte el sector público como la que está a cargo del privado” (Arias & Bazdresch, 2013, p. 72). Dicha iniciativa colectiva se compuso de siete capítulos donde plantearon una visión común sobre la educación a la que aspiran y nuevos retos para el gobierno federal, para el SNTE y para los medios de comunicación, así como para el sector empresarial que apareció públicamente como un actor que incidió sobre el Plan Nacional de Educación del sexenio foxista.
Durante esta década, el SNTE conjunto fuerzas con el gobierno federal para impulsar cambios significativos que se vieron reflejados en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB). Esta política recogió una serie de propuestas de políticas educativas emanadas desde los congresos celebrados por el SNTE, con el objetivo de articular nuevos mecanismos de acción educativa para lograr un modelo de escolarización
28 Como señala el recuento histórico de su portal web. Disponible en:
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de corte neoliberal. El cogobierno gestado entre autoridades federales y SNTE dio resultados a partir de la incidencia política del PAN en el poder estatal, que ignoró a su vez la participación activa y permanente de la CNTE que articuló sus demandas en el Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía y los Derechos del Pueblo y en la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo junto al sector minero, campesino y sindicalista (CNTE, 2016).
El sexenio panista se caracterizó también porque la cúpula de decisión del aparato estatal mantuvo una relación de tensión con el gremio magisterial disidente. La Coordinadora protestó en las calles, realizó paros de labores con dimensiones estatales, posicionó amplios espacios de discusión y debate sobre la situación crítica del país, efectuó congresos nacionales, instaló campamentos en las instancias de gobierno, impulsó brigadeos informativos, en síntesis mantuvo su presencia en la agenda pública del país. Entre el año 2004 y 2005 fue mediática la protesta magisterial en contra de la Ley del Instituto de Salud y Seguridad Social de Trabajadores del Estado (ISSTE) que, según su visión trató de “destruir el fondo de pensiones y jubilaciones del ISSTE y pretende desmembrar al SNTE y nuestros derechos laborales a través de la iniciativa de ley laboral para los trabajadores de la educación” (CNTE, 2016, p. 173). Su presencia en la Sección 22 de Oaxaca, 18 de Michoacán, 7 y 40 de Chiapas y 14 de Guerrero, aliada en muchas ocasiones a los pueblos originarios y jóvenes socialistas de las numerosas generaciones de normalistas rurales, se extendió por primera vez hacia el norte del país, por ejemplo en la creación de colectivos disidentes en Sonora, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí (Aboites, 2013).
La articulación de los maestros democráticos en la zona centro y sur del país irradió otros territorios para apoyar a pequeñas células de organización en regiones donde no se cuenta con Sección sindical disidente. A su vez, las alianzas estratégicas de la CNTE con una serie de académicos críticos y organizaciones sociales, produjo cinco foros y un congreso de educación alternativa en mayo del 2005, celebrados principalmente en la capital y sur del país, para consolidar los trabajos políticos y pedagógicos para la creación de propuestas estatales de educación, donde intentaron transformar las prácticas y los fines de la educación desde contextos más locales (CNTE, 2016).
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Durante estos años, las actividades de negociación política se intensificaron, ya que cada actor político en la arena de la educación quería influir en las decisiones. En mayor o menor medida, la dirigencia de la CNTE logró obtener incidencia en las instituciones administrativas a nivel estatal ya que posicionó a sus propios militantes en las estructuras administrativas regionales y locales. Destacó la gestión del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por parte de la Sección 22 de Oaxaca o el control sobre las oficinas regionales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) que tiene la Sección 18 en Michoacán. Su presencia en la acción política, pedagógica y administrativa no cesó, a pesar de ser golpeados políticamente por múltiples reformas a las cuales mostró diversas respuestas y hasta actos de resistencia en las décadas anteriores. Así como lucharon para derrocar a Jonguitud Barrios, también contra Elba Esther Gordillo que fue durante 23 años “lideresa” del SNTE.
Para ilustrar la maquinaría de disolución de la organización magisterial disidente, un ejemplo concreto puede rastrearse en el año 2006, cuando Enrique Rueda, secretario general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, fue cooptado por el Estado y el SNTE para boicotear la reunión general de la Asamblea de Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde se decidió la toma del congreso del estado por el movimiento social de la “Comuna de Oaxaca”, prendieron fogatas e instalaron barricadas en las calles de la ciudad. Una supuesta traición por parte de un dirigente de la CNTE que detuvo la acción de protesta para negociar intereses propios es parte de la memoria colectiva del magisterio oaxaqueño como una forma del Estado para desarticular acciones radicales de protesta. Esta lección histórica mostró que “la relación del movimiento magisterial democrático con el Estado es necesariamente una lucha” (CNTE, 2013, p. 208), como aludió una minuta firmada por la comisión política de la Coordinadora. La presencia de la CNTE en el escenario político- educativo como una fuerza de resistencia a las políticas educativas impulsadas por el Estado fue innegable.
A la par de este proceso, como resultado de una década de relaciones fluidas y generosas entre el SNTE y el gobierno federal, en el año 2008 firmaron la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)con el objetivo central de “propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los
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compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional” (SEP, 2008, p. 5). En síntesis, la ACE contempló cinco aristas para la intervención en la educación: 1) modernización de los centros escolares; 2) profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas; 3) bienestar y desarrollo integral de los alumnos; 4) formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo y 5) Evaluar para mejorar (González, Rivera & Guerra, 2017). Este último estableció por primera vez “el compromiso de la evaluación universal del magisterio así como el otorgamiento de nuevas plazas de profesores y directivos del sistema educativo por la vía de los concursos de oposición”29. A estos aspectos, se añadieron modificaciones al plan curricular de las Normales formadoras de docentes, en al menos tres puntos centrales: enfoque centrado en el aprendizaje, flexibilidad curricular y adquisición del modelo basado en competencias.
En esta coyuntura también fue notable el movimiento masivo de la CNTE en un repertorio de protestas amplio, pues “durante 2008 y 2009 se movilizaron 400 mil trabajadores de la educación en 14 entidades del país. La ACE provocó un profundo malestar docente en Morelos, Quintana Roo, Puebla y Guerrero” (Hernández Navarro, 2011, p. 388). En el marco del concurso de oposición docente que implementó la ACE para cualificar a los docentes de acuerdo a su desempeño en un examen estandarizado para seleccionar perfiles, los docentes bloquearon los sitios donde se llevó a cabo, ya que argumentaron que en realidad es un proceso de selección de maestros afines a los intereses de Elba Esther Gordillo para ubicarlos en puestos de control y administración burocrática (CNTE, 2016). Bajo el discurso estatal de que el concurso permitió abolir la venta de plazas, los docentes respondieron que la ACE minimizó la profesión a simples facilitadores educativos, con el telón de fondo de la privatización y de esquemas de gestión de las plazas laborales en manos del SNTE a través de puestos públicos vinculados a los partidos políticos de derecha. De hecho, los contingentes magisteriales de aquella década la llamaron “Alianza para la Privatización de la Educación”.
En ese contexto se registraron protestas dislocadas en más de cinco entidades de la república y se conformó el Frente Único Nacional para la construcción de un plan nacional
29 Rodríguez, Roberto (2016), “Reformas que van y vienen. Segunda parte: los ochenta”, en Educación Futura. Disponible en: http://www.educacionfutura.org/reformas-que-van-y-vienen-segunda-parte-los- ochenta/
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de lucha que tuvo como eje principal la huelga nacional del 5 de febrero (CNTE, 2016). La resistencia de los trabajadores del sector energético, principalmente del Sindicato Mexicano de Electricistas y otras organizaciones sociales planteó la elaboración de una nueva Constituyente para impedir la imposición de “reformas estructurales” del siguiente sexenio.