CHAPTER 4 Introduction to Operational Planning

esencia consideraban «menores de edad»: inferiores sociales e incapaces de encargarse de sí mismos. Por ello, en su concepción, y posteriormente durante la mayor parte de su historia republicana, el Estado se vio debilitado por el conflicto irresuelto entre dos nociones opuestas de legitimidad sociopolítica.

La condición de la inmensa mayoría indígena era característica de este conflicto. En la época colonial, los nativos andinos fueron relegados a la llamada república o pueblos de indios, donde estaban sujetos a los proyectos evangelizadores y civilizadores de los Reyes Católicos y sus sucesores. «Reducida» en estos pueblos de indios cristianizados, a los cuales se les concedió un autogobierno limitado bajo la supervisión de los oficiales reales, la población indígena supuestamente adquiriría las virtudes cívicas y el buen gobierno cristianos. Ella también estaba protegida por la Corona de la usurpación de integrantes de la república o pueblos de españoles, su contraparte en la organización de la sociedad colonial. Sin embargo, del mismo modo que la Corona inventó dos repúblicas (o naciones) distintas en la configuración de la sociedad colonial, de igual manera, los constructores criollos de la independencia procedieron a inventar o superponer la idea de una única nación peruana bajo la influencia de la Ilustración. En realidad, ésta fue una ficción de la cual los nativos andinos siguieron siendo excluidos. En palabras de Thurner (1995: 292), después de 1824 «la comunidad nacional imaginada por los criollos peruanos limpiamente dejó de lado a la mayoría indígena».

Sin embargo, los indios no aceptaron pasivamente esta nueva situación y a poco de la independencia comenzaron a «cuestionar», en ciertos lugares, esta concepción criolla de la nación, exigiendo que el nuevo Estado republicano poscolonial defendiera sus tradicionales «derechos indígenas», basados en las viejas repúblicas. Estas demandas se convirtieron rápidamente en la base de una negociación a escala local entre los caudillos, surgidos como nuevos actores y árbitros políticos del ordenamiento postindependentista.

Los caudillos eran el resultado de otro problema poscolonial. Con el colapso del Estado virreinal en 1824, las tendencias políticas centrífugas inherentes al Perú, pero generalmente controladas por el centro, Lima, resurgieron con fuerza. Por otro lado, el poder se dispersó por el campo, en donde afirmó su autoridad una red vagamente conectada y a menudo conflictiva de gamonales (hacendados señoriales), en asociación con los terratenientes más grandes (latifundistas). Estas élites rurales esgrimían un control político de facto sobre vastas áreas; frecuentemente, ocupaban cargos públicos y quedaban mayormente libres del control del débil Estado central republicano de Lima. El eje de su poder era su control de la tierra y el dominio sobre una fuerza laboral servil, conformada por campesinos indígenas de cuyo trabajo y servicios se apropiaban. En suma, al inicio de la era republicana, el Perú era un mosaico de sociedades agrarias regionales semejante a un orden feudal.

En este medio poscolonial contradictorio y fracturado surgió una serie de caudillos atávicos —los ubicuos jefes militares que gobernaron la América Hispana en el siglo XIX— después de 1824, que se disputó el poder político. La mayoría de ellos eran figuras militares que forjaron su reputación en las guerras de independencia y su base de poder en el ejército. Habiéndose extendido por un período prolongado, las guerras legitimaron el uso de la fuerza en la resolución de las disputas políticas, en tanto que el ejército, junto con la Iglesia, surgieron como las instituciones relativamente coherentes de la sociedad postindependentista. Sin embargo, esta coherencia no significaba que los militares estuviesen unidos. Por el contrario, estaban divididos por las rivalidades personales y el faccionalismo, que contribuyeron acrecentar la naturaleza caótica de la política después de 1825.

Manipulando hábilmente el personalismo y el clientelaje hispano, estos caudillos andinos movilizaron seguidores y extendieron la generosidad del tesoro y los nombramientos estatales de cargos como recompensa a la lealtad. Igualmente, establecieron alianzas con diversas élites terratenientes y comunidades indígenas, usando la fuerza o amenazado con hacerlo para derrotar a sus rivales, y negociando el respaldo de la sociedad civil para obtener el poder a nivel local, regional y nacional. El resultado de esta situación fue que la temprana sociedad republicana andina constantemente fue quebrada y desestabilizada, en un contexto de descontrolados conflictos de clase y regionales, y la inexorable rivalidad entre los oficiales y la élite. Repleto de diversas elecciones, anulaciones, conjuras, conspiraciones, golpes y rebeliones, el Perú experimentó no menos de veinticuatro cambios de gobierno —en promedio uno por año— entre 1821 y 1845, y la constitución fue reescrita un total de seis veces.

Si bien parecería que las décadas posteriores a la independencia fueron completamente caóticas y que los caudillos andinos desarrollaron una carrera personalista aparentemente sin sentido por el botín y el poder, lo cierto es que ellos promovieron programas identificables y representaron bloques regionales o sociales discernibles, como lo mostrasen Gootenberg (1989) y otros. Dicho de otra forma, «detrás del caos y las luchas descaradas por el poder yacían desacuerdos importantes sobre la relación entre Estado y sociedad» (Walker 1999: 158). De este modo, los caudillos andinos por lo general también se inclinaban por uno u otro lado de la línea divisoria entre liberales y conservadores, que caracterizó la política latinoamericana en el siglo XIX, aunque ello no les impidió cambiar de bando de manera oportunista, esconder las posiciones o ignorar la constitución con el propósito de alcanzar ventajas personales, algo que generalmente hicieron.

En general, los conservadores proponían un Estado centralizado fuerte, políticas comerciales proteccionistas y el mantenimiento de la configuración corporativa de la sociedad. Eran antiextranjeros, cayendo a menudo en la

xenofobia al mismo tiempo que criticaban la inclinación liberal a la importación de ideas e ideologías extranjeras. Por otro lado, los liberales favorecían un Estado menos centralizado y a menudo federal, el recorte de los poderes del Ejecutivo, el comercio libre y la restricción de los derechos corporativos, y ocasionalmente eran anticlericales. Sin embargo, ninguno de los bandos propuso cambios drásticos a la América Latina postindependentista, ya que compartían la idea de una «soberanía aristocrática» que encarnaba su visión esencialmente jerárquica, racista y elitista de la organización social.

Dos caudillos sobresalen políticamente en las revueltas de las décadas de 1820 y 1830: el General conservador Agustín Gamarra del Cuzco, y su amigo de la infancia y posterior archirrival, el general Andrés de Santa Cruz. Ambos llegaron a ser presidentes del Perú, Gamarra gobernó entre 1829 y 1833, y nuevamente de 1839 a 1841 y Santa Cruz lo hizo brevemente a comienzos de la década de 1820 y posteriormente fue el creador de la efímera Confederación Perú-Boliviana y su presidente entre 1836 y 1839 (y de Bolivia entre 1829 y 1839). Ambos caudillos combatieron bajo el mando de Bolívar en las guerras de independencia y participaron en las innumerables intrigas que caracterizaron la política de la temprana república.

Administrativamente, el Perú se adhirió a muchas de las jurisdicciones del régimen colonial, aunque los nombres cambiaron. Se retuvo, por ejemplo, la división fundamental del país en intendencias pero su nombre se cambió por el de departamentos, que eran gobernados por prefectos y a su vez estaban divididos en provincias, administradas por los subprefectos. Tanto los departamentos como sus capitales eran importantes centros regionales de autoridad que ejercían una considerable cuota de poder, dado que el gobierno nacional dependía de sus rentas, sobre todo de la recaudación del tributo indígena (ahora conocido como «contribución indígena»), del periódico respaldo militar y de la capacidad para conservar cierto nivel de orden en el interior. Los subprefectos de las provincias eran importantes porque supervisaban la recolección de impuestos a nivel local, reunían y difundían información y, en tiempos de guerra reclutaban soldados y proporcionaban suministros. Ellos trabajaban, a su vez, con los cobradores locales de impuestos —agentes de las autoridades comunales indias (los alcaldes) y un grupo de funcionarios mistis (la palabra quechua para «blanco») de menor jerarquía—, que asumían el papel de mediadores entre el nuevo Estado republicano y la sociedad indígena, antes ocupado por la extinta aristocracia curacal. Al igual que estos últimos, los funcionarios estatales de menor jerarquía crearon redes de clientelaje y formas de coerción que penetraron profundamente en la sociedad indígena postindependentista. A pesar de las constantes guerras civiles y perturbaciones que signaron la temprana república, el Estado central

siguió cobrando impuestos y funcionando en buena parte como lo había hecho en el periodo colonial. Por último, las fronteras peruanas, que continuaron siendo básicamente las del virreinato Borbón, eran cambiantes y fluidas, constituyéndose en el centro de la intervención extranjera y de la guerra.

Como ya señalé, la Iglesia fue una de las pocas instituciones que resultó relativamente intacta en la lucha por la independencia. En 1792 el virreinato del Perú contaba con 1.818 curas seculares y 1.891 religiosos, principalmente criollos, para atender a una población que alcanzaba un poco más de un millón de habitantes. En Lima había 67 iglesias y capillas, 19 monasterios y 14 conventos. A pesar de la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus empresas por el Estado en 1767, la Iglesia estaba ampliamente respaldada financieramente gracias a numerosas donaciones, rentas y derechos, incluyendo las ganancias —en el caso de las órdenes religiosas— procedentes de un gran número de haciendas y propiedades agrarias. En general, la reforma borbónica y su impulso estatista y centralizador logró subordinar a la Iglesia, aunque ésta continuó bien con el «despotismo ilustrado» y el paternalismo de la Corona.

Según Klaiber (1992), contrariamente a lo que se cree, la Iglesia no era «oscurantista» sino más bien bastante liberal al haber incorporado las ideas de la Ilustración, algunas de las cuales pasaron a ser el eje central del movimiento independentista. De hecho, el clero secular, que era predominantemente criollo, se identificó con la independencia, mientras que el regular, conformado principalmente por peninsulares, permaneció leal al antiguo régimen. Sin embargo, los desórdenes de la emancipación y sus secuelas afectaron a la Iglesia negativamente. Por ejemplo, en términos económicos, perdió muchas de sus riquezas debido a las guerras y, a diferencia del periodo colonial, perdió constantemente terreno respecto a la fiscalización a lo largo de buena parte del siglo.

Una de las cuestiones más importantes que la Iglesia debió enfrentar posteriormente a la independencia fue el esfuerzo realizado por el naciente Estado republicano por retener el control de la institución a través de los medios de patronazgo (antes real, ahora nacional) tradicionales. En consecuencia, luego de la independencia, el gobierno obligó a todos los obispos a abandonar su diócesis y Bolívar nombró otros unilateralmente. Sin embargo, el Papado de Roma rechazó este intento de establecer un patronazgo nacional y no fue sino hasta mediados de la década de 1830 que se llegó a un arreglo, dándole a Roma el derecho a aprobar a todos los nombrados.

De esta manera Roma se protegió del posible anticlericalismo de los gobiernos liberales, y gradualmente impuso su influencia ideológica más conservadora: la «romanización» de la Iglesia nacional peruana. Por tanto, los primeros obispos confirmados en el Perú en las décadas de 1830 y 1840, que serían responsables de la reorganización y la configuración de la institución en un futuro previsible

(incluyendo los seminarios, y por lo tanto, la producción de nuevos sacerdotes), eran tanto conservadores como ultramontanos. Este hecho hizo que Klaiber (1992: 47) afirmase que «el pluralismo que caracterizó a la Iglesia durante y después de la independencia (en el clero había realistas, liberales y moderados) se extinguió y fue reemplazado por una uniformidad intelectual en lo que respecta a la religión, la política y la sociedad».

Más allá del conflicto entre Iglesia y Estado después de 1824, en este periodo sobresale el debate respecto al tipo de política a seguir en el comercio: liberal o proteccionista. Del lado del libre comercio estaban, entre otras, los generales Orbegoso, Vivanco, Santa Cruz, caudillos liberales que representaban las aspiraciones librecambistas del regionalismo sureño. Sin embargo, ellos fueron derrotados por un grupo de nacionalistas conservadores mejor organizados, conformado por hacendados aristócratas, monopolistas del consulado y productores de la sierra pero con su centro en Lima y el norte. Dirigidos por los generales Gamarra, La Fuente, Salaverry y otros, estos nacionalistas conservadores lograron establecer una serie de regímenes proteccionistas en Lima que tuvieron la primacía hasta comienzos de la década de 1850.

Decadencia y recuperación económica

No cabe duda de que el Perú ingresó a la era postindependentista con una crisis económica. El país estaba geográficamente aislado, era políticamente inestable, se hallaba económicamente postrado y su futuro se avizoraba oscuro. Estas condiciones fueron plasmadas en las memorias de Hipólito Unanue, el primer ministro de hacienda del país, quien escribió en 1822:

[E]l tesoro estaba vacío. Los campos agrícolas a treinta leguas de la capital no eran sino una vasta extensión desolada. Las minas estaban ocupadas por el enemigo. El Callao estaba en manos enemigas, estorbando el comercio. Los recursos económicos del pueblo habían sido drenados debido a los muchos impuestos y éste se había visto reducido al hambre por el asedio total que había sufrido. Dondequiera que se mirase, no se veía sino miseria y desolación (citado en Bonilla, CHLA, III, 543).

Tal vez el golpe más duro fue para la minería de plata, el puntal de la economía peruana, que sufrió un caída dramática en la década de 1820, cuando las inundaciones y el azote de las guerras afectaron la producción, sobre todo en Cerro de Pasco. Además, la sierra central, que experimentó el choque principal entre las fuerzas patriotas y realistas a comienzos de la década de 1820, estaba económicamente devastada. Allí, el rico botín agrícola del valle del Mantaro, por ejemplo, había sido severamente consumido para sustentar a los dos ejércitos

más grandes del continente, sin mencionar la destrucción general que causaron mientras maniobraban hacia su enfrentamiento en Junín.

En la sierra sur, la economía colonial tradicional, basada en lo que quedaba del eje comercial Lima-Potosí, también colapsó. Ello conllevó una fragmentación regional que, junto con la desintegración del gobierno central, favoreció el surgimiento de las élites locales, las cuales a pesar de todo continuaron siendo relativamente débiles hasta después de 1850. En términos generales, estos grupos consolidaron su poder sobre la población india propagando una ideología basada en su presunta superioridad racial —esto es biológica— sobre las masas indígenas. Al mismo tiempo, el poder político indio en las comunidades se deterioró con la desaparición de la clase de los curacas, quienes habían actuado como señores étnicos desde la época prehispánica.

La producción agrícola a lo largo de la costa central y norte estaba en un estado igualmente lamentable. La economía rural de esta región experimentaba una decadencia de larga duración, que se remontaba al periodo colonial tardío, debido a los desastres naturales, los cambios en los patrones comerciales, la expulsión de los jesuitas y los efectos de diversas reformas borbónicas. Las guerras de la independencia inflingieron aún daños a los productores de azúcar, algodón, vino y productos alimenticios, desde Cañete al sur de Lima hasta Lambayeque al norte. No menos importante era el problema en la provisión de mano de obra causada por el reclutamiento de esclavos y campesinos para los ejércitos opositores que disputaban la independencia. Después de 1824 la recuperación se vio retardada debido a las continuas conmociones políticas, la fuga masiva de capital y su escasez, así como la falta de disposición de los extranjeros para arriesgarse a invertir en un medio político y económico tan inestable.

En estas circunstancias, los hacendados costeños miraron hacia dentro, a los mercados urbanos e interregionales del Pacífico en búsqueda de posibilidades de revivir la producción y el intercambio. Esta es la base de la perspectiva esencialmente proteccionista de Lima y de la costa, donde los productores buscaban cerrar el paso a los alimentos extranjeros importados, sobre todo los de los intrépidos comerciantes y especuladores yanquis, atraídos a las costas del Pacífico por la escasez urbana desatada por la guerra. De hecho, para 1825 estos comerciantes proporcionaban casi dos millones de dólares anuales de harina, aceite de cocina, tabaco, ron, paños de algodón de baja calidad y otros artículos para los necesitados consumidores peruanos.

Por otro lado, los hacendados buscaban reactivar sus propiedades severamente dañadas con miras a su antiguo mercado en Chile, a donde habían enviado azúcar y tabaco a cambio del trigo que era molido y transformado en harina para los mercados de pan limeños. Este lucrativo comercio, que era realizado por la marina mercante peruana y sumaba más de un millón de dólares

en 1791, quedó completamente destruido por las guerras de la independencia. Su colapso abrió el camino a la decadencia de la posición antes dominante de Lima-Callao en el Pacífico y en el comercio internacional, y el surgimiento de los vecinos puertos de Valparaíso y Guayaquil. Este último se convirtió en el puerto de entrada preferido a la costa oeste para los bienes manufacturados europeos, transportados alrededor de la punta de América del Sur y no a través de la más costosa ruta ístmica. Frente a esta competencia, Lima y los grupos de élite norteños —hacendados, molineros y comerciantes— emprendieron una campaña concertada para intentar reestablecer el comercio con Chile.

En el sur emergió una formación y una perspectiva económica completamente distinta y contrincante. Allí, los agricultores, sobre todo los pequeños productores de Moquegua a Ica, con su centro comercial en Arequipa, históricamente habían orientado su producción de vino, aguardiente y productos alimenticios hacia los mercados mineros de Potosí y el Alto Perú. Estos artículos, así como los bienes manufacturados importados, eran transportados y vendidos por legiones de arrieros y comerciantes que abastecían este lucrativo circuito comercial desde la segunda mitad del siglo XVI, aun cuando el tráfico fue perturbado por Buenos Aires cuando pasó a ser sede de un virreinato en 1776. En consecuencia, después de la independencia, los agricultores, exportadores y comerciantes del sur vieron posibilidades de desarrollo en el establecimiento de vínculos comerciales de la región con la recién independizada Bolivia a través de una política de comercio libre.

A mediados de la década de 1830 se unieron a este grupo los productores y exportadores de lana (primero de oveja, luego de alpaca y, en menor medida, de vicuña y llama), quienes encontraron un creciente mercado de exportación en la industria textil británica. Ambos grupos compartían una larga antipatía por el monopolio que los comerciantes limeños habían ejercido en la región, por no mencionar a los políticos. El resultado fue un creciente sentir secesionista que se expresó en la efímera Confederación Perú-Boliviana (1836-1839). De manera que durante más de una generación, los intereses comerciales del sur, orientados hacia Bolivia y Gran Bretaña, y los de Lima y el norte, dirigidos hacia Chile, lucharon fuertemente por el control del Estado, contribuyendo, en el transcurso de ello, a su falta de unidad y a su debilidad.

La tercera gran región, que constituía la mayor parte de la economía peruana, era la sierra central, donde dominaban la minería y la agricultura. Las minas de plata de Cerro de Pasco, que reemplazaron a Potosí como el principal productor y exportador de metales en el siglo XVIII, no experimentaron en el siglo XIX el colapso que los historiadores antes creían. La producción sí alcanzó su nadir en el periodo 1814-1818 con 837.716 marcos (de 1.472.543 marcos en 1804-1808), a lo que le siguió una expansión general, en las dos décadas siguientes, interrumpida por periodos de alzas y bajas, hasta alcanzar un punto máximo de 1.690.328