De las tres organizaciones elegidas, CLAMOR es quizás la menos trabajada por la literatura académica. Se trata de una organización nacida en 1977 en San Pablo, Brasil, en plena dictadura militar, con un propósito específico: proteger y dar asistencia a las víctimas de las dictaduras del Cono Sur de América Latina en tránsito por Brasil.5 Su marca de origen tiene una proyección regional que la distingue como singular en el mapa de organizaciones de Derechos Humanos de la región. Al mismo tiempo, comparte con la Vicaría de la Solidaridad, de origen chileno, su carácter eclesiástico: nace como una organización vinculada a la Comisión Arquidiocesana de Derechos Humanos y Marginalizados de San Pablo. Es decir, como un organismo patrocinado por el entonces obispo de aquella diócesis, Evaristo Arns. Esto, sin embargo, no le impidió estar liderada por un pastor protestante. En efecto, su estructura original estuvo integrada por el reverendo Jaime Wright, perteneciente a la Iglesia Presbiteriana Unida de Brasil; por Jan Rocha, una periodista inglesa radicada en el país y por un abogado brasilero, Luis Eduardo Greenhalgh. Un líder religioso, una periodista y un abogado lograron reunir los recursos y expertises necesarias para asistir a las víctimas y denunciar a las dictaduras. Su herramienta central de funciona- miento fue a través de un boletín mensual, de una tirada de 2000 ejemplares,
5 En buena medida esta iniciativa buscó ser complementaria del trabajo llevado ade-
lante entonces por ACNUR y estuvo destinada a aquellos que no accedían a la categoría de refugiados políticos, ya fuera porque se resistían a tener que dejar la región o porque por alguna razón se veían impedidos de obtenerla. Recordemos que Brasil en ese entonces no daba refugio a refugiados políticos (Aló, 2011).
editado en portugués, español e inglés y distribuido por América Latina, Euro- pa y América del Norte (Aló, 2011).
El trabajo emprendido por CLAMOR puede ser periodizado en dos gran- des etapas. La primera, entre 1978-1984, dedicada a la asistencia de las vícti- mas, llevada adelante a partir de una estrategia de “improvisación organizada” que exigía con frecuencia viajes relámpago a los países vecinos y a la acción de denuncia contra los regímenes dictatoriales de la región, y, fundamentalmen- te a través de la edición del boletín antes mencionado. La segunda, iniciada en 1985 y extendida hasta 1991, se caracterizó por las tareas de reconversión en acervo documental del pasado traumático del Cono Sur de América Latina y de denuncia de los regímenes autoritarios de América Central y Asia (Lima, 2003; Aló, 2011). Al mismo tiempo, sus integrantes se volcaron de lleno al mundo aca- démico, divulgando estudios sobre temas ligados a Derechos Humanos. Con el tiempo, la misma organización fue sede de eventos académicos en este campo.
En Chile, un mes después de dado el golpe de Estado del 11 de Septiem- bre de 1973 y por iniciativa del entonces arzobispo de la diócesis de Santiago, el cardenal Silva Henríquez, se dio creación al Comité Ecuménico de Coope- ración para la Paz (COPACHI). El COPACHI articuló a representantes católicos, luteranos, baptistas, metodistas, pentecostales, griegos ortodoxos y judíos. De este modo, tuvo características análogas a CLAMOR, al ser un organismo ecuménico que funcionó bajo el paraguas institucional de una arquidiócesis de la iglesia católica. Es decir, a pesar de que funcionó articulado con depen- dencias provinciales, conservó su carácter local (arquidiocesano). Al igual que más tarde sucedería con la Vicaría de la Solidaridad, no contó con el apoyo del episcopado chileno en su conjunto lo cual impidió darle un carácter con pro- yección nacional. Se limitó a funcionar articulada localmente con el apoyo de algunos obispos de otras dependencias en términos individuales y de diversos militantes del movimiento católico (Cruz, 2004). El COPACHI fue presidido por los obispos Fernando Ariztía (católico) y Helmut Frenz (luterano). En lo operati- vo, la coordinación estuvo a cargo del sacerdote jesuita Fernando Salas, desig- nado como secretario ejecutivo hasta 1974, cuando fue sucedido por Cristián Precht. Como presidente del episcopado chileno, Silva Henríquez, a pesar de
ser el mentor del comité, se mantuvo al margen de los puestos ejecutivos, cui- dando preservar su capacidad de interpelar al conjunto de los obispos.
El equipo de trabajo inicial, convocado por Salas, estaba formado funda- mentalmente por abogados provenientes del Movimiento de Acción Popular Unida, una escisión del ala izquierda del partido Demócrata Cristiano y, en menor medida, por cuadros de la democracia cristiana, militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista y colaboradores sin una clara adscripción política (Lowden, 1996). El funcionamiento de este organismo generó álgidas tensiones con el gobierno chileno, que llevó adelante distintas medidas de deslegitimación y amedrentamiento hasta ordenar su disolución.6 Sin embar-
go, esto no impidió que al poco tiempo fuera creado un nuevo organismo: la Vicaría de la Solidaridad.
La Vicaría incorporó los aprendizajes de la experiencia previa del COPA- CHI. En primer lugar, resignó la condición “ecuménica”, que exigía un funciona- miento descentralizado y, por ello, dejaba al staff del organismo más expuesto a las acciones represivas del gobierno militar. Esta condición fue reemplazada por el cobijo bajo la estructura vertical y jerárquica del catolicismo, que se pre- sentaba como una opción más eficaz para garantizar la seguridad del equipo. En segundo lugar, resignó la defensa de víctimas de la represión vinculadas a la lucha armada. Esta fue quizás la política más controvertida que asumió la Vi- caría después de los acontecimientos que involucraron la represión a sus pro- 6 Estas acciones incluyeron la amenaza personal al cardenal Silva Henríquez, hecha por
el director de la Dirección de Inteligencia Nacional-DINA, Manuel Contreras; la prohibición de reingreso al país del obispo Frenz, que había estado de viaje por el exterior, hasta una amplia campaña mediática de deslegitimación orientada a desprestigiar las acciones del COPACHI. El episodio que coronó la campaña tuvo lugar en septiembre de 1975, cuando el secretario de prensa del Episcopado, el obispo Carlos Camus, declaró ante la prensa extranjera la filiación de los miembros del Comité con “ideas marxistas”. El punto más álgido tuvo lugar un mes después, cuando el régimen incriminó públicamente al COPACHI por dar asilo a militantes miristas, allanó la casa de los padres columbanos, detuvo y torturó a la religiosa Sheila Cassidy con el pretexto de que habían cooperado junto con Fernando Salas (ex director del comité) y Patricio Cariola, miembro activo en el comité, con la defensa de los “extremistas”. Todo esto coadyuvó a justificar públicamente la exigencia de disolución del Comité de Cooperación para la Paz.
pios cuadros (Lowden, 1996).7 En lo operativo, mantuvo un funcionamiento análogo al COPACHI. El departamento legal se encargó de recibir las denuncias de la represión estatal, presentar los recursos de habeas corpus, centralizar la información, dar protección, denunciar y dar contención a los familiares. Los departamentos zonales atendían las consecuencias sociales de la estrategia represiva, política y económica de la dictadura, facilitando asistencia financiera y técnica para los desempleados por razones políticas, sosteniendo comedores infantiles y articulando cooperativas y bolsas de trabajo. A su vez, tuvo lugar la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, un espacio dedicado a la reflexión y discusión de intelectuales principalmente provenientes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Izquierda Cristiana. La revista jesuita Mensaje y la revista Solidaridad fueron los principales órganos de difusión de estas experiencias.
En Argentina, el CELS desempeñó un rol análogo al de CLAMOR y la Vicaría en cuanto al trazado de estrategias de confluencia regional y de articulación internacional. Esta experiencia, iniciada en 1978, se formalizó en 1980 con la creación del organismo. El CELS nació de la confluencia de un grupo de cinco hombres afectados directamente por la represión estatal implementada por la última dictadura militar. Alfredo Galleti, Augusto Conte, Boris Pasik, Emilio Mignone y Federico Westerkamp compartían la dolorosa experiencia de ser padres de detenidos y/o desaparecidos (Bruschtein, 2002).8 Los primeros cu- atro eran abogados y el último un físico. En este sentido, el CELS, a diferencia de las experiencias arriba comentadas, tuvo una pretensión académica desde sus orígenes, la cual quedó inscripta en su misma denominación como “Centro 7 La Vicaría fue una expresión de un vasto movimiento de organizaciones de Derechos
Humanos, muchas de las cuales llenaron los espacios vacantes dejados por ella. La Corpora- ción de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) creada en 1980 y estre- chamente vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) basó su constitución en la declaración argelina de los derechos de los pueblos, que incluía entre sus principios el “derecho a rebelión” frente a un régimen represivo, dedicándose especialmente a la defensa de los casos vinculados a la lucha armada (Lowden, 1996).
8 También era el caso de Jaime Wright, iniciador de CLAMOR, cuyo hermano Paulo
de Estudios”. En consonancia, los esfuerzos del núcleo original se orientaron desde el comienzo a desarrollar un perfil profesional, antes que meramente militante. Para ello destinaron honorarios para los abogados que se integraban al staff y promovieron una profesionalización en Derechos Humanos desvincu- lada de la adscripción partidaria (Vecchioli y Garland, 2007).9
Aunque el CELS no contó con el paraguas institucional de la iglesia católi- ca, varios de sus fundadores, como Augusto Conte y Emilio Mignone, se desta- caban por tener una trayectoria marcada por una intensa socialización católi- ca. De aquella socialización conservaban una experiencia militante y una red de relaciones que, como veremos, fue capitalizada frente a los desafíos que imponía la nueva coyuntura: la lucha ante los tribunales, la construcción de un archivo sistemático y la denuncia en los foros internacionales.10 La movi- lización de estas redes no fue un obstáculo para aquellos miembros del CELS que provenían de otras escuelas de militancia, por ejemplo, Pasik y Galleti que eran militantes socialistas y Weterkamp un racionalista científico, desintere- sado de la política. La urgencia de la hora y/o las bondades de los intercam- bios con el mundo religioso primaron por sobre las alianzas y los conflictos ideológicos de tiempos pasados.