4 Experimental results
4.2 Combined Objective Functions
Se recibió información sobre personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres, que permanecían confinadas en las casas donde trabajaban, sin cobrar su salario, con los pasaportes retenidos o sometidas a violencia física o a abusos psicológicos o sexuales por sus empleadores.
En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó al gobierno a garantizar plenamente los derechos laborales a todos los empleados, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, al margen de su nacionalidad o su etnia.
Personas refugiadas
y solicitantes de asilo
Miles de personas que huían del conflicto de Siria se refugiaron en Jordania. El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, comunicó en diciembre que se habían registrado ya en sus oficinas, o estaban en espera de hacerlo, más de 163.088 refugiados procedentes de Siria, aunque se creía que la cifra total era superior. Según la información disponible, algunos refugiados sirios y palestinos fueron devueltos a Siria. El 31 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores jordano comunicó que se había trasladado a unos 200 sirios del campo de refugiados de Al Zaatari a la frontera con Siria por haber provocado “altercados” e incitado a la violencia.
Pena de muerte
Al menos 16 personas fueron condenadas a muerte y como mínimo 5 condenas a muerte fueron
conmutadas. No hubo ejecuciones; la última había tenido lugar en 2006.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Jordania en febrero y julio para efectuar investigaciones sobre derechos humanos en relación con Siria. Jordania: La decisión de liberar a dos críticos del gobierno, un primer paso muy positivo(MDE 16/001/2012)Jordan: Six pro-reform activists under investigation for “insulting” the King must be released(MDE 16/002/2012)
Jordan: Arbitrary arrests, torture and other ill-treatment and lack of adequate medical care of detained protestors(MDE 16/003/2012) Jordania: La detención de 20 activistas anuncia una nueva oleada represiva contra la libertad de expresión(PRE01/489/2012)
KAZAJISTÁN
REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN
Jefe del Estado: Nursultan Nazarbaev Jefe del gobierno: Serik Ajmétov (sustituyó a Karim Massimov en septiembre)
Se formularon cargos contra cinco miembros de las fuerzas de seguridad como consecuencia de una investigación criminal sobre el uso de medios letales durante los disturbios multitudinarios registrados en Zhanaozen en diciembre de 2011. En marzo se llevó a juicio a personas acusadas de haber organizado los disturbios o participado en ellos. La mayoría denunciaron que habían sido obligadas a confesar mediante tortura. Al máximo dirigente de un partido de oposición no registrado se le impuso una larga pena de cárcel tras un juicio injusto por su presunta participación en los violentos sucesos de Zhanaozen. Se cerraron medios de comunicación
independientes tras ser calificados de “extremistas”. Continuaron las extradiciones de personas que corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos a su regreso a los países que habían solicitado su devolución.
Uso excesivo de la fuerza
En enero de 2012, tras una investigación sobre el uso de medios letales por parte de las fuerzas de seguridad en Zhanaozen, cinco mandos de éstas fueron acusados de abuso de autoridad. Pero el número de muertes y lesiones graves causadas por
disparos indicaba que eran muchos más los agentes que habían usado armas de fuego. El juicio tenía su origen en los acontecimientos del 16 de diciembre de 2011, cuando violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías empañaron las celebraciones del 20 aniversario de la independencia de Kazajistán en Zhanaozen, ciudad del suroeste del país. Hubo al menos 15 muertos y más de 100 heridos de gravedad. Según informes, las fuerzas de seguridad demostraron no tener preparación específica en el uso de métodos no violentos y proporcionados de control de multitudes durante huelgas y
manifestaciones de protesta, a pesar de que en 2011 se habían enfrentado durante meses a las huelgas y manifestaciones de los trabajadores del petróleo y sus familiares y simpatizantes.
En respuesta a las peticiones de nuevas investigaciones sobre todos los casos de muerte y lesiones, incluidos los no registrados oficialmente, para poder determinar el número real de muertos y heridos y llevar a los responsables ante la justicia, la Fiscalía General afirmó en octubre que el
Departamento Regional de Asuntos Internos había investigado exhaustivamente todas las pruebas disponibles y no era necesario presentar cargos contra más miembros de las fuerzas de seguridad.
A finales de enero se acusó de abuso de autoridad en relación con el uso de armas de fuego a cinco mandos de las fuerzas de seguridad de la región de Mangistau y la ciudad de Zhanaozen. Según la Fiscalía General, algunos habían sido identificados mediante imágenes de vídeo. En mayo fueron condenados a penas de entre cinco y siete años de cárcel. Varios agentes de policía que declararon como testigos en el juicio confirmaron que habían usado armas de fuego para disparar directamente contra manifestantes. Pese a ello no se presentaron cargos en su contra.
Tortura y otros malos tratos
La mayoría de las 37 personas que fueron juzgadas en marzo en la capital regional, Aktau, acusadas de organizar los actos violentos de Zhanaozen o participar en ellos denunciaron haber sufrido tortura u otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad cuando estaban detenidas con el fin de que confesaran, y se retractaron de sus declaraciones ante el tribunal. Los métodos de tortura descritos por los acusados coincidían con las denuncias de muchas de las personas detenidas y liberadas en
diciembre de 2011, a saber: los llevaron a lugares de detención no oficiales o a calabozos subterráneos de comisarías de policía, donde agentes de las fuerzas de seguridad los desnudaron y obligaron a permanecer tumbados o agachados en un frío suelo de hormigón, los empaparon con agua helada y les dieron golpes y patadas, a menudo hasta hacerles perder el conocimiento. Luego volvían a empaparlos con agua fría y a golpearlos a intervalos regulares, en ciclos de varias horas de duración. Diez testigos de cargo retiraron sus declaraciones durante el juicio y denunciaron que los habían obligado a hacerlas mediante tortura u otros malos tratos.
Algunos de los acusados identificaron a agentes de policía y de las fuerzas de seguridad que los habían sometido a tortura y otros malos tratos. Los agentes a quienes los procesados y sus abogados acusaban de haber disparado contra manifestantes y haberlos sometido a malos tratos bajo custodia declararon ante el tribunal en calidad de víctimas o de testigos, algunos de forma anónima. Todos los agentes alegaron legítima defensa. Cuando se les preguntó quién había dado la orden de abrir fuego, algunos respondieron que no habían recibido ninguna orden de disparar, pero tampoco de no hacerlo. La Fiscalía General examinó las denuncias de tortura a petición del presidente del tribunal, pero las rechazó. Se impusieron penas de hasta siete años de cárcel a siete de los acusados.
La activista obrera Roza Tuletaeva, que había sido una de las principales personas de contacto con los medios de comunicación y las organizaciones internacionales durante la huelga de los trabajadores del petróleo en 2011, afirmó ante el tribunal que durante los interrogatorios la habían suspendido por el cabello y que unos agentes de las fuerzas de seguridad la habían amenazado con hacer daño a su hija de 14 años, le habían puesto una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla y la habían sometido a humillaciones y agresiones sexuales. Afirmó que, dado que sus familiares y amigos estaban presentes en la sala, le daba vergüenza describir ante el tribunal las torturas sexuales que había sufrido. Fue condenada a siete años de cárcel por “incitación a la discordia social”.
Juicios injustos
Además de las 37 personas detenidas en Zhanaozen en diciembre de 2011 y juzgadas en marzo, en enero
las fuerzas de seguridad detuvieron a tres activistas de la oposición política radicados en Almaty, y en junio, a un destacado director de teatro y a un activista juvenil. Todos estos detenidos fueron acusados de “incitar a la discordia social” y “desestabilizar la situación en la región” en relación con los acontecimientos de Zhanaozen. Tras permanecer varias semanas bajo custodia del Servicio de Seguridad Nacional, todos ellos, menos dos, quedaron en libertad condicional cuando accedieron a firmar declaraciones en las que admitían haberse desplazado hasta Zhanaozen para apoyar a los trabajadores del petróleo en huelga.
Declaraciones hechas por altos cargos públicos contra todas las personas acusadas en relación con Zhanaozen en medios de comunicación oficiales, así como múltiples irregularidades procesales, entre otras, restricciones del acceso a asistencia letrada y de las visitas de familiares, impidieron que los juicios fueran justos. Se obligó a firmar declaraciones de confidencialidad a los abogados que representaban a los activistas bajo custodia del Servicio de Seguridad Nacional, que les prohibían divulgar cualquier información relacionada con la investigación criminal de los casos de sus clientes.
El 23 de enero, agentes del Servicio de Seguridad Nacional detuvieron en su domicilio, en Almaty, a Vladimir Kozlov, dirigente del partido opositor no registrado Alga, por el cargo de “incitar a la discordia social”. También registraron su vivienda, sede de Alga en Almaty, así como las de varios miembros más del partido. Vladimir Kozlov había visitado Zhanaozen en enero como parte de un grupo de observación pública independiente para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, y
posteriormente había informado de sus conclusiones al Parlamento Europeo. Estuvo detenido en la sede del Servicio de Seguridad Nacional en Aktau, con restricciones de acceso a familiares y abogados. El 8 de octubre, el Tribunal Municipal de Aktau lo declaró culpable de “incitar a la discordia social” y de intentar subvertir el orden constitucional, lo condenó a siete años y medio de cárcel y ordenó la confiscación de sus bienes. Se lo consideró preso de conciencia. Según observadores independientes autorizados a asistir al juicio, no hubo presunción de inocencia y las pruebas presentadas no demostraron la culpabilidad de Vladimir Kozlov de manera concluyente. En la sentencia, el tribunal también calificó de “extremistas
políticos” que incitaban al “odio social” a varios medios de comunicación de la oposición que habían informado de las huelgas de 2011 y las investigaciones sobre la violencia de Zhanaozen. El Tribunal de Apelación de Aktau confirmó la sentencia el 19 de noviembre.
En marzo fue liberada inesperadamente la presa de conciencia Natalia Sokolova, ex representante letrada de los trabajadores en huelga de la compañía KazMunayGas en Zhanaozen, cuando la Fiscalía General presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra su condena. El Tribunal Municipal de Aktau la había condenado a seis años de prisión en agosto de 2011 por “incitar a la discordia social”.
Libertad de expresión
Nuevas disposiciones jurídicas en materia de seguridad que entraron en vigor en enero penalizaban a particulares y organizaciones por “influir en la conciencia individual y pública” mediante la difusión de información “tergiversada” y “poco verosímil”, “en detrimento de la seguridad nacional”. Se temía que la intención de las autoridades fuera utilizar la legislación sobre seguridad nacional para reprimir la libertad de expresión y de los medios de comunicación.
El 21 de noviembre, la fiscalía de la ciudad de Almaty presentó una denuncia que pretendía el cierre de casi todos los medios de comunicación opositores e independientes que quedaban activos, a algunos de los cuales se mencionaba en la sentencia de Vladimir Kozlov. Los acusaba de ser “extremistas”, incitar a la discordia social y poner en peligro la seguridad nacional. La denuncia iba dirigida contra unos 40 medios impresos, de radiotelevisión y de Internet. La fiscalía pidió además que el partido Alga y el movimiento social Jalyk Maydany, que no estaban registrados, fueran clasificados como “extremistas”. Ese mismo día, un tribunal de Almaty ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades de Alga, y otros tribunales ordenaron que la mayoría de los medios de comunicación señalados dejaran de publicar, distribuir y emitir.
Personas refugiadas
y solicitantes de asilo
Desafiando una decisión del Comité de la ONU contra la Tortura e incumpliendo las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos
humanos y sobre refugiados, Kazajistán siguió deteniendo a personas con miras a su extradición a países donde corrían peligro de sufrir tortura u otros malos tratos, como Uzbekistán.
El Comité había decidido en junio que Kazajistán había violado la Convención de la ONU contra la Tortura al extraditar a 28 uzbekos, incluidos solicitantes de asilo.
El uzbeko Sobir Nosirov quedó en libertad sin cargos en julio tras haber pasado 12 meses recluido en espera de su extradición. En 2005 se había marchado de Uzbekistán con su familia para trabajar en Rusia, donde le habían concedido permisos temporales de residencia y trabajo. Su inesperada detención tuvo lugar en julio de 2011 en la frontera con Kazajistán, debido a una orden de detención cursada por Uzbekistán por su presunta participación en los violentos disturbios de Andiyán de mayo de 2005. Estuvo varios días recluido en régimen de
incomunicación en Uralsk. Aunque existían pruebas inequívocas de que los cargos descritos en la solicitud de extradición no se sostenían, el tribunal no ordenó su liberación. El 24 de julio quedó en libertad sin una explicación oficial y fue escoltado por agentes de seguridad hasta la frontera con Rusia.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Kazajistán en diciembre.Kazakhstan: Progress and nature of official investigations called into question 100 days after violent clashes between police and protesters in Zhanaozen(EUR 57/001/2012)
KENIA
REPÚBLICA DE KENIA
Jefe del Estado y del gobierno: Mwai Kibaki
La libertad de reunión y expresión fueron objeto de ataques. Persistió la impunidad de violaciones de derechos humanos, tanto pasadas como nuevas, incluidos homicidios ilegítimos. Se produjeron actos de violencia xenófoba contra personas refugiadas y solicitantes de asilo somalíes, que también sufrieron
K
detenciones arbitrarias por parte de la policía. Hubo algunos atentados con granadas y explosivos en localidades fronterizas de la provincia Nororiental y en Nairobi.
Información general
Continuó durante todo el año la aplicación de las reformas constitucionales, con la aprobación de más de 27 proyectos de ley por el Parlamento. Sin embargo, la Comisión para la Aplicación de la Constitución criticó algunos proyectos de ley por entender que no se ajustaban a la norma constitucional. Se demoró la aplicación de algunas disposiciones legales aprobadas por el Parlamento, como la Ley del Servicio de Policía Nacional.
La situación en materia de seguridad se vio afectada por episodios de violencia en todo el país, especialmente en la provincia Nororiental, la provincia de la Costa y las ciudades de Kisumu y Nairobi.
Impunidad: violencia postelectoral
No se tomaron medidas para poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables de los delitos y violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la violencia postelectoral de 2007-2008, aunque el gobierno afirmó en varias ocasiones que las investigaciones continuaban.En febrero, el fiscal general estableció un grupo de trabajo encargado de abordar la tramitación de 5.000 causas pendientes. Era la tercera vez que se creaba un grupo de esta índole para atender los casos acumulados. En agosto, el grupo reveló que la mayor parte de las pruebas no cumplían los criterios necesarios para su uso en juicios.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus observaciones finales, hechas públicas en julio, tras el examen del historial de Kenia relativo a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó su preocupación por la falta de investigaciones y enjuiciamientos de los responsables de la violencia.