2 Problem Formulation
2.1 Numerical Solution
El 28 de enero, la policía desalojó por la fuerza a decenas de personas de sus hogares en Mukuru Kwa N’jenga, en el este de Nairobi. Tres personas murieron en el proceso. Una mujer murió electrocutada por un cable de conducción eléctrica que cayó durante el desalojo, y otra, por el impacto de una bala perdida. La tercera persona, un menor de edad, murió durante una desbandada de manifestantes contra los desalojos que huían de la policía.
En agosto se desalojó por la fuerza a los moradores de 70 viviendas del asentamiento informal de Kiamaiko, en Nairobi, pese a estar abierta una causa judicial para determinar la propiedad de la tierra.
La comunidad de Deep Sea, en Nairobi, seguía corriendo el riesgo de sufrir desalojo forzoso para habilitar espacio para un proyecto de construcción de carreteras de la Autoridad de Carreteras de Kenia. Aunque este organismo estaba elaborando un plan de
reasentamiento para los afectados, los miembros de la comunidad afirmaban que no se les había consultado de manera adecuada sobre el plan y que éste no reflejaba con exactitud el número de personas que se verían afectadas por el desalojo.
En octubre se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que incluía directrices para los desalojos y prohibía los desalojos forzosos. Sin embargo, al terminar el año aún no se había debatido. En octubre, el Ministerio de Tierras designó un nuevo grupo de trabajo encargado de examinar un proyecto de ley semejante que el Ministerio había redactado en 2011 pero no había presentado en el Parlamento.
Pena de muerte
No se llevaron a cabo ejecuciones en el país, pero se impusieron al menos 21 condenas a muerte durante el año. La Ley de las Fuerzas de Defensa de Kenia, aprobada en 2012, preveía la condena a muerte de los miembros de las Fuerzas de Defensa de Kenia por diversos delitos, como traición, espionaje, ayuda al enemigo, asistencia al enemigo con información de inteligencia y propugnación ilegal de un cambio de gobierno.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Kenia en enero, octubre y diciembre Kenya: Submission to the United Nations Human Rights Committee,July 2012(AFR 32/002/2012)
KIRGUISTÁN
REPÚBLICA KIRGUÍS
Jefe del Estado: Almaz Atambaev Jefe del gobierno: Zhantoro Satibaldiev (sustituyó a Omurbek Babanov en septiembre)
La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en todo el país, y las autoridades judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley no actuaban cuando se denunciaban. Las autoridades continuaron sin investigar con eficacia e
imparcialidad la violencia de junio de 2010 y sus secuelas, y sin garantizar justicia a miles de víctimas
de graves delitos y violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad. Se siguió deteniendo y procesando a personas de etnia uzbeka de manera selectiva y desproporcionada en relación con la violencia de junio de 2010.
Tortura y otros malos tratos
Persistieron la tortura y otros malos tratos a pesar de la creación de un programa nacional integral para combatirlos, basado en las recomendaciones del relator especial de la ONU sobre la tortura, y de la aprobación de una ley sobre el establecimiento de un centro nacional para la prevención de la tortura y otros malos tratos.
El relator especial informó en febrero de que la utilización de la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones seguía siendo generalizada. Señaló también que no existía en la práctica un procedimiento claro que prescribiera las medidas que debían adoptar los tribunales si hubiera indicios de que las pruebas se habían obtenido mediante tortura o malos tratos y que, de hecho, no parecía que los tribunales tuvieran instrucciones de aplicar tal norma ni de ordenar una investigación inmediata, imparcial y efectiva en el caso de que ésta se infringiese.
El relator especial observó que, así como había tenido conocimiento de las medidas y declaraciones del presidente y su predecesor y de la fiscal general, no le constaba que los funcionarios competentes del Ministerio del Interior hubieran dado órdenes de condenar la tortura y otros malos tratos o de declarar inequívocamente que la tortura y los malos tratos policiales no serían tolerados.
Anna Ageeva, de 18 años, estaba embarazada cuando fue detenida por agentes de policía el 11 de septiembre en Bishkek por presunto asesinato y recluida durante tres días en régimen de
incomunicación en la comisaría de policía del distrito de Sverdlovsk. Según su relato, durante ese tiempo los agentes la arrastraron agarrándola del cabello, la esposaron a un radiador y le dieron puñetazos y patadas en el estómago y los riñones para obligarla a confesar el asesinato de otra joven. Un abogado de la ONG Kylym Shamy presentó una denuncia por tortura ante la fiscalía de distrito de Sverdlovsk. Otras tres mujeres –entre ellas Aidiana Toktasunova, de 17 años– detenidas en relación con el mismo asesinato denunciaron igualmente ante la fiscalía de distrito que habían sido torturadas por agentes de policía para
que confesaran. El Ministerio del Interior desestimó las denuncias de tortura por “absurdas” y afirmó que sus investigaciones no habían encontrado ninguna prueba de conducta indebida por parte de los agentes. La fiscalía de distrito abrió una investigación criminal sobre las denuncias en octubre.
La organización de derechos humanos Spravedlivost (Justicia) escribió en noviembre a la fiscal general para pedirle que supervisara personalmente una
investigación sobre la denuncia de que más de una docena de agentes de policía habían maltratado a ocho detenidos en el centro de detención temporal de Jalal-Abad. Spravedlivost había visitado el centro tras ser alertada de los abusos por familiares de algunos de los detenidos.
Los detenidos dijeron que los agentes los habían golpeado en el rostro, el cráneo y otras partes del cuerpo. Luego los habían desnudado y obligado a correr. La defensora del Pueblo regional visitó el centro de detención temporal dos días más tarde que Spravedlivost y se reunió con las 42 personas detenidas allí, 37 de las cuales confirmaron que habían sufrido malos tratos. Pidió a su vez a la fiscalía regional que investigara estas denuncias. El Ministerio del Interior aseguró que no había encontrado ninguna prueba de malos tratos tras realizar también una investigación interna.
Aunque aparentemente disminuyó la frecuencia de las detenciones arbitrarias, sobre todo de personas de etnia uzbeka, en 2012 persistieron las noticias sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas contra uzbekos en relación con las investigaciones que se estaban realizando sobre la violencia de junio de 2010 y sus secuelas, que incluían tortura y otros malos tratos bajo custodia, confesiones forzadas y juicios injustos. En su informe de febrero, el relator especial de la ONU sobre la tortura expresó su preocupación por el hecho de que las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el contexto de esas investigaciones no hubieran disminuido en los últimos meses.
Juicios injustos
El relator especial de la ONU sobre la tortura manifestó que había oído testimonios según los cuales, en los juicios relacionados con la violencia de junio de 2010, los jueces y fiscales se abstenían reiteradamente de tomar medidas ante la información sobre tortura y malos tratos recibida de los acusados o
sus abogados. Citó la decisión pronunciada por el Tribunal Supremo el 20 de diciembre de 2011 de rechazar el recurso de Azimzhan Askarov y ratificar su condena a cadena perpetua como ejemplo de la falta de acción del máximo órgano judicial ante las denuncias de tortura y malos tratos. El gobierno acusó de parcialidad al relator especial y afirmó que la Fiscalía General había investigado en profundidad todas las denuncias de tortura y confesión forzada de Azimzhan Askarov y los demás acusados y no había encontrado pruebas convincentes que las sustentaran.
Azimzhan Askarov, destacado defensor de los derechos humanos y preso de conciencia, continuaba sometido a régimen de aislamiento al terminar el año. Según el informe de octubre de Physicians for Human Rights, no recibía la asistencia médica necesaria a pesar de que su estado de salud –en especial el sistema nervioso, la vista y el aparato respiratorio– se había deteriorado considerablemente, lo que constituía una forma de maltrato. Tras un examen realizado en enero, expertos de esa organización concluyeron que existía evidencia clínica de que Azimzhan Askarov había sufrido lesión cerebral traumática como consecuencia de tortura. Su abogado presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en noviembre.
Impunidad
A pesar de que las autoridades habían adoptado algunas iniciativas en los dos años anteriores, a menudo con considerable oposición interna, no se investigó imparcial y eficazmente la violencia de junio de 2010 y sus secuelas en las ciudades de Osh y Jalal-Abad ni se garantizó justicia a los miles de víctimas de graves delitos y violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía municipal de Osh afirmó en abril que sólo 2 de los 105 casos que habían llegado a juicio en relación con la violencia de junio de 2010 se habían resuelto con sentencias absolutorias. Sólo uno de esos casos afectaba a una persona de etnia uzbeka, Farrukh Gapirov, hijo del defensor de los derechos humanos Ravshan Gapirov. Quedó en libertad cuando el tribunal de apelación resolvió que su sentencia condenatoria se había basado en la confesión que había hecho bajo tortura. Sin embargo, no se abrió una investigación criminal sobre los agentes de policía responsables de su tortura.
En cambio se anuló el primer fallo condenatorio –y el único registrado hasta entonces– dictado contra
una persona de etnia kirguís por el asesinato de personas de etnia uzbeka durante los violentos sucesos de junio de 2010.
El Tribunal Regional de Jalal-Abad anuló en mayo las sentencias condenatorias de cuatro hombres de etnia kirguís acusados del asesinato de dos uzbekos durante la violencia de junio de 2010. Dos de ellos habían sido condenados a 25 y 20 años de cárcel en noviembre de 2010. Ambos habían denunciado torturas bajo custodia. A los demás les habían impuesto condenas condicionales de tres años de prisión. Previamente, el tribunal de apelación había revocado las sentencias condenatorias de los cuatro y los había dejado en libertad bajo fianza en espera de nuevas
investigaciones sobre el caso. Tres de los acusados recibieron la absolución total, y al que había sido condenado a 25 años de prisión en primera instancia se le concedió la libertad condicional.
Aunque la Fiscalía General había dado oficialmente instrucciones de investigar cada denuncia de tortura, era habitual que los fiscales no las investigaran de manera exhaustiva e imparcial ni llevaran a los identificados como responsables ante la justicia. El relator especial de la ONU contra la tortura concluyó que los esfuerzos realizados por el gobierno provisional para investigar y castigar los abusos resultantes de los sucesos de junio de 2010 habían resultado en gran medida ineficaces.
En marzo se llevó de nuevo a Jalal-Abad el juicio de cuatro agentes de policía acusados de la tortura que había causado la muerte de Usmonzhon Kholmirzaev en agosto de 2011. El presidente del Tribunal Regional de Jalal-Abad solicitó más investigaciones y puso en libertad bajo fianza a dos de los agentes. Antes de que comenzara el juicio, en septiembre de 2011, familiares y simpatizantes de los agentes acusados habían organizado protestas públicas, ocasionalmente violentas. Habían intimidado a testigos de cargo y a la familia y el abogado de Usmonzhon Kholmirzaev en el exterior de la sede judicial y dentro de la sala, y presionado al juez para que declarara inocentes a los acusados. El juicio se había trasladado a la región de Chui, a 500 kilómetros de allí, por motivos de seguridad. Aun así se amenazó con violencia a testigos clave, por lo que algunos cambiaron su declaración a favor de los acusados. Varios temieron por la seguridad de su familia y abandonaron el país. Al final del año, la fiscalía regional de Jalal-Abad no había iniciado investigaciones sobre los actos de los familiares y simpatizantes de los
acusados, pese a las denuncias de la viuda de Usmonzhon Kholmirzaev y sus abogados. El 26 de diciembre, el Tribunal Regional aplazó indefinidamente el juicio después de que tres de los abogados defensores no comparecieran en la vista fijada.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Kirguistán en abril, mayo, septiembre y diciembre.Kyrgyzstan: Dereliction of duty(EUR 58/001/2012)
KUWAIT
ESTADO DE KUWAIT
Jefe del Estado: Al Shaij Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah Jefe del gobierno: Al Shaij Jaber al Mubarak al Hamad al Sabah
En el marco de una campaña de represión de la libertad de expresión y reunión, la policía antidisturbios empleó fuerza excesiva contra manifestaciones pacíficas. Se seguía negando la nacionalidad kuwaití a miles debidun(apátridas), con lo que se les privaba también de acceso a los servicios de salud, a la educación y al empleo en pie de igualdad con la ciudadanía kuwaití. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico seguían siendo víctimas de explotación y abusos a manos de sus empleadores. Al menos una persona que murió bajo custodia pudo haber sufrido torturas o malos tratos. Se dictaron 9 condenas a muerte, de las cuales se conmutaron 4. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.
Libertad de expresión, de asociación
y de reunión
Las autoridades restringieron aún más las libertades de reunión y de expresión, entre otras medidas, procesando a algunos usuarios de las redes sociales. La policía antidisturbios empleó fuerza excesiva, gas lacrimógeno y granadas paralizantes contra manifestaciones pacíficas debiduny de opositores al gobierno.
En el periodo previo a las elecciones parlamentarias del 1 de diciembre, opositores al gobierno organizaron varias manifestaciones, llamadas “Marchas por la Dignidad”, en parte para protestar por las enmiendas propuestas a la ley electoral. Tras una nutrida concentración que tuvo lugar en octubre, las autoridades invocaron una ley de 1979 para prohibir las reuniones de más de 20 personas. Si bien se permitió la celebración de algunas manifestaciones, otras, incluida una convocada para el 27 de diciembre, fueron dispersadas por la fuerza. Entre las personas detenidas durante las manifestaciones había ex parlamentarios, activistas y menores de edad. La mayoría quedó en libertad a los pocos días, aunque se presentaron cargos contra algunas de ellas.
El emir vetó una propuesta de reforma de la ley sobre la blasfemia, por la que se pretendía castigar con la pena capital los “insultos a Dios, sus profetas y sus mensajeros”.
El preso de conciencia Hamad al Naqi, perteneciente a la minoría musulmana chií, fue detenido en abril y condenado en junio a 10 años de prisión con trabajos forzados, tras haber sido declarado culpable de publicar en Twitter mensajes críticos con los líderes de Arabia Saudí y Bahréin y de “insultar” al islam. Interpuso un recurso de apelación, que aún no se había resuelto al terminar el año.
Musallam al Barrak, líder de la oposición y ex parlamentario, fue detenido el 29 de octubre y acusado de “menoscabar la condición del emir” por unas declaraciones que había hecho en una manifestación el 15 de octubre. El 1 de noviembre quedó en libertad bajo fianza. El juicio no había concluido al finalizar el año. De ser declarado culpable, se enfrentaba a una pena de hasta cinco años de prisión.
Tortura y otros malos tratos
En julio se promulgó una ley por la que se reducía de cuatro a dos días el periodo máximo durante el cual la policía podía mantener a una persona bajo custodia sin necesidad de una orden judicial.
Según la información recibida, la tortura y los malos tratos pudieron haber sido factores
determinantes en la muerte de Nawaf al Azmi, uno de los cinco casos de muerte bajo custodia de los que se tuvo constancia.
El 24 de diciembre, el Tribunal de Apelación confirmó las condenas –entre ellas dos cadenas