de Japón mediante el examen periódico universal de la ONU en octubre, los representantes del gobierno afirmaron que las indemnizaciones para las que
habían sido “mujeres de solaz” ya se habían resuelto con el Tratado de Paz de San Francisco y con tratados y acuerdos bilaterales. El 4 de noviembre, un diario estadounidense publicó un anuncio firmado, entre otros, por el entonces líder de la oposición, Shinzo Abe, en el que se negaba que el Ejército Imperial Japonés hubiera sometido a mujeres a esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial.
Pena de muerte
Fueron ejecutadas siete personas, entre ellas la primera mujer ejecutada en más de 15 años. Había 133 personas en espera de ejecución. En marzo, el ministro de Justicia Toshio Ogawa disolvió el grupo de trabajo establecido dentro del Ministerio de Justicia por la ex ministra Keiko Chiba en julio de 2010 para analizar la pena capital sin que el grupo llegase a formular recomendaciones claras.
El 3 de agosto fue ejecutado Junya Hattori. El Tribunal de Distrito de Shizuoka lo había condenado a cadena perpetua pero, tras la apelación de la fiscalía, el Tribunal Superior de Tokio lo condenó a muerte. El Tribunal Supremo confirmó la pena capital en febrero de 2008.
Personas refugiadas
y solicitantes de asilo
Las solicitudes de asilo aumentaron hasta llegar a más de 2.000 frente a las 1.867 presentadas el año anterior, pero el número de personas a las que se concedió la condición de refugiado siguió siendo bajo. La mayoría de los solicitantes procedía de Myanmar. En marzo se prorrogó otros dos años el proyecto piloto de Japón de 2010 de reasentar a 30 refugiados de Myanmar cuya solicitud se había tramitado en Tailandia. En 2012 no se aceptó a ninguno en el sistema, después de que tres familias retiraran su solicitud.
JORDANIA
REINO HACHEMÍ DE JORDANIA
Jefe del Estado: rey Abdalá II bin al Husein Jefe del gobierno: Abdalá Ensour (sustituyó en octubre a Fayez Tarawneh, quien a su vez había sustituido a Awn al Jasawneh en mayo)
Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva y detuvieron a cientos de personas que participaban en manifestaciones pacíficas y otras protestas en demanda de reformas. Las autoridades mantuvieron severas restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión, e impusieron aún más a los medios de comunicación electrónicos. Se recibieron informes sobre tortura y malos tratos a personas detenidas. Continuaron los juicios injustos ante el Tribunal de Seguridad del Estado. Cientos –posiblemente miles– de presuntos delincuentes permanecían recluidos indefinidamente sin cargos ni juicio. Las mujeres sufrían violencia y discriminación y, según la información recibida, al menos 10 habían sido víctimas de homicidio en nombre del “honor”. Las personas migrantes que trabajaban en el servicio doméstico sufrían explotación y abusos. Según la información recibida, algunas personas refugiadas fueron devueltas a Siria. Se impusieron al menos 16 condenas de muerte; no hubo ejecuciones.
Información general
Durante todo el año continuaron celebrándose manifestaciones en protesta por la lentitud de las reformas políticas y por las condiciones económicas, incluidos los recortes en las subvenciones del gobierno a los combustibles. Las protestas de noviembre desembocaron en violencia: un hombre perdió la vida en Irbid en circunstancias
controvertidas y dos agentes de policía murieron por heridas de bala sufridas durante disturbios que se desataron en Karak y Ammán. Para tratar de aplacar la disidencia, el rey sustituyó al primer ministro en mayo y, nuevamente, en octubre, cuando disolvió el Parlamento. En virtud de una ley electoral aprobada por real decreto en julio, se convocaron elecciones para enero de 2013. Miembros de la oposición afirmaron que las candidaturas favorables al gobierno estaban injustamente en situación de ventaja.
Miles de refugiados que huían del conflicto en Siria entraron en Jordania, con lo que se agravó la presión sobre los recursos del país.
En noviembre, un tribunal británico impidió que el gobierno de Reino Unido expulsara a Abu Qatada a Jordania, al fallar que no podía garantizársele allí un juicio justo (véase el apartado sobre Reino Unido).
Libertad de expresión, de asociación
y de reunión
Las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de personas que participaban en manifestaciones pacíficas y otras protestas en demanda de cambios políticos y otras reformas. Muchas fueron golpeadas en el momento de la detención o bajo custodia. En septiembre, el gobierno reformó la Ley de Prensa y Publicaciones para endurecer las restricciones impuestas a los medios de comunicación electrónicos, permitiendo cerrar o bloquear páginas web.
Seis miembros del reformista Movimiento Talifeh Libre fueron detenidos en marzo y recluidos durante más de un mes por “insultar al rey” y otros delitos relacionados con una protesta violenta celebrada en Talifeh, en la que, al parecer, ellos no habían
participado. Según la información recibida, agentes del Departamento General de Inteligencia vendaron los ojos a uno de los detenidos –Majdi Qableen–, le pusieron cadenas en los pies y lo golpearon durante el interrogatorio. Al menos otros dos fueron golpeados bajo custodia. Quedaron en libertad sin cargos en abril.
Ola Saif fue detenida en noviembre en Ammán, en una protesta pacífica contra la política económica. Posteriormente aseguró que la habían golpeado en la sede de la Dirección de Seguridad Pública, en el centro de Ammán, y le habían negado acceso a un abogado y a sus familiares. La acusaron de intentar derrocar el sistema político y la dejaron en libertad el 5 de diciembre.
Tortura y otros malos tratos
Se recibieron noticias sobre torturas y otros malos tratos infligidos a personas sospechosas de delitos relacionados con la seguridad o detenidas tras protestas en favor de reformas, algunas de las cuales pasaron largos periodos en régimen de
incomunicación.
Durante más de dos meses estuvieron recluidos en Ammán, bajo custodia del Departamento General de
Inteligencia, 11 hombres detenidos el 21 de octubre por haber planificado presuntamente atentados en la capital. Permanecieron casi todo el tiempo recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados ni a sus familias. La mayoría de ellos afirmaron haber “confesado” bajo tortura.
Según la información recibida, agentes de policía y del Departamento General de Inteligencia desnudaron, ataron y golpearon durante dos días a Rami al Sehwal. Pretendían así “dar una lección” a 13 hombres, incluido él, detenidos tras una manifestación pacífica celebrada en Ammán el 30 de marzo. Los 13 quedaron en libertad sin cargos.
Juicios injustos
El Tribunal de Seguridad del Estado siguió
sometiendo a civiles acusados de delitos relacionados con la seguridad a juicios que no se ajustaban a las normas internacionales de justicia procesal. En virtud de artículos del Código Penal que penalizaban la disidencia pacífica, se presentaron cargos contra cientos de personas, entre ellas nueve menores de edad, y se remitieron las causas al Tribunal de Seguridad del Estado.
En enero, el Tribunal de Seguridad del Estado condenó a Uday Abu Isa a dos años de prisión por haber quemado una foto del rey en una manifestación. Considerado preso de conciencia, pasó siete semanas recluido, hasta quedar en libertad tras ser indultado por el rey. Afirmó que la policía lo había golpeado tras su detención.
Reclusión sin juicio
Cientos –posiblemente miles– de personas continuaron recluidas por tiempo indefinido y sin cargos ni juicio, en virtud de la Ley de Prevención del Delito de 1954, que confería a los gobernadores provinciales atribuciones para recluir indefinidamente sin cargos a las personas sospechosas de haber cometido delitos o consideradas “un peligro para la sociedad”.