Micro-composite Testing Methods

Para abordar de forma más precisa los alcances de una informática jurídica, cabe realizar primero una distinción entre lo que se entiende por informática de gestión de la de decisión. Con el ordenamiento jurídico constitucional nacional que estructura a España en Comunidades Autónomas ocurrido en esta época, según se recoge en la Constitución española de 1978, no solo se podrá continuar con la revisión del proceso histórico de informatización de la Administración española, sino que además se podrá ejemplificar de forma más clara la distinción en cuestión.

2.3.1 Informática de gestión

La nueva situación de España hizo necesario reconsiderar la forma de hacer gestión, tomando en cuenta los distintos niveles de la Administración: Central, Autonómica, y Local. Ante este nuevo panorama, y como describe López-Muñiz (1981) para poner un ejemplo de

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las nuevas consideraciones en informática para la Administración, está el caso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Este ministerio debía contar en todas las Direcciones Generales con la infraestructura informática adecuada para el control de sus respectivas materias competenciales, como lo eran el desarrollo urbanístico, control de calidad de viviendas, adecuación de viviendas al medio ambiente, ordenación del territorio, integración en paisajes, desarrollo de vías de comunicación en relación con su entorno, etc. Sería el ordenador el que se encargaría de archivar proyectos, compararlos entre sí y obtener determinación de calidades. A su vez, los Entes autonómicos harían lo suyo según sus competencias, que a grandes rasgos era la misma que la apuntada del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, aunque a nivel de territorio autonómico. Y a nivel Local la gestión informática podía ser incluso todavía más relevante, puesto que debía encargarse desde el índice de ocupación de viviendas y necesidades de su construcción, incluyendo el tipo arquitectónico y su inclusión en el paisaje, hasta el padrón inmobiliario (superficie, estructura, materiales de construcción, acomodación o no al plan urbanístico, ocupación, valores catastrales, estado de conservación, etc.). Además de toda esta nueva organización que debía implementarse lo antes posible, debían crearse bases de datos sobre censos agrarios, con un importante aspecto relativo a la calidad de vida, saneamiento, ordenación general del territorio, y servicios de todo tipo tales como agua, alcantarillado, electricidad, aspectos sanitarios educacionales, etc. Esta era una informática de gestión necesaria, que incidiría directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Con la nueva distribución territorial también se hizo evidente otro inconveniente a la hora de estructurar bases de datos: resultaba casi impensable hacer, por ejemplo, un único Banco de Datos para todo el territorio, no solo por el volumen monstruoso que este podría tener, sino también por la diferencias a la hora de realizar la gestión. Un ejemplo concreto lo constituía la Diputación Foral de Navarra, que ya contaba con un Centro coordinado para todos los pueblos de la provincia llevando a cabo una informática de gestión realmente eficaz, pero que, a pesar de su ejemplo de gran valor territorial, no resultaba un modelo transportable a todo el Estado, puesto que los datos se estructuraban a diferentes niveles, por ser muy diferente el parque de ordenadores, porque las economías estaban disgregadas, etc. Lo que se comenzó a plantear fue la existencia de un nuevo sistema integral distribuido, es decir, que cada Centro emisor de datos y con exigencias de tratamiento tuviese su banco, pero que permitiese que todos ellos participasen en una labor integradora. La coordinación y acceso a la información, incluso al día de hoy, no resultan materia fácil de lograr en la realidad de la

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131 Administración pública española, aunque las enormes ventajas, como evitar duplicación de trabajo y de almacenamiento, tuviesen un importante valor.

Así es como cada Ayuntamiento cuenta con bancos de datos de carácter local mientras que en la provincia se dispone de los datos provinciales, el Ente autonómico cuenta con bancos de datos que hacen referencia exclusivamente al territorio, y la Administración Central cuenta con los suyos propios. Lo ideal, y a la base del espíritu de los procesos de informatización de los años ochenta, era que esta cascada informativa confluyese en un cauce común, logrando no solo hacer trabajos de compilación, sino también de tratamiento conjunto de datos sin alterar para nada cada una de las bases. Además, la posibilidad de unificar algunos bancos de datos permitiría prestar servicio a aquellos municipios que carecieran de medios económicos o que por su estructura no fuera compensador el disponer de un Centro de proceso de datos.

2.3.2 Informática de decisión

Más allá de la informática de gestión se encuentra la informática ligada a la toma de decisiones. Es aquella parte de la Informática Jurídica que tiende a servir de soporte a la decisión de cualquier órgano o persona sobre una cuestión de Derecho. Estas decisiones se basan en primer lugar en la legislación, para saber cómo está regulado el punto concreto en la legislación vigente, cualquiera que sea su nivel, e incluso cuál ha sido el Derecho aplicado anteriormente, a través de un archivo histórico; en segundo lugar en la jurisprudencia, que facilita el conocimiento de la interpretación dada por los tribunales a cada punto concreto; y en tercer lugar en la bibliografía, que ayuda al conocimiento de toda la doctrina, abriendo nuevos cauces a la investigación, e incluso dando entrada a nuevas figuras jurídicas.

El plan de los juristas interesados en este tipo de informática era que estos tres aspectos de la decisión dieran paso a tres bases de datos denominadas en el argot informático como LEGIS, JURIS y BIBLOS. Siguiendo la exposición hecha por Fuentes Bodelón31_{, la}

Informática Jurídica de decisión tendría los siguientes objetivos:

 Recuperar racional e inmediatamente de modo exhaustivo cuanta información relativa a un aspecto determinado pudiera necesitarse.

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 Facilitar asistencia y apoyo a los distintos órganos y organismos públicos, e incluso a los particulares, para iniciación de los procedimientos, su correcta tramitación y una adecuada toma de decisiones, así como asegurar la participación de las entidades y asociaciones, pues toda participación debe basarse en una información completa y objetiva.

 Recoger información básica jurídica para toda clase de estudios que pudieran realizarse en materias con ella conexas o relacionadas.

 Único medio para la recopilación y compilación de textos completos, así como crear un thesaurus con vista a la regulación futura integrada y global.

 Permite montar dispositivos de prospectiva jurídica, a fin de determinar y analizar la incidencia, en el ordenamiento jurídico sectorial, en un momento determinado, de cualquier eventual proyecto o propuesta de nuevas disposiciones en una materia.

 Establecer cuadros completos de derogaciones y tablas de vigencias en vez de confiar una u otra función a cláusulas generales.

 Detectar las correcciones en la aplicación e interpretación de las normas hechas por la jurisprudencia o la doctrina, y evaluar con ello las demandas sociales de actualización o nuevos rumbos de esa legislación futura.