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2.7 Computational Fluid Dynamics

4.1.1 Main Zone

La estructura de la sociedad no dependía solamente de las relaciones de propiedad. Entre los diversos sectores de la clase dominante se desarrollaron una serie de procesos referidos tanto al problema de acceso al poder, como a la forma empleada por los propietarios para aparecer en la escena política, eclesiástica y social a través de grupos conformados por intereses, afinidades y fundamentalmente, por lazos familiares.

4.1. Patrimonio y poder político

El poder político de los individuos se concretaba en el manejo burocrático del aparato estatal. Quienes detentaban cargos provinciales, locales, o ejercían tareas fiscales, eran funcionarios del Estado Español en cuyas manos reposaban diferentes instancias de la vida política y con ello diversos grados de incidencia en los procesos socioeconómicos. Por tanto, detectar este poder implicaba acceder a privilegios o garantizar la posibilidad de permanecer en el goce de los beneficios ya adquiridos. Además, las ventajas del cargo podían continuar en la persona de los herederos, aún después de la muerte del dignatario18.

A nivel provincial, el cargo de Gobernador y Teniente General que era remunerado por el Estado con importantes sumas de dinero, implicaba cierto tipo de actividades tales como distribución de tierras y encomiendas, defensa militar, impulso a la pacificación, creación

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En 1670, una Real Provisión declaró “caso de Corte notorio” las causas de doña Ana de Castrillón Bernaldo de Quiroz, ordenando que las justicias de Antioquia no conocieran de sus causas. Este privilegio derivaba del hecho de ser viuda del Gobernador Juan Gómez de Salazar.

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de pueblos de indios, construcción de caminos e iglesias, nombramiento de justicias, contraloría sobre los Cabildos y visitas periódicas a toda la provincia. Por su parte, el Cabildo cumplía su función de asegurar la estabilidad política y administrar la ciudad. Los Alcaldes y Regidores debían velar por las propiedades de la ciudad, el normal desarrollo de las sesiones capitulares y el funcionamiento de las carnicerías públicas. Hacer periódicas visitas a la cárcel, firmar los autos correspondientes, manejar las contradicciones surgidas de las disputas de propiedad y hacer cumplir las obligaciones fiscales. Igualmente, llevar los libros de cuentas para condenaciones y penas de Cámara y velar por el orden y los bienes de los vecinos. No obstante, la principal función se ubicaba en la adjudicación de tierras, el abasto de la ciudad, el manejo de los caminos y las regulaciones del comercio local. Con ellas, se depositaba en sus manos la suerte de los vecinos. Así, quien se enfrentaba al Cabildo podía perder muchas oportunidades de beneficio económico.

Los Cabildos, conformados por Regidores, designaban Alcaldes Ordinarios, y Alcaldes de la Santa Hermandad. Estos empleos, lo mismo que el de Justicia Mayor, debían recibir confirmación de la Real Audiencia19 y significaban notoriedad social y poder real. Como puede verse, además de las ventajas que daba la administración local, a ella se sumaba la posibilidad de emplear un determinado grupo de poder, gracias a alianzas que condujeran a conseguir el favor de los elegidos. Los empleados fiscales por su parte, podían sacar frutos de su empleo, de manera legal o ilegal. Los Contadores estaban facultados para nombrar Tesorero, pudiendo escogerlo según sus intereses. Esta forma de nombramiento hacia posible que los funcionarios de la Real Hacienda “tomasen prestados” los dineros del Estado, para sus operaciones económicas personales. Por este camino, a pesar de la obligación de otorgar fianza para acceder al cargo, se llegaba a defraudar las Caja Real20. Por su parte, el Fundidor y Ensayador también podía derivar substanciales ganancias del ejercicio del cargo, sacando ventaja de la conversión del oro en polvo en oro fundido21.

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Archivo Histórico de Antioquia, Residencias, 85.2379, f. 49 ss. 20

Sabemos que por ejemplo en Zaragoza, hacia 1598, los hermanos Ortiz tomaron el dinero de la Caja Real para pagar a sus acreedores e invertir en la compra de mercancías.

COLMENARES (Germán), Historia económica y social de Colombia. 1537-1719, Cali, Ed. Universidad del Valle, 1973, p. 258.

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En 1635, Fernando Lozano Infante y Paniagua, Alcalde Ordinario de Guamocó y propietario minero de la zona, manifestó que se perjudicaba de fundir el oro en la localidad, “por la poca satisfacción que tengo del fundidor”. Por este motivo pidió que se le permitiera llevarlo a fundir en la Corte.

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Desde finales del siglo XVI el interés de la Corona por aumentar sus ingresos y disminuir los costos de administración de sus colonias, llevó a la implantación de la venalidad de algunos cargos. El precio de los empleos era bastante elevado y exclusivamente accesible a individuos acaudalados. En esta forma, la Corona aumentó el poder del grupo de grandes propietarios que podía rematar los cargos y centralizar así en sus manos el poder económico y el poder político. Los grandes propietarios pudieron entonces contraer en una misma persona diversas esferas jurisdiccionales de la administración. Algunos individuos ejercieron o a lo largo de su vida política y en ocasiones de manera simultánea, un variado número de oficios22.

Existió una directa relación entre los propietarios más poderosos y el manejo del cabildo de la ciudad. La vinculación con el poder resultaba favorable pues los cargos obtenidos, además de dar prestigio, abrían camino para los abusos en favor del mandatario y aseguraban ingresos estables que no eran posibles para otros individuos.

El hecho de que los cargos públicos revertían en beneficios personales para quien los detentaba, se deduce además del marcado interés por comprarlos, a pesar de su elevado costo. En algunos casos el comprador desempeñaba el cargo, en otros lo adquiría para su hijo, dado que el ejercicio de administración era considerado como una buena forma de invertir la legítima que se entregaría al descendiente23. Es preciso tener presente que la mayoría de los individuos con presencia en el poder político, tanto quienes detentaron un solo cargo, como quienes concentraban varios, tenían en su poder una o muchas distinciones y cargos dados por la jurisdicción eclesiástica a los civiles.

4.2. Patrimonio y poder eclesiástico

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Por ejemplo, Don Pedro de Dulcey Herrera uno de los más acaudalados fundidores de oro ocupó entre 1629 y 1630, el cargo de Contador. Entre 1633 y 1661, fue Alcalde Ordinario y llegó a tener la vara de “más antiguo”. A partir de 1642, fue Tesorero por cerca de 10 años y finalmente, hacia 1664, era Regidor y Alcalde Provincial.

Archivo Histórico de Antioquia, Real Hacienda, 102.2754.

Por su parte, el Capitán y Maese de Campo Fernando Lozano Infante y Paniagua, fue Regidor entre 1627 y 1635, año en el cual era Alcalde Ordinario. Más tarde, hacia 1645, se hizo Gobernador y Teniente General, por más de 10 años. Archivo Histórico de Antioquia Real Hacienda, 102.2754; Guamocó, 65.1727; Empleos, 94.2470; Libros, 443.8355, legajo 18; Guamocó, 63.1677 y 65.1727.

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Por ejemplo, Pedro de la Serna Palacio pagó 1.126 pesos de oro por el cargo de Alférez Real que compró para su hijo. Luego, en su testamento mandó descontarle 300 pesos de la legítima que le correspondía, en razón de la adquisición de tal oficio.

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El poder eclesiástico, además de brindar privilegios económicos y sociales, posibilitaba diseñar, manejar e imponer una ideología justificadora de las estructuras institucionales y políticas de la ciudad. Igualmente, contribuía a cimentar el orden social, mostrando las diferencias de clase como intangibles y naturales.

Dentro de los propietarios de la región encontramos un grupo amplio vinculado estrechamente a la Iglesia, como religiosos o como civiles desempeñando oficios al servicio de la institución. Algunos civiles miembros del sector económico dominante participaban además del Tribunal de la Inquisición o prestaban otros oficios a la Iglesia como Mayordomos o Síndicos24. En la órbita de la Iglesia, los miembros más poderosos del sector dominante lograban “monopolizar” el control de los cargos25. En esta forma, los poderes económico y eclesiástico se presentaban en esa sociedad como imbricaciones de un mismo poder que reposaba en manos de los grandes propietarios.

4.3. Patrimonio y prestigio social

El prestigio social del individuo institucionalizaba las ventajas del poder económico, presentando la riqueza como fruto lógico del prestigio. El “honor” se constituía entonces en estabilizador y freno a las contradicciones sociales. Dios y el Rey determinaban la existencia de poseedores privilegiados y viles desposeídos. La tenencia de algunas

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Veamos algunos ejemplos:

En 1671 Agustín Pimienta Valeros era Mayordomo de Nuestra Señora de Sopetrán. Archivo Histórico de Antioquia, Mortuorias, 252.5501, f. 1-3.

En 1729 Juan de Céspedes Hinestroza era Síndico de los Santos Lugares de Jerusalén. Archivo Histórico de Antioquia, Notarial, 2.1729, f. 63r.

Antes de 1720, Alejos Rodríguez fue Mayordomo de la Cera de la Cofradía de Nuestro Señor Sacramentado y Mayordomo de las Benditas Animas del Purgatorio.

Archivo Histórico de Antioquia, Mortuorias, 287.5822, f. 4. 25

Se destacan nombres como los siguientes:

Lorenzo Cortés de Ordaz y Figueroa, quien entre 1621 y 1676 fue Licenciado, Presbítero, Comisario del Santo Oficio y Cura Propietario de Antioquia.

Archivo Histórico de Antioquia, Real Hacienda, 102.2759; Libros, 442.8354, Legajo 69; Mortuorias, 261.5596, f. 102 y 322.6162; Minas, 357.6702; Ejecutivos, 390.7347.

Facundo Ramírez dé Herrera, quien a partir de 1620 aparece designado como Padre, Licenciado, Beneficiado, Comisarlo, Visitador Encargado de los curatos de Guarne y Rionegro, Cura de Antioquia y Servidor de la Doctrina de San Lorenzo.

Archivo Histórico de Antioquia, Real Hacienda, 102.2759 y 103.2796; Libros, 442.8354, legajos 69, 75 y 83; Minas, 357.6701; BRONX (Humberto), Estudios históricos y crónicas de Medellín, Colombia, Medellín, Academia Antioqueña de Historia, 1977, p. 31.

Lorenzo Castrillón Bernaldo de Quiroz, sacerdote que a lo largo de su vida de servicio religioso, aproximadamente entre los amos de 1676 y 1695, fue Cura del poblado de indios de San Lorenzo de Aburrá, Cura Beneficiado de Medellín, Doctor, Comisario del Santo Oficio, Vicario Pedáneo de Medellín y Juez Eclesiástico allí.

Archivo Histórico de Antioquia, Libros, 443.8355, legajo 8 y 446.8358, legajo 1.

En la misma situación estarían algunos otros como Francisco José de la Serna Palacio o Pedro Zapata Gómez de Múnera.

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formas de distinción como, Presbítero, Maestro, Don, Señor, hijosdalgo o alguna distinción militar, eran factores de prestigio. De allí que siempre el nombre de los individuos del grupo dominante se acompañase de sus distinciones.

Muchas de las distinciones otorgadas a un individuo tenían como base su poder económico. Fueron diversas las distinciones concedidas a los individuos en los siglos XVI y XVII. Entre el grupo de propietarios de Antioquia encontramos algunas más generalizadas como: Capitán General, Capitán, Capitán de Infantería Española y del Número, Coronel, Alférez Mayor o Alférez Real, Sargento Mayor, Cabo de Escuadra, Lugarteniente, Superintendente en lo Militar, Capitán a Guerra, Señor ilustre y Don. Como puede apreciarse, la mayoría de estas distinciones emanaba del sistema de cargos militares heredado del carácter de empresa con el cual se desarrolló la labor de conquista. Tales distinciones militares no representaban un cargo activo, pero sí revestían un carácter honorífico.

El hecho de señalar a un individuo como “Don” o “Señor”, implicaba el reconocimiento público de un status privilegiado. En la mayor parte de los casos el “Don”, combinado con el apelativo de respeto “Señor”, era usado para referirse a la persona del Gobernador o el Teniente de Gobernador. Si bien el uso del término “Señor” estuvo prácticamente reservado para anteponerlo al de Gobernador, también algunos ricos propietarios como Juan de Taborda y Fernando de Toro Zapata, accedieron a él. La distinción de “Don” fue más corrientemente utilizada y se aplicó a destacados propietarios, tanto civiles, como religiosos. Sólo para destacar algunos, ya que la lista completa sería muy extensa, nombramos entre los civiles a Diego Beltrán del Castillo, Juan de Piedrahita y Saavedra y Carlos de Molina y Toledo; y, entre los religiosos, a Matías de Tapia Briceño, Juan Francisco de Ceballos o Gonzalo Suárez de San Martín. La única distinción de la que participaron las mujeres del sector dominante, era la de “Doña”, como en los casos de María Centeno, Ana de Castrillón, María de Vivanco, Beatriz de Vargas y María de Morillas.

Es importante destacar que las distinciones señaladas no tuvieron relación alguna con el hecho de ser español o criollo y que fueron otorgadas indistintamente desde España o en tierras americanas. Algunas designaciones honoríficas se recibían por “merecimientos”, pero otras fueron obtenidas por compra. Aquellas otorgadas por los servicios al rey,

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significaron una directa extensión del carácter de empresa de la conquista y de la pacificación y por tanto, una recompensa a la inversión del individuo en tal actividad26.

Rangos honoríficos como el de Alférez Real fueron comprados por los propietarios27. Como puede verse, los españoles y los criollos enriquecidos a lo largo de la vida colonial, buscaban afanosamente la adquisición de distinciones honoríficas que patentizaran su condición de propietarios e institucionalizaran frente a los demás hombres, un rango y una consideración social superior.

El carácter de nobleza, si bien no fue determinante ni generalizado en el seno del sector dominante antioqueño, si estuvo presente en algunos pocos de sus miembros desde el siglo XVII28.

Como sucedía con los poderes político y eclesiástico, también el prestigio social podía concentrarse bajo diversas distinciones otorgadas o compradas por un mismo individuo29.

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Por ejemplo, en 1623, se otorgó a Agustín de Burgos el título de Capitán de Infantería Española y del Número de la Ciudad de Remedios, como recompensa a la labor de pacificación de negros e indios rebeldes de la zona, tareas que acometió “a su costa”.

Archivo Histórico de Antioquia, Indios, 23.690.

Igualmente, el título de Capitán de Caballos otorgado a Pedro Martín de Mora en 1644, fue una recompensa por sus servicios al rey en la Florida y en San Juan de Ulúa.

Archivo Histórico de Antioquia, Minas, 356.6693, f. 47 ss.

Así mismo, el título de Capitán de Infantería Española dado en 1639 a Manuel López, reconoce su labor como pacificador de los indios Chocoes. Cuando en 1645 los Oficiales Reales de Antioquia pretendieron cobrarle a López la Media Anata por el título, éste alegó que no tenía que pagar puesto que había servido al rey en la guerra, durante 25 años. Pretendía demostrar con ello que ya había pagado el título.

Archivo Histórico de Antioquia, Real Hacienda, 102.2783. 27

En 1617 una Real Provisión le confirió el oficio de Alférez Real a Juan García de Ordaz (Sr.), por el pago de 800 reales de oro de 20 quilates.

Archivo Histórico de Antioquia, Empleos, 94.2469.

Hacia 1686, Mateo de Castrillón adquirió el oficio de Alférez Real para su hijo Andrés, por la suma de mil pesos. Archivo Histórico de Antioquia, Notarial 1.1686, f. 29r.

En 1692, el Capitán Pedro de la Serna Palacio acordó con Lucas de Ochoa el traspaso del oficio de Alférez que éste había adquirido en remate en mil quinientos pesos de veinte quilates.

Otros títulos honoríficos como el de Maese de Campo y Capitán a Guerra, fueron igualmente venales. Así se desprende del cobro que por medio de una Real Provisión le hicieron en 1668, a Antonio Zapata, por la suma de 150 ducados que restaban del valor de la Media Anata de su título de Maese de Campo.

Archivo Histórico de Antioquia, Real Hacienda, 103.2859.

Sucede igual con el cobro a Diego Radillo de Arce de 50 ducados de Media Anata, por haber desempeñado el oficio de Capitán a Guerra, durante dos años.

Archivo Histórico de Antioquia, Real Hacienda, 107.3004 y 3006. 28

Fueron ellos: Agustín de Burgos “hijosdalgo notorio”, Domingo Rodríguez, hijo legitimo de Felipe Rodríguez y de Isabel Pérez de Manzano, “hijosdalgos notorios”, Hipólita Rodríguez Orejita, “hija de personas nobles, hijosdalgos” y casada con el Gobernador Juan Bueso de Valdés, Facundo Ramírez de Herrera “hijosdalgo de sangre” y cuya ejecutoria de nobleza se litigó en la Real Cancillería de Granada y Diego Beltrán del Castillo, miembro de la Casa Solariega de los Beltranes de Calcodo, en Castilla.

Sabemos que Beltrán devengaba “quinientos sueldos, según el fuero de España, por ser hijosdalgo”, pero no tenemos información que nos permita generalizar esta circunstancia. De ser así, podría pensarse que este dinero representaba para tales personas una nueva fuente de ingresos para reinvertir en la esfera de la economía y ampliar su poder. Archivo Histórico de Antioquia, Indios, 23.690; Mortuorias, 291.5858; Nobleza, 40.1347; Minas, 357.6701; Capitulares, 635.10090.

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Las distinciones honoríficas, generalmente heredables, implicaban de por sí un elemento de diferenciación social. Además, su uso continuo en la determinación de los individuos portadores, servía como estabilizador del statu quo, freno de las contradicciones sociales y elemento justificador de la explotación y sujeción de los otros sectores sociales. Por otra parte, estos títulos desarrollaban en otros sectores una mentalidad arribista que buscaba la clave de una supuesta movilidad social que les permitiera ascender en la escala de prestigio. Sin embargo, dado que el poder y el prestigio social derivaban de la propiedad, esa movilidad era prácticamente inexistente y se trataba más bien de una estructura social rígida, en donde el poder de los grandes propietarios era cada vez mayor e inalcanzable para los demás sectores de la sociedad.

Es preciso tener presente que dentro del grupo de propietarios no todos lograron tener presencia en las formas de poder político, eclesiástico y social. Hasta aproximadamente el primer cuarto del siglo XVII, cerca del 50% de los propietarios estaban excluidos del poder, elemento que resulta de especial significación a propósito de identificar los distintos niveles del sector dominante. A medida que los propietarios de Antioquia fueron avanzando en la diversificación de los riesgos de inversión y por tanto, en las posibilidades de acumulación, se logró una posición política más homogénea al interior del sector dominante, favorecida además por la apertura del Valle de Aburrá y de Rionegro que propició el aumento en el número de cargos.

Las diversas formas del poder se hallaban fuertemente relacionadas y por tal razón, era posible encontrarlas centralizadas en una misma persona. Así, un individuo podía estar vinculado al poder provincial, local, fiscal, eclesiástico y tener a la vez, una o varias “distinciones” expresivas de su prestigio social30.

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Algunos casos de alta concentración de distinciones sociales, los encontramos en los Gobernadores Señor Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quiroz (Sr.), quien era Capitán a Guerra, Justicia Mayor de Antioquia y Teniente General y el Maese de Campo, Señor Don Fernando Lozano Infante y Paniagua, Capitán General de la Provincia de Antioquia.

Archivo Histórico de Antioquia, Tierras, 184.4638; Minas, 356.6692; Capitulares, 635.10076; Libros, 443.8355, legajo 10; Guamocó, 63.1677 y 1680.

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En este sentido, la vida de Juan Bueso de Valdés ilustra la situación. Sabemos que entre sus bienes se contaban: 15 esclavos, dos casas con un valor de 2000 pesos, tierras, estancias, casas y salinas en Insuro, minas en Antioquia, El Rosario y el Chocó, ganados y herramientas. El poder económico que poseía gracias a estas propiedades y a su actividad como comerciante estaba imbricado con las otras formas del poder, así: entre 1670 y 1689 fue Gobernador, Capitán y Teniente General de Antioquia, Regidor, Alcalde Ordinario más Antiguo y Regidor Perpétuo de Antioquia, hijosdalgo notorio, General de la reducción de los indios del Chocó, Señor, Don y Alférez Real. En 1679 hizo a su costa una capilla en la Santa iglesia parroquial de Antioquia y la Audiencia le concedió poner allí silla y tarima para su mujer doña Hipólita Rodríguez de Vivanco, hija de padres hijosdalgos. Fue Mayordomo de la Fábrica de la Santa iglesia

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5. Lazos familiares y poder

En la sociedad antioqueña colonial, las posibilidades de éxito individual estaban determinadas por el establecimiento de vínculos y solidaridades de grupo. En la formación

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