La crisis de la deuda que afectó a América Latina en los años 80, tuvo repercusiones a nivel sectorial (educación, salud, sistemas de protección y seguridad social) como en los programas y estrategias destinados a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población. Con la caída de los salarios reales, al aumento del desempleo, el deterioro de la distribución equitativa del ingreso, la pobreza tomó un lugar primordial en los distintos gobiernos de la región. Ante este escenario económico y social, se fueron generando nuevos criterios de diseño y gestión para la política social en los cuales se incluía sistemas de financiamiento que se basaban en los actuales programas de transferencias condicionada que se utilizan como herramienta principal para la lucha contra la pobreza en los diferentes países de la región (LEÓN, 2008:133).
Los programas de transferencia condicionada buscan proveer una fuente adicional de recursos a las familias de los sectores más vulnerables, incrementar la dotación de capital humano por medio de educación a niños en los sectores más vulnerables de la sociedad, la reducción del trabajo infantil, mejorar la salud de las poblaciones con más necesidad con lo que se reduce riesgos de enfermedad, dar protección social a la comunidad incrementando cooperación y cohesión social (LEÓN, 2008:133).
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Son dos los componentes principales de los programas de transferencia condicionada (PTC). El primero, el subsidio monetario a las familias vulnerables y que en muchos casos se complementa con alimentos, medicinas y la contraprestación exigida a sus beneficiarios, el cual se relaciona con dotar al capital humano a través de educación, salud y nutrición para generar capacidades que ayuden a romper con el círculo intergeneracional de pobreza (LEÓN, 2008:144.).
Cabe destacar que para los PTC se seleccionan a los beneficiarios de las transferencias a través de registros y censos, participación de la población local destinataria de la política social, a través de asambleas y consultas, lo cual ha permitido aumentar la eficiencia de los recursos públicos para combatir la pobreza. Sin embargo, en estos mecanismos de selección se han presentado dificultades ya que algunos de los sectores más excluidos no han podido expresar sus demandas en las instancias locales de participación afectando, sus posibilidades de inserción a los PTC (LEÓN, 2008: 144).
Con respecto al subsidio monetario, éste ha tenido un impacto relevante en el promedio de ingresos mensuales de las familias, pero no ha sido suficiente por las bajas coberturas que aún presentan la mayoría de los PTC (LEÓN, 2008: 144).
En el caso del Programa Oportunidades de México las transferencias a las familias participantes representan el 22% de sus ingresos. Otro caso es el de la Red de Protección Social de Nicaragua, con fines de educación y salud. Con este programa se ha aumentado el 21% del consumo de las familias, la transferencia del 13% para alimentos y el 8% para educación del gasto total anual de estas familias (LEÓN, 2008:147).
En Ecuador, la contribución porcentual de las transferencias del Bono de Desarrollo Humano entre 1999 y 2006 ha contribuido en la reducción de la pobreza con un 11%, y la indigencia tuvo una reducción del 20%. El Programa Aliméntate Ecuador, el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación (PANN) y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) han contribuido en salud
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y alimentación, fundamentalmente en la reducción de la desnutrición crónica. Sin embargo, éstos no han logrado superar los indicadores físicos como control motor, problemas de estatura entre otros que presentan los niños de zonas rurales, lo cual se debe a la falta de intervención en los primeros años de vida (LEÓN, 2008: 144).
En Colombia, el programa Familias en Acción, ha logrado elevar la asistencia a la escuela en las zonas rurales y urbanas de los jóvenes entre 12 y 17 años y ha logrado reducir enfermedades como la diarrea en zonas rurales y aumentó el consumo de alimentos entre 15% y 19%, redujo también la desnutrición crónica de niños de 0 a 2 años en un 10%. Finalmente está el programa Bolsa Familia de Brasil, que otorga una transferencia a las familias en extrema pobreza, elevando así, la asistencia escolar en un 3,6% entre los niños beneficiarios. Además, el gasto en alimentos de los beneficiados se elevó en un 35%, aumentando la cantidad de alimentos, la frecuencia de consumo y la variedad a la cual tienen acceso(LEÓN, 2008:151).
La pobreza y desigualdad en América Latina son el resultado de un sistema actual de desarrollo en el que se evidencia la falta de acceso a los servicios más básicos, la baja movilidad intergeneracional, la informalidad y precariedad en el empleo, la alta concentración de ingresos sobre unos pocos, la reducción del gasto público para hacer frente al pago de la deuda, factores que determinan el desarrollo de cada individuo y la satisfacción de sus necesidades. Los programas y estrategias actuales han contribuido para mejorar la educación, salud y alimentación combatiendo así, la pobreza y desigualdad, sin embargo todavía los niveles permanecen altos.
La región ha necesitado de financiamiento para suplir y disminuir las brechas sociales y económicas, y a pesar de que las instituciones multilaterales han otorgado este financiamiento, se rigen bajo criterios en los que no se mide el beneficio social. El siguiente capítulo tiene por objeto el de explicar el papel que han tenido las organizaciones financieras multilaterales en América Latina.
30 CAPITULO II
ORGANIZACIONES DE FINANCIAMIENTO EN AMÉRICA LATINA