3.2 EMPLOYEE PERFORMANCE: A CONSTITUTIONAL IMPERATIVE
3.2.1 Conceptualising Performance Management
Es en la toma de decisiones que ejecutan juntas directivas, directorios o los dueños de una compañía, en donde se definen las prioridades del negocio. Por lo tanto, que en una empresa se consideren los resultados sociales y medioambientales depende de su órgano de toma de decisiones.
Por esta razón se vincula el tema de la RSE con la ética en los negocios. Este último concepto relacionado a la gobernabilidad de una empresa implica que la toma de decisiones se realice considerando dos virtudes: la justicia y la prudencia. La justicia tiene que ver con lo que está bien o mal en una comunidad determinada, y la prudencia se vincula con realizar un proceso deliberado e informado, y con argumentos racionales. Sin embargo, para que esto ocurra es importante considerar por un lado, la composición
del órgano de gobierno y por otro, cómo es la dinámica del proceso que éste realiza (Cortina, 1996).
En referencia al primer aspecto, existen juntas directivas más o menos cerradas, y aquí la RSE aporta la idea de la diversidad en la representación de las partes interesadas. Así entra en juego la noción de inversionista que desplaza la idea del accionista como único actor con derecho a participar de la junta directiva. Algunas empresas como VW en Alemania, o el Grupo Eroski en España (Grupo Eroski, 2002) han comenzado a innovar en la conformación de sus órganos de gobierno introduciendo la participación de consumidores y trabajadores.
Por otro lado, se mencionó la dinámica del proceso de toma de decisiones. Aquí por ejemplo, entran en juego aspectos tales como la igualdad de condiciones para decidir, y la representación directa o indirecta de los diversos inversionistas. Estos aspectos generalmente se regulan en códigos de conducta o ética.
Sobre éste último punto, vale la pena destacar el proceso de unificación y validación realizado en España con el fin de construir un código unificado de gobierno corporativo (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno, 2006), que no sólo brinda una orientación a las empresas para avanzar en el tema, sino que también establece de antemano un mecanismo que disminuye las posibilidades de conflictos.
Asimismo, los impactos de la corrupción para el sector privado son elevados1. Por un lado, un alto índice de sobornos aumenta el riesgo país y desalienta la inversión externa directa. Por otro lado, las prácticas corruptas incrementan los costos de todas las transacciones e imposibilita brindar
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Las reflexiones a propósito del rol del sector privado en la la lucha anticorrupción aquí incluidos se corresponden con una ponencia preparada por la tesista para el panel en el 2do Foro del MERCOSUR, 22 y 23 de junio de 2009, Asunción Paraguay.
seguridades sobre cuáles son las reglas de juego para invertir en una ciudad o región. La corrupción además, no es solo un fenómeno que se de hacia fuera de la empresa, sino que cuando hay una cultura corrupta, estos actos se replican al interior de las operaciones impregnando la identidad del negocio y el modo de trabajar (Argandeña, 2000).
Una de las principales dificultades del tema de la corrupción como causa para atraer el accionar y los esfuerzos de las empresas es la invisibilidad a corto plazo de sus efectos negativos. Los daños de la corrupción no son visibles como la contaminación o la desnutrición. Los cambios que se pueden generar en esta área son a largo plazo y esto desalienta la percepción de los beneficios que puede traer este eje de trabajo para las personas que están definiendo las políticas de RSE en una empresa.
Quizás uno de los argumentos que podría tener fuerza para incrementar las acciones del sector privado en la lucha contra la corrupción es la transversalidad de sus efectos negativos. La corrupción puede ser visibilizada como el enemigo de las inversiones que se realizan en el combate contra la pobreza. Los sobornos y las estafas desvían los recursos destinados a los servicios críticos como educación, salud, agua hacia el enriquecimiento ilícito de ciertos funcionarios públicos. Así, las inversiones privadas en estos servicios básicos, una estrategia que ha avanzado bastante en la región, también resultan impactadas negativamente por la corrupción (Hills, Fiske y Mahmud, 2009).
Algunas empresas han comenzado a implementar herramientas con el objetivo de promover una cultura de mayor transparencia y lucha anticorrupción. Algunas de estas herramientas se mencionan a continuación:
Códigos de ética o conducta. Son instrumentos generalmente implementados al inicio del proceso.
Comité de ética. Algunas empresas han instituido un comité de ética que está encargado de velar por el cumplimiento del código de ética y, en
varios casos, funciona como asesor del directorio o junta directiva de la compañía. A partir de su reciente expansión, este tipo de comités han adoptado diversas denominaciones, por ejemplo, consejo de RSE, comité de sustentabilidad, entre otras.
Entrenamientos para el personal. Para asegurar el conocimiento y cumplimiento del código de ética, las empresas suelen dictar talleres o cursos en los cuales se difunden los principios y valores que orientan la conducta entre los trabajadores, y en algunos casos, se incluyen algunos proveedores.
Reportes de sostenibilidad. A los reportes financieros se incorporaron dos líneas de resultados nuevas: el desempeño social y medioambiental de las empresas. Existen diversas metodologías para elaborar un reporte social, también denominado reporte de sostenibilidad y más recientemente, reporte de sustentabilidad. La metodología más difundida y utilizada es la propuesta por la ONG holandesa Global Reporting Initiative (GRI) que en 2008 registró 968 reportes publicados y entregados ante esta entidad. El GRI entrega una valuación a los reportes que pueden ser categorizados como A, A+, B, B+.
Verificación externa de reportes y diálogo con las partes interesadas. Un valor agregado para los reportes de sustentabilidad es la verificación externa por parte de alguna empresa auditora que verifica la veracidad de la información incluida en el reporte. Por otra parte, el establecimiento de sesiones de diálogo con diversos públicos de interés de la empresa es cada vez más común como uno de los procesos del mismo ejercicio de reportar. En efecto, el GRI llevó a cabo un proceso de revisión de sus indicadores en el cual, la principal innovación introducida en la nueva versión denominada G3 (que alude a su año de creación: 2003), se vincula al diálogo con las partes interesadas para relevar expectativas e incluirlas en el reporte. Se sugiere también, la inclusión de las respuestas que año a año va entregando la empresa ante estas acciones que se le han solicitado.
Mecanismos de denuncia. Como una estrategia más avanzada se han desarrollado una serie de mecanismos de denuncia de agravios, actos de corrupción, y acoso sexual. La principal innovación de estos mecanismos, es la posibilidad que tienen los públicos de la empresa de realizar denuncias en forma confidencial y anónima. Algunos de ellos consisten, por ejemplo, en la implantación de una oficina del Ombudsman a disposición de la comunidad, como lo hizo Petrobras (2006) en Brasil. Otra práctica es la apertura de una línea telefónica donde los empleados pueden realizar denuncias preservando su identidad, como lo ha establecido la minera Río Tinto. Al respecto de este último mecanismo la nueva empresa londinense Whistle- blower ofrece la prestación de este servicio para compañías de cualquier lugar del planeta.
Declaraciones sobre contribuciones políticas. Realizar contribuciones a candidatos o partidos políticos no es considerado como una práctica corrupta en sí misma. Sin embargo, algunas empresas comenzaron a impulsar declaraciones sobre cómo realizan sus contribuciones políticas ya que esto favorece la transparencia respecto de los criterios que se utilizan para definir a los beneficiados. Igualmente, se introducen por lo general clarificaciones respecto de la igualdad de condiciones para acceder a estos apoyos. En una categoría más extrema se encuentran empresas como IBM que ha declarado públicamente que por más que la legislación de un país donde opera permita a las empresas realizar contribuciones, como compañía han establecido una política de prohibir a sus filiales este tipo de financiamientos (Hills, Fiske y Mahmud, 2009).
Apoyo a centros independientes de ética. Algunas empresas han comenzado a actuar más proactivamente respecto de la construcción de una cultura ética en las comunidades donde operan. Es por ejemplo el caso de Merck, que en forma pionera ha instaurado 4 centros de ética independientes que actúan como promotores del tema en diversos países, como es el caso de Colombia en el continente americano (Hills, Fiske y Mahmud, 2009).
Grupos de trabajo sobre la transparencia y las relaciones con los gobiernos a nivel industrial. En algunos países, como Canadá o Estados Unidos, donde la metodología de grupos de trabajos por industrias es bastante común, se ha establecido el tema de la transparencia y la mejora de las relaciones con los gobiernos. Por ejemplo, en Canadá, la organización Canadian Business for Social Responsibility ha participado en un proceso de este tipo en el sector de las extractivas, y en Estados Unidos, Business for Social Responsibility ha impulsado grupos de la industria textil y del retail con el mismo propósito.
Resulta interesante también mencionar las iniciativas de acción colectiva lideradas por el sector privado que se han posicionado en el ámbito de la RSE respecto de esta temática. A continuación se mencionan las principales: el Principio 10 del Pacto Global (más información en Anexo sobre Normas y Estándares Internacionales); World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative – PACI (World Economic Forum, 2005); Extractive Industries Transparency Initiative; el Pacto Empresarial por la Integridad y contra la corrupción (Instituto Ethos, 2006).
De las iniciativas mencionadas parece interesante rescatar dos aspectos. Por un lado, el alcance vinculado a un determinado contexto predefinido: país, área geográfica, industria, como un modo de contrarrestar el efecto de pactos muy generales que logran gran adhesión empresarial pero luego tienen dificultades en verificar su cumplimiento, no tan solo por su masividad, sino también por lo abstractos que resultan sus compromisos. Por otro lado, vale subrayar la multiplicación de las iniciativas multisectoriales como respuesta a la ineficacia de las acciones unilaterales. Por ejemplo, en la experiencia de Brasil la propuesta fue la articulación de las diferencias, y la unificación de las coincidencias. La unilateralidad de los compromisos de las empresas ha perdido legitimidad y las iniciativas multisectoriales han mostrado ser más potentes no sólo en términos de su impacto, sino también respecto de su visibilidad.
Quizá la prioridad en América Latina es demostrar la relevancia y urgencia de avanzar en la resolución del problema de la corrupción. Es necesario subrayar cómo la disminución del riesgo país puede incrementar la inversión externa en los países de la región. Pero más aún, se requiere generar una cultura de intolerancia y repudio contra la corrupción en los ciudadanos que impulse un avance colectivo en el tema.