Context

OPOSICIONES/ VIOLACIÓN A DERECHOS Grupos de empresarios con intereses muy fuertes en los recursos indígenas.

CCIT Procuraduría de Justicia,

Procuraduría Agraria, CEDH y Coordinación Estatal de la Tarahumara.

Caciques o particulares que se apropian a la fuerza de la tierra;

funcionarios corruptos del sector agrario en alianza con particulares; alianzas entre autoridades ejidales y particulares; alianzas entre agentes del ministerio público o policías judiciales que se coluden con los narcos. Gobernador indígena de

Santa Rita

Congreso Nacional Indígena, COSYDDHAC, Profectar e INI.

Los pequeños propietarios, “la raza blanca”, funcionarios de las dependencias que aceptan dinero para gestionar.

Defensora indígena de derechos humanos.

INI, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Los sacerdotes jesuitas.

Los funcionarios que no nos responden, los particulares, los narcotraficantes que fuerzan al indígena a sembrar droga o que quitan las tierras amagándolos. Autoridades ejidales y tradicionales de Raramuchi. COSYDDHAC, INI y Procuraduría Agraria. Iglesia de la Gracia Divina, Particulares. Sacerdote jesuita. Red de Todos los Derechos

para Todos, INI, PIAI y Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Grandes proyectos económicos, empresarios, madereros, caciques, el

ACTORES ALIANZAS/DEFENSA O PROTECCIÓN DE DERECHOS OPOSICIONES/ VIOLACIÓN A DERECHOS entendimiento entre grandes poderes del narcotráfico y la

desesperación del pueblo por no tener salida.

XETAR COSYDHAC, Fundación de

Reintegración Social de la Sierra Tarahumara, el Vicariato de la Tarahumara y Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Compadrazgos de gente de las comunidades que tienen recursos con autoridades y caciques.

Conclusiones

A partir de lo tratado respecto a la mediación cultural, podemos afirmar que el papel de los intermediarios o intérpretes de la propia cultura a los ojos de los agentes externos fue cobrando relevancia para hacer visibles los conflictos y negociar los apoyos, programas o salidas necesarias a los mismos. No obstante, son formas de mediación que, si bien a lo largo del tiempo han tenido su importancia, no han logrado institucionalizarse con los tarahumaras. Éstas han sido reapropiadas y articuladas, de alguna forma, a partir de su propia organización social, civil y política, que corresponde a su identidad cultural, la cual se hace vigente a partir de su territorio y de su distintividad frente a los demás. De ahí que, en medio de las tensiones y las diferentes racionalidades que representan estas formas de organización externa, su autoridad tradicional no pierde su centralidad para las decisiones importantes que afectan la vida de cada pueblo.

Por otra parte, hemos presentado cuatro momentos políticos con fines de análisis, que han ido marcando cambios importantes en torno a políticas, proyectos y agencias de diferentes actores que han estado trabajando en la Tarahumara sobre la defensa de los derechos indígenas en disputas relacionados con los recursos tierra y bosques. Enfatizamos en 1952 el inicio de una política agraria-forestal orientada a la

integración del indígena a la nación, que medió entre intereses particulares y públicos. Expusimos en los años de 1980-88 el surgimiento de instancias avocadas a la defensa de derechos humanos en forma directa o como parte de una política pública, frente a la violencia que imponía el narcotráfico. Explicamos cómo los lazos de la sociedad civil, religiosos y algunos organismos públicos y privados se empiezan a entretejer a partir de 1989, en un contexto en el que han imperado conflictos interétnicos y ambientales complejos en diferentes áreas del desarrollo económico. Particularmente, los nexos de la sociedad civil empiezan a traspasar el contexto nacional. En los años de 1990 destaca la creación de otras instancias agrarias, forestales, de derechos humanos que en algún momento han contribuido a hacer más densas las redes en torno al reconocimiento de los derechos indígenas para ejercer el control sobre sus recursos. Al final, tenemos dos experiencias institucionalizadas: PIAI y Profectar, una en el ámbito estatal y otra en el regional y local, que nos muestran con mayor claridad cómo en un contexto conflictivo se pueden ir estructurando acciones entrelazadas que incidan en niveles de decisión importantes, en el nivel micro y en el espacio de interacción de agentes institucionales y sociales orientados al reconocimiento a los derechos indígenas sobre la tierra, el bosque y al ejercicio de su autoridad en la resolución de conflictos.

Sin embargo, la percepción de muchos de los actores-red es que en la vida cotidiana de los poblados de la sierra aún no hay esa garantía a los derechos humanos y colectivos, que los cambios son lentos, pequeños, con retrocesos, que se requiere mayor conocimiento de la cultura de los pueblos originarios de la Tarahumara, que ellos se apropien de espacios de decisión importantes, que se les consulte, que sean los principales beneficiarios del bosque, del turismo, del desarrollo sustentable, que se reconozca el gran riesgo de la pérdida del bosque y cómo ir trabajando para su recuperación.

Es importante entender que la geopolítica se refiere a cómo se puede ejercer el poder desde un espacio territorial determinado. Sin duda el poder económico y político de los que se han beneficiado del bosque, agua, tierra, turismo sólo tiene frente sí un poder difuso, fluido, que se moviliza colectivamente en pequeños espacios para defender sus derechos económicos, el uso común de la tierra, su

cultura y a conservar el bosque para garantizar la continuidad de su existencia. En este capítulo hemos visto cómo coexisten la iglesia, el estado, sociedad civil y pueblos indios en torno a diferentes ideas de nación, desarrollo y justicia.

También se trató de mostrar, que la lógica de organización social y política atomizada de los indígenas de la Tarahumara (anteriores capítulos) por pueblos con sus respectivos ranchos, rancherías, parajes, indica que la forma de articulación se pueda dar desde ese nivel, micro pero compartir a través de múltiples espacios que las mismas instituciones, en forma coordinada, puedan ir propiciando. Pero, desde su propia identidad o autonomía, cada agente institucional o actor social tendrá que valorar los límites de su propia agencia, tales como la asincronía entre los tiempos que marca la lógica indígena y aquellos otros que derivan de sus propias agendas; a quiénes ha privilegiado como interlocutores y esto qué repercusiones ha tenido; cuál ha sido su marco de actuación y el ámbito de incidencia; hasta dónde el discurso de los derechos indígenas marcha por un lado sin una acción eficaz y contundente; qué tan densos, débiles o intermitentes son los vínculos que establece con los otros; hasta dónde prevalece la oposición o competencia entre ellos que les dificulte la posibilidad de establecer estas agendas comunes; hacia dónde tiene que orientarse para impactar en las omisiones legales, en las políticas públicas, en los marcos de coexistencia en la Tarahumara, en cómo se definen a los interlocutores, en las historias de mediación a construir, etcétera. Esta valoración hecha por ellos mismos fortalecería nuestras propias conclusiones y establecería mejor los alcances de esta agencia.

Por el momento ya hemos señalado varios elementos: Hace falta avanzar en términos prácticos en el reconocimiento de los derechos indígenas frente a la complejidad de los conflictos; hace falta que las instituciones agrarias, forestales, indigenistas, de derechos humanos, de procuración de justicia, discutan y acuerden cómo dotar de contenido las disposiciones constitucionales, en la general y en la estatal, desde la propia consulta a los pueblos indígenas; con lo que ya existe, por lo menos, se tendrían que poner de acuerdo para contar con mecanismos y procedimientos fluidos de procuración de justicia agraria y forestal.

Una vez que ya se traslado la arena de los conflictos a las estructuras ejidales se deben analizar los casos que presenten irregularidades y conocer la historia de cada núcleo agrario antes de tomar decisiones. En este micro-espacio es donde la presencia de los indígenas y las organizaciones sociales e instituciones deben contar con mecanismos que viabilicen salidas pactadas a los conflictos existentes. Es también ahí donde el discurso de los derechos indígenas tiene que permear en la legislación estatal y nacional y no únicamente a través del Convenio 169 de la OIT. En este sentido, las acciones eficaces y contundentes están aún porvenir y sin compaginar con relación a los grandes proyectos o decisiones a nivel macro económico que tienen que ver con el destino de los recursos de la sierra y, a largo plazo, con la aportación de esta región a la diversidad biológica y cultural del país.

CAPÍTULO V

LAS REDES EN MOVIMIENTO: EL PUEBLO RARÁMURI DE PINO GORDO, UN CONFLICTO POR