En junio, en un ataque multitudinario contra la población indígena de la ciudad de Langadu (distrito de Rangamati Hill), murió al menos una persona y cientos de viviendas fueron incendiadas. Según las noticias recibidas, ni la policía ni los soldados protegieron a la población indígena. Al concluir el año, las personas que quedaron sin hogar no habían sido realojadas aún. Se publicó en las redes sociales un vídeo en el que parecía apreciarse cómo los soldados utilizaban fuerza excesiva contra
manifestantes estudiantiles que protestaban pacíficamente por la violencia y por la desaparición en 1996 de la activista de los derechos indígenas Kalpana Chakma. El activista de los derechos indígenas Mithun
Chakma denunció una “situación asfixiante”,
ya que estaba obligado a personarse en el tribunal hasta ocho veces al mes para responder de cargos penales relacionados
con 11 causas diferentes —algunas incoadas
en virtud de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación y relacionadas con unos artículos sobre violaciones de derechos humanos que había
publicado en las redes sociales—, lo que le
impedía llevar a cabo su labor como defensor de los derechos humanos.
BÉLGICA
Reino de Bélgica Jefe del Estado: rey Felipe Jefe del gobierno: Charles Michel
Las condiciones de reclusión seguían siendo precarias; cientos de personas con discapacidad mental o problemas de salud mental que habían cometido delitos continuaban recluidas en instalaciones penitenciarias inadecuadas. Se aprobaron varias leyes relativas al secreto profesional que imponían a los trabajadores sociales requisitos que los obligaban a compartir información privada de personas
potencialmente sospechosas de delitos de terrorismo. El Parlamento introdujo diversas restricciones sobre las leyes de inmigración y asilo. La nueva ley sobre el
reconocimiento legal del género mejoró los derechos de las personas transgénero.
SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
En julio, el Parlamento aprobó una ley que establecía un estatuto especial para las víctimas de delitos relacionados con el terrorismo y un sistema de indemnización específico para ellas; sin embargo, no garantizaba indemnizaciones íntegras y rápidas. Las víctimas debían pasar por un proceso dilatado y engorroso para tener acceso a una indemnización del Estado.
En mayo, el Parlamento aprobó una ley que exigía al personal de instituciones de bienestar social que denunciara ante la fiscalía a las personas que pudieran haber participado en la comisión de delitos de terrorismo, o que facilitara esa información sobre ellas si se le solicitaba. En junio se aprobó una ley que permitía compartir información confidencial, anteriormente protegida por el deber del secreto profesional, para impedir la comisión de delitos relacionados con el terrorismo.
En octubre, el Parlamento reformó la Constitución para elevar, de 24 a 48 horas, la duración máxima de la detención sin cargos.
La disposición afectaba a personas sospechosas de cualquier delito, aunque inicialmente se había propuesto que sólo se aplicara a los presuntos autores de delitos de terrorismo.
Las autoridades no hicieron un seguimiento efectivo de cómo afectaban a los derechos humanos las medidas adoptadas contra el terrorismo y la radicalización.
RECLUSIÓN
Persistieron el hacinamiento en las cárceles, el estado ruinoso de las instalaciones y la falta de acceso a servicios básicos. Varios cientos de personas con discapacidad mental o problemas de salud mental que habían cometido delitos continuaban recluidas en cárceles ordinarias sin recibir tratamiento ni cuidados médicos suficientes.
En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las condiciones de reclusión de dos hombres, internos en dos cárceles diferentes, constituían trato inhumano o degradante.
En julio, el Comité para la Prevención de la Tortura expresó su preocupación respecto a las consecuencias de las reiteradas huelgas convocadas por los funcionarios de prisiones en los últimos años, que habían hecho empeorar las precarias condiciones de detención.
En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Bélgica había violado el derecho a la vida de Michael Tekin, un hombre con problemas de salud mental que había muerto bajo custodia en una sección común de la prisión de Jamioulx el 8 de agosto de 2009. El Tribunal concluyó que tres funcionarios de la prisión habían hecho un uso innecesario y
desproporcionado de una técnica de inmovilización.
PERSONAS REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO
Las autoridades reanudaron las transferencias de solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín III, normativa de la UE que determina qué
Estado miembro de la UE es responsable de examinar una solicitud de asilo.
En noviembre se aprobaron dos leyes que ampliaban el ámbito de aplicación de la detención de solicitantes de asilo y restringían el derecho a recurrir la decisión de rechazar la solicitud.
En septiembre, el gobierno invitó a una delegación de autoridades sudanesas a identificar a decenas de nacionales
indocumentados de ese país con la intención
de devolverlos a Sudán. Se iniciaron varios procedimientos judiciales para impugnar devoluciones acogiéndose al principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe el retorno forzoso de personas a países donde corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Según informes, 10 nacionales sudaneses fueron devueltos en el contexto de esta operación. En diciembre salieron a la luz testimonios de personas retornadas que afirmaban que, a su regreso, habían sido detenidas, interrogadas y sometidas a tortura u otros malos por agentes del gobierno sudanés. El gobierno anunció una investigación sobre las denuncias.
DISCRIMINACIÓN
El 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la UE no hizo valer el derecho de las mujeres musulmanas a no sufrir discriminación cuando resolvió que un empleador privado belga no había infringido la legislación de la UE contra la discriminación al despedir a una mujer por llevar hiyab.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
El 24 de mayo, el Parlamento aprobó una ley que permitía a las personas transgénero obtener el reconocimiento legal de su género sin imponerles el requisito de someterse a una evaluación psiquiátrica o a la esterilización.
COMERCIO DE ARMAS
El gobierno regional valón continuó autorizando transferencias de armas a varias de las partes que integraban la coalición
liderada por Arabia Saudí en Yemen. En junio, mediante la reforma de la definición jurídica de tránsito y otras medidas, el Parlamento regional flamenco mejoró la conformidad de su legislación con el Tratado sobre el Comercio de Armas. Sin embargo, no abordó el control del uso final de piezas y componentes que podrían utilizarse para fabricarlas.
BENÍN
República de Benín
Jefe del Estado y del gobierno: Patrice Athanase Guillaume Talon
Las autoridades continuaban restringiendo el derecho de reunión pacífica y de expresión. Había 14 detenidos en espera de ejecución a pesar de que la pena de muerte había sido abolida. Se restringió el acceso de los grupos de la sociedad civil a las prisiones. Benín se unió a la campaña de la Unión Africana para poner fin al matrimonio precoz.
INFORMACIÓN GENERAL
En abril, la Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley presidencial que tenía por objeto reformar la Constitución. Este proyecto de ley contenía disposiciones que limitaban el mandato presidencial a un periodo de seis años no renovable y proporcionaban al presidente y a los miembros del gobierno inmunidad frente a la custodia policial o la detención en espera de juicio.
En noviembre, el historial de derechos humanos de Benín se sometió al examen periódico universal de la ONU. El gobierno aceptó 191 recomendaciones y tomó nota de otras siete, incluidas las peticiones de redoblar los esfuerzos para impedir el uso de la detención arbitraria, las ejecuciones extrajudiciales y la fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad, así como de garantizar la conformidad de toda la legislación nacional con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación y de
tomar medidas para impedir la suspensión arbitraria de medios de comunicación.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE
REUNIÓN
En enero volvieron a abrirse la emisora de radio Soleil FM y las cadenas de televisión E- Télé y Eden TV, tres de los siete medios de comunicación que la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación había cerrado en noviembre de 2016. Los otros
cuatro —las cadenas de televisión Sikka TV,
Chrétienne TV, Unafrica TV y Béninoise TV,
que emitían desde el extranjero—
continuaron cerrados. En mayo, el Tribunal de Primera Instancia de Cotonú impuso una multa de 50 millones de francos CFA (unos 89.648 dólares estadounidenses) al presidente de la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación por el cierre de Sikka TV.
El 17 de febrero, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a cientos de estudiantes de la Universidad de Abomey- Calavi. Los estudiantes se habían reunido en un hotel de Abomey-Calavi, barrio periférico de Cotonú, para celebrar una asamblea general y una conferencia de prensa y para protestar pacíficamente contra la prohibición de todas las actividades de los sindicatos de estudiantes impuesta en octubre de 2016.
RECLUSIÓN
Continuaban las condiciones de
hacinamiento en las cárceles: en la prisión civil de Abomey (departamento de Zou) el número de reclusos triplicaba la capacidad prevista, y, en la prisión civil de Kandi, la duplicaba. Aproximadamente 4.500 de las 7.179 personas detenidas en el país estaban en espera de juicio.
En abril, el Ministerio de Justicia emitió una orden que restringía el acceso de las ONG y los grupos religiosos y de la sociedad civil a los centros de detención. Las autorizaciones de visita para los grupos tenían una duración de tres meses y no se renovaban si éstos no presentaban un informe de sus actividades para que lo aprobase la dirección de la prisión, que podía formular observaciones
dirigidas al ministro de Justicia o incluso negarse a firmarlo.
PENA DE MUERTE
El gobierno no adoptó leyes para eliminar la pena de muerte de la legislación, a pesar de que el Tribunal Constitucional había abolido este castigo en 2016. No obstante, aceptó la recomendación formulada durante el examen periódico universal de la ONU de conmutar todas las condenas a muerte y acelerar la adopción de disposiciones para abolir la pena capital en su nuevo Código Penal. Al concluir el año había 14 detenidos en espera de ejecución. Sus condiciones de reclusión mejoraron ligeramente durante el año al suavizarse las restricciones a las actividades al aire libre.1