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3.4 Models that predict incomplete stratification

3.4.1 Within a general equilibrium framework

Las autoridades se abstuvieron

reiteradamente de investigar con prontitud y eficacia muertes bajo custodia de que se tenía noticia.

El 4 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el gobierno de Azerbaiyán había violado el derecho a la vida de Mahir Mustafayev por no proteger su vida mientras se hallaba bajo custodia y no llevar a cabo una investigación efectiva sobre las circunstancias de su muerte. Mahir Mustafayev había muerto por quemaduras causadas por un incendio en su celda en diciembre de 2006.

El 28 de abril, el activista y bloguero Mehman Qalandarov apareció ahorcado en su celda de la prisión de Kurdakhani. La policía lo había detenido por cargos de

drogas por sus publicaciones en Facebook en apoyo de otros dos activistas que habían sido detenidos por haber hecho pintadas de carácter político. Según defensores y defensoras locales de los derechos humanos, fue torturado y enterrado en secreto para ocultar las pruebas. La administración de la prisión anunció su muerte el 29 de abril, y al final del año había una investigación en curso.

BAHRÉIN

Reino de Bahréin

Jefe del Estado: rey Hamad bin Isa al Jalifa Jefe del gobierno: Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa El gobierno lanzó una campaña de represión a gran escala de todas las formas de disidencia, restringiendo el derecho a la libertad de expresión y de asociación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de quienes criticaban a las autoridades. La campaña se caracterizó por la imposición de prohibiciones de viajar; la detención, interrogatorio y reclusión arbitraria de defensores y defensoras de los derechos humanos; la disolución del grupo de oposición Waad y el cierre del diario Al Wasat, y la permanencia en prisión de líderes de la oposición. Se impusieron largas penas de prisión a decenas de personas en juicios injustos. Las autoridades privaron de la nacionalidad bahreiní a 150 personas, convirtiendo a la mayoría en apátridas. Se respondió a protestas masivas con fuerza excesiva que causó la muerte de cinco hombres y un niño y lesiones a centenares de personas. Las ejecuciones se reanudaron tras un paréntesis de casi siete años.

INFORMACIÓN GENERAL

Bahréin se sumó a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto en la decisión de romper relaciones con Qatar. Bahréin seguía formando parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí que participaba en el conflicto

armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen).

En enero, el Decreto 1 de 2017 autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional a practicar detenciones y realizar interrogatorios en

casos ligados a “delitos de terrorismo”,

revocando una recomendación de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin. En abril, el rey revocó otra de las recomendaciones al ratificar una enmienda a la Constitución que volvía a permitir que los tribunales militares juzgaran a civiles. En diciembre, seis hombres fueron condenados a muerte en el primer juicio de civiles ante un tribunal militar, que se había iniciado en octubre. En junio, la Cámara Baja de Bahréin aprobó un decreto que puso fin a los derechos y prestaciones por jubilación de las personas a quienes se hubiera retirado la nacionalidad bahreiní, la hubieran perdido o hubieran obtenido sin autorización la de otro país.

En marzo, el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Bahréin de nuevos aviones de combate F-16 y la modernización de los antiguos, medidas que, con la administración estadounidense anterior, habían estado condicionadas a la mejora de la situación de los derechos humanos en el país.

Durante el año se negó el acceso a Bahréin a ONG internacionales, incluida Amnistía Internacional, así como a periodistas que mantenían una postura crítica respecto al país.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libertad de expresión estuvo sometida a graves restricciones durante el año. Las autoridades detuvieron, interrogaron y enjuiciaron a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y clérigos chiíes que criticaban las políticas del

gobierno, a Arabia Saudí o a la coalición que

dirigía en Yemen. El gobierno anunció que sería ilegal expresar afinidad con Qatar tras la ruptura de relaciones en junio, y detuvo a un abogado por esta causa. Continuaban en prisión defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes de la oposición detenidos arbitrariamente en años anteriores

por su oposición pacífica al gobierno y que eran presos y presas de conciencia.

En mayo, la Agencia de Seguridad Nacional detuvo e interrogó a la defensora de los derechos humanos Ebtisam al Saegh, que denunció luego haber sufrido tortura, incluidas agresiones sexuales, durante el tiempo que pasó bajo custodia. Ebtisam al Saegh fue detenida de nuevo en julio y su reclusión se prorrogó otros seis meses en espera de que terminara la investigación. Finalmente fue liberada en octubre, sin que se conociera la situación jurídica del caso. En julio, el defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab fue condenado a dos años de

prisión por “difundir información y rumores falsos con el fin de desacreditar el Estado”.

La condena fue confirmada en apelación en noviembre.

Continuaron las restricciones impuestas a los medios de comunicación y se persiguió a periodistas. El único diario independiente de Bahréin, Al Wasat, fue suspendido

temporalmente y, al final, cerrado, tras informar de protestas en Marruecos. En mayo, la periodista Nazeeha Saeed fue declarada culpable de trabajar sin haber renovado su licencia de prensa, emitida por la Autoridad de Asuntos de Información, y condenada al pago de una multa de 1.000 dinares bahreiníes (2.650

dólares estadounidenses). El tribunal de

apelación confirmó la multa en julio.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Las autoridades mantuvieron restricciones indebidas de la libertad de asociación. Seguía habiendo líderes de Al Wefaq y de otros partidos de oposición detenidos, y se sometió a hostigamiento a activistas políticos y a miembros de partidos de la oposición. Varios activistas políticos y miembros de partidos de oposición denunciaron que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional los habían amenazado, torturado o sometido a otros malos tratos en mayo.

En febrero, el Tribunal de Casación confirmó la disolución de Al Wefaq. En marzo, el ministro de Justicia demandó al grupo de oposición laico Waad por vulnerar

la Ley de Asociaciones Políticas. En mayo, el Tribunal Administrativo Superior ordenó la disolución de Waad y la liquidación de sus bienes. El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia en octubre.

Los líderes de la oposición y presos de conciencia Sheikh Ali Salman y Fadhel Abbas Mahdi Mohamed continuaban recluidos arbitrariamente. En abril se redujo a cuatro años la condena de prisión impuesta a Sheikh Ali Salman; en noviembre fue acusado de haber espiado para Qatar en 2011, lo que él negó, y al final del año estaba siendo juzgado. En marzo se presentaron cargos contra el ex secretario general de Waad, Ebrahim Sharif, por una serie de publicaciones en Twitter, entre ellas una imagen de Amnistía Internacional y un tuit que criticaba la ausencia de democracia en Bahréin.

LIBERTAD DE REUNIÓN

Siguieron estando prohibidas las

manifestaciones en la capital, Manama, y las autoridades usaron fuerza innecesaria y excesiva para dispersar protestas. Las autoridades continuaron deteniendo a manifestantes pacíficos por cargos de

“reunión ilegal”. En enero hubo protestas

masivas —en su mayoría pacíficas— en 20 pueblos tras la ejecución de tres hombres. En Duraz, las fuerzas de seguridad usaron munición real y fusiles semiautomáticos, hiriendo a cientos de personas, entre ellas Mustapha Hamdan, que murió

posteriormente a causa de sus heridas. En febrero, centenares de manifestantes salieron de nuevo a la calle en varios pueblos cuando las autoridades se negaron a permitir la celebración del funeral de tres hombres que habían muerto a manos de la guardia costera tras haberse fugado de la prisión de Yaw el mes anterior.

Las autoridades siguieron restringiendo hasta mayo el acceso al pueblo de Duraz, donde continuaba organizándose a diario una sentada pacífica frente al domicilio de Sheikh Isa Qassem, líder espiritual de Al Wefaq. El 23 de mayo, las fuerzas de seguridad entraron en Duraz con cientos de

vehículos blindados y golpearon a los manifestantes, lanzaron gas lacrimógeno desde los vehículos y desde helicópteros y dispararon perdigones. Murieron cuatro hombres y un muchacho de 17 años.

En febrero fue detenido el defensor de los derechos humanos Nader Abdulemam para que cumpliera una pena de seis meses de prisión que le había sido impuesta por

participar en una “reunión ilegal” y animar

en Twitter a sumarse a una protesta en Manama en enero de 2013. Estuvo recluido como preso de conciencia hasta su excarcelación en junio.

En mayo, el Tribunal de Apelación redujo a tres la pena de seis meses de prisión impuesta al Taha Derazi por participar en una

“reunión ilegal” en Duraz en julio de 2016.

Estuvo recluido como preso de conciencia hasta que fue excarcelado en agosto.