4.3 Results
4.3.4 Post-1988 mobility and post-residential sorting
Se seguía intimidando, hostigando y amenazando a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre los que había activistas de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas, personas que ejercían la abogacía y docentes.
El 17 de enero, tras unas protestas en las regiones de habla inglesa del país, el ministro de Administración Territorial prohibió las actividades del partido político Consejo Nacional del Camerún Meridional y del Consorcio de la Sociedad Civil Anglohablante de Camerún.2 Ese mismo día, el abogado
Nkongho Felix Agbor-Balla, presidente del
Consorcio, y el Dr. Fontem Aforteka’a Neba,
su secretario general, fueron detenidos tras firmar una declaración en la que pedían protestas no violentas. Ambos fueron recluidos en régimen de incomunicación en la Secretaría de Estado de Defensa y fueron acusados de cargos sin fundamento en virtud de la Ley Antiterrorista de 2014. Fueron trasladados a la prisión central de la capital, Yaundé, y puestos en libertad por decisión presidencial el 30 de agosto junto con otros 53 manifestantes de habla inglesa que habían sido detenidos entre finales de octubre de 2016 y febrero de 2017.
Entre enero y abril, y a principios de octubre, se interrumpieron las conexiones de teléfono e Internet en las regiones
anglófonas, sin que hubiera explicación oficial.
El 24 de mayo, las autoridades impidieron a Amnistía Internacional celebrar una
conferencia de prensa en Yaundé. El personal de Amnistía Internacional había planeado presentar más de 310.000 cartas y peticiones que instaban al presidente Biya a dejar en libertad a tres estudiantes que cumplían una pena de cárcel de 10 años por compartir un mensaje de texto con una broma sobre Boko Haram. No se proporcionó justificación administrativa por escrito de la prohibición de la conferencia de prensa.
Las fuerzas de seguridad dispararon a más de 20 manifestantes en las regiones de habla inglesa entre el 1 y el 2 de octubre, y detuvieron a más de 500. El temor a ser detenidas obligó a otras personas heridas en las protestas a huir de los hospitales a los que habían acudido a buscar tratamiento para salvar su vida. Además, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos soldados y gendarmes, murieron en ataques perpetrados por insurgentes de las zonas de habla inglesa de las regiones Meridional y Noroccidental durante el año.
JUICIOS INJUSTOS
Continuaban celebrándose juicios injustos ante tribunales militares, a menudo empañados por irregularidades.
El 10 de abril, el Tribunal Militar de Yaundé condenó al corresponsal de Radio France Internationale Ahmed Abba a 10 años de prisión tras declararlo culpable de
“complicidad con actos terroristas y no denuncia de actos terroristas”. El juicio
estuvo empañado por irregularidades, entre ellas la negación de revelar documentos a los abogados defensores. Ahmed Abba había sido detenido en Marua en julio de 2015 y torturado durante los tres meses que permaneció recluido en régimen de incomunicación en un centro gestionado por la Dirección General de Investigación Exterior. El 21 de diciembre, la Sala de Apelación del Tribunal Militar de Yaundé ordenó que su condena inicial se redujera a 24 meses, periodo que ya había cumplido. El
Tribunal confirmó el cargo de “no denunciar el terrorismo”.
La vista del recurso de apelación de Fomusoh Ivo Feh, detenido en diciembre de
2014 por reenviar un mensaje de texto sarcástico sobre Boko Haram y condenado a 10 años de prisión, no había comenzado al concluir el año. Su inicio, previsto en diciembre de 2016, había sido aplazado al menos siete veces.
El 30 de octubre, los periodistas Rodrigue Tongué, Felix Ebole Bola y Baba Wamé fueron absueltos por el Tribunal Militar de Yaundé, tras haber sido acusados
inicialmente en octubre de 2014 de “no denunciar información y fuentes”. Junto a
ellos se estaba enjuiciando a Aboubakary Siddiki, líder de un partido político de oposición, y Abdoulaye Harissou, conocido notario detenido desde agosto de 2014. El Tribunal Militar de Yaundé condenó a Aboubakary Siddiki a 25 años de prisión por cargos que incluían hostilidad a la patria, revolución y desacato al presidente. Abdoulaye Harissou fue condenado a tres años de prisión, y posteriormente puesto en libertad porque ya había cumplido su condena. El juicio de ambos estuvo plagado de irregularidades. Durante su periodo inicial de detención, los dos habían permanecido recluidos en régimen de incomunicación durante más de 40 días en un centro ilegal gestionado por la Dirección General de Investigación Exterior, y habían sido torturados.
RECLUSIÓN
Las condiciones penitenciarias continuaban siendo deficientes y se caracterizaban por el hacinamiento permanente, la alimentación inadecuada, la escasa atención médica y los deplorables servicios de higiene y
saneamiento. En la prisión de Marua se hallaban recluidas unas 1.500 personas, más del cuádruple de su capacidad prevista. La población reclusa de la prisión central de Yaundé, con capacidad para un máximo de 1.500 personas, era de aproximadamente 4.400. Entre los principales factores que contribuían al hacinamiento se encontraban las detenciones masivas desde 2014 de personas acusadas de apoyar a Boko Haram, el gran número de personas recluidas sin cargos y la ineficacia del sistema judicial. El
gobierno finalizó la construcción de al menos 10 celdas nuevas en la prisión de Marua.
PERSONAS REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO
Al menos 250.000 personas refugiadas procedentes de República Centroafricana vivían en duras condiciones en campos superpoblados o con familias de acogida en zonas fronterizas del sudeste de Camerún. Unas 60.000 personas refugiadas procedentes de Nigeria vivían en el campo de Minawao, gestionado por la ONU, en la región del Extremo Norte; alrededor de 30.000 personas más luchaban por salir adelante fuera del campo y se enfrentaban a la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios básicos, el hostigamiento de las fuerzas de seguridad y el riesgo de devolución (refoulement), pues se las percibía como partidarias de Boko Haram.
El 2 de marzo, Camerún, Nigeria y el
ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, firmaron un acuerdo tripartito sobre la repatriación voluntaria de las personas refugiadas nigerianas que vivían en Camerún. No obstante, entre enero y septiembre Camerún devolvió al menos a 4.400 personas nigerianas. Estas
devoluciones eran parte de una operación de expulsión más amplia que el país llevaba a cabo. Human Rights Watch calculó que, desde 2015, las autoridades y las fuerzas de seguridad camerunesas habían expulsado de forma sumaria, a menudo haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, a más de 100.000 personas nigerianas que vivían en zonas situadas a lo largo de la frontera entre Camerún y Nigeria. Algunas de las personas devueltas, entre ellas niños y niñas, murieron durante las expulsiones, debilitadas tras vivir durante meses o años con acceso limitado o nulo a alimentos y atención médica.
En diciembre, el ACNUR informó de que había inscrito en registro a más de 5.000 personas camerunesas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, que habían huido de las zonas de habla inglesa de Camerún a Nigeria.