Dissonance resolution

47 Como se planteó unas líneas atrás, los procesos de desterritorialización por medio de la acumulación por desposesión han ubicado los territorios de las comunidades aquí relacionadas como espacios para la ampliación del capital. Este proceso ha significado la privatización de las tierras, los recursos naturales y la mano de obra. En el caso particular de las comunidades negras, la apropiación y privatización de los recursos naturales, sobre todo aquellos de uso común, ha afectado no solo sus medios de subsistencia sino que ha significado la transformación de las relaciones sociales y de control que este tipo de recursos supone (Salcedo et al., 2012). A diferencia de lo que las primeras teorías de los bienes de uno común planteaban sobre la necesidad de administrar e intervenir este tipo de recursos por parte de actores privados o del Estado para poder asegurar su permanencia en el tiempo, en el caso de las comunidades negras este tipo de recursos entendidos precisamente desde el uso y la administración de forma colectiva ha sido lo que ha permitido la sostenibilidad de los recursos y han constituido un espacio de resistencia y de permanencia en el territorio.

Cuando el ecologista estadounidense Garret Hardin planteó en los años sesenta la tragedia de los comunes puso en el ojo de muchos investigadores y

disciplinas la analogía entre el ser humano y la naturaleza desde las implicaciones negativas que las acciones humanas significaban para la conservación o el agotamiento de los recursos naturales (Hardin, 1968). A partir de este momento diferentes disciplinas se empezaron a interesar por este tipo de recursos y los diferentes aspectos que estos suponían tanto desde el ámbito económico o racional (Cárdenas, 2009), psicológico y de construcción de identidad (Guha, 1989, Escobar y Álvarez, 1992) desde la acción colectiva (Wade 1988, Ostrom 1990, Seabright, 1993) desde los sistemas de valores culturales (Bourdieu 1977, Mosse 2008) e incluso desde su relación con las relaciones de género (Maya y Ramos, 2006). Tal como lo propone Coronado, en medio de esta gran variedad de acercamientos teóricos sobre los problemas de la administración de los recursos de uso común, se podrían reconocer tres líneas de pensamiento: la conservadora, la democrático-institucional y la corriente emancipadora desde las cuales

48 entienden el manejo de recursos de uso común de manera colectiva (Coronado, 2012).

En la corriente conservadora, marcada por los planteamientos de Hardin está basada en los supuestos según los cuales el deterioro ambiental está relacionado con la existencia de pobres y del acceso libre sobre los recursos comunes. Según estos planteamientos la limitación de la libertad por medio de derechos de propiedad privada o el control del Estado son las únicas alternativas para garantizar la existencia de los recursos (Hardin, 1968). En esta propuesta, el manejo de recursos de parte de sistemas comunitarios o colectivos se encuentra destinado a su extinción pues considera que las personas siempre actúan en búsqueda del beneficio personal y no el colectivo.

La propuesta democrática-institucional la cual está claramente marcada por los postulados del Elinor Ostrom, tiene un acercamiento desde el campo institucional ya que se refiere a los sistemas y modelos que son creados por las sociedades para la administración de los bienes de uso común. A partir de la teoría de juegos y la acción colectiva, Ostrom reconoce la posibilidad la existencia de diversas formas de administración, que en tanto son construidas socialmente, tiene legitimidad para quienes hacen parte del grupo social. En este sentido las personas actúan a favor del bien común ya que toma sus decisiones a partir de un análisis de costo-beneficio que supone seguir o romper las normas de uso de los recursos. En este sentido, un buen uso comunitario de recursos que permita su conservación, surge de una buena comunicación y de la participación de las personas involucradas en el proceso de toma de decisiones (Ostrom, 2000).

Ahora bien, a pesar de que la línea democrático-institucional supone un gran avance frente a la mirada restrictiva de la propuesta democrática en tanto reconoce la variedad de modelos de administración y los valores locales desde los cuales surgen, es insuficiente a la hora de analizar de manera crítica las relaciones poder, tensión y conflicto en las que se enmarca la administración de recursos de uso común.

Una mirada más crítica frente a esto, es la que propone finalmente la línea emancipadora. Esta postura, en la que se encuentra principalmente los postulados

49 de Vandana Shiva parte de revisar los bienes de uso común enmarcados en procesos históricos marcados por las relaciones de poder. Según Shiva el “desarrollo” ha transformado los recursos comunes en commodities15 _{donde el} acceso a estos ha traspasado la administración por parte de las comunidades locales y se ha concentrado en instituciones financieras nacionales e internacionales. En este sentido, expone cómo el agotamiento de los recursos, que se explotan en los países pobres, en gran medida, son explotados para satisfacer el acceso ilimitado de los países más ricos. En este proceso de privatización y cooptación, el Estado actúa como agente de desposesión de las comunidades para abrirle paso a los proyectos globales.

La defensa del control de los recursos por parte de las comunidades es definida a partir del derecho que todos los seres vivos tienen de usar la riqueza natural para asegurar su supervivencia. En este sentido, y a diferencia de las propuestas anteriores, la defensa de la administración de los recursos de uso común no solo permite la protección y conservación del recurso natural sino de las comunidades locales que dependen de ellos (Shiva, 2005).

En el caso de las comunidades negras ya referenciadas, la postura emancipadora es bastante pertinente ya que en ella se incluye la postura que se ha defendido sobre la relación de las comunidades y el territorio. Una propuesta que, además de incluir las relaciones sociales que lo componen, reconoce que los recursos materiales que allí se encuentran, son fundamentales para la persistencia de estas mismas como comunidades étnicas.

Tanto para las comunidades negras que actualmente cuentan con un territorio colectivo como la comunidad de Paimadó, como aquellas que no lo tienen en el caso de La Toma, los recurso de uso común han sido y siguen siendo parte fundamental de la organización social y económica de las comunidades ya que suponen no solamente el acceso a recursos físicos pero también simbólicos. En ambos casos y de acuerdo a la figura de territorios colectivos, las familias deben

15_{El consenso de los commodities plantea el ingreso a un nuevo orden económico y político,} sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo. (Svampa, 2011)

50 compartir espacios comunes de donde todos obtienen alimentos, recreación, trabajo, materias primas, donde se desarrollan espiritual y culturalmente (Cárdenas, 2009).

Desde antes de la promulgación de la Ley 70, la cual plantea como a través de los consejos comunitarios las comunidades deben construir unos reglamentos internos para el manejo del territorio y por lo tanto de los recursos de uso común para asegurar su sostenibilidad, las comunidades han construido acuerdos para regular el acceso a los recursos (Cárdenas, 2009). En gran medida estos reglamentos han estado relacionados con en los conocimientos locales sobre la naturaleza por lo cual se ha mantenido un equilibrio que ha evitado su agotamiento. En este sentido, recursos como el pescado en los ríos o los animales de monte para la caza estaba limitado por los tiempos de reproducción y de migración de los animales. En el caso de la minería, como se nombró anteriormente, las épocas de lluvia y de sequías marcaban los tiempos en los que las comunidades negras se dedicaba a estar labor, que al ser intercalada con la agricultura ha asegurado la existencia de este recurso aun después de seis siglos de explotación (Ararat, 2013).

Este tipo de organización le han permitido a las comunidades mantenerse en el territorio en tanto comunidad y poder acceder a estos recursos como base de sus economías, y pensarse un futuro relacionado con estas mismas tal como lo plantea Lisifrey Ararat, líder de la comunidad de la Toma, para el caso de la minería:

…a mí no me interesa hacerme rico con la minería, para nada, o sea

a mí me interesa que toda esta comunidad tenga su ahorro que y que ese ahorro le pueda servir a mis hijos y a los hijos de mis hijos, que eso va a ser de otra generación. Aquí ha habido una cosa y es que nosotros solo hemos sacado el oro que necesitamos porque nuestros mayores nos decían una cosa, que era mejor, o es mejor una gotera

siempre y no es chorro de una vez… (Morris, 2014)