DYNAMICS OF THE INCOME DISTRIBUTION ACROSS OECD COUNTRIES
3. DYNAMICS OF THE EVOLVING CROSS-SECTION DISTRIBUTION OF INCOME ACROSS THE OECD COUNTRIES ABSOLUTE CONVERGENCE
En desarrollo de la competencia de definir lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades, el Gobierno nacional expidió el documento Conpes 3819 de 2014 que tiene por objetivo fortalecer el sistema de ciudades144 como motor de crecimiento del país,
promoviendo la competitividad regional y nacional, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la sostenibilidad ambiental, en un contexto de equidad y postconflicto. En relación con la asociatividad territorial, es importante tener en cuenta que esta política manifiesta que la caracterización que realiza del sistema de ciudades colombiano145 es un
primer insumo para ejercicios posteriores de delimitación de aglomeraciones urbanas, áreas funcionales, áreas metropolitanas, corredores o ejes urbano-regionales o las figuras de asociatividad creadas por la LOOT, sobre las cuales expresa que “deben ser desarrolladas a través de instrumentos como las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial – DDOT o los contratos plan”146. Asimismo, entre las
recomendaciones que le hace esta política al DNP es que, con el apoyo del Ministerio del Interior, fomente las distintas figuras de asociatividad supramunicipal que promuevan la consolidación y fortalecimiento de las aglomeraciones urbanas147148.
Posteriormente, la Ley 1735 de 2015, por medio de la cual se expide el PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, faculta a los esquemas asociativos del país a ejercer funciones de autoridades regionales de transporte y a ser objeto de delegación de competencias de entidades del orden nacional mediante el cumplimiento de unos criterios establecidos por
144 DNP. Conpes 3819 de 2014 Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en
Colombia. Bogotá D.C: DNP, 2014.
145 En términos generales, el sistema de ciudades colombiano está compuesto por 56 ciudades de
las cuales 18 son funcionales, es decir, ciudades y centros urbanos contiguos entre los que existen relaciones funcionales en términos de actividades económicas, oferta y demanda de servicios, usualmente, en torno a una ciudad principal o núcleo, y 38 uninodales, que son centros urbanos cuya área funcional aún se mantiene dentro del límite político-administrativo que define su municipio. El 65% de la población total del país habita en este Sistema (alrededor de 30 millones de personas), el 91,7% de ellas se ubica en el área urbana (27,5 millones de personas), lo cual representa cerca del 80% de la población urbana total de Colombia. Ibíd., p. 14.
146 Ibíd., pp. 11-12. 147 Ibíd., p. 47.
148 También incluyó en su Matriz de Plan de Acción, específicamente en el sexto objetivo que es
“Promover y facilitar el trabajo conjunto entre las entidades territoriales y con el Gobierno Nacional”, una acción en la que el DNP, con el apoyo del Ministerio del Interior, diseñe y estructure entre febrero y diciembre de 2015, una propuesta de los incentivos a reglamentar necesarios para fomentar las distintas figuras de asociatividad supramunicipal, que promuevan la consolidación y fortalecimiento de las aglomeraciones urbanas y de los ejes o corredores urbano-regionales. Ibíd., p. 69.
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el Plan Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas149. De igual manera, la
Misión para la Transformación del Campo incluyó entre sus estrategias el desarrollo de Programas de Desarrollo Rural Integral que debían ser para dos o más municipios, por tanto, son un espacio propicio para la asociatividad territorial.150 Asimismo, para la
implementación del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno nacional y las FARC, siempre se hacía referencia a la paz territorial, la cual implicaba una nueva alianza entre el Estado y las comunidades que requería construir una vía intermedia entre el modelo centralista del Estado y la lógica de la fragmentación151, donde seguramente los esquemas
asociativos podrían tener un papel relevante.
En síntesis, las entidades territoriales sí han acudido a los esquemas asociativos pero dado que aún no tienen claramente definidas sus competencias y funciones -con excepción de las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios que cuentan con un desarrollo institucional que antecede a la Constitución de 1991-, generan, en primer lugar, confusión porque no hay elementos suficientes para identificar las diferencias o los beneficios de tomar un esquema frente a otro; igualmente, hay una amplia posibilidad de que una vez creados caigan en la inoperancia o empiecen a chocar con los ámbitos de acción de las entidades territoriales; especialmente, por la interlocución directa que pueden tener con el Gobierno nacional que es una competencia de los departamentos.
Asimismo, estas figuras de integración carecen de garantías jurídicas que les permitan sostenibilidad económica en el mediano y largo plazo. De hecho, la LOOT establece que en ningún caso pueden incrementar la planta burocrática de las respectivas entidades que las conforman ni generar gastos de funcionamiento adicionales en las mismas o erogaciones al PGN, el SGP o el SGR152. Por ello, su financiamiento será con los recursos
de libre destinación que los mandatarios territoriales de turno decidan trasladarles, mediante la suscripción de un contrato plan con el Gobierno nacional o la presentación de
149 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1735. (9, junio) de 2015. Por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2015. Nro. 49.538 artículos 180 y 183.
150 DNP. El campo colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz. Informe detallado de la Misión
para la Transformación del Campo. Bogotá D.C: DNP. 2015.
151 CINEP. Estrategias para la construcción de paz territorial en Colombia. Elementos para la
discusión. Bogotá D.C: Impresol Ediciones, 2015.
152 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1454. (28, junio) de 2011. Por la cual se
dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011. Nro. 48.115, artículo 19.
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proyectos a los fondos del SGR, lo cual deja muchas dudas sobre la posibilidad real de estos esquemas para desarrollar capacidad institucional en el mediano y largo plazo porque si algo caracteriza a los gobiernos subnacionales colombianos es su incapacidad para generar recursos propios y en tal sentido, su alta dependencia de los asignaciones presupuestales del Gobierno nacional que son, precisamente, sobre las que aplica la prohibición de financiar esquemas asociativos.
Adicionalmente, para tener éxito en la formulación y gestión de proyectos, se requiere una capacidad mínima instalada con el capital social y político para hacer cabildeo ante las autoridades políticas que presiden los OCAD y el capital intelectual necesario para realizar propuestas que resulten viables en materia social, técnica y económica, lo cual no está garantizado para el caso de los esquemas asociativos. De esta manera, hay una serie de limitantes estructurales para que los esquemas asociativos adquieran legitimidad y se conviertan en una verdadera herramienta de descentralización y promoción de la equidad territorial en el país153.
153 No obstante, RAMÍREZ (2018) del DNP, manifiesta que hay casos como el de la Asociación de
Municipios de Sabana Centro (Asocentro) integrada por once municipios del departamento de
Cundinamarca, que adquirió maquinaria para la construcción (motoniveladoras,
vibrocompactadores, retroexcavadora, planchón grúa, minicargador con martillo hidráulico y volqueta sencilla) con la que presta servicios de mantenimiento de vías, redes de alcantarillado y aguas lluvias, pozos sépticos y atención de emergencias sanitarias; alquiler de maquinaria, entre otros, que le permiten conseguir recursos propios y fortalecer su capacidad institucional para la gestión de proyectos de desarrollo regional con entidades nacionales e internacionales.
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7. ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA: MUCHAS