Educational Preparation

Teniendo en cuenta que el marco de nuestro objeto de estudio es el cambio de rumbo del SES –el cual tuvo lugar durante la instauración del modelo económico de liberalización exportadora (Heras y Gómez, 2014; OCDE, 2015c), tras el colapso del modelo ISI (Cruz y Herrera, 2011; Guillén, 2013)–, es necesario precisar que la estrategia educativa nacional del período previo al viraje fue, cualitativamente distinta a la del período subsecuente (Latapí, 1998; Acosta, 2000; Rubio, 2006). El acento pasó de la satisfacción de los problemas de índole cuantitativa, siendo el objetivo nodal la expansión de la cobertura; a la satisfacción de los problemas cualitativos, donde la mejora y aseguramiento de la calidad ocupó el centro de gravedad.

1.2.1 Evolución de las políticas públicas educativas 1.2.1.1 Evolución 1950-1980

Durante las décadas que sucedieron a la Revolución Mexicana, las relaciones Estado- universidad estuvieron marcadas por serias disputas. El gobierno cardenista fue un período particularmente difícil para la ES; sus intenciones de instaurar un modelo educativo de tipo marxista motivaron el distanciamiento de la Universidad Nacional con relación a los proyectos y acciones del incipiente gobierno.

Después de un largo período de ruptura, las relaciones Estado-universidad encontrarían un nuevo cauce a partir de la aprobación de la ley orgánica de 1945, que aminoró el conflicto de gobernabilidad de la UNAM. Universidad y gobierno diseñaron un nuevo mecanismo de convivencia mediante el cual el Estado garantizaba el apoyo financiero y el respeto a la autonomía universitaria y la UNAM aseguraba la despolitización de sus procesos internos (Díaz, 2004; Tuirán y Muñoz, 2010).

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La transición del régimen del Estado revolucionario a uno más liberal y, aparentemente, más tolerante, dejó atrás los cambios de signo comunista. Cuestiones como la infraestructura de las universidades y la necesidad de aumentar la oferta de ES encabezaron la nueva agenda en materia educativa (Acosta, 2000). Desde mediados de los años sesenta, el llamado “milagro mexicano” comenzaría a asomar síntomas de agotamiento.

Durante tres décadas consecutivas la economía mexicana mantuvo un crecimiento constante y por encima de otros países latinoamericanos (Esquivel, 2010; Heras y Gómez, 2014). El movimiento de 1968 puso de relieve la importancia de la educación como factor de estabilidad social (Noriega, 1998). Por aquel entonces, la población depositaba en la educación sus esperanzas para mejorar sus niveles de vida. Lo anterior fue verdad, hasta cierto punto, para algunos grupos, menos para los sectores socioeconómicos más bajos.

Con el fantasma del 68, los gobiernos de Echeverría –1970-1976– y López Portillo ―1976-1982–, optaron por una política condescendiente, que no tuvo la intención de frenar la dinámica expansionista del sistema educativo detonada en los sesenta, a pesar de las crisis recurrentes que marcaron al país; por el contrario, pese a las precariedades económicas el impulso a la educación se mantuvo. A lo largo de la década de los setenta, los recursos de la federación canalizados a los servicios educativos se multiplicaron casi cuatro veces, en términos reales; en otras palabras, el gasto educativo federal pasó de poco más de 5,500 millones de pesos, a precios de 1960, a una cifra que sobrepasaba los 19,520 millones de esos mismos pesos (Noriega, 1998).

La vocación expansionista imprimió ciertos rasgos definitorios al conjunto de la ES de México, entre ellos destacan la centralización, burocratización, distanciamiento con el sector productivo, surgimiento de desigualdades regionales y sociales en el acceso, y politización de la toma de decisiones (Acosta, 2000). Los procedimientos de presupuestación reflejan esa dinámica; los cálculos del presupuesto estaban determinados, principalmente, por los compromisos laborales y por las presiones de orden político que la maquinaria del sistema imponía; el margen para la planeación o para una reorientación del sistema o de algunos servicios era mínimo (Noriega 1988; Kent, 2009b).

Tales procedimientos, reforzaron la inequidad en la estructura de distribución de beneficios (Esquivel, 2015). El sistema resultante se sostuvo por las aportaciones hechas por la

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federación, aunque los estados también contribuyeron en función de su nivel de desarrollo. La federación, mantuvo el crecimiento a costa de un déficit presupuestario creciente, postura que detonó una crisis a principios de la década siguiente. Los compromisos sociales y de la maquinaria política, así como el espejismo petrolero y una administración ineficiente, en circunstancias internacionales que facilitaban el acceso al crédito (Harvey, 2007), llevaron al país al endeudamiento.

La deuda pública pasó de poco más de 7,300 millones de pesos en 1960 a casi 50,000 millones en 1970 y a más de dos billones y medio en 1982 (Noriega, 1988; Fernández, 2005; Mancera, 2009; Correa, 2010). Debido al enorme débito, el gobierno cedió a las presiones de los organismos internacionales acreedores como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM, quienes, a partir de ese momento, buscarían introducir un proyecto de desarrollo lejano al que se aspiraba después de la Revolución (Noriega, 2010; Malee y Maldonado, 2014).

1.2.1.2 Evolución 1980 a la fecha

En los primeros años de la década de los ochenta tuvo lugar un cambio radical que transformaría la historia social y económica del mundo. En Estados Unidos y en Inglaterra se pusieron en marcha una serie de políticas económicas drásticas orientadas, en breve, a la desregulación de los mercados y a la eliminación de las trabas que pesaban sobre los poderes financieros, tanto al interior de estos países como a escala global (Harvey, 2007). Ya fuera de forma voluntaria o no, muchos otros países –desde las socialdemocracias a los Estados del bienestar tradicionales como Nueva Zelanda y Suecia– se fueron sumando a las filas de las naciones que adoptaron, en mayor o menor grado, las medidas. La humanidad asistió en esos años al vertiginoso ascenso del neoliberalismo.

La oleada de cambios pronto alcanzó a los países de América Latina. El modelo de ISI48 que había definido la trayectoria económica y política de gran parte de los Estados de la región y

48 _{A grandes rasgos, en este modelo el crecimiento económico y los procesos redistributivos estaban definidos,}

principalmente, por los acontecimientos en el mercado nacional (Mora y de Oliveira, 2010). La función del Estado era central en este modelo; fungía como el responsable de impulsar el dinamismo industrial mediante inversiones públicas, políticas de incentivos y exenciones de impuestos y protección comercial (Tuirán y Muñoz,

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que, de cierta forma, había sido exitoso –encaminó a las naciones latinoamericanas hacia el crecimiento económico y la estabilidad social durante las décadas anteriores–, fue abandonado y desmantelado49. Una serie de variantes de los modelos económicos liberalizados de cuño anglosajón ocupó su lugar en gran parte de la región (Fernández y Alfaro 2011; Aguirre y Lo Vuolo 2013)50. Aunque el cambio fue rápido, el proceso que siguieron los diferentes gobiernos

2010). En el caso de México, este modelo orientó, durante casi cinco décadas, los procesos de acumulación y distribución de sus rendimientos.

49 _{Es importante tener en cuenta la evolución de la pobreza, para valorar con mayor pertinencia los efectos del}

cambio de rumbo citado. La literatura sobre pobreza y desigualdad en México (Boltvinik, 2003; Damián y Boltvinik, 2003; Székely, 2005; Altimir, 2008; Mora y de Oliveira, 2010) aporta varias estimaciones sobre la condición que ésta guardaba desde el período de ISI hasta la fecha. En resumen, durante la fase industrial se observó una reducción significativa de la pobreza, tendencia que se interrumpió en la década de los ochenta -este cambio en su evolución coincide con el inicio del proceso de reconfiguración del sistema económico del país-. Después de varios años de estancamiento, la situación empeoró drásticamente debido a la crisis de 1994, en consecuencia, la reducción que se había alcanzado en casi veinte años de combate se diluyó en tan sólo dos años; al final de este período de crisis, la pobreza en México recuperó al nivel que tenía a finales de la década de los sesenta. De ahí a la fecha, su evolución ha vuelto a describir una tendencia hacia la baja; consecuentemente, el nivel actual no es mejor al que se tenía en 1978. Por lo tanto, si llamamos a cuentas al actual modelo de acumulación podemos afirmar que los resultados que nos ha entregado en la lucha contra la pobreza han sido más que decepcionantes. Estamos hablando de una situación grave, más de tres décadas perdidas.

50 _{Estos autores señalan que los países de América Latina transitaron por una reconfiguración profunda de sus}

economías durante la década de los noventa, caracterizada por la instrumentación de un conjunto de procesos similares de liberalización, privatización y desregulación. El producto de esta ruptura fue la conformación de una serie de sistemas capitalistas con, al menos, dos grandes rasgos en común: el dominio sobre la actividad política y económica por parte de un número reducido de coaliciones políticas y/o de grandes grupos –empresariales– nacionales vinculados al entramado económico global mediante su asociación con empresas transnacionales; y la liberalización del mercado laboral, que arrojó como saldos: una baja calificación de la fuerza productiva, una densa regulación del empleo formal, una rotación laboral alta y el debilitamiento de la representación sindical; en suma, una precarización del trabajo que alimentó el crecimiento de un amplio sector informal de baja productividad.

Aunque existen coincidencias evidentes entre los procesos de reforma estructural y sus productos en los países de América Latina durante este período, no es posible suponer que sus trayectorias hayan sido idénticas o que exista en la actualidad un único sistema capitalista en la región. Aguirre y Lovuolo (2013) se dieron a la tarea de sistematizar los estudios sobre los sistemas capitalistas de la zona, tomando como marco teórico el enfoque de Variedades de Capitalismo (Hall y Soskice, 2001). Como conclusión, proponen una categorización en dos grupos: los que entienden que existen rasgos comunes para la mayoría de los países de la región y aquellos que acentúan las diferencias entre ellos. En este último grupo se encuentran los trabajos que identifican tres variedades distintas de capitalismo en la región, ejemplificadas con los casos de Brasil, México y Argentina. Entre los diferentes asertos que podemos extraer de esta lectura, consideramos necesario destacar uno de considerable relevancia que nos coloca de frente a la problemática que envuelve a la toma de decisiones en el contexto actual globalizado, éste es sobre la posición –periférica– que guardan nuestros países en la estructura económica global, misma que los subsume en una relación de subordinación con respecto a los países más desarrollados. Esta situación desplaza, significativamente, la autoridad sobre la solución de los grandes problemas nacional, de la competencia de los Estados nacionales a los centros de poder del escenario global.

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para instaurarlo no fue sencillo, ni estuvo exento de dolor –sobre todo para las sociedades civiles–.

En México los primeros síntomas del futuro fenecimiento del modelo de ISI pueden rastrearse en el sexenio de Luis Echeverría, concretamente, en sus embates al Estado cardenista (González y Palacios, 1995). La situación económica no mejoraría en la siguiente administración, por el contrario, la situación se complicó por las confrontaciones del gobierno con el sector privado y por varios desaciertos en la administración pública. Pero el proceso de ruptura con respecto al rumbo económico y político que había seguido el país durante las décadas anteriores inició formalmente en el gobierno de Miguel De la Madrid y, se afirmaría durante el sexenio de Carlos Salinas y su nueva cultura de eficiencia y evaluación nacional que se extendió hacia todos los ámbitos de la vida nacional, incluido, claro está, el de la ES.

Las reformas estructurales que se promovieron a partir del gobierno del presidente De la Madrid, estuvieron encaminadas, sobre todo, a la liberalización económica y a la apertura comercial –dos caras de la misma moneda–. En el fondo, se liberaba al Estado de la responsabilidad de ser el pivote del crecimiento económico y el empleo (González y Palacios, 1995). Entre las acciones y consecuencias más significativas de la ruptura tenemos las siguientes (Mora y de Oliveira, 2010): se favoreció la atracción de capital extranjero en la modalidad de inversión extranjera directa y se estimuló la reestructuración de los sectores industrial y agropecuario; se limitó de manera sustantiva el papel del Estado en la orientación y regulación del crecimiento económico, así como en la redistribución de sus rendimientos; se emprendieron un conjunto de programas de privatización de empresas públicas y de políticas orientadas a eliminar subsidios a la producción y a orientar la reestructuración de las actividades productivas localizadas al interior del país en consonancia con las señales del mercado.

El contexto referido de reestructuración nacional y, la crisis de 198251 y su impacto sobre las finanzas públicas, fueron los motores del viraje del SES. A partir de ese momento iniciaría un

51 _{Esta fue una crisis con alcances de gran magnitud en todos los órdenes de la vida económica y social. Fue una de}

las crisis de fin de sexenio, pero con características inéditas: un crecimiento mínimo del producto interno bruto - ―PIB per cápita negativo–, contracción del mercado de empleo asalariado, inflación, tendencias recesivas de la producción, agotamiento del modelo de inversión pública basado en el endeudamiento externo, fuga de capitales (Rodríguez, 1994). Previamente se fueron concatenando diversos factores, entre ellos un endeudamiento público

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proceso de cambio que ha replanteado de forma significativa las características del SES (Meyer, 1998; Esquivel, 2010). Este trance constituye una pieza clave para comprender el despliegue actual del SES; las decisiones bien calibradas que se tomaron en ese momento, los problemas que se aplazaron, los intereses particulares que incidieron en el rumbo de las acciones, la falta de coordinación, y demás vicisitudes que dieron forma al nuevo período prepararon el terreno sobre el cual se colocaron las bases –prioridades, políticas, arreglos organizacionales, ideologías, etc.– que sostienen actualmente al SES de nuestro país.

Tabla I.1 Matrícula pública y gasto federal en Educación Superior

Año Matrícula pública de ES1 Gasto federal en ES (Base 2010) Gasto federal en ES como porcentaje del

PIB