Aparte de las tareas de control y las discusiones salariales cuando los gobiernos se enfrentan a huelgas de los sindicatos públicos, la política laboral en Ecuador ha estado ausente desde hace por lo menos quince años. La legalidad de la flexibilización y la precarización del trabajo encuentra sustento durante la década de los años noventa en que se inician agresivamente procesos de reducción estatal, liberalización de los mercados y aplicación de recetas neoliberales de manera rigurosa. Los principales cambios legales, en orden cronológico, respecto a la legislación anterior, que atañen directamente a los derechos de los y las trabajadoras son los siguientes:
• Número mínimo de trabajadores para una empresa: pasa de 15 a 30 (1991).
• Limitaciones de los contratos colectivos; división entre trabajadores que se cubren bajo el Código de Trabajo de aquellos regidos por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (1991).
• Introducción de nuevas modalidades de contratación: eventuales, ocasionales, de temporada.
• Limitación de contratos indefinidos.
• Limitación y prohibiciones respecto al derecho a huelgas. En el sector público se limita la participación a una sola organización.
• Contratación por horas.
• Unificación salarial.
• Incremento del período de prueba de 90 a 360 días.
• Introducción de la polifuncionalidad laboral.
• Supresión de la obligatoriedad a celebrar el contrato colectivo con los trabajadores.
• Eliminación de la indemnización adicional por despido intempestivo y prohibición de la formación de comités de empresa en agencias y sucursales.
• Legalización de la terciarización laboral (que ya funcionaba en algunas empresas antes de las reformas).73
El modelo liberalizador obsesivo, junto al nuevo esquema monetario vigente desde 1999, la dolarización, presiona la economía hacia la apertura y la crisis financiera que estalló en esta época, provocó el quiebre sucesivo de empresas medianas, expulsó mano de obra hasta llegar a niveles de desempleo nunca vistos en la historia del país. Por otro lado, el Estado “mínimo”, reducido sin criterio técnico alguno, se constituyó también en una fuente de expulsión de mano de obra. Estos procesos no han sido acompañados por procesos de reconversión laboral, sino que más bien han dado paso a una serie de medidas familiares de supervivencia, reflejadas en un incremento
72 El nombramiento para los últimos 4 meses de un ministro indígena para bienestar social fue la razón de estas políticas, aunque respondía de inicio a
la necesidad del régimen de mantener la paz interna y el equilibrio social que los procesos de diálogo con los indígenas no le habían proporcionado.
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acelerado de pequeños negocios e informalidad en general. Mientras la participación de los trabajadores del sector moderno cae de aproximadamente el 65% al 57%, la participación de los trabajadores del sector informal pasa del 29% al 33% entre enero del 98 y julio del 2000.
De acuerdo al estudio de la PUCE-CELA (2000), las condiciones de precarización se han generalizado hacia las personas que trabajan en el sector moderno. “En este sector, el porcentaje de trabajadores con contrato permanente y acceso a la protección social disminuye en los dos últimos años; al paso que aumenta el porcentaje de empleados que tiene contrato temporal y no es afiliado al seguro social. Así, la información proveniente de las encuestas del proyecto de Mercado Laboral Urbano, permite constatar que entre marzo de 1998 y febrero del 2000, el porcentaje de trabajadores con afiliación al IESS y con contrato permanente cae desde el 52% del total, al 42%; mientras que los trabajadores sin afiliación al IESS y con contrato ocasional suben del 16% al 21% en los últimos dos años”.
Por otro lado, uno de los factores más importantes para la efectividad de las políticas de flexibilización es su capacidad desmovilizadora. De acuerdo a la teoría del “salario eficiente”, en asimetría de información, el contrato es el mecanismo a través del cual el trabajador asegura unos rendimientos mínimos, y el salario, el mecanismo a través del cual el empleador se encarga de que los cumpla. En un ambiente de desempleo y carencia de seguridad, el salario de eficiencia es aquel que refleja necesidades mínimas (el costo de oportunidad de mercado, en un mercado oligopólico) y no muestra las capacidades, dado que su papel como incentivo para el trabajo ha sido sustituido por i) la fila de desempleados del otro lado de la calle, y ii) la incertidumbre de conseguir un pago adecuado a sus necesidades y capacidades. De esta manera, el mecanismo más idóneo para conseguir “eficiencia y productividad” es la flexibilización laboral y el mantenimiento del desempleo.
Estos postulados se cumplen en la práctica. De acuerdo al estudio del CELA (2000), la precarización del trabajo contribuyó a modificar los comportamientos y actitudes de los trabajadores al interior de sus respectivas empresas. Esto es más palpable en algunos sectores que en otros (como se verá más adelante), en que incluso está expresamente prohibida la reunión y congregación de trabajadores o trabajadoras. De hecho, a nivel nacional, la movilización laboral social ha disminuido su impacto e incidencia a partir de los últimos años de la década de los años ochenta.
El mismo estudio presenta datos significativos en este sentido: “un 45% de los trabajadores expresa su disposición a prescindir de algún derecho laboral, si el sacrificio les garantiza mantener su empleo. Dentro del total de asalariados dispuesto a prescindir de algún derecho, el 38% muestra su disposición a ser contratado por horas; el 23% a laborar más horas de las habituales, sin remuneración complementaria; el 22% a cumplir funciones complementarias distintas a aquellas establecidas en el contrato; el 13% a prescindir de la afiliación al IESS u otro tipo de seguridad, y el 2% a renunciar a la organización y/o asociación laboral”.74
Evidentemente, la reducción de costos para el enfrentamiento a las crisis también parece ser un problema a ser solucionado vía flexibilización laboral, dado que implica reducción de beneficios no solo durante sino al final del servicios del trabajador. Prescindir de trabajadores, contratar ocasionalmente, no afiliar al seguro social, representan acciones ahorradoras de costos.
La ausencia de políticas laborales con su consecuente capacidad de desmovilización, la promoción de políticas compensatorias y la aparición de beneficios focalizados directos como el bono solidario desdibujan las posibilidades de un modelo de desarrollo a partir del trabajo y pueden exacerbar la trampa de la pobreza si en un momento dado estos beneficios se acumulan en un grupo específico de la población.
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