Epoch Concept for Further Parallel Programming Paradigms

El primer paso para analizar la intervención es contrastar el efecto directo en las utilidades de los participantes con el efecto en una sociedad libre. Cuando la gente es libre de actuar, siempre actúa de una forma que cree que maximizará su utilidad, es decir, le elevará a la máxima posición posible

en su escala de valores. Su utilidad ex ante será maximizada, siempre que nos preocupemos por interpretar “utilidad” en su sentido ordinal y no cardinal. Cada acción, cada intercambio que se realiza en el libre mercado o, más en general, en una sociedad libre, se produce por el beneficio esperado de cada parte afectada. Si nos permitimos usar el término “sociedad” para describir el patrón de todos los intercambios individuales, podemos decir que el libre mercado “maximiza” la utilidad social, pues todos ganan en utilidad. Sin embargo, debemos tener cuidado de no considerar a la “sociedad” como un ente real que signifique algo distinto que una comunidad de todos los individuos.

La intervención coercitiva, por otro lado, significa per se que el individuo o los individuos forzados no habrían hecho lo que hacen sin la intervención. El individuo forzado a decir o no decir algo o a hacer o no hacer un intercambio con el interviniente o con cualquier otro cambia sus

acciones a causa de la amenaza de violencia. El individuo forzado pierde en utilidad como consecuencia de la intervención, pues su acción se ha cambiado por su impacto. Cualquier intervención, sea autística, binaria o triangular causa que los sujetos pierdan en utilidad. En la intervención autística y binaria, cada individuo pierde en utilidad; en la intervención triangular, al menos uno y a veces ambos de los dos futuros intercambiantes pierden en utilidad.

Por el contrario, ¿quién gana en utilidad ex

ante? Está claro que el interviniente, ya que en

otro caso no habría intervenido. O bien gana en bienes intercambiables a expensas del sujeto, en caso de intervención binaria o bien, en intervenciones autísticas y triangulares, gana en cierto sentido de bienestar por imponer regulaciones a otros.

Así pues todas las situaciones de intervención, en contraste con el libre mercado, son casos en los que un grupo de hombres gana a costa de otros. En

la intervención binaria, las ganancias y pérdidas son “tangibles” en forma de bienes y servicios intercambiables; en otras intervenciones, las ganancias con satisfacciones no intercambiables y las pérdidas consisten es verse obligados a realizar otros tipos de actividades menos satisfactorias (o incluso perjudiciales).

Antes del desarrollo de la ciencia económica, se pensaba que el intercambio y el mercado siempre beneficiaban a una parte a expensas de la otra. Esta es la raíz de la versión mercantilista del mercado. La economía ha demostrado que esto es una falacia, pues en el mercado ambas partes de un intercambio se benefician. Por tanto, en el mercado no puede haber explotación. Pero la tesis de un conflicto de intereses sí es cierta siempre que el Estado o la administración intervengan en el mercado. Pues en este caso el interviniente gana solo a expensas de sujetos que pierden en utilidad. En el mercado todo es armónico. Pero tan pronto como aparece y se establece la intervención, se

crea un conflicto en el cada uno puede participar en la pelea por ser un ganador neto en lugar de un perdedor neto: por ser parte del equipo invasor, en lugar de una de las víctimas.

Es habitual hoy día afirmar que “conservadores” como John C. Calhoun “anticiparon” la doctrina marxista de la explotación de clase. Pero la doctrina marxista sostiene, erróneamente, que hay “clases” en el libre mercado cuyos intereses chocan y entran en conflicto. La opinión de Calhoun es prácticamente la contraria. Calhoun consideraba que era la intervención del Estado la que por sí misma creaba las “clases” y el conflicto[59]. Percibía esto particularmente en el caso de la intervención binaria de los impuestos. Pues veía que lo recaudado fiscalmente se usaba y gastaba y que algunas personas de la comunidad deben ser pagadoras netas de impuestos y otras receptoras netas. Calhoun definió a estas últimas como la “clase dirigente” de los explotadores y a las

primeras como los “dirigidos” o explotados y la distinción es bastante convincente. Calhoun continúa brillantemente con su análisis:

Pocos como son, en comparación, los funcionarios y empleados del gobierno constituyen la porción de la comunidad que son los receptores exclusivos de lo recaudado fiscalmente. Cualquier cantidad que se tome de la comunidad en forma de impuestos, si no se pierde, va a ellos en forma de gastos o desembolsos. Ambos (desembolsos e impuestos) constituyen la acción fiscal del gobierno. Son correlativos. Lo que se toma de la comunidad bajo el nombre de impuestos se transfiere a la porción de la comunidad que es receptora de dichos desembolsos. Pero como los receptores constituyen solo una poción de la comunidad, de ello se sigue, poniendo juntas a las dos partes del proceso fiscal, que su acción debe ser desigual respecto de los pagadores de impuestos y los receptores de su recaudación. No puede ser de otra manera, salvo que lo que se recaude de cada individuo en forma de impuesto se le devuelva en forma de desembolso, lo que haría al proceso inútil y absurdo. (…)

alguna porción de la comunidad debe pagar en impuestos más de lo que recibe en desembolsos, mientras que otra recibe en desembolsos más de lo que paga en impuestos. Por tanto resulta manifiesto, al tomar el proceso en su integridad, que los impuestos deben ser, efectivamente, recompensas a esa porción de la comunidad que recibe en desembolsos más de lo que paga en impuestos, mientras que quienes pagan más en impuestos de lo que reciben en desembolsos están gravados en la realidad (son cargas en lugar de recompensas). Esta consecuencia es inevitable. Resulta de la naturaleza del proceso, por muy equilibrados que se fijen los impuestos. (…)

Por tanto, el resultado necesario de la acción fiscal desequilibrada del gobierno es dividir a la comunidad en dos grandes clases: una integrada por quienes realmente pagan impuestos y, por supuesto, corren en exclusiva la carga de soportar el gobierno y la otra, por quienes son receptores de lo recaudado a través de desembolsos y que son, de hecho, soportados por el gobierno; o, en pocas palabras, la divide en pagadores de impuestos y consumidores de impuestos.

Pero el efecto de esto es ponerse en relaciones opuestas en lo que se refiere a la acción fiscal del gobierno y toda la acción política conectada con ella. Pues cuanto mayores sean los impuestos y

desembolsos, mayor la ganancia de unos y la pérdida de otros y viceversa (…)[60]_.

“Dirigentes” y “dirigidos” pueden aplicarse también a las formas de intervención gubernamental, pero Calhoun tenía bastante razón en centrarse en los impuestos y la política fiscal como piedra angular, ya que son los impuestos los que proporcionan recursos y dinero al Estado para que lleve a cabo sus múltiples otros actos de intervención.

Toda intervención del Estado se basa en la intervención binaria de los impuestos, incluso si el Estado no interviniera en ningún otro campo, los impuestos permanecerían. Como el término “social” solo puede aplicarse a cada individuo afectado, está claro que mientras que el libre mercado maximiza la utilidad social, ningún acto del Estado puede nunca incrementar esta. De hecho, la imagen del libre mercado es necesariamente de armonía y beneficio mutuo; la

imagen de la intervención del Estado es de conflictos de casta, coerción y explotación.