Para “dar de vivir a los pobres”, los de la Montaña no actuaron sólo sobre la moneda, sino que se vieron obligados, de buena o mala gana, a actuar sobre los precios. La necesidad los obligó a pisotear los sagrados principios de la economía liberal. No pudieron evitar la fijación de los precios.
No cabe la menor duda de que eran profundamente hostiles a ello. Al principio, su actitud no se diferenciaba en nada de la de sus hermanos de clase, los girondinos. La burguesía, en su conjunto, incluido Saint-Just, estaba firmemente apegada al liberalismo económico: el 29 de noviembre de 1792, en un discurso en la Convención, aquél había tomado posición contra la fijación de precios. El día siguiente, Brissot, en su periódico, lo felicitó por haber defendido tan bien la libertad del comercio.
Pero los sans-culottes eran de una opinión muy diferente. El 15 de noviembre de 1792, la Asamblea general de Seine-et-Oise había reclamado, en una enérgica petición leída en la tribuna de la Convención, la fijación del precio de los cereales. Su redactor, el representante Goujon, que se situaba en la extrema izquierda de la Montaña, se había convertido en intérprete de los descamisados.
|124| Como la carestía de la vida se agravaba, y la presión popular sobre la Montaña era cada vez más fuerte, ésta tuvo que ceder finalmente, a regañadientes, para evitar lo peor. Lavasseur iba a subrayar en sus Memorias que los de la Montaña consideraban el precio máximo “exclusivamente una medida transitoria, impuesta por la gravedad de las circunstancias”. Verdaderamente, se vieron coaccionados y forzados a lanzarse al experimento de la fijación de los precios.
Por lo demás, lo hicieron poquito a poco. La primera medida fue la fijación del precio de los cereales. El 3 de mayo de 1793, la Asamblea, amenazada con un motín, se resignó a ello. Las ventas o compras de granos a precio superior al fijado se castigarían con una multa y la confiscación de las mercancías intercambiadas. Todo poseedor de cereales estaba obligado a declararlos y los oficiales municipales tenían autorización para hacer visitas a domicilios. En caso de no declaración o de declaración fraudulenta, se confiscaban las existencias. Los agentes de la autoridad podían requerir a cualquier poseedor de cereales para que llevara a los mercados la cantidad que se considerase necesaria. Podían requerir también a los obreros para que trillasen los cereales en haces, en caso de negativa por parte de los propietarios.
El efecto del decreto fue inmediato: la respuesta de los cultivadores fue dejar de llevar sus cereales a los mercados. En la forma que se le había dado, el decreto era inaplicable. A la burguesía —preocupada por salvaguardar, en la medida de lo posible, la iniciativa individual—, la horrorizaban todavía las medidas impuestas desde arriba, las coacciones procedentes del poder central, la nacionalización. Así como vacilaba a la hora de confiar las subsistencias a una administración única —cuyas actividades se extendieran a toda la República—, tampoco quería oír hablar siquiera de un precio máximo nacional. Por lo tanto, confió a las administraciones departamentales la tarea de fijar una tasa para cada departamento. Ahora bien, dichas administraciones estaban formadas por |125|
burgueses girondinos ricos. No ignoraban que la Convención había votado la ley con entusiasmo. Esperaban verla pronto revocada. En espera de ello, sabotearon la fijación de precios con unanimidad.
París, que ya no recibía nada de los departamentos vecinos, se convirtió en algo así como una ciudad bloqueada. La multitud hambrienta se apiñaba a las puertas de las panaderías. Hubo que correr en socorro de la capital. Ante la insistencia de la municipalidad parisina, los días 1 y 5 de julio la Convención votó dos derogaciones. La ley del 4 de mayo volaba en pedazos.
Esta ley era impracticable por otra razón: solamente se aplicaba a los cereales, fijaba el precio del trigo, pero no el de las demás mercancías que compraban los agricultores, incluida la mano de obra. Ahora bien, dichas mercancías se habían encarecido considerablemente. Era necesario o bien abandonar la fijación, o bien generalizarla. Los descamisados señalaron que el pan no era el único producto necesario para la existencia y que no se conseguiría actuar eficazmente sobre el coste de la vida si no se ampliaba la fijación del precio a los demás productos.
El motín del 4 de septiembre y la amenazadora concentración de los obreros parisienses en el Ayuntamiento, obligaron a la Asamblea a prometer la votación, en el plazo de ocho días, de un precio máximo para todos los artículos de primera necesidad. No obstante, después de hecha dicha promesa, intentó eludir su cumplimiento. La Comisión encargada de elaborar el texto dio largas al asunto, opuso la fuerza de la inercia. Una nueva demostración popular, el 22 de septiembre, la obligó a elaborar el proyecto.
Coupé (de Oise), que fue quien lo expuso en nombre de la Comisión de Alimentos, lo hizo sin entusiasmo. Posteriormente, los miembros más influyentes del gobierno revolucionario, Robespierre y Saint-Just, Cambon y Barère iban a alegar que se habían visto forzados, que el precio máximo había sido una trampa tendida a la Revolución por sus enemigos y que lo habían aceptado de mala gana.
|126| La ley del 29 de septiembre instituyó el precio máximo general. Pero, como si sus autores hubiesen querido comprometer su aplicación por adelantado, se detuvo a medio camino. Solamente había fijado el precio de los artículos de primera necesidad, y no el de todas las mercancías. Además, repitiendo los errores de la ley del 4 de mayo sobre los cereales, habían “federalizado” el precio máximo, en lugar de centralizarlo. Predominaba siempre el mismo miedo a la nacionalización. Cada distrito debía tener una tarifa, que establecería él mismo; no se establecía ninguna indemnización por transporte. Por otra parte, la vanguardia popular no obtuvo satisfacción completa. Durante la manifestación del 22 de septiembre, los sans-culottes parisinos exigieron que las tarifas no superaran los precios de 1790. En la Comisión de Alimentos de la Convención, algunos miembros abogaron por una mejora de un 100% de los salarios. La Convención no aceptó las reivindicaciones: decidió que los precios de 1790 subieran un 33% y los salarios un 50%. La ventaja concedida a los salarios era de las más reducidas.
Los descamisados no quedaron del todo satisfechos. Desde la entrada en vigor de la fijación de precios en París (el 12 de octubre), se formaron concentraciones en las puertas de las tiendas de ultramarinos “para forzarlas a dar sus mercancías a un precio inferior incluso que el fijado por el reglamento y la ley”.
Además, no tardaron en dejarse sentir los inconvenientes de la falta de centralización. Los distritos, obedeciendo a preocupaciones egoístas, fijaron las tarifas a su antojo, sin preocuparse de los distritos vecinos. Hubo más de 600 tarifas diferentes para las mismas materias o mercancías. Los distritos ponían precios elevados a los artículos que producían y baratos a los que necesitaban.
El 2 de noviembre de 1793, Barère tuvo que hacer una modificación en la ley, en nombre del Comité de Salud Pública. Se dio otro paso por el camino de la coacción y la centralización. Se decidió primero que se tasaría el precio de todas las mercancías, y no ya sólo el de los artículos de primera necesidad; segundo, que se |127| tasaría en el centro. Se establecería un cuadro general del precio de todos los artículos en su lugar de origen o fabricación. Después, los distritos sólo tendrían que recargar automáticamente dichos precios con el del transporte, calculado proporcionalmente a la distancia y al peso, pero la confección del cuadro requirió muchos meses y no entró en vigor hasta finales de marzo de 1794, demasiado tarde.