regression H.C Achterberg
Chapter 6 Fastr: a workflow engine for advanced data
7.1 Findings and implications
En 2013 se produjo un incremento muy significativo del número de personas que solicitaron el estatuto de refugiado en España: 4.502 frente a las 2.588 de 2012 (un 74% más). Este dato es el más elevado del último lustro y casi idéntico al de 2008 (4.517), antes de la aprobación de la Ley de Asilo vigente, y se explica por el notable incremento de las personas solicitantes originarias de Siria y Malí.
Así, frente a las 97 personas de Siria que pidieron asilo en España en 2011 y las 255 que lo hicieron en 2012, el pasado año fueron 725 las de este país que deman- daron protección internacional, el 16,1% del total. Si bien es cierto que en 2013 casi se triplicó el número de personas solicitantes de asilo sirias en España, la cifra de 725 es realmente ínfima si tenemos presente el inmenso drama descrito en el capí- tulo 1 de este Informe. Hasta el momento, ni España ni la UE se han comprometido con la protección efectiva de las personas refugiadas que han huido de la guerra y de las terribles violaciones de los derechos humanos en Siria.
En cuanto a Malí, en 2013 1.478 personas originarias de este país solicitaron el estatuto de refugiado en España, frente a las 101 de 2012, un crecimiento catorce veces superior. El pasado año una de cada tres personas solicitantes de asilo (exac- tamente el 32,82%) procedía de este país centroafricano, golpeado desde enero de 2012 por una grave conflicto interno en su zona septentrional, que justo un año después se internacionalizó con la intervención militar francesa. A principios de 2014 la situación humanitaria era tan grave que Naciones Unidas calculaba que durante este año más de 50.000 niños podrían morir por desnutrición.
La mayor parte de estas solicitudes de asilo se formalizaron entre febrero y julio ya que a partir de entonces se produjo un descenso paulatino. Llama la aten- ción también que en 2013 estas se cumplimentaron en buena medida en provincias con una importante actividad agrícola. Así, por ejemplo, Valencia pasó de registrar un total de 151 solicitantes en 2012 a 401 en 2013; Almería de 4 a 244 y Girona de 3 a 100. Incluso, Huelva, una provincia tradicionalmente ausente del procedimiento de asilo, registró 99 solicitantes de Malí en 2013 frente a ninguna petición en 2012.
Todas estas provincias están adscritas al calendario de campañas agrícolas nacionales y CEAR, con su intervención sobre el terreno, ha constatado que un
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volumen importante de personas originarias de Malí trabaja en ellas de manera irregular. Es un colectivo que lleva varios años en España en una situación de abso- luta precariedad social, laboral y jurídica y que ha formalizado solicitudes de asilo por circunstancias sobrevenidas a consecuencia del estallido del conflicto armado en su país.
Es también significativo que, en el conjunto de la UE, los ciudadanos de Malí prácticamente solo pidieron protección internacional en España, Italia y Portugal, pues es en estos países donde concluyen su aventura migratoria después de entrar en territorio europeo principalmente a través de Ceuta y Melilla en condiciones muy arriesgadas para su integridad física.
Por otra parte, en cuanto al lugar de presentación de las solicitudes, duran- te 2013 se formularon 3.609 peticiones en territorio nacional, frente a las 1.841 de 2012; en frontera, se registraron 381 peticiones frente a las 402 del año ante- rior; en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), 306 frente a las 160 de 2012; y, en lo que se computa en las boletines estadísticos mensuales de la OAR como solicitudes en embajada, se formalizaron 206 frente a las 177 del año anterior.
Por tanto, casi se duplicaron las solicitudes de personas que se encontraban en territorio nacional, mientras que continuaron disminuyendo las presentadas en los puestos fronterizos. Este incremento no sugiere un cambio de tendencia, sino que es un hecho puntual, motivado por la presencia anterior de este colectivo en terri- torio nacional y el estallido del conflicto armado en Malí en enero de 2012.
En cuanto al número de solicitantes por provincias, Madrid mantuvo, con 1.777 solicitantes (el 39,47% del total), su tradicional primer puesto debido a la importancia del aeropuerto de Barajas en el tráfico aéreo internacional y por la propia presencia de la Oficina de Asilo y Refugio. No obstante, durante 2013 fue muy significativo el porcentaje y la diversidad de solicitudes formuladas en algunas provincias por las razones ya explicadas.
El descenso de solicitantes en los puestos fronterizos obedece a las políticas de externalización de fronteras impulsadas por el conjunto de la UE. Desde hace varios años, como han ido subrayando nuestros sucesivos Informes anuales, estas políti- cas, que priorizan el control de fronteras en detrimento de la protección de los derechos humanos, están dificultando sobremanera el acceso al procedimiento de las personas necesitadas de protección internacional.
infoRmE 2014 dE CEaR
En cuanto a las solicitudes que la OAR computa como presentadas en emba- jadas conviene aclarar que se trata realmente de solicitudes de extensión fami- liar, bien del derecho de asilo, bien de la protección subsidiaria de allegados que ya se encuentran en España con la correspondiente protección internacional. No se trata de nuevas solicitudes, puesto que la posibilidad de pedir asilo por vía diplomática, después de estar vigente durante un cuarto de siglo, fue anulada por la nueva Ley aprobada en 2009.
En 2013, casi se duplicaron las peticiones de asilo formuladas en los CIE, pasando de 160 en 2012 a 306. Esto puede estar motivado por el aumento de las personas que ingresaron de manera irregular por la frontera sur, un número que pasó, según los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), de 6.992 a 7.550. Destacan, sobre todo, las llegadas a Ceuta y Melilla,
1.493 migrantes más que en 2012: de 2.861 a 4.354 personas1.
El aumento de la llegada de migrantes a las ciudades autónomas, unida a la restricción del traslado a la Península de las que han formalizado allí su solicitud de asilo y ya han sido admitidas a trámite, está causando que muchas personas necesi- tadas de protección internacional estén aguardando a pedirla a ser trasladas a un CIE peninsular, como examinaremos en el capítulo 4. Se trata de un fenómeno muy preocupante, porque en los CIE se aplica el procedimiento en frontera, menos garantista que el del territorio nacional.
Después de Malí (1.478) y Siria (725), los países de origen de un mayor núme- ro de solicitantes fueron Argelia (351), Nigeria (182), Somalia (132), Palestina (130) y Pakistán (102). Las personas originarias de Malí suelen ser varones jóvenes que viajan solos y ello motivó que el porcentaje relativo a los hombres que solicitaron asilo fuera más elevado que en años anteriores, el 78,17% del total, frente al 68,82% de 2012 o el 73,47% de 2011. En cambio, las personas procedentes de Siria suelen ser grupos familiares y, si durante 2012 las solicitudes de esta nacionalidad corres- pondían a personas que ya se encontraban en España, en 2013 hubo un incremento de personas recién llegadas que huían del conflicto bélico interno.
Respecto a Nigeria, sobresalen las solicitudes formalizadas por mujeres jóve- nes, que en su mayor parte han sido víctimas de trata durante su trayecto migratorio o una vez que ya se encuentran en España. En cuanto a Camerún, un año más des- tacan las solicitudes que alegan persecución por motivo de orientación o identidad sexual.
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Del resto de nacionalidades, llama la atención la reducción de las solicitudes de costamarfileños debida a la normalización del conflicto, pero también a la dene- gación sistemática de todas las solicitudes de ciudadanos de este país que se notifi- caron a lo largo del pasado año en relación con expedientes que llevaban paralizados incluso cinco años. Este acusado retraso vulnera el derecho de asilo, porque los hechos que han de ser tomados en consideración son los existentes en el momento en que la solicitud se formuló. De otro modo, podría abrirse la puerta a una desna- turalización fraudulenta de la institución que condujera a su pérdida de operativi- dad, pues bastaría dilatar en el tiempo la tramitación y resolución del expediente a la espera de un futuro cambio de circunstancias en el país de origen del solicitante para frustrar su finalidad protectora.
El costamarfileño Dramane ha sido víctima de esta práctica administrativa que desde la OAR, en cambio, se concibe como un “criterio de prudencia”. Dramame residía en Khorog, donde trabajaba como conductor de un camión de transporte de mercancías. En 2002 un grupo rebelde irrumpió en su domicilio familiar, asesinó a la señora que lo había criado, le secuestraron y le llevaron a las montañas. Fue objeto de una cruel tortura física y psicológica. Cada mañana les pegaban sistemá- ticamente y presenciaba como asesinaban a otros prisioneros. Permaneció en el campamento durante tres meses hasta que una noche consiguió escapar. Después de curar las heridas de las que a día de hoy aún le quedan secuelas físicas, se marchó a Burkina Fasso, donde permaneció durante cuatro años. Tras pasar por Malí a principios de 2007, se marchó a Mauritania en febrero de 2008 y en octubre de aquel año llegó a Canarias en patera, al cabo de cinco días de travesía. Permaneció internado en el CIE El Matorral, en Fuenteventura, durante 38 días hasta que fue enviado a Madrid, donde en marzo de 2009 formalizó su solicitud de asilo.
Pero el expediente no se instruyó hasta febrero de 2013, se elevó a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio en abril del pasado año y la denegación de la protección internacional le fue notificada en julio, tras casi cuatro años y medio de espera. Uno de los motivos invocados por la CIAR es que el conflicto interno en su país había evolucionado hacia “una creciente estabilidad”. Sin embargo, el servicio jurídico de CEAR presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, ya que considera que la resolución no está ajustada a Derecho y que el llamado “criterio de pruden- cia” es incompatible con los estándares internacionales mínimos en materia de asilo y la propia naturaleza de este derecho.
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3.2. EL DRAMA PERMANENTE DE LA FRONTERA SUR