Limitations and future directions

Este Informe analiza esencialmente el estado del derecho de asilo y la situación de las personas refugiadas en España en 2013, pero evidentemente no podemos dejar de relatar y analizar la tragedia sucedida en Ceuta el 6 de febrero de 2014 y sus con- secuencias.

En la denuncia que presentó el 17 de febrero ante la Fiscalía General del Esta- do, CEAR hizo un repaso detallado del desarrollo de los hechos que llevaron a la muerte a quince seres humanos. En la madrugada del 6 de febrero, un grupo inde- terminado de personas de origen subsahariano (entre 200 y 400 en función de las distintas fuentes) se aproximaron al perímetro fronterizo de Ceuta desde las lomas de El Auyal (Marruecos) hacia el paso del Biutz e intentaron acceder al territorio español. Les resultó imposible y entonces se dirigieron al paso Tarajal-2 y al pues- to fronterizo principal del Tarajal.

En ambos puestos del perímetro la Guardia Civil desplegó una barrera de agentes que bloqueó el paso. Por eso, un grupo de entre 200 y 250 migrantes se encaminó hacia el espigón fronterizo que blinda la playa y se adentraron en el mar para intentar sortearlo. “Algunos nadando, otros agarrados a las rocas, otros pro- vistos de flotadores neumáticos, chalecos salvavidas o rudimentarias chalecos hechos con botellas de agua”, leemos en la denuncia de CEAR. Según el relato pro- porcionado por los supervivientes, cuando se encontraban en el agua funcionarios de la Guardia Civil, desde la playa ceutí, empezaron a disparar contra ellos material antidisturbios, como balas de fogueo y de goma y gases lacrimógenos, para evitar que penetraran en territorio español. “De la misma forma, y según el relato de los supervivientes, una lancha de la Guardia Civil intervino para dificultar el paso de los inmigrantes a través del mar y a su vez para arrastrar algunos de los cuerpos sin vida hacia aguas marroquíes.” Al menos quince personas perdieron la vida. Cuatro de los cuerpos aparecieron aquel día en territorio español.

El grupo de migrantes que logró entrar a nado en Ceuta por la playa del Tarajal, con indicios evidentes de agotamiento y necesidad de asistencia humanitaria y sanitaria, fue recibido por los agentes de la Guardia Civil apostados en la playa for- mando una línea y portando material antidisturbios y en manifiesta actitud de pasividad ante su penoso estado.

La situaCión dE Las pERsonas REfugiadas En España

En ese punto la denuncia de CEAR ante la Fiscalía General del Estado incide en otro aspecto esencial. “En este momento, las autoridades españolas proceden a la devolución inmediata de estas personas a Marruecos, no solo sin comprobar si están necesitados de asistencia sanitaria, sino además con un evidente menoscabo y desprecio absoluto de los procedimientos establecidos por la legislación nacional e internacional en materia de extranjería, fronteras y protección internacional.” La devolución inmediata de aquellas 23 personas (dato confirmado por el ministro del Interior en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 13 de febrero) supuso “una práctica inhumana y degradante que entraña un ultraje a la dignidad humana”, puesto que se vulneró el principio de no devolución y se impidió que pudieran acceder, en su caso, al procedimiento de asilo.

Además de su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, CEAR remitió al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa un informe sobre las “medidas adoptadas por el Gobierno español en el control de fronteras en Ceuta y Melilla que vulneran los derechos humanos de las personas inmigrantes y refugia- das que pretenden llegar a España por la frontera sur”. Y le solicitó que investigue sobre el terreno estos hechos para esclarecer lo sucedido, exigir las posibles res- ponsabilidades y velar por el respeto a los derechos humanos de las personas afec- tadas, así como que inste al Gobierno español a que “respete los derechos humanos en las actuaciones en las que intervengan agentes o funcionarios españoles, sea cual sea el lugar donde se produzcan”.

En su comparecencia parlamentaria del 13 de febrero, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tuvo que admitir el uso de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil como método “disuasorio” y negó que la devolución de esas 23 personas fuera una “devolución en caliente” que hubiera vulnerado la legisla- ción internacional de protección de los derechos humanos. Aunque admitió que los migrantes alcanzaron la playa, aseguró que no habían llegado al territorio español al no lograr rebasar el cordón de agentes del instituto armado que se encontraba en la orilla. Así justificó la no aplicación de la legislación nacional e internacional vigente.

Al día siguiente, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), ACCEM y CEAR difundieron un comunicado conjunto en el que solicitaron a la Comisión Europea que investigue “las prácticas de control de fronteras en Ceuta y Melilla” para aclarar las muertes y las devoluciones sumarias en estos puntos de la frontera

infoRmE 2014 dE CEaR

sur comunitaria2. Asimismo, cuestionaron la interpretación del ámbito territorial

en que son aplicables las legislaciones española y europea basada en un “concepto operativo de control de fronteras”. Y señalaron que las personas que acceden al territorio español deber ser tratadas según la legislación nacional y comunitaria en materia de asilo y extranjería. “Si se confirma que estas personas fueron devueltas a las autoridades marroquíes sin tener en consideración sus circunstancias indivi- duales o sus necesidades de protección internacional”, afirmaron, “esto constitui- ría muy probablemente una violación del principio de no devolución establecido en la Convención para los Refugiados de 1951, de la normativa europea de migración y asilo y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que obligan a las autorida- des españolas a garantizar el acceso a la protección internacional y a respetar el principio de no devolución a países donde puedan ser víctimas de persecución o de trato inhumano y/o degradante”.

ECRE, ACCEM y CEAR solicitaron al Gobierno el cese inmediato de cualquier práctica que pudiera poner en peligro la vida de los migrantes o que impidiera su acceso a la protección internacional, así como una investigación completa e inde- pendiente por parte de las autoridades españolas competentes. “Las tres organiza- ciones”, proseguía el comunicado, “también instamos a la Comisión Europea a que investigue de forma inmediata las posibles vulneraciones de las disposiciones con- tenidas en la Directiva sobre procedimiento de asilo y en la Directiva de retorno y el Código de fronteras Schengen, especialmente en lo referido al acceso al procedi- miento de protección internacional y al acceso a un recurso efectivo. La UE no puede dar la espalda a tan graves violaciones de los derechos humanos en sus fron- teras exteriores y debe poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar su respeto, así como el acceso al procedimiento de protección internacional en las fronteras europeas”.

Y el 25 de febrero CEAR, como organización defensora de los derechos huma- nos y del derecho de asilo, se personó ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta, como parte de la Red Migreurop, en las diligencias abiertas por los sucesos acaecidos el 6 de febrero, ejerciendo la acusación popular con el objetivo de que se depuren judicialmente las correspondientes responsabilidades.

Tragedias como esta no pueden volver a suceder. Esto hay que cortarlo, como

proclama la campaña lanzada por CEAR el 28 de marzo, tomando el título que Car-

La situaCión dE Las pERsonas REfugiadas En España

empezaba así: “La Europa de los valores carga a sus espaldas con 15 muertos más. Otros 15 cuerpos enterrados sin identidad, sin historia y sin familia que pueda hacer su duelo. Y junto con sus cuerpos, también sus sueños y sus oportunidades

han acabado bajo tierra. Esto hay que cortarlo”3.