Al municipio de Ortega se llega manejando dos horas por carretera desde Ibagué, la capital tolimense. Su clima es cálido y tiene una extensión total de 875 kilómetros cuadrados, de
los que más del 99 por ciento son área rural. Es por ello que su riqueza agropecuaria, gracias a la fertilidad de sus tierras –en especial su amplia economía cafetera– llevó a muchos campesinos a instalarse en el sur del Tolima a partir de la década de 19301.
Como toda historia del inicio de la Violencia en Colombia, la de esta región también esta marcada por el conlicto sobre la tenencia de tierras: los terratenientes que quieren los títulos, pero no labrar; y los campesinos que luchan por que su mano de obra se vea en las escrituras.
La falta del apoyo del Estado para el reconocimiento legal de la tierra para el que la trabaja, llevó a la constante crítica del partido liberal guiado por Jorge Eliécer Gaitán y al asen- tamiento del pensamiento comunista entre los tolimenses. En Chaparral, cuna del movimiento guerrillero con mayor historia en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC–, se centran con precisión los primeros movimien- tos de resistencia campesina que se oponían a la opresión y explotación terrateniente.
No pocos indígenas, provenientes de municipios como Coyaima, Nagataima y Ortega, se unieron a la defensa de sus tierras, motivados desde dos perspectivas igual de valiosas: la cuestión obrera y la cuestión agraria. La primera surgió como respuesta a los malos tratos de los hacendarios con sus traba- jadores: malos pagos, excesivas jornadas de trabajo y falta de condiciones salubres para laborar. La segunda perspectiva se centró en cambiar el método como se pesaban las produccio- nes de café, para así evitar que se continuara subvalorando el grano: pasar de la medida en cajas por el peso en romanas, lo que se convirtió posteriormente en una ley.
La mayoría de concejales de la región eran liberales, por lo que el apoyo desde el gobierno local ayudó a postergar la lucha armada de los campesinos resistentes. Sin embargo, durante la dictadura de Rojas Pinilla, los altos cargos públi- cos quedaron en manos conservadoras, y algunos políticos
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trabajaron en conjunto con numerosos policías apoyando la lucha terrateniente y vulnerando de paso los derechos del campesinado, quienes a cambio de microcréditos, debía ceder sus ya escrituradas tierras2.
La constante persecución por parte de la fuerza pública – que incluía incendios a las incas, matanzas, desplazamiento forzado y encarcelamiento de los disidentes– desencadenó la primera etapa de resistencia armada campesina denomina- da ‘El Davis’. Esta organización se componía de dos bandos (comunista y liberal) y operaba desde dos puntos: Chaparral y Rioblanco, sur de Tolima.
Según testimonios de la época, las estimaciones más mo- derabas situaban en 5,000 el número de personas establecidas en ‘El Davis’. Sin embargo, las diferencias políticas entre los dos partidos , y el constante bloqueo por parte del Ejército, llevó a la desintegración del grupo en 1953. No obstante, la lucha campesina por la defensa de sus derechos no se detuvo allí, y continuaron los movimientos armados dirigidos por revolucionaros de la época como Pedro Antonio Marín, alias
‘Manuel Marulanda Vélez’, Jacobo Prías Alape –“Charro Ne- gro”– y el indígena Ciro Trujillo. Con el tiempo, el movimiento guerrillero convertiría sus acciones defensivas en ofensivas, y se inanciaría de dineros del narcotráico y el secuestro extorsivo, entre otros delitos, para su crecimiento.
Actuando con urgencia, la toma contra–guerrillera del Ejército Nacional, de imaginables proporciones, se debatió en la zona en las siguientes décadas. Los resultados no fueron los esperados sino hasta cuando la fuerza pública se vio apo- yada económica e ideológicamente por algunos hacendados y numerosos políticos conservadores y liberales ‘limpios’ –sin antecedentes bandoleros– de la región. Las autodefensas contrainsurgentes de extrema derecha –que denominaron ‘paramilitarismo’ y la ‘parapolítica’ en los años noventas– tar- daron poco en asesinar a cientos de comunistas de la región. Su radicalidad se vio apoyada, de la misma manera, por los
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cultivos de amapola que retomaron de manos guerrilleras, y que empezaron a administrar para su beneicio ilegal.
Fue así como a partir de los años ochenta, la lucha san- grienta entre los dos bandos dejó al pueblo en medio, y a los campesinos –como popularmente dicen– “sin el pan y sin el queso”. Toda su lucha, su resistencia ideológica y sus muertos, no trajeron sino más y más guerra. Y así quedaron también los Ducuara, en medio de una guerra ajena que –de generación en generación– no les fue dejando sino el miedo.
A Arlex lo creyeron guerrillero los paramilitares. Pensaron que ese caicultor, de padre campesino, era el que le arreglaba los fusiles al frente 21 de las FARC, o por lo menos eso fue lo que le dijeron a don Arturo Ducuara cuando se lo dejaron ahí botado con los sesos sueltos.
El iscal que lo exhumó, Nelson Abraham Cárdenas, re- cuerda hoy –seis meses después– ese jueves 22 de abril de 2010 desde su escritorio en la Subunidad de Apoyo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de Bogotá. Había partido en comisión esa misma semana por una zona que ya le es familiar debido a la cantidad de restos que los ‘paras’ han enterrado en incas ajenas. Iba en compañía del grupo de criminalística del CTI, conformado por el antropólogo forense, el asistente de iscal, el fotógrafo y el topógrafo. Al mismo tiempo los acompañaba toda una comisión del Ejército y la Policía, y varios miembros del Instituto Nacional Penitencia- rio y Carcelario –Inpec, que escoltaban a tres postulados de Justicia y Paz, ex paramilitares del Bloque Tolima.
Óscar Oviedo Rodríguez, alias ‘Fabián’, un hombre bron- ceado, de pelo corto, barriga prominente y quien vestía una camiseta del Nacional, era uno de los convictos. Cuando llegaron al cementerio de Ortega, y empezaron a buscar los restos de un hombre que él había desmembrado, ‘Fabián’ no logró dar con el lugar exacto donde lo enterró y empezó a preocuparse. Debía hacer memoria. Él había matado a tantos hombres en su vida que ya había perdido la cuenta, pero había uno del que se acordaba, y eso le serviría para recibir beneicios a cambio de las verdades que, legalmente, ya estaba obligado a contar.
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“‘Fabián’ me dijo que él había matado a un indígena en la vereda ‘Alto del Cielo’ en el 2002. Que si íbamos allá seguro algo íbamos a sacar”, recuerda el iscal Cárdenas.
Así que toda la comisión, con los tres reclusos, fueron a parar a la inca ‘La Libertad’. A las 3:15 de la tarde el iscal Cárdenas dio la orden de que tanto los postulados como los escoltas de las fuerza pública, no bajaran la loma que conduce al terreno de los Ducuara, puesto que podrían espantarlos, diicultar la exhumación o ser atacados por los dueños.
“Y así fue. Cuando llegué a tocar la puerta de la casa solo, no encontré a nadie. Seguro como me vieron con el uniforme del CTI, que es completamente negro, se asustaron y lo primero que hicieron fue correr a esconderse entre los cafetales. Sólo cuando me identifiqué, el hombre de la casa salió a preguntarme qué quería”, dice el iscal.
Así de inesperados eran, que Nelson Cárdenas tuvo que convencer durante una hora al señor Ducuara de que dejara exhumar a su hijo, a quien había enterrado en la sala de la casa.
“Mire que para el Estado su hijo todavía está vivo, y eso lo puede aprovechar alguien para robar su identidad. Don Arturo, ¿no quiere usted que se haga justicia?”, le decía el funcionario al desconiado padre.
Fue un lío, pero al inal, Arturo Ducuara cedió. Esto le costó el desprecio de su mujer, quien no salió de su escondite en ningún momento mientras empezaron a exhumar a su hijo. Lina Lionza, la antropóloga del caso, fue quien destapó el ataúd de Arlex casi dos metros bajo tierra. El cadáver se había llenado de tierra y humedad, pero guardaba intactas las cualidades de sus huesos, es más, aún tenía un poco de pelo y uñas.
‘Fabián’ no bajó a la casa en ningún momento. Don Arturo no quiso que lo hiciera, así como tampoco quiso que le dieran más razones ni le pidieran más explicaciones. Él sabía que su hijo era un muerto que no sumaba sino uno a la gran cifra de víctimas de los ‘paras’, y que no lo iban a reparar ni mañana ni en un año. Y aunque tenía claro que así no debían ser las cosas, él era un hombre ya sin resistencia.
La tuvo cuando mataron a Arlex y puso la denuncia el 9 de agosto de 2002 ante la Fiscalía 44 de Ortega, pero el funcionario que se la recibió le aseguró que debía archivarla por supuestas amenazas por parte del Ejército. Tuvo resistencia cuando cogió sus trastes y se desplazó con su mujer y su abandonado nieto, Arlex Capera, hacia Ortega a mendigar comida. La tuvo cuando regresó a su inca y lo volvieron a correr. La tuvo cuando los encarcelaron a él y a su familia en una prisión de Chaparral sin motivo alguno, y inalmente tuvo fortaleza un día de marzo de 2007 cuando desaparecieron a su hijo más joven, Elkin Darío Ducuara. Al encontrarlo, ya muerto en una vereda cercana, Arturo hizo el último esfuerzo y se fue a la iscalía de Ibagué a poner una denuncia, pero poco se le escuchó. Y allí se le acabó la rebeldía, la rabia, la lucha, y se cansó pensar que talvez “sus hijos fueran falsos positivos”.
“Será porque soy pobre, y de los pobres todos se aprovechan en este país. Seguro el Ejército va a venir por mí, seguro usted la que escribe este reportaje trabaje para el gobierno y les esté ayu- dando a encontrarme. Sólo espero que mi nieto viva algún día en un país justo”, suelta cuando se cansa de hablar por teléfono.