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El problema de la ciudadanía no es una cuestión que podamos contemplar como exclu- sivamente derivada de la modernidad y del nuevo modelo de los llamados Estados modernos. Por ejemplo la extensión de la ciudadanía en las sociedades de la antigüedad (Grecia y Roma entre otras) fue fuente de conflictos por cuanto lógicamente refería la relación entre las personas y las estructuras de poder que regulaban unas políticas y admitían/rechazaban sus derechos. Sin embargo las ciudadanías premodernas nunca pretendieron asignar un status de igualdad que significara el reconocimiento de dere- chos de sus miembros respecto al poder del estado. El sentido era más bien de pertenen- cia a una comunidad política frente a quienes no pertenecían.

Reconstruir una socialización crítica

“En el desarrollo de la «ciudad» –desde la polis griega hasta las ciudades medievales– la ciudadanía se caracterizaba por ciertos deberes y derechos que iban más allá de la per- tenencia a determinado estamento, clan o familia y estaba reservada sólo para los hom- bres. [...] La ciudadanía, cualquiera sea su forma desde la antigüedad hasta el presente, posee una serie de atributos comunes. Siempre ha significado una cierta reciprocidad de «derechos frente» y de «deberes hacia» la comunidad. La ciudadanía ha implicado perte- nencia a una comunidad en la que cada individuo desarrolla su vida. Dicha pertenencia ha implicado diversos grados de participación. La cuestión de quién debería participar y en qué ámbito es un interrogante tan viejo como el propio mundo antiguo (Held 1997:55).” (L.C. Pautassi, 1999 en www.flacso.org.ec/docs/safispautassi.pdf).

En esa construcción del nuevo sistema de poder de la Modernidad se genera una ciuda- danía política que permite legitimar las dos condiciones contradictorias de la sociedad moderna, el status de igualdad de todo miembro de la sociedad ante el nuevo estado –si bien en la realidad tardó mucho en ser puesto en práctica (trabajadores y trabajadoras, mujeres, minorías)– y por otro, la aceptación de la desigualdad de hecho ante la rique- za. Ciudadanía de derecho frente al derecho de la propiedad. Esta contradictoria ciuda- danía creó, sin embargo, una perspectiva de colocar el estado y la política en el centro de las estrategias de los actores sociales.

La ciudadanía del estado moderno se edificó arrasando el ámbito de lo comunitario. Las relaciones comunitarias son suplantadas y reordenadas por instituciones que gestionan el ámbito social en sus diversas dimensiones, sean las ligadas a las necesidades huma- nas: salud, educación, consumo... o aquellas otras más ligadas a relaciones simbólico- espaciales, ámbitos de reunión, ocio, plazas en las calles, zonas peatonales… Es decir, lugares y ámbitos donde se construye, distribuye y regula la dimensión pública de la vida social. Esto implica rescatar el conjunto de dimensiones de lo comunitario público más allá de lo político en el sentido de lo que tiene relación con la administración del poder estatal. Esta dimensión es la condición de la participación política y el ejercicio amplio de la construcción y regulación democrática de todos los espacios. Es por tanto impor- tante rescatar esa dimensión de lo público en el sentido más amplio de lo tradicional- mente político y que tiene importantes implicaciones espaciales para su significado ple- namente social. Resulta esencial crear campos de experiencia social del espacio público, territorios de participación y decisión de corresponsabilidad y solidaridad, donde apren- der a ejercer esa ciudadanía.

Organizarse colectivamente para influir, controlar, exigir, utilizar el poder del estado en la dirección de políticas y objetivos favorables a la ciudadanía. El Estado, aparato por encima de la ciudadanía, impulsaba sin embargo a aquélla a constituirse para poder diri- gir su poder contra los obstáculos existentes en la propia sociedad a sus derechos ciu- dadanos. El pacto básico era la aceptación de la concentración absoluta de poder en la maquinaria del estado que así podía normar y modelar cualquier aspecto de la realidad que ocurriera en el ámbito de su territorio soberano, a cambio de un modelo constitu- cional democrático y de derechos, por el cual la sociedad constituida en ciudadanía con- trolaba y participaba en el uso y gestión de ese poder.

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Sin embargo, la globalización esta subvirtiendo esas dos condiciones básicas. En primer lugar, limitando el poder de los estados que cada vez tienen más puesta en cuestión su capacidad de controlar y normar las dinámicas que se dan dentro de su territorio. Se extiende la conciencia de que hay nuevos poderes y dinámicas que el estado no contro- la y que funcionan con escalas y sistemas que no corresponden con el estado, y ante los que no se tienen instrumentos de control e influencia. Se aleja así el principio, de que todo es posible, a condición de exigir a ese ámbito central de la política y el poder, que es el estado, para que actúe en una dirección. En segundo lugar, la extensión de los modelos de democracia real muestra las limitaciones de la capacidad real de controlar e influir en ese aparato que parece tener sus lógicas, intereses y dinámicas propias. Por último el capitalismo global construye una cultura anti-ciudadana de gran potencial, ligando la consecución de proyectos y necesidades, no en resoluciones colectivas y de la mano de la política, sino en proyectos individuales y de la mano del mercado.

La ED debe facilitar la reconstrucción de los propios significados y valores culturales, a sabiendas de que éstos se generan en los procesos de negociación e intersubjetividad, creando espacios dialógicos donde se problematizan esos significados y se van replan- teando esas mediaciones. Cuestionando el “sentido común” y los significados “natura- les”, que son la apariencia de las cosas; examinando e interrogando el “mundo de la vida”, las experiencias, subjetivas e intersubjetivas, construidas mediante un lenguaje que permita múltiples significados. En definitiva, una ED como capacitación para la participación como ciudadanas y ciudadanos activos e informados, y también como desarrollo político y social de la sociedad en sus diferentes escalas.

La dinámica ciudadana del “agrupémonos para influir en el estado hacia políticas de...”, se transforma en “compita usted por conseguir mejoras de status y participación en la riqueza para poder comprar en el mercado lo que usted individualmente desee”. Pero la Educación para el Desarrollo debe construirse reorientando una nueva visión de la ciu- dadanía como proyecto donde sólo lo colectivo–político puede resolver las necesidades y afrontando las nuevas escalas y poderes de la globalización. Esto sólo es posible si es capaz de enfrentarse con las dinámicas reales que excluyen a amplios sectores de las mayorías mundiales de la participación real. Frente a un cierto número de personas que participa de manera creciente en el mercado mundial y en las decisiones globales, hay que articular a una inmensa mayoría que se queda al margen. Una parte por procesos de seducción de una “participación ficticia”, otras por la inducción de que toda “parti- cipación carece de influencia” en las vidas de las gentes, y las demás porque esta cues- tión ni siquiera aparece en el propio horizonte de supervivencia. Al tiempo, la ausencia del Estado (la reducción a su mínima expresión de sectores básicos como el sanitario, los servicios públicos, protección civil, o el educativo, en beneficio del gran capital privado), ha generado, por ejemplo, que los efectos de los desastres “naturales” sean cada vez mas terribles especialmente para las personas más pobres.

Así la aportación de la ED a la educación cívica y democrática de la ciudadanía tiene dos grandes dimensiones estratégicas, uno la promoción y articulación de las condiciones que hagan posible la participación de los sectores más frágiles, excluidos y marginados de las sociedades, pero también, y al tiempo, desarrollando una línea de defensa y

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reconstrucción de la dimensión política comunitaria de todo lo que representa espacios de poder y definición de lo que afecta a las comunidades sociales. La defensa de lo público en sentido amplio –lo que implica oponernos a la regulación de una gran can- tidad de ámbitos colectivos, que se dejan en manos de intereses puramente privados, con su consiguiente descapitalización social–, la promoción de la participación de la ciudadanía en todos los niveles (consejos de diverso tipo, presupuestos participativos, participación de los movimientos en los espacios de decisión…).