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La otra cara que adoptó la apuesta por la descolonización fue la de la recupera- ción de la soberanía nacional, incluyendo la soberanía de la sociedad sobre los mecanismos del mercado autorregulado.

El paulatino deterioro de la institucionalidad política y estatal, que se agravó durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue el factor detonante para que el dis- curso en favor de la recuperación de la institucionalidad pública y la soberanía nacional se impusiera frente a las preocupaciones por salir de un modelo de desarrollo neoliberal. El descarado giro que dio la administración del coronel Gutiérrez que, tras haber sido electo en base a un discurso de izquierda y su alianza con el movimiento indígena, inició su mandato como uno de los gobier- nos más neoliberales y subordinados a los intereses norteamericanos, estuvo

en el origen de la nueva acción colectiva de crítica y protesta9_{. Sin embargo,} fueron los eventos que marcaron la clarísima desinstitucionalización del Estado y el incremento de la violencia política, con el manejo arbitrario de la justicia encarnado en la ‘Pichi’ corte y el uso de la inteligencia y las fuerzas militares para reprimir la oposición10_{, lo que desencadenó el furor popular que culminó} en su derrocamiento en el 2005.

En los debates respecto a la firma del TLC con Estados Unidos y sobre las negociaciones con las transnacionales petroleras, cobran potencia las demandas de soberanía y de recuperar los roles del Estado frente al mercado sobre el discurso anticapitalista. Durante las elecciones presidenciales del 2006, el candidato Rafael Correa con su movimiento “Patria Altiva y Soberana – PAIS” presenta un programa que se enmarca dentro de esto: más transparencia y participación en instituciones públicas, especialmente en las funciones de elección popular como el Congreso y el ejecutivo; recuperar el control estatal sobre áreas estratégicas de la economía como el petróleo y proteger la economía nacional frente a los peligros de la globalización de los mercados. Resalta la necesidad de “modernizar la economía” recuperando el rol del Estado planificador y de control del mercado, en especial en los recursos claves de la economía como el petróleo, el comercio exterior, y limitar la dependencia respecto de las transnacionales extranjeras. En su discurso inaugural en el 2007, el presidente Correa dijo: “La globalización neoliberal ha convertido a los países en mercados y no en naciones” y habló de la necesidad de remplazar la “larga noche neoliberal” por una economía solidaria que empodere a las organizaciones sociales y que responda a las necesidades

9 _{Entre las acciones tomadas por Gutiérrez en ese sentido cabe recordar: la firma de la carta de}

intención con el FMI a los pocos días de asumir el poder, el recorte de la magra inversión social (el gasto social en educación paso de 638 millones de USD en el 2003 a 464 millones en el 2004 y el de salud pasó de 323 millones de USD en el 2003 a 211 millones de USD en el 2004), el incremento del 60% del servicio de la deuda, pasando de 2.370 millones de USD en 2003 a 3.795 millones de USD en el 2004, y el involucramiento en el Plan Colombia.

10 _{Como lo indica Natalia León (2009), “El gobierno emprendió acciones de inteligencia para consumar}

la destrucción del movimiento indígena, ahondando desde el Estado los desacuerdos entre evangélicos y católicos, entre serranos y amazónicos. […] Compró al ex presidente de la CONAIE Antonio Vargas con su nombramiento como ministro de Bienestar Social. Retiró la presencia de la CONAIE de la Dirección Nacional de Salud Indígena, de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos. Persecución política. El dirigente Humberto Cholango fue víctima del asedio y la represión del gobierno. Leónidas Iza y su familia fueron chantajeados mediante agresiones del estilo del sicariato. El hijo del dirigente fue brutalmente golpeado por supuestos desconocidos y debió ser internado en una clínica por lesiones severas. Más de una vez la dirigencia política de oposición fue amenazada de muerte en las carreteras del país, al ser perseguidos por vehículos conducidos de manera sospechosa. Grupos defensores del régimen se armaron encabezados por personajes con antecedentes delictivos y de corrupción, frente a lo que la fuerza pública hizo la vista gorda. La violencia política ganó terreno en el país”.

locales en vez de a las ricas corporaciones distantes. Entre sus primeras acciones constan el rechazo a la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y la resistencia a la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Durante su mandato, ha concretado un distanciamiento claro con los modelos de desarrollo basados en la dependencia de los países del Sur frente a los países del Norte, pero no ha cuestionado la descolonización del modelo económico basado en el concepto de progreso. Ya durante las elecciones, Luis Macas criticó el discurso de la “revolución ciudadana” de Correa como parte de un proyecto individualista que no permitía romper ideológicamente con el capitalismo individualista y acumulador del pasado. Por ello, pese al discurso aparentemente radical y revolucionario del presidente Correa, que ha logrado hábilmente explotar la retórica desarrollada por los movimientos sociales en varios temas no relacionados con el discurso étnico, los movimientos sociales aseguran que su gobierno no está auténticamente comprometido con una agenda post-desarrollista sino que, en el mejor de los casos, mantiene la línea de lo que Claudio Katz (2007) ha llamado una “izquierda moderna y civilizada”.

Aunque las acciones del presidente Correa en relación a la recuperación del control de los recursos estratégicos por parte del Estado, a la inversión fuerte en el terreno social y a la renegociación con otros países y empresas transnacionales en condiciones más soberanas han sido reconocidas como avances por los movimientos sociales, este régimen es también criticado por subsumir el concepto de Estado e institucionalidad pública al de un Estado centralizador y desarrollista que deja poco espacio para la participación ciudadana. Esta sensación se refleja en la siguiente afirmación del dirigente indígena Delfín Tenesaca: “Aunque antes las organizaciones indígenas han jugado un rol central en cuestionar las políticas neoliberales y la violación de la soberanía nacional, con la llegada de Correa al poder la lucha es para prevenir que nuestras voces sean marginalizadas a favor de acciones centradas sólo en el Estado” (citado por Pablo Ortiz, 2008).

Otro testimonio de esto es la caída vertiginosa que la participación ciudadana ha experimentado en esta última década y en especial a partir de la subida al poder del presidente Rafael Correa. Según el Barómetro de las Américas, la participación de las y los ecuatorianos en los comités pro-mejoras ha caído en un 21% entre el 2001 (33,8%) y el 2008 (26,1%). En los últimos 7 años, la participación de la ciudadanía en el gobierno local ha disminuido el 47% (10,8% en el 2001 frente a 5,7% en el 2008). ¿A qué se debe este fenómeno y qué nos muestra en relación con la forma en que las y los ecuatorianos están percibiendo el desarrollo local actualmente?

Un primer factor está claramente relacionado con el incremento de la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional, lo que hace que sus expectativas

estén menos orientadas exclusivamente a lograr resultados en la gestión local. Es así que en el 2006 el nivel de confianza en el gobierno nacional era de aproximadamente 50% menor que la confianza en los gobiernos locales, mientras que en el 2008 la confianza en el gobierno nacional estalla, ubicándose por encima de la confianza en los gobiernos locales (Barómetro de las Américas, 2008). Según los últimos datos del censo del INEC (2010), 69,6% de la población manifiesta que este gobierno tiene más preocupación en mejorar el servicio público que los anteriores. Una hipótesis es que esta tendencia, manifiesta en los primeros años de gestión del presidente Correa, seguramente gracias a su carisma y a la novedad del proyecto político propuesto por Alianza País, puede estarse profundizando a medida que avanza la gestión del presidente. Algunos factores pueden explicar el cada vez menor interés de las y los ecuatorianos por promover desde sus respectivos territorios el proyecto de vida común que desean.

En segundo lugar, la gestión del gobierno de Rafael Correa ha estado marcada por un evidente centralismo y el retorno del papel planificador del Estado central. El aparente carácter puramente técnico-científico de la planificación impulsada por SENPLADES, combinada con los altos niveles de aceptación de la población que ha alcanzado la gestión del presidente, puede estar reforzando el imaginario de los ciudadanos de que los cambios deben venir desde arriba, con el corolario desinterés por valorar y movilizar los saberes y capacidades locales. En efecto, el Barómetro de las Américas también muestra que mientras que en el 2001 y el 2004 la mayoría de las y los ecuatorianos apoyaban la descentralización, este porcentaje baja al 49% en el 2008. De igual manera, en el 2008 el 47% de las y los ecuatorianos opinó que el gobierno nacional debería asumir más responsabilida- des frente a sólo el 34% que piensa que más responsabilidades deben asumirse a nivel local y apoya la descentralización. Es interesante notar que cuanto más jó- venes son los individuos mayor es el apoyo a la centralización administrativa. Así, Ecuador es el tercer país de la región que menos confía en la descentralización, únicamente superado por Haití y Honduras.

En tercer lugar, el presidente ha articulado un discurso abiertamente crítico a la participación de las organizaciones sociales en los asuntos públicos, tildan- do estas prácticas de “corporativismo” e intentando deslegitimar a sus líderes haciéndolos aparecer como oportunistas y clientelares. En vez de empoderar a la gente y a los movimientos sociales, Correa los ha atacado y ridiculizado per- manentemente en sus cadenas radiales, intentando deslegitimarlos a oídos de una ciudadanía no organizada y poco informada. Ese discurso ha estado acom- pañado por un veto presidencial a todos los intentos del poder legislativo (en propuestas de leyes impulsadas muchas veces por los mismos Asambleístas de Alianza País o movimientos políticos aliados) de poner en marcha el mandato

de la Constitución de profundizar la democracia participativa11_{, implementando} aunque sea mínimos mecanismos de participación en la construcción de políticas públicas. A pesar de que en la Constitución y en el discurso del gobierno se habla constantemente de la democracia participativa, en la práctica, con la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, se redujo dicha participación a un mecanis- mo “institucionalizado” en el que los representantes de la sociedad civil no son electos por las organizaciones que representan a los diversos grupos afectados por las políticas públicas, sino seleccionados en base a los méritos individuales representados en la carpeta de antecedentes profesionales y el puntaje de un examen de conocimientos. Como indica irónicamente Pablo Ospina (2010) a pro- pósito de este mecanismo, son “los ideales de ascenso social de los técnicos de clase media convertidos en ley de la república. No se trata de ideologías políticas, ni de representación de grupos organizados, o de representatividad social. Se trata del ‘mérito’ personal y de la ‘independencia’ frente a los intereses particu- lares. Una persona individual, capaz, inteligente, exitosa, sin lazos con ningún grupo ni interés gremial, será capaz de velar por el interés de todos. Faltó añadir que obtendrán mayor puntaje si son huérfanos y sin amigos”. Este mecanismo también deja mucho que desear en términos de una futura rendición de cuentas de estos individuos frente a los grupos a los que supuestamente están abocados a representar.

A nivel local, el deterioro de los procesos de participación ciudadana ha estado marcado en primer lugar por el imponente triunfo en las elecciones de gobiernos locales de Alianza País, desplazando en cierta medida a los partidos y movimien- tos políticos como Pachakutik, que apoyaban firmemente el modelo de demo- cracia participativa y de desarrollo local. Los actuales liderazgos locales perte- necientes a Alianza País, en su gran mayoría, responden a la lógica inmediatista, electoral y centralista con la que se ejecutan la gran mayoría de las propuestas del gobierno de Correa y, por lo tanto, le asignan poco interés a cambios estruc- turales en las instituciones locales, la consolidación de relaciones de confianza a nivel local y regional y el fortalecimiento de la cultura política del territorio.

11 _{En la Asamblea Constituyente 2007-2008, la CONAIE presionó para que formas de democracia}

representativa sean reemplazadas por una democracia más participativa que incluyera derechos comunales. Buscaban democratizar la democracia radicalizando los mecanismos que aseguren la participación popular en los procesos políticos. Según Pachano (2010), la nueva Constitución contiene en similares dosis elementos de democracia representativa y de democracia participati- va. Cuando determina que la autoridad política es expresión de la soberanía popular, implica que se ejerce tanto por representación (a través de los órganos del poder público) como directamen- te o sin intermediación (por las formas de participación directa). La concepción de derechos en la nueva Constitución tiene un importante componente de participación ciudadana o social. La vigencia de los derechos reconocidos para cada uno de los sujetos está directamente asociada a la participación de estas personas en las políticas que les competen. En ese sentido, la Constitu- ción busca desarrollar sujetos activos de derechos.

Cuadro 3: Centralidad institucional de R. Correa:

Recuperando soberanía, perdiendo participación

Hito - Crisis institucional gobierno Gutiérrez (cambio programa político, “Pichi” _{corte, firma carta FMI, violencia de Estado).} Actores - Gobierno de Alianza País.

Discurso

- Descolonización: soberanía e institucionalidad pública (rechazo a idea de subdesarrollo).

- No a una inserción servil en la globalización. - Idea homogeneizadora de progreso.

- Ataca la participación de las organizaciones sociales en asuntos públicos.

Práctica

- El Estado recupera recursos estratégicos, fuerte inversión social y renegociación de contratos con transnacionales.

- Estado centralizador y desarrollista, caída de la participación ciudadana local y de la confianza en la descentralización.

- Institucionalización de la participación ciudadana bajo un marco de meritocracia que desconoce los procesos organizativos actuales. - Triunfo en elecciones seccionales de AP frente a partidos afines a la

participación ciudadana.

Fuente: Elaboración propia

2.4. Posicionamiento del concepto de Sumak Kawsay: un impresionante