Headteacher Capability Issues

A pesar de que la RDC ha ratificado la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que garantiza la eliminación de toda discriminación contra la mujer y la protección de sus derechos, no ha entregado sus instrumentos a la Secretaria General. En el año 2006, con su nueva Constitución, defiende la igualdad de género, específicamente en los artículos 14, 15 y 16, lo que permite tener una base legítima para la representación de género en todos los niveles, sean nacional, provincial y local. Por otra parte, se promulgó la Ley Electoral (Ley 06/006 de marzo de 2006, 13), la cual exige que las listas de candidatos de los partidos políticos deban reflejar la representación equitativa de hombres y mujeres (Mbambi, 2013: 3-4).

15 _{Por los presidentes de República de Angola, República de Burundi, República de Africa Central, República del}

Congo, República Democrática del Congo, República de Ruanda, República de Kenia, República de Tanzania, República de Uganda y República de Zambia

84 De acuerdo con los datos presentados en el documento Gender Monitor 2013 de la SADC, la RDC todavía presenta índices muy bajos de participación femenina en la política; apenas un 8,9% en la Cámara baja y el 5,6% en la Cámara Alta. Para el año 2013 la RDC contó con 44 mujeres entre los 492 asientos ocupados en la cámara baja, y seis escaños entre los 108 que son en la cámara alta. Así mismo, tres de los principales partidos políticos, incluso el partido de gobierno y dos partidos de la oposición aprobaron una cuota del 30% para las mujeres candidatas, pero ésta no se ejecutó en la nominación de candidatos y las mujeres constituyeron sólo el 12 por ciento de los 18.000 candidatos legislativos. No hubo candidatos presidenciales femeninos en 2011, una reducción en comparación con 2006 que había cuatro mujeres entre los 33 candidatos a la presidencia. Alrededor de la mitad de los 32 millones de votantes registrados a las elecciones de 2011 fueron mujeres, esto presentó un aumento de un 25% en comparación con aquellas de 2006 (SADC, 2013: 23- 34).

Si bien el Gobierno congoleño no ha firmado ni ratificado la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, la legislación congoleña cuenta con instrumentos que fomentan la protección y el respeto de los derechos infantiles, sin embargo, poco se ha logrado por parte del gobierno congoleño para establecer la seguridad de los niños (Cour Supreme de Justice, 2009: 1-2).

Es importante destacar que el Acuerdo de Paz firmado en 2013, es decir el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación, reconoce la solicitud del presidente Joseph Kabila no solo por el respeto a la soberanía entre los estados, sino también el aumento en la cooperación entre los Estados. El esfuerzo colectivo de las FARDC y la Force Intervention Brigade (FIB) de la MONUSCO para desmantelar al M23 a finales de 2013, logró por primera vez, en una década, que un grupo rebelde ruandés fuera retirado de la República Democrática del Congo. Esta hazaña parecía sugerir el camino a seguir de una estrecha colaboración entre el FIB, la MONUSCO y las FARDC en su lucha contra los rebeldes en la región; sin embargo, en gran parte de 2014, la cooperación entre el gobierno y los actores regionales e internacionales se disipó y la estrategia de estabilización

85 mencionada tuvo un lento progreso. El esfuerzo por promover la estabilidad y la paz que incluye la implementación de programas exitosos de Desarme Desmovilización, Repatriación (DDR) y la Reintegración y Reasentamiento (RR), así como las operaciones más específicas contra las FDLR, se estancó por problemas técnicos constantes y la falta de voluntad decidida (Centre of Conflict Resolution, 2013:16-18).

En los primeros 36 meses de funcionamiento de OSISA, un tribunal de género móvil que opera en Kivu del Sur hizo un importante avance en el esfuerzo de acercar la justicia a los ciudadanos y realizó veinte sesiones de la corte en áreas remotas de la provincia: 382 casos fueron tratados, 204 con condenas por violación, 82 con condenas por otros delitos, 67 absoluciones y 29 casos están pendientes. Las penas por violación oscilaron entre 1 a 20 años de prisión, e importantes sanciones económicas en algunos casos (OSISA, 2013: 27-28).

Para el año 2014, frente a la implementación del RINR, únicamente 245 minas han sido incluidas en una base de datos de referencia (202 en Ruanda, en Burundi 3 y 40 en República Democrática del Congo) (ICGLR, 2014):4). Además, se ha establecido la Joint Intelligence Fusion Centre (JIFC) en Goma, República Democrática del Congo, que se compone de dos representantes de los 11 Estados miembros, y es administrado por un Comité de Coordinación Regional de rotación compuesto por Uganda (Presidente), Angola, Burundi, la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda (ICGLR, 2015:1).

Los acuerdos de paz entre los países vecinos y los actores internacionales han sido medidas que buscan intereses comunes por disminuir la violencia y que comience un proceso a largo plazo para volver a establecer un estado de bienestar para la población. Si bien los países de la Región de los Grandes Lagos han implantado mecanismos para mejorar las vidas no solo de mujeres y niños, todavía los países actúan en base al utilitarismo tan criticado por Rawls y Sen. Cada nación desea actuar de acuerdo a sus propios intereses, a pesar de que cada uno de sus problemas traspasa sus fronteras. Los gobiernos han eliminado el velo de ignorancia frente a los problemas del resto de naciones,

86 sin embargo, no han trabajado con las empresas establecidas en sus territorios, buscan mayores fuentes de financiamiento a cambio de sus recursos con empresas chinas y reclaman que no existe un interés suficiente por parte de la Comunidad Internacional.