Heat affected zone microstructure

El mercado laboral o mercado de trabajo; es una relación en la cual las personas intercambian servicios de trabajo; quienes compren servicios de trabajo son las empresas e instituciones, es decir conforman la demanda de trabajo. Los que venden servicios de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la oferta de trabajo.

Se define al mercado laboral como un mercado donde interactúan la demanda y la oferta de trabajo que además se caracteriza por:

• Capacidad que tengan los empleadores para contratar a uno o más trabajadores.

• Leyes de Contratación Laboral.

• Salario o remuneración.

• Pago de beneficios a los trabajadores.

• Jornada laboral o carga horaria de trabajo.

• Participación de los trabajadores más las utilidades.

Las características mencionadas son las cláusulas que forman parte de un contrato de trabajo las cuales se comprometen a cumplir tanto el empleado como el empleador. (Organización Internacional del trabajo, 2010)

Más del 15% de la población mundial se ve afectada por alguna discapacidad, y una cuarta parte se ve influenciada en su vida personal directamente por la discapacidad, sean familiares o personas que cuidan a quienes la experimentan. (Organización de Naciones Unidas, 2011)

En el Ecuador, la atención específica a personas con discapacidades inició aproximadamente hace medio siglo por iniciativa de algunos padres de familia en búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, en la actualidad, se ha dado un nuevo carácter a las políticas y acciones destinadas a mejorar efectivamente las condiciones de vida de estas personas y, se ha reconocido constitucionalmente a los discapacitados como un grupo de atención prioritaria en donde se dedica una sección entera que detalla sus derechos y las obligaciones del Estado para con ellos. (Objetivos del desarrollo del milenio - Una mirada desde America Latina y el Caribe, 2005)

El gobierno ha declarado la formulación de la política pública sobre discapacidades como un eje transversal de la estructura del sector público y, ha puesto en marcha políticas y programas públicos en favor de la inclusión de las personas con discapacidades en todas las esferas de la sociedad, entre ellas el acceso al mercado laboral, en éste sentido, varios de los ejes del programa "Ecuador sin Barreras", apuntan a la inserción laboral y a la equiparación de oportunidades para las personas de éste significativo grupo de la población. (Moreno, 2010)

Por otro lado, varias de las normativas recientemente instauradas como por ejemplo la "Ley del 1x1", apuntan a garantizar algunas plazas de trabajo fijas para estas personas. Estos hechos no hacen otra cosa que poner de manifiesto, al menos por el momento, la clara intención del actual gobierno de instaurar una verdadera política de Estado a pro de la atención prioritaria a las personas con

discapacidades. No obstante, es aún prematuro aventurarse a descartar o afirmar que efectivamente se está logrando cumplir con éste cometido. (Narvaez, 2013)

En el Ecuador la COCEMFE en cooperación al desarrollo instaura proyectos como el Servicio de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en Ecuador “TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN. FASE II”. El proyecto tiene como objetivo el fortalecer las capacidades locales que contribuyan a la inclusión socio laboral de las PCD, con especial atención de las oportunidades de las mujeres con discapacidad, a través del Servicio de Inserción Laboral, representando la segunda etapa del anterior proyecto, y ampliando el ámbito geográfico de actuación, a 17 provincias y alcanzado a 6.000 personas. (Heim, 2010)

El estado ecuatoriano, a raíz del liderazgo de Lenin Moreno como vicepresidente y su activismo en defensa de los derechos de los discapacitados, toma conciencia de la problemática de las personas con discapacidad en el campo laboral y decide dar énfasis y enfocarse para mejorar el bienestar de este grupo vulnerable, la injusta discriminación por parte de la sociedad hacia los discapacitados, no permitía su vinculación al sector laboral. A partir de la reforma del código de trabajo en el año 2006, la situación de estas personas empezó a mejorar. La reformatoria a la ley es un respaldo hacia las personas especiales que garantiza su inserción laboral.

Otro de los proyectos al servicio de inserción laboral de personas con discapacidad en el proyecto “Trabajando por la inclusión” y puesto en ejecución en el 2010 con el Financiamiento de AECID, Fundación ONCE, FENEDIF, Municipio de Quito y Petroamazonas, se trata de un proyecto de Inserción laboral de la personas con discapacidad con tres ejes principales: formación y sensibilización a personas y grupos focales que trabajan , se podría trabajar con personas con discapacidad (funcionarios, empresarios, personas del servicio de inclusión laboral); formación profesional a personas con discapacidad; y un programa de desarrollo de capacidades y habilidades personales desde un enfoque de derechos dirigido a personas con discapacidad y sus familias. Se prevé la implementación y consolidación de 6 Servicios de Inserción Laboral (SIL)

en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Azua, Los Ríos y El Oro. (Confederacion Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 2011)

Discapacidad, empleo e inclusión.

Lamentablemente Ecuador no cuenta con estadísticas que le permitan conocer con certeza los niveles de inclusión laboral de las personas con discapacidad en las empresas e instituciones, y así dar un seguimiento real a lo que establece la Constitución del Ecuador.

La poca o nula capacidad integradora del empleo es mucho más complicada para los colectivos que tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo y están más expuestos a la precarización laboral. Uno de estos colectivos es el constituido por las personas con discapacidad, que históricamente han tenido unas tasas de participación en la actividad y de ocupación muy inferiores a las del resto de la población en edad de trabajar. Al no poder acceder a un trabajo, no hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos o hacerlo en espacios diferenciados o protegidos, las personas con discapacidad corren el riesgo de convertirse en ciudadanos de segunda categoría. (Giraldo, 2012, p.80).

La exclusión económica implica fundamentalmente dificultades o marginación al momento de acceder a bienes y servicios fundamentales para una calidad de vida digna, así como dificultades de integración al mundo del trabajo. (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2010)

La exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral contiene una carga sociocultural muy fuerte, ya que por mucho tiempo se consideró a la mayor parte de las personas que presentaban alguna discapacidad como "incapaces", "impedidos" e "inválidos", evaluándose negativamente su "potencial productivo" y sus posibilidades de contribución a la vida social. De esta manera, los individuos que ven dificultada su inserción en el mercado de trabajo se encuentran con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, pero además ven resentida su ciudadanía al ser descalificados como fuerza de trabajo poseedora de valor,

como actores capaces de aportar a la vida social, y excluidos de los importantes espacios de socialización que el trabajo brinda. (Duran, 2008)

El momento económico actual es especialmente difícil para las personas con discapacidad, tanto para quienes ya están en el mercado de trabajo como para quienes tratan de entrar en él. Un número creciente de personas con discapacidad que necesitan encontrar empleo se ven influidas por los recortes en las políticas de incentivos a la contratación y por el descenso del empleo en los sectores económicos en los que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de integración. (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2010)

Es importante garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se respeten. Los problemas de inserción laboral de las personas con discapacidad responden a muchos factores, que pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Un nivel educativo y una cualificación profesional deficiente o no adaptada a las demandas del sistema productivo.

• Falta de motivación e información de la propia persona con discapacidad y de sus familias, que se traduce en dificultades para mejorar su cualificación profesional o buscar empleo.

• Actitud negativa de una parte de los empleadores o de los responsables de recursos humanos, que revela un prejuicio inicial hacia las capacidades potenciales de la persona con discapacidad o una serie de ideas falsas preconcebidas (escasa polivalencia, difícil reciclaje, altos costes por la adaptación de lugares y puestos de trabajo).

• Dificultades para acceder a fuentes de financiación de cara a crear su propio negocio.

• Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de formación o de trabajo...) que pueden obstaculizar la integración laboral. (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2010).

La Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012 tiene como objetivos generales aumentar las tasas de actividad y de

ocupación de las personas con discapacidad, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, combatiendo activamente su discriminación. (Jordán de Urríes, 2011)

Situación actual de las personas con discapacidades al mercado laboral en el ecuador

Uno de los derechos de las personas con discapacidades que menos se ha cumplido por parte de la empresa pública y privada, a pesar de leyes y normativas específicas sobre su contratación en el sentido de concederles, salarios justos, el derecho y la garantía de inserción, ascenso y la promoción, el reparto justo de las utilidades, etc. (Constitución Política del Estado, 2008).

“El Art. 17- De la Ley Orgánica de Empresas Públicas, inciso tercero: “Por lo menos un cuatro por ciento del talento humano de las empresas publicas deberá ser personal con discapacidad, acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades”, El inciso tercero del Art. 17 de la Ley Orgánica de las Empresas Públicas. Dispone que el personal con discapacidades acreditado por el CONADIS, tiene derecho a que las empresas públicas y privadas les incluyan en la relación laboral. (Ley Orgánica de discapacidades del Ecuador, 2012)

Si bien, las leyes y normativas de las que se hace mención fueron escazas e incluso incompletas, es en la última década que se registra un impulso trascendental de las mismas gracias al soporte constitucional que se les ha dado y a los esfuerzos por lograr la cohesión entre éstas y otros instrumentos de política a favor de la formulación de una verdadera Política de Estado. (Narváez, 2013)

En el ámbito laboral, el gobierno ha estipulado que el trabajo es un derecho y una obligación social. Por otro lado, existe un renovado compromiso por hacer efectivos convenios regionales e internacionales tales como la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)" y la "Convención sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad (2006-2008)" auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas. (Naciones Unidas, 2010)

Las personas con necesidades especiales enfrentan aún muchas dificultades previo su ingreso al mercado laboral, empezando por las penurias que deben sobrellevar a la hora de emprender su preparación académica. En los centros educativos son aún sujeto de discriminación por parte de profesores y alumnos, así como de la imposibilidad de movilizarse pues no existen facilidades técnicas, a pesar de las reformas legales. (Narváez, 2013)

Para, (Pastore, 2001) la deserción escolar de estas personas provocan el acrecentamiento de las dificultades a las que se enfrentan a la hora de encontrar una plaza de trabajo, de igual manera, la falta de información y de conciencia social por parte de los potenciales empleadores, son otros de los causales para que el insertarse al mercado laboral sea aún una tarea difícil para estas personas, a pesar de la política de sanciones y obligaciones que les es impuesta a los empresarios por parte del gobierno.

En éste contexto, (Narváez, 2013) Ecuador es quizá el país latinoamericano que más avances ha alcanzado particularmente en los últimos tres años. El Estado ha abandonado el paternalismo al que se había acostumbrado y, de a poco ha empezado a cumplir con su rol como ente regulador y formulador de políticas públicas – por lo menos esa ha sido la intención-. No obstante, los resultados de las medidas adoptadas son aún inciertos, por el incumplimiento de esta normativa. A pesar de esto, lo relevante de la situación ha sido la erradicación de la "invisibilidad" a la que fueron sometidos tiempo atrás y el empeño gubernamental por dotarles de lo indispensable para hacerlos productivos y competitivos en el mercado laboral tanto público como privado.

Así mismo está la aprobación de la "Nueva Constitución Política del Ecuador" en 2008, instrumento mediante el cual se garantizaron derechos específicos para las personas con discapacidades y adicionalmente se decretaron leyes, normativas y regulaciones tales como la "Ley sobre Discapacidades del Ecuador, las

"Regulaciones para el Registro de las Personas con Discapacidad" y la "Ley Reformatoria del Código Laboral todas estas en favor de la generación de nuevas plazas de trabajo, la garantía del acceso y la estabilidad laboral y el cumplimiento de normativas y leyes por parte de la empresa privada y el sector público.

Por otro lado, debe destacarse la implementación del programa gubernamental "Ecuador sin Barreras", cuya misión fundamentalmente se centra en la inclusión social de las personas discapacitadas, el control del cumplimiento de los derechos de éstas personas en la sociedad y generar las herramientas necesarias para mejorar su condición de vida. El programa consta de 8 ejes fundamentales, cinco de ellos directamente relacionados con la inclusión de estas personas al mercado laboral. Finalmente, resulta pertinente el destacar las acciones de los programas "Misión Solidaria Manuela Espejo" y "Bono Joaquín Gallegos Lara", a través de los cuales se han identificado y han comenzado a atender a las personas con discapacidad en los rincones más recónditos del país. Éste último como una iniciativa de inversión en la atención de personas con discapacidad intelectual o física severa, mediante la entrega de un bono de USD 240 a los familiares encargados de su cuidado, evitando que estos salgan a trabajar y más bien dediquen todos sus esfuerzos en su atención. (Moreno, 2010)

Inserción laboral de personas con discapacidad

Es la suma de acciones, estrategias metodologías y esfuerzos comunes, que facilitan el ingreso de una persona con discapacidad en el empleo ordinario, coordinado por un equipo profesional que interrelaciona a la empresa y la persona con discapacidad, para logar la selección precisa de una persona, cuyas aptitudes empaten con los requerimientos del puesto de trabajo.

Hernández (2008, p.30) cita a (Booth & Ainscow, 2002) quien determina que la inclusión laboral o como habitualmente denominamos la inserción en el mundo de la empresa, no debe situarse en el plano de lo deseado sino que ha de concretarse en políticas y acciones específicas de promoción del empleo. Compartimos su valor social y la consideración de éste como un derecho

inalienable que contribuye a la integración de las personas en la sociedad. La inclusión invita a analizar de forma sistemática los contenidos y las formas de las culturas, las políticas y las prácticas educativas para que puedan trasladar los valores inclusivos a la vida cotidiana. En este sentido introducimos estos valores al entorno natural que les corresponde a estos jóvenes, que tanto por su formación, como por su edad y entorno familiar, su vida cotidiana normalizada corresponde a una situación profesional activa. (Giraldo, 2012)

Es la suma de acciones, estrategias metodologías y esfuerzos comunes, que facilitan el ingreso de una persona con discapacidad en el empleo ordinario, coordinado por un equipo profesional que interrelaciona a la empresa y la persona con discapacidad. Lograr la selección precisa de una persona, cuyas aptitudes empaten con los requerimientos del puesto de trabajo.

Las Federaciones nacionales de y para la discapacidad del Ecuador (FENEDIF), es pionera a nivel nacional en la prestación de servicios que equiparan las oportunidades de inclusión para personas con discapacidad, con el proyecto SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR: TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN, impulsa la inserción laboral, en condiciones que permiten la optimización de los perfiles humanos y el acceso a adecuadas condiciones laborales. La participación con otras instituciones tanto en el ámbito gubernamental, público y privado, ha viabilizado la participación directa con y desde los usuarios y usuarias de nuestros servicios; los cuales participan plenamente en los procesos de mejoramiento de perfiles profesionales, laborales y del desarrollo humano. (Iturralde, 2012)

La inserción laboral como corresponsabilidad del estado y las políticas públicas

La preocupación por el empleo de personas con discapacidad está presente en organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los hacedores de política pública del Ecuador. En 2012 la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT expidió la Resolución relativa a la crisis del

empleo de discapacitados: un llamado a la acción, en la que afirma que “la creación de suficientes puestos de trabajo decente para los discapacitados es una cuestión de máxima prioridad mundial”. (Jordán de Urries, 2011)

La resolución convoca a los gobiernos a considerar un conjunto de políticas públicas en los términos que establece la Constitución de la República, en los siguientes ámbitos: políticas de empleo y económicas para promover el empleo a personas con discapacidad; empleabilidad (educación, formación y competencias, y transición de la escuela al trabajo); políticas de mercado de trabajo; iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia, en general el desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. (Subdirección de Asesoria Juridica, 2011)

Para, (Cazar, 2010), el Ecuador es uno de los primeros países en América que cuenta con un conjunto de normas y disposiciones legales que orientan casi todas las actividades en materia de discapacidades. Esto le ha merecido al país que, en muchos casos, sea tomado como referente de normativas, políticas y organización internacional. Es uno de los pocos países que cuenta con una Constitución en la que se menciona expresamente, en varios artículos, las responsabilidades del Estado en materia de discapacidades. Especialmente el Art. 47.

La Inclusión, es una filosofía de vida que proclama el cumplimiento de los derechos humanos través de acuerdos y cumbres internacionales, donde prima la reflexión acerca de la igualdad de oportunidades, con especial énfasis en atención a las personas más vulnerables, independiente de sus creencias, ideologías, condiciones de vida y/o de salud; de ésta corriente se desprende la Inclusión Laboral. (Moreno, 2010).

Para las personas con discapacidad constituye un reto, un deber el participar en el proceso productivo, una medida para el reconocimiento social, una necesidad para lograr autonomía personal y mejorar sus condiciones de vida.

Inserción laboral en las instituciones públicas

La dinámica general del mercado de trabajo, el desconocimiento de las habilidades destrezas y posibilidades de producción de las personas con discapacidad, y su limitada formación profesional, son causas de exclusión social. Para afrontar esta situación se aplican varias medidas como:

• Incremento de la oferta de Becas para Educación Superior, (a través de la Ley sustitutiva a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas - IECE, publicada en el R.O. No. 179 del 3 de Enero del 2006).

• Capacitación para el trabajo a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, de parte del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP.

• Fortalecimiento de la gestión de los servicios de inserción laboral.

• Asesoría e información del CONADIS sobre las normativas y procesos del área.

• Campaña “Ecuador sin Barreras”, en su Componente “Empleo sin barreras” de la Vicepresidencia de la República. (Ley Orgánica de discapacidades del Ecuador, 2012)

Son algunas de las iniciativas que han permitido un crecimiento en la cobertura de atención sobre la aplicación de la Ley reformatoria al Código del Trabajo.

En el Ecuador, desde el 30 de Enero de 2006, fecha en que se publicó en el Registro Oficial No. 198, la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, a pesar de que no se han realizado estudios que nos permitan contar con datos estadísticos, no dudamos en afirmar que se ha incrementado significativamente el número de personas integradas al trabajo.

Uno de los principales aliados, para impulsar la inserción laboral son las empresas, que cumpliendo sus políticas propias y las normativas vigentes, están contratando a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que la