Poco tiempo después de su elección, el presidente llevó a cabo el 6 de Septiembre la promulgación del decreto de excepción 1923, que creó el Estatuto de Seguridad. Este
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El general Camacho Leyva contaba con el título de abogado lo que fue un inicio en la carrera pública del general que ocupó distintos cargos burocráticos en el ministerio a lo largo de su carrera. Según Leal esto le permitió el uso de la intriga como un arma de manipulación y ascenso burocrático, esto le permitió unirse al presidente Turbay.
era un conjunto de normas y medidas de excepción con las cuales el presidente esperaba llevar a cabo una lucha contra las mafias y guerrillas que generaban las condiciones de inseguridad e inmoralidad que el primer mandatario consideraba que eran los factores que amenazaban al Estado (Torres, 2000, p. 219). En el propio estatuto se establecía la presencia de una amenaza contra el orden político: “periódicamente se han venido reiterando y agudizando las causas de perturbación de orden público que crean un estado de inseguridad general y degeneran en (...) prácticas terroristas dirigidas a producir efectos políticos encaminados a desvirtuar el régimen republicano vigente o en la apología del delito, (...) Es indispensable adoptar medidas de seguridad para mantener el orden social y la paz en el territorio de la república...”(Rivas et al., 1980, p. 310). En la construcción de la normatividad establecida en el estatuto, tuvieron una gran influencia las determinaciones del Ministro de Defensa, Camacho Leyva. El Ministro de gobierno de Turbay, Germán Zea Hernández manifestó que la seguridad fue el primer punto en la agenda presidencial, ya que esta materia era según el ministro una de las solicitudes que hizo la sociedad al presidente Turbay desde el inicio de su mandato:
“Había mucho secuestro en Colombia hasta el punto de que en el primer consejo de ministros lo que se planteó como cuestión vital (...) fue la cuestión de la seguridad. Todos los ministros le dijimos al presidente, el país se esta ahogando en la inseguridad. (...) las gentes vivían atemorizadas en Bogotá, en las grandes ciudades, por los secuestros, por la ola de inseguridad. Había actos de guerrillas contra las poblaciones. Vino el robo del cantón del Norte y todos los ministros consideramos que era necesario modificar las disposiciones del Código penal para hacer que algunas de esas normas fueran mucho más rigurosas y rígidas para contrarrestar esa ola de criminalidad que existía en el país. Pero esta situación la heredó el doctor Turbay del doctor López. Eso sobrevino del doctor López, sobre todo después de aquel paro que hubo en el 77, con muchos muertos y esa fue una de las causas del asesinato del doctor Pardo Buelvas. Era una situación la heredó el doctor Turbay del doctor López." (Alape, 1985, pp. 379-380)
Como lo menciona Francisco Leal Buitrago (2002, p. 59), el estatuto de seguridad no buscaba aumentar la ya consolidada autonomía militar, sino más bien otorgar a las Fuerzas Armadas una serie de herramientas jurídicas para la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas. El estatuto establecía nuevas formas delictivas y aumentaba las penas para delitos ya existentes (Ver tabla 1), del mismo modo permitía ejercer la censura sobre medios de comunicación tanto audiovisuales como escritos. Delitos como el secuestro y la extorsión tuvieron serios incrementos en sus penas. Sin embargo debemos considerar que la ampliación de las penas venía poniéndose en práctica por los gobiernos anteriores a Turbay.
TABLA 1. AUMENTO DE PENAS DEL ESTATUTO DE SEGURIDAD
DELITO DEFINICIÓN SEGÚN EL ESTATUTO DE SEGURIDAD PENA ANTES
DE 1978
PENA DEL
ESTATUTO Secuestro
simple
Rapto de personas con fines personales, políticos o publicitarios que no incluya agravantes, se culpa tanto a responsables del secuestro como a quienes lo organicen
8 a 12 años de prisión 10 a 20 años de prisión Secuestro agravado
Rapto de personas con fines personales, políticos o publicitarios que incluya actos de tortura, lesiones, extorsión, se culpa tanto a responsables del secuestro como a quienes lo organicen
6 a 12 años de prisión 20 a 30 años de prisión si el rehén muere Rebelión
Cualquier acto organizado que busque el derrocamiento o cambio del gobierno legítimo. Son culpables todos aquellos que lideren o participen del alzamiento
6 a 4 años de prisión 8 a 14 años de prisión Asociación para delinquir
Integración o formación de grupos armados de más de tres personas que tengan como fin el invadir y asaltar predios o poblaciones causando daños a la vida o seguridad de las personas. Asimismo se castiga la asociación con fines de expropiación ilegal
5 a 14 años de prisión
10 a 15 años de prisión
Causar o participar en alteraciones del orden público o alterar el desarrollo de actividades sociales
1 a 30 días de arresto
1 a 5 años de prisión
Cometer homicidio en circunstancias de perturbación del orden 15 a 24 años de prisión 20 a 24 años de prisión Perturbación del orden público
Causar lesiones a otra persona en las perturbaciones del orden público 2 meses de arresto a 9 años de prisión 1 a 10 años de prisión
Fuente: Reyes et al., 1978, pp. 90-113
El estatuto partía de dos factores: en primer lugar se llevó a cabo una ampliación de la noción de “perturbador del orden público”. Esta sindicación se hizo extensiva a una serie de actividades que antes eran juzgadas como simples contravenciones y ahora eran convertidos en delitos (Gallón, 1979, p. 134). Según la legislación del estatuto, las perturbaciones del orden público abarcaban conductas que “alteren el pacífico desarrollo de las actividades sociales o provoquen incendios y en tales circunstancias supriman la vida de las personas” (Rivas et al., p. 311) Sin embargo estas definiciones para analistas como Gustavo Gallón era muy vagas y permitían que cualquier actitud o situación que no fuese bien vista por el gobierno podría ser juzgada como perturbación. De esta manera el estatuto también amplió la concepción del “subversivo” hacia actividades como pintar grafittis, distribuir propaganda, así como exhibir dibujos o textos contra al gobierno en espacios públicos, asimismo criminalizó las formas de huelga y protesta social, pues el gobierno podía considerar que en ellas podía haber intención de derrocar al gobierno, por lo que podía actuar con rigor y excesos incluso contra aquellos que solo fuesen observadores de los sucesos. El segundo gran pilar del estatuto de seguridad fue la ampliación de las funciones de las Fuerzas Militares que pasaron al ámbito judicial, por medio de la aplicación práctica de la Justicia Penal Militar para civiles. Mediante consejos de guerra, los militares adquirieron la capacidad
para juzgar los delitos señalados previamente. También otros elementos de la Fuerza Pública como el DAS y la policía llevaron a cabo juicios. La capacidad judicial de las Fuerzas Militares muestra que en el país también se presentó una ocupación del Estado por parte de las Fuerzas Armadas (Reyes et al., 1978, p. 109).
Para Iván Orozco Abad (1992, pp. 171-174), el estatuto de seguridad fue resultado de los sucesivos estados de excepción, dirigidas contra la protesta social. Así, el estatuto respondía a la necesidad de las clases dominantes que vieron con temor que las olas de protestas que acontecieron desde el paro cívico del año anterior, ponían en juego su posición privilegiada. Sin embargo, pese a que el estatuto daba trato a los delincuentes políticos con base en la idea del combatiente-rebelde, las figuras criminales creadas por la legislación, llevaban a que varias conductas que tenían conexión con el delito rebelión, terminaban asimiladas como delitos comunes. Estas circunstancias llevaron a que las víctimas de la legislación fuesen los movimientos políticos y sociales, pues sus acciones terminaron asimiladas como perturbaciones del orden público, las cuales al ser establecidas como delitos, eran susceptibles de ser reprimidas.
Desde su promulgación, el estatuto fue recibido con beneplácito por parte de los gremios y los sectores políticos dominantes, que consideraban que el modelo impuesto por las Fuerzas Militares garantizaba condiciones de seguridad contra los enemigos del Estado a los que consideraban influidos por la guerrilla. Sin embargo también comenzarán a surgir críticas de distintas organizaciones sociales, laborales y políticas que consideraban que el país caminaba hacia una dictadura constitucional.