En 1917 se desarrolló una huelga de obreros de frigoríficos a nivel nacional, en reclamo por el descanso dominical o el pago de doble jornal ese día83. Durante el
desarrollo del conflicto a nivel local, la policía ingresó con violencia a la Casa del Pueblo mientras tenía lugar una asamblea de trabajadores y baleó a mansalva a varias personas, entre ellas al ya mencionado Antonio Lavandera, un operario español que
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Como les sucedía en 1917 a los inmigrantes y como les sucede ahora a sus descendientes ante el proyecto del dragado.
83 A lo largo de los veintiún días que dura la noticia a nivel local, las informaciones acerca de los motivos de la huelga se reducen a la exigencia de «varias mejoras» (LNP, edición del 4 diciembre 1917: pág. 7, col. 4). Lobato escribe al respecto: «En noviembre de 1917 estalló otra huelga en reclamo de la jornada de 8 horas, aumento de los salarios, mayor higiene en los departamentos, provisión de ropa, abolición de multas y mayor respeto de jefes y capataces» (Lobato, 2007: 140).
falleció poco después. Para justificar esos actos represivos y la muerte ocurrida, las autoridades invocaron la aplicación de las leyes de residencia y de defensa social, que apuntaban a controlar a los trabajadores, sobre todo a inmigrantes que participaran de ideas anarquistas, socialistas y comunistas.
Caviglia reflexiona sobre las características que había adoptado la huelga diez años antes (1907) en Ing. White:
Cuando los obreros migrantes generan movimientos políticos de oposición no lo harán en su condición de extranjeros sino, junto a los obreros nativos, como proletarios luchando por mejores condiciones de vida, mayores salarios, y menor número de horas de trabajo (los socialistas) o por lograr el derrumbe total del Estado y sus instituciones (los anarquistas). (Caviglia, 1984: 27)
En este sentido, la Casa del Pueblo es un espacio que se corresponde más con una identidad política vinculada a las clases trabajadoras que con una identidad nacional (como sus contemporáneas Sociedad Italiana y Sociedad Española en Cerri). Vemos entonces las identidades como producto de la convivencia y, por tanto, el desplazamiento de las diferencias étnicas hacia una identidad configurada por la condición de clase trabajadora, como megarrelato de la modernidad que sitúa el «problema del trabajo» en un lugar central desde el cual construir la acción colectiva y la identidad del «yo moderno». A su vez, el borramiento de las diferencias étnicas contribuye a la identidad nacional homogénea, ese «tiempo homogéneo y vacío» que mencionaba Benjamin.
En el Centenario, la formación del Estado-Nación despliega los dispositivos de la hegemonía en pos de la centralización política y la unificación cultural. Como sostiene Jesús Martín-Barbero:
Las diferencias culturales entrababan la libre circulación de mercancías y representaban para el absolutismo una inadmisible parcelación del poder. Al superar ambos obstáculos contribuirá a la construcción de una cultura nacional. Y es justo en ese momento en que las culturas populares, locales, quedan sin piso, en el momento en que se les niega el derecho a existir. (Martín-Barbero, 1991:98)
Siguiendo este planteo, hacia el Centenario de Mayo, la doble gobernabilidad comenzaba a poner límites a las libertades de los inmigrantes, mediante la sanción de
una serie de leyes que tuvieron la finalidad de criminalizar al anarquismo, considerado el gran perturbador del orden público y social. La criminología contribuyó al diseño de modos de identificación y definición de «…ciertos sujetos peligrosos e indeseables para las clases dirigentes en un contexto marcado por la llegada de decenas de miles de inmigrantes al país» (Constanzo, 2009: 93; subrayado en el original)84.
En 1902 se sancionó la ley de residencia, otorgándole al Poder Ejecutivo la potestad de expulsar del territorio nacional «… al extranjero que hubiese sido condenado o perseguido por tribunales de otros países […] o que comprometiera la seguridad nacional o perturbara el orden público» (Constanzo, 2009: 93). Ocho años más tarde entró en vigencia la ley de defensa social, que además de ampliar la posibilidad de expulsión de extranjeros, establecía una cantidad de sanciones según los «daños» cometidos por el expulsado. Dice nuestra autora:
La difusión de ideas ácratas en periódicos y publicaciones de la época, la realización de asambleas o reuniones, el uso de símbolos o banderas, la fabricación de bombas y el atentado contra una institución o personas tenían penas distintas pero eran figuras delictivas diseñadas por los legisladores para desterrar el anarquismo. (Constanzo, 2009: 93-94)
Por último, en 1912, la llamada ley Sáenz Peña habilitó el sufragio universal masculino, con la que, para Marcelo Pereyra, se clausuró:
… una etapa de democracia restrictiva, amañada y turbia. Desde la sanción de la Constitución Nacional, en 1853, distintos sectores de las elites dominantes se habían alternado para manejar a su antojo las contiendas electorales y para gobernar el país. Pero a comienzos del siglo XX esa hegemonía fue puesta en cuestión por las organizaciones políticas y gremiales de izquierda… De modo que en 1916, en las primeras elecciones presidenciales que se llevarían a cabo de acuerdo con la ley Sáenz Peña triunfó ampliamente el caudillo radical Hipólito Yrigoyen. (Pereyra, 2013: 2)
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Puede recordarse la obra de José Ingenieros Criminología, de 1919, ( que retoma los ensayos elaborados entre 1889 a 1901) uno de cuyos capítulos ( Las nuevas bases de la defensa social) habla de «causas determinantes de delito», y así lo explica: «… la profilaxia del delito tiene su primera base en el conjunto de leyes sociales reclamadas por las clases obreras de todos los países y que son ya el eje fundamental de la política contemporánea» (Ingenieros, 1919: 198). Y continúa en orden: «Profilaxia de la inmigración. En segundo término, se impone evitar que ciertos grupos sociales endosen a otros en población criminal…» (Ingenieros, 1919: 198).