Para “Caballo Blanco” la negativa del cambio de uso de suelo significo únicamente la suspensión de actividades. La empresa canadiense seguía, a inicios de 2014, manteniendo a “Caballo Blanco” como uno de sus mayores activos.
A finales de 2012, el munícipe Lucio Castillo declaraba que había sostenido una reunión con los empresarios e informaba que el interés de éstos por la realización del proyecto seguía en pie; la complacencia del entonces munícipe aún se dejaba entrever. Además, al ser cuestionado sobre si existía para “Caballo Blanco” un no definitivo, él respondía: “No, una clausura no significa un no rotundo, sino que hasta el momento y no estén las cosas en orden, documentadas, no se puede dar seguimiento (sic)” (Morales J. , 2012).
A decir de Paré (2013), posterior a la negativa, la trayectoria que tomó “Caballo Blanco” fue peculiar. La estrategia empresarial dejó ver los vacíos del andamiaje legal e institucional. El contexto estatal enmarcaba las elecciones para cambio presidencial, lo que, en cierta medida, pudo influir en las decisiones de las autoridades federales y el pronunciamiento de las estatales.
La autoridad dejaba claro que la suspensión al proyecto no significaba la cancelación pues, en términos de cambio de uso de suelo, no había reunido los requisitos legales, pero, en términos de la Manifestación de Impacto Ambiental, la empresa optó por retirarla. En ese sentido, el delegado Manuel Molina afirmaba: “hoy es un proyecto que no existe” (Cancino, 2013). La misma declaración realizaba el diputado Eduardo Robles del Partido Verde, al decir: “El tema ya está muerto, el caballo está muerto” (AVC Noticias, 2013).
Los medios de comunicación aún mantenían el interés en el caso. El diario La Jornada no tardó en precisar que Manuel Molina no se conducía con la verdad, pues el proyecto había sido autorizado por él. En un desplegado, el periódico hizo público un documento de 22 hojas, con fecha del 13 de abril de 2011, el cual consistía en un permiso expedido por el funcionario, mediante éste, la empresa mantenías sus exploraciones y perforaciones con una validez de 30 meses para las etapas de
construcción y preparación del proyecto. Así, la empresa mantenía actividades para realizar
ocupación y exploración minera del terreno localizado en Arroyo Agrio, a cargo de la empresa Minera Cardel, construcción de 24 socavones, remoción de casi 30 mil toneladas de roca, construcción y almacenamiento de un polvorín, para realizar hasta cuatro detonaciones diarias. (García, 2013).
Las versiones giraban en torno a la legalidad del proyecto. Por un lado, el permiso expedido le permitía a la empresa minera mantener actividades aún después del fallo de Semarnat, por el otro, en el momento de haber comprobado la inexistencia del permiso por parte de la SEDENA para el uso de explosivos, debió darse la cancelación; no fue así.
Meses más tarde, los integrantes de LAVIDA aseguraban que el nuevo alcalde de Alto Lucero había buscado reunirse con ellos para “advertir” que el proyecto regresaría en enero de 2014. Lo que no sucedió de esa forma, al menos no en 2014. A principios de 2014, Goldgroup Mining Inc. obtenía la autorización para explotar una mina en el estado de Sonora, anunciaba que buscaría en 2014 elevar su producción de oro, impulsaría la cartera de proyectos en México, incluido su buque insignia “Caballo Blanco”, en Veracruz (García, 2014).
Parece que en este lapso el intento de los funcionarios fue “darle carpetazo” al caso de “Caballo Blanco” para calmar la oposición de los grupos ambientalistas. La información en diarios disminuyó en gran medida, para finales del año, el tema quedaba olvidado, otros proyectos a gran escala parecían ocupar la atención de los grupos que antes impulsaban la lucha.
Durante el tiempo en el que se desarrolló la lucha social en torno a “Caballo Blanco”, se considera fundamental la unión de redes ambientales y académicas, en coordinación con la sociedad civil. Éstas contribuyeron a la formación de una masa crítica, informada.
Si se toma en cuenta el análisis de Boege (2006), relativo a la construcción de ciudadanía, podemos analizar cómo el proceso de lucha contra “Caballo Blanco” construyó un capital social, en cuanto a conocimiento, organización y acciones directas. De la misma forma, implicó un intercambio de saberes entre los actores sociales y las organizaciones, y la toma de estrategias para enfrentar retos que la movilización exigía.
En ese sentido, la experiencia organizativa con “Caballo Blanco” combinó la fase reactiva con la estrategia pacífica, que permitió establecer con la sociedad civil un vínculo fuerte que se reflejó en acciones colectivas, de acuerdo con la coyuntura. Las movilizaciones mostraron la formación de un capital social ciudadano multisectorial (Boege, 2006), pues se construyó un conocimiento y lenguaje común para uno de los objetivos: la suspensión del proyecto minero.
3.3. “Caballo Blanco” y sus concesiones mineras
El proyecto “Caballo Blanco” tiene, aproximadamente, 16 concesiones que la Dirección de la Secretaría de Economía le otorgó entre 2002 y 2010. A saber, de las concesiones registradas en la tabla 1 (ver anexo), la primera concesión otorgada al proyecto “Caballo Blanco” fue en 2002, año en el que se aprobaron nueve concesiones mineras. Para el caso que nos ocupa, fueron otorgadas la concesión “Caballo Blanco en Actopan”, “Caballo Blanco IV y III en Actopan”. El siguiente año, 2003, fueron otorgadas nueve concesiones más en el estado; de éstas, una se denominó “Caballo Blanco V en Actopan”. El proyecto minero recibió dos permisos más en 2004, “Caballo Blanco VII y VIII en Actopan”; durante cuatro años seguidos el proyecto “Caballo Blanco” obtuvo concesiones de la Secretaría de Economía, que en 2005 otorgó a la entidad nueve concesiones más, incluidas dos para el proyecto “Reducción Caballo Blanco en Actopan” y “Reducción Caballo Blanco en Alto Lucero” (Trujillo, 2014a). Fue hasta 2009 cuando fueron otorgadas otras tres concesiones “Caballo Blanco IX fracción II”, “Caballo Blanco IX fracción III en Alto Lucero” y “Caballo Blanco II en Actopan”. Las últimas cuatro concesiones a la Minera Cardel
se realizaron en 2010 bajo el nombre de “Caballo Blanco XI en Alto Lucero”, “Caballo Blanco X-b y Caballo Blanco X-a en Actopan” y “Caballo Blanco XII en Alto Lucero” (Trujillo, 2014).
De forma que el proyecto minero “Caballo Blanco” no está suspendido del todo17, pues sólo una de sus 16 concesiones no fue aprobada (Caballo Blanco IX, expediente 108/0071), y la empresa desistió de una solicitud de un predio con expediente 108/0103 y está en trabajo pericial la solicitud de concesión “Caballo Blanco XC”, con expediente 108/0130 (Trujillo, 2014b).
El 18 de diciembre de 2014, Goldgroup Mining Inc. emitió un comunicado que anunció la venta del proyecto minero “Caballo Blanco a la empresa canadiense Timmins Gold Corp, la cual lo adquirió al 100%.
On December 18, 2014 Goldgroup entered into an agreement to sell its 100% interest in the Caballo Blanco Project to Timmins Gold Corp. for approximate cash and share proceeds totaling up to US$30 million. Timmins paid, on closing, US$10 million cash and issued 16.065 million shares of Timmins to Goldgroup. Additionally, Goldgroup is entitled to an additional contingent amount of US$5 million that will become payable in cash, Timmins Gold shares, or a combination thereof (at the option of Timmins Gold, provided that Goldgroup's ownership in Timmins Gold will not exceed 9.9% at any time) should any of the following events occur prior to October 31, 2019: The approval of the Project's Environmental Impact Statement from SEMARNAT, A change in beneficial ownership of Timmins Gold of greater than 50%; or, The removal or change, at one time, of a majority of the current members of the Timmins Gold Board of Directors. (Goldgroup Mining Inc., 2014).
La nueva compañía minera emitía un desplegado sobre su reciente adquisición:
is pleased to announce that it has entered into an Asset Purchase Agreement (the "Agreement") with Goldgroup Mining Inc. (TSX: GGA) (“Goldgroup”) to purchase 100% of the Caballo Blanco Gold Project, a gold development project in Veracruz State, Mexico ("Caballo Blanco") for total consideration of US$10 million in cash and 16,065,000 Timmins Gold shares. (Timmins Gold Corp, 2014).
De esta forma, queda abierta la posibilidad de una reactivación de los trabajos pues ante la compra del proyecto, por parte de ésta compañía canadiense, subsidiaria de Goldcorp Inc., quien ha sido la enemiga a vencer en las luchas más emblemáticas en contra de la minería a cielo abierto en toda América Latina.
Capítulo IV
Expectativas de Desarrollo en contextos de desigualdad
Introducción
En el capítulo anterior, se tuvo como objetivo describir las características técnicas que definen el proyecto minero a cielo abierto “Caballo Blanco” y otorgar un panorama del posible impacto al territorio y a las poblaciones del municipio alteño, así como la justificación de la elección de las comunidades de estudio y la reconstrucción cronológica de la lucha contra el proyecto, con el fin de abordar dicha lucha como un proceso de acción colectiva, definido en tres etapas.
Así, el cuarto capítulo está dedicado al análisis del contexto regional en el que se ubican las tres localidades de estudio: Arroyo Agrio, la Yerbabuena y Mesa de Veinticuatro. Se hacen a un lado las características socioeconómicas de cada una de ellas, para que el lector se dé cuenta de las condiciones que permean a las poblaciones concesionadas al proyecto.
Al preguntarnos si ¿éstos son territorios sacrificables?, retomamos el análisis teórico de Svampa (2008), que permite desarrollar la idea que la empresa Goldgroup Mining Inc., concibe al territorio alteño como un espacio geográfico vacío o carente de alguna valoración no material, no habitado por sujetos políticos ni contenedor de memoria histórica que ha permitido la reproducción de la sociedad que lo habita. De esta forma, el análisis de la dinámica y las características de las poblaciones locales y del hacer colectivo de los terceros actores permitirá dar una primera respuesta a esta pregunta. De modo que la ganadería, como principal actividad económica y predominante en la región, el empleo, la migración, la inseguridad y la construcción de una memoria histórica en torno a la Planta Nucleoeléctrica son condiciones que estarían permeando la decisión que tomaron los pobladores en 2010 para sumarse a una lucha contra “Caballo Blanco” y que, al mismo tiempo, estarían definiendo las alternativas de vida de los pobladores de las localidades.
Si se sigue la misma línea, retomamos a Bebbington (2007) para plantear uno de los descubrimientos en nuestra investigación, es decir, saber que existe ya una localidad que ha sido vaciada, producto del acaparamiento territorial y la influencia de los impactos que tendría “Caballo Blanco” sobre su población. Así se plantean a las tres localidades como territorios vaciables y a la localidad Rancho el Niño como un poblado que ya ha sido desplazado.