1.1 Medidas del Informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA)
La reforma de las Administraciones Públicas impulsada por CORA parte del convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas modernas, transparentes y ágiles. Se necesita un sector público capaz de impulsar y apoyar el desarrollo económico y de atender posible situaciones de ineficiencia en la gestión, libre de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios, volcado en el servicio de ciudadanos y empresas y equiparable a los sistemas más eficaces de nuestro entorno. En este sentido operan las conclusiones de su informe final, garantizas por OPERA (Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración) encargada del seguimiento, impulso, coordinación y evaluación permanente de las medidas, así como de formular otras nuevas, en caso de ser necesarias.
De las 221 medidas identificadas en el informe CORA, están finalizadas 63 y en proceso de ejecución todas las demás42. Desde junio de 2013 hasta marzo de 2014,
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Informe trimestral de seguimiento de las medidas de la CORA de marzo de 2014:
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/reforma_aapp/Informe-trimestral-MARZO-version-11-abril- 2014-para-colgar-
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los esfuerzos se han concentrado en el impulso de las actuaciones normativas necesarias para la puesta en marcha de muchas de las medidas, en la intensificación de las actuaciones del Grupo de Trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y en aumentar el ritmo de implantación de las medidas.
En 2014, se continuará con el esfuerzo regulador, se concretarán muchas medidas y se empezarán a computar ahorros a medida que avanza su ejecución. Hasta marzo, y contabilizando únicamente los ahorros derivados directamente por las medidas del Informe CORA, se han obtenido ahorros por importe de 1.294 millones de euros, cifra que incluye el ahorro registrado en las Comunidades Autónomas por los esfuerzos realizados en este ámbito. Se estima que en 2014 las medidas finalizadas ascenderán aproximadamente a un 50% del total.
Junto a los ahorros generados por las puesta en marcha del conjunto de medidas que recoge el informe CORA, desde el comienzo de la legislatura el Gobierno ha puesto en marcha un paquete más amplio de medidas de reforma de la Administración impulsadas cuyos ahorros acumulados desde su puesta en marcha hasta marzo ascienden a 9.507 millones de euros, de los que 5.464 se habrían registrado en las Comunidades Autónomas.
Dentro del ámbito de CORA y desde el punto de vista normativo, en 2014 se impulsarán varios proyectos de ley para garantizar una Administración más ágil y eficiente. Destacan (AGS 5.1.1):
La modificación de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con la que se pretende dotar de la máxima claridad y coherencia al marco normativo que regula la organización del sector público en España.
Así, la creación de cualquier nuevo organismo o entidad pública deberá ir acompañada de una justificación estricta, que valore la existencia de duplicidades. También deben justificarse los medios humanos, materiales y financieros que necesita para desempeñar su función. Todo ello será evaluado periódicamente: si las razones o los recursos que justificaron su creación desaparecen, la entidad se extinguirá.
Además, para que la tipología de organismos públicos existentes sea clara y precisa, la nueva Ley tendrá en cuenta los entes que, con similares características aunque con diferentes denominaciones, existen en CCAA y EELL. Con ello, se pretende ordenar la dispersión y heterogeneidad existente en la actualidad.
Por otra parte, se pretende lograr la plena incorporación de los medios electrónicos en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, con los consiguientes efectos en términos de eficacia y eficiencia.
La reforma de la Ley General de Subvenciones. Se está trabajando para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: reforzar la transparencia en la concesión de subvenciones; establecer límites a la financiación pública de ciertas modalidades de gasto privado; reforzar la coordinación entre Estado y CCAA; asegurar la interconexión automática de las bases autonómicas o locales con la
WEB/Informe%20trimestral%20MARZO%20version%2011%20abril%202014%20para%20colgar%20WEB .pdf
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Base de Datos Nacional de Subvenciones; flexibilizar los trámites administrativos, y servir de respaldo del cumplimiento de la Ley de Morosidad entre particulares.
En la elaboración de los PGE 2015 dará comienzo la presupuestación en “base cero” para determinadas partidas de gastos de funcionamiento inversiones de la AGE (capítulos 2 y 6), con el fin de objetivar y homogeneizar el sistema de manera que los cálculos para la determinación de las cantidades de consumo necesarias para llevar a cabo cada actividad se adecúen a unos estándares y unos costes unitarios comunes.
Además de lo anterior, CORA incluye un importante paquete de medidas para la mejora en la eficiencia de la gestión de la Tesorería del Estado. El objetivo es doble: generar ahorro y lograr una gestión más eficaz y eficiente en el largo plazo. Entre las principales medidas que se desarrollarán en 2014 destacan (AGS 5.1.2):
Centralización de las cuentas bancarias que Ministerios y organismos estatales tienen abiertas en la banca comercial. Estas cuentas superaban las 4.000 a 31 de diciembre de 2013. La centralización logrará una gestión más eficaz y rigurosa de los saldos de tesorería de los distintos entes públicos.
Modificación del calendario de ingresos públicos en el Tesoro. En 2014 ha entrado en vigor la reforma del Reglamento de Recaudación que busca equilibrar las puntas de necesidades de tesorería de las arcas públicas estatales. Esta medida, de carácter estructural, generará ahorros inmediatos anualmente y llevará a una gestión más eficiente en el largo plazo.
Las reformas más relevantes previstas en materia de racionalización y eliminación de duplicidades en 2014 son:
Racionalización y centralización en la contratación (AGS 5.1.3). La primera fase del proceso de centralización de determinadas categorías de contratación iniciado concluirá en diciembre de 201443. El objetivo es, en líneas generales, obtener ahorros por economías de escala.
Reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal (AGS 5.1.4). Este proceso tiene como objetivo la reducción del número de sociedades mercantiles y fundaciones estatales, la racionalización de estructuras y la reducción de las retribuciones en este tipo de entidades.
Durante 2014 se continuará con los procesos de desinversión y liquidación derivados de los Acuerdos de Consejo de Ministros (ACM) de marzo de 2012 y septiembre de 2013 y del Real Decreto 701/213, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. En particular se procederá a la extinción de 18 fundaciones y 1 sociedad mercantil. Está prevista la aprobación de un nuevo ACM.
Reestructuración del Sector Público empresarial y fundacional autonómico y local (AGS 5.1.5). Las Administraciones Territoriales (AA.TT.) también están realizando esfuerzos para lograr unas Administraciones más reducidas, ágiles y eficaces, evitando duplicidades y solapamientos entre ellas. Destacan los trabajos que en el ámbito autonómico, se están realizando en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todo ello permite a las AA.TT. ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto organización, esto es, tomando decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos.
43Informe CORA.
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Eliminación de duplicidades (AGS 5.1.6). Una Administración Pública moderna exige reforzar los mecanismos de cooperación entre el Estado y las CCAA, creando bases de datos y registros integrados; proyectando la utilización de servicios y medios comunes y reforzando los mecanismos de planificación conjunta y gestión integrada en ámbitos en los que concurren competencias sectoriales y territoriales.
Simplificación administrativa (AGS 5.1.7). En 2014 está prevista la puesta en marcha de medidas como la integración de las licitaciones públicas en una sola plataforma de contratación para todas las Administraciones.
Adicionalmente, se desarrollarán iniciativas para dotar de mayor eficiencia a la configuración y gestión del empleo público (AGS 5.1.10), fundamentalmente en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE). En este sentido destacan:
Proyecto de ley del Estatuto de la Función Pública de la AGE, por el que se introducirán mejoras en cuestiones como la planificación del empleo público, la reforma de la carrera profesional, la evaluación del desempeño y la formación, así como sobre la estructura y elementos de ordenación del empleo público y la extensión y medición de la eficacia y eficiencia.
Estatuto del Directivo Público Profesional, regulando esta figura para su consolidación e institucionalización como motor de la modernización y mejora de la eficiencia en la administración, en línea con las prácticas en los países de la OCDE.
Registro Único de Personal, que consolidará en una única fuente de información las bases de datos dispersas hasta la fecha.
1.2 Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
El gobierno aprobó en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local44. Se trata de una reforma racionalizadora y ahorradora de gasto público que ayudará a que España vuelva a crecer sobre la base de la estabilidad de sus administraciones públicas y garantizando a los ciudadanos el uso óptimo de los recursos.
Una vez aprobada la Ley, es necesario continuar con el esfuerzo que permita culminar el proceso de adaptación de las entidades locales hacia el nuevo modelo de administración local (AGS 5.1.9). El nuevo modelo persigue como objetivos:
Clarificación de las competencias para evitar duplicidades.
Racionalización de las estructuras organizativas, a través de la reducción de personal eventual, así como la revisión y limitación de retribuciones.
Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
Favorecer la iniciativa económico privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
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Entre las principales medidas, está previsto que en 2014 cada ayuntamiento calcule y publique el coste efectivo de los servicios públicos que presta (AGS 5.1.8). Para ello, ya se están llevando acabo los primeros trabajos. En 2014 se aprobará una Orden de desarrollo de la metodología de cálculo del coste efectivo de los servicios públicos, que permita la obtención y posterior análisis de la información en términos homogéneos para todos los municipios.
1.3 Otras medidas
En 2014, se continuarán los esfuerzos para impulsar la Administración electrónica y la reducción de cargas (AGS 5.1.11 y AGS 3.2.22):
Se continuará impulsando el uso efectivo y la actualización constante de la Plataforma Emprende en 3.
Se continuará impulsando la Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes de las Administraciones Públicas) como nube virtual para compartir servicios e infraestructuras para reducir gastos de mantenimiento y disminuir las necesidades de inversión (http://infosara.redsara.es/).
Se implementará el punto único de recepción de facturas de la AGE mediante el Proyecto FACE, para automatizar el proceso de contratación pública. En 2013 el proyecto se puso en producción, se ha ido adaptando a las modificaciones normativas relevantes (Factura Electrónica y Creación de los Registros Contables de Facturas en el Sector Público) y se ha trabajado en la integración con el registro contable de facturas de la IGAE, con el de la Seguridad Social y con diversos proveedores. Se espera que a lo largo de 2014 se integren más sistemas de distintas Administraciones Públicas y proveedores.
También se implantará el Portal de subastas electrónicas para las subastas administrativas, judiciales y notariales.
Desarrollo del Tablón Edictal Único en el que se recogerán todas las notificaciones que deban practicar las distintas administraciones (AGE, CCAA y EELL).
Asimismo, actualmente se encuentra en proceso de elaboración un nuevo texto legal para agilizar el procedimiento administrativo (AGS 5.1.12), que sustituiría a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, con los siguientes objetivos:
Recoger un nuevo modelo de gestión administrativa ligado a la mejora normativa y la eliminación de cargas.
Configurar el procedimiento administrativo no sólo como garantía sino también como instrumento destinado a garantizar la eficiencia y la eficacia de la actuación administrativa.
Favorecer la utilización por las Administraciones Públicas de Servicios y Técnicas de administración electrónica e impulsar la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos.
Desarrollo de una estrategia de gobierno abierto que estimule la transparencia, participación y la colaboración con otros agentes.
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Avanzar en un nuevo sistema para elaborar disposiciones de carácter general con mayor participación de empresas y ciudadanos, un análisis preciso de los objetivos perseguidos y revisión posterior de cumplimiento.
Fomentar la calidad normativa centralizando las labores de Better Regulation. En el ámbito de la Administración de la Seguridad Social, en 2014 se pondrá en marcha una simplificación del sistema de cotización y recaudación de las cotizaciones sociales (Proyecto Cret@) (AGS 5.1.13). En el nuevo sistema la liquidación de cuotas se llevará a cabo directamente por la Administración a través de un proceso de comunicación y cobro integrado telemáticamente, sustituyendo al tradicional modelo de autoliquidación y presentación de documentos por parte de las empresas. El objetivo es simplificar el cumplimiento de la obligación de cotizar, reduciendo cargas administrativas para las empresas y, paralelamente, conseguir una mayor efectividad en el control del fraude a la Seguridad Social.
Las actuaciones en favor del desarrollo de la Administración electrónica recibirán apoyo de los Fondos Estructurales en el periodo 2014-2020, a través de FEDER. Estas actuaciones se enmarcarán en el Objetivo Temático 2: “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”, que tiene una dotación total para el periodo de 1.929 millones de euros.