Pure stochasticity: Indeterministic dynamical modelling

La discusión sobre el papel del Estado como proveedor directo en el mercado de servicios financieros se inscribe en un debate mayor, que trata sobre el rol del Estado en la economía, que por lo demás es un tema sujeto a controversia, sobretodo cuando en la región en las últimas 2 décadas se implementó un proceso de reformas estructurales, fundamentadas en la liberalización de los mercados y con una tendencia clara hacia la reducción de la acción estatal en la

economía, reformas cuyo conjunto fue nominado en el llamado “Consenso de Washington” Williamson (1990); la reducción del rol del Estado y sus efectos principales es graficada por el ex presidente del BID E. Iglesias…”” la extrema debilitación del Estado experimentada desde la vigencia del consenso de Washington impidió la adecuada regulación de las actividades privatizadas e hizo perder la visión de largo plazo y la preocupación por la concentración de ingresos””4.

Debe mencionarse que en los hechos, el contexto previo a la implementación del conjunto de reformas de acuerdo al mismo autor, fue la existencia de un Estado objeto de usurpación por intereses privados lo que condujo a intervenciones estatales que entorpecieron el financiamiento eficiente del mercado y provocó ello el rentismo, la especulación y la corrupción; en ese sentido las políticas públicas capturadas por intereses particulares no pudieron responder a las demandas de la mayoría de los ciudadanos, siendo esto funcional a la exclusión de los beneficios del crecimiento en amplios sectores de la población y a la perdida de legitimidad social del Estado Iglesias (2006).

Este contexto descrito, contrasta con los principios originales que definieron por ejemplo, la participación directa estatal en banca tal como lo refiere Young (2005): La mayor parte de la banca pública se creó y desarrolló a través de los 60’s 70’s y 80’s con expandidas redes de agencias, con el explícito mandato de proveer servicios a clientes de bajos ingresos, agricultores, pequeños ahorristas y en algunos casos a pequeñas y microempresas en localidades urbanas y rurales. Este distanciamiento respecto a los preceptos originales, para algunos también

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existiría en el caso de iniciativas del Consenso de Washington; así investigadores como Vives (2005), no reconocen la ocurrencia plena de estos, al no implementarse realmente como tales “……Esta serie de diez postulados, resultaron ser diez ideas…lamentablemente en América Latina se tomaron algunas ideas y no otras, y algunas a medias. Las que se trataron de implementar lo hicieron en un ambiente no totalmente propicio.” 5 En el mismo sentido Naim (2000) refiere que el Consenso de Washington se ha convertido en una marca global usada en ocasiones sin respeto por las intenciones de su creador; incluso el propio Williamson (2003) señalaba que su propuesta sólo propugnaba la disciplina macroeconómica, privatizaciones, economía de mercado y liberalización del comercio pero en ningún caso el monetarismo y la economía de la oferta, impuestos bajos, un estado minimalista y la libre circulación en el mercado de capitales.

Cabe mencionar que post Consenso de Washington y admitiéndose un carácter complementario y no excluyente al Estado, surgieron 2 propuestas: La primera de carácter moderado planteada por 2 economistas del Banco Mundial Burki y Perry (1998) que si bien reconocen que las reformas de primera generación sirvieron para recuperar el crecimiento y eliminar la hiperinflación en Latinoamérica, no tuvieron éxito en reducir la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso, planteando así 4 acciones adicionales al decálogo del Consenso de Washington a) Mejora en la calidad de la inversión en capital humano, b)Desarrollar sistemas financieros sólidos y eficientes c)Fortalecimiento del entorno legal y regulatorio y d)Mejora en la calidad del sector público;

planteando además las reformas de 2da generación a fin de reforzar capacidades institucionales.

La segunda propuesta de carácter mas radical es planteada por Stiglitz (1998), señalando el carácter incompleto del Consenso de Washington al circunscribirse al crecimiento económico como objetivo, afirmando como aspectos a reforzar por el lado de la acción estatal, el considerar una adecuada supervisión y regulación del sistema financiero, defensa de la competencia, transferencia tecnológica, y en general el acentuamiento de la presencia del Estado como promotor de servicios educativos y de salubridad de calidad etc.

No obstante, en Latinoamérica en la práctica las políticas aplicadas tuvieron un sesgo marcado hacia el debilitamiento del Estado ocurrido como resultado de la aplicación del conjunto de reformas estructurales de primera generación a principio de los 90’s, caracterizadas principalmente por la liberalización de los mercados; ello se inscribiría adicionalmente en un retorno a la denominada ortodoxia económica, entendida esta no solo por la adopción de las reglas de juego del mercado, la consideración de los precios relativos como el principal mecanismo asignador de recursos, la apertura comercial, el ingreso de inversión privada y recursos financieros, sino también por el establecimiento de una política generalizada de privatizaciones; con una visión predominantemente minimalista del Estado.

Más específicamente, el mismo Iglesias (2006) señala que hubieron cambios importantes en la relación del Estado con el mercado, cambios denotados en las políticas económicas que se expresaron efectivamente en la forma de:

a) Privatizaciones y apertura de sectores completos de la economía.

b) Debilitamiento o ausencia de los mecanismos de regulación requeridos para fomentar la competencia y proteger el interés del consumidor.

c) Falta de mecanismos adecuados de concertación entre ganadores y perdedores de la aplicación de las reformas.

d) Abandono de las medidas de promoción de sectores productivos específicos.

Cabe señalar que dentro de este conjunto, las privatizaciones se constituyeron como un aspecto de política económica particularmente relevante, puesto que, al margen de ser promovidas dentro del conjunto de reformas estructurales, condicionadas e impulsadas por parte de organismos multilaterales de crédito6, resultaron en no pocos casos justificadas como consecuencia natural de una discutible performance de empresas estatales7.

Los resultados post privatización en términos de perfomances de las firmas son bastante disímiles: investigaciones como las de Boarman et al. (1989), Mueller (1989) Frydman et al. (1999), La Porta el al. (1999), Dewenter et al. (2001), Megginson et al. (2001) Sheshinsky et al. (2003), Chong et al. (2004) BID (2005) promedialmente reportan mejoras en los indicadores de las firmas privatizadas, pero en contraposición, en otros estudios encontramos análisis críticos y resultados opuestos como los de Harper (2000), Bayliss (2002), Birdsall et al. (2002) y Stiglitz (2002) entre otros.

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Por ejemplo en el caso del FMI, las cartas de intención establecían la ejecución de reformas estructurales específicas, sujetas a revisiones periódicas; el incumplimiento de tales condicionalidades podria repercutir adversamente en el riesgo país y en el desarrollo de la estrategia de reperfilamiento de deuda implementada por el MEF. Ver www.transparencia-economica.mef.gob.pe/documento/doc/C_FMI2004.pdf.

Adicionalmente el Banco Mundial condicionada los desembolsos de libre disponibilidad al cumplimiento de implementación de reformas estrucutrales.

En lo que respecta a las privatizaciones del sistema financiero, tal como lo señala Jarque (2005), en América Latina en los últimos 15 años este presenta una importante transformación: De sistemas dominados por la banca estatal con una importante cantidad de restricciones, se ha pasado a un sistema con una mayor participación del sector privado principalmente extranjero, con liberalización de las tasas de interés sin asignaciones sectoriales de recursos. El caso es señala este autor que no obstante el tiempo transcurrido, el sistema financiero en la región sigue siendo relativamente incompleto y de poca profundidad.

A partir de esta última constatación, dados los no tan alentadores resultados de las privatizaciones en el sector financiero, es que en estos últimos años se ha producido un interés renovado en el rol del Estado en la financiación del desarrollo, tema casi olvidado desde que Shaw (1973) y Mc Kinnon (1973) plantearon que la liberalización financiera por sí sola era suficiente para inducir la ocurrencia de mecanismos privados de financiación a largo plazo. Cabe anotar que algunas distorsiones por corregir, impulsan también el interés sobre el tema; al respecto Vives (2005) señala que “”esta liberalización de las tasas de interés debe hacerse en un contexto integral. Obviamente que si hay pocos bancos, que tienen un oligopolio, la tasa de interés puede mantenerse alta” 8.

Por otra parte, Stiglitz (1994) señala que existe un rol del Estado en los mercados financieros y este rol es motivado por la existencia de fallas de mercado, refiriendo como ejemplo el caso de las economías del sudeste asiático donde el gobierno ha tomado un rol activo en la creación de instituciones financieras, regulándolas y direccionando el crédito, para mejorar la estabilidad

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de la economía y la solvencia de instituciones financieras y mejorar las perspectivas de crecimiento.

En ese orden de ideas, y en relación al basamento de la liberalización de los mercados con minimización de la acción estatal, Stiglitz señala que…”es claro que un simple consenso ideológico para liberalizar los mercados financieros no puede ser derivado ni de la teoría económica ni de un examen de amplia base de experiencia y no puede proveer la base para una inteligente discusión de un conjunto central de temas de política que enfrentan los países en desarrollo hoy” 9.

En el mismo sentido la OECD (2001) señala que en un mercado de libro de texto, los buenos proyectos deben ser financiados sin importar los recursos del propietario, mas en la práctica y mirando el funcionamiento del real del mercado de servicios financieros, predominan los préstamos basados en garantías colaterales, no siendo la tasa de interés un factor tan importante como medio para discriminar entre proyectos que se perciben que tienen distintos niveles de riesgo.

Contradictoriamente, cuando se justifica la intervención del Estado ante la existencia de fallos de mercado, autores como Vives (2005), le asigna al gobierno una responsabilidad parcial en la generación de dichos fallos. Sustenta esta afirmación a partir de algunas prácticas de los Estados tales como la emisión de bonos por parte de estos con muy poco riesgo o también cuando exige depositar parte de los depósitos captados por la banca en el Banco Central (reservas o encajes) que son remunerados; de esta manera se generan –sobretodo en el

primer caso- instrumentos financieros funcionales a la estrategia de comportamiento de la banca privada cual es maximizar el rendimiento a la vez de minimizar el riesgo; ello explicaría así, la insuficiente atención de la demanda por crédito de varios sectores económicos, sobretodo los de mayor riesgo ejem. Micro y pequeña empresa, agricultores etc.

Adicionalmente, la existencia de factores externos al accionar de los bancos como los Acuerdos de Basilea II, implicará nuevas restricciones a la ampliación de servicios bancarios, por ejemplo la exigencia de requerimientos mayores de capital que el banco tendrá inmovilizado por la existencia de créditos más riesgosos, originará que éste tienda a invertir en papeles de bajo riesgo “”…Habrá un sistema estable, con protección de los ahorristas, pero con deficiente intermediación financiera, particularmente en “los países que no tienen sistemas financieros competitivos”10.

Desde otra perspectiva, la disminución de la participación estatal a través de las privatizaciones fundamentalmente a través de la modalidad de venta de activos, tal como lo señalan Young et al. (2005) originó como resultado que, segmentos de mercado previamente cubiertos por instituciones públicas, dejaran de tener acceso a servicios financieros, ello en razón que los bancos privados estarían principalmente orientados a los segmentos socioeconómicos mas pudientes y/o en plazas financieras y sectores que denoten las mayores rentabilidades relativas.

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En línea con lo anterior, ésta segmentación del mercado por la banca privada, origina un nuevo factor limitante en general sobre el crecimiento, al producirse una suerte de racionamiento del crédito; racionamiento que también se reflejaría en tasas de interés mayores. Al respecto, autores como Vives (2005) refieren a las reformas (liberalización) del sistema financiero de los 90’s en la región, como las responsables de un mayor desatendimiento de la demanda por servicios bancarios en los segmentos de menor capacidad económica “…..Con el proceso de reforma reciente hubo un “blanqueamiento” en la oferta de servicios financieros, en el sentido de que se eliminaron un buen numero de instituciones financieras que servían a las poblaciones menos favorecidas, mayormente del área rural. La reforma de los años noventa tuvo el efecto, voluntario o involuntario, de eliminar buena parte de la cobertura geográfica.” 11

Otro enfoque interpretativo, en el marco de la discusión sobre el rol estatal, es el desarrollado por Studart (2005), al señalar que esta renovada preocupación sobre el tema, está asociada principalmente a los economistas neokeynesianos que se dedicaron a estudiar los problemas de distribución en los mercados de crédito y capitales enfatizando el origen de estos en las asimetrías en la información.

Si bien los neokeynesianos cuentan con sólidos argumentos a favor de las políticas públicas en la financiación del desarrollo, este autor señala que son ambiguos, no sólo desde una perspectiva analítica y política sino también como guía de políticas gubernamentales.

Señala que la ambigüedad desde la perspectiva analítica, reside en que en las economías capitalistas, los bancos sólo son intermediarios pasivos en la determinación del volumen de fondos para el financiamiento de la inversión; de esta manera bastaría una suerte de subdesarrollo institucional para originar un crecimiento poco sólido desde una perspectiva financiera y eventualmente frente a cualquier factor exógeno adverso desembocar en crisis, además de soslayarse la existencia de incertidumbre que surge a partir de la aparición continua de nuevos sectores, tecnologías y nuevos mercados.

Por otra parte, desde la perspectiva política, este autor señala que los problemas de información en el financiamiento van más allá de la deficiente distribución de esta última (asimetrías), puesto que los sectores emergentes (por ejemplo emprendedores y Mypes) tienen además dificultad en acceder al crédito por presentar información empresarial poco confiable, garantías reales pequeñas y/o poco desarrollada relación con los bancos privados. Frente a ello, no es tan evidente que el Estado debiese dedicarse a la mejora de los mecanismos de distribución de información y regulación frente a la alternativa de financiar directamente a los sectores carentes de acceso al crédito.