En 2004, el presupuesto destinado por el Gobierno etíope a cuidar la salud de la población solo alcanzó el 5,6% del PIB, una cifra muy por debajo de la media de otros países de la región y de los compromisos de la Declaración de Abuja, que establece en un 15% el por- centaje que los estados africanos deben destinar a sa- lud. Las cifras facilitadas por el gobierno muestran que entre 1999 y 2005 se produjo un incremento del 53% en el gasto destinado a salud, aumentando la proporción per capita de 5,6 a 7,14 dólares, aunque con grandes disparidades entre regiones. Esta cifra muestra avances en la intención del país de llegar al objetivo formulado en su III Plan de Desarrollo del Sector Salud de alcanzar en 2011 los 9,6 dólares per cápita, pero, aún así, quedaría lejos de los 15,41 dólares per cápita que se han estima- do necesarios para conseguir los ODM y los 34 dólares estimados por la OMS.
Ciertamente, hasta hace pocos años, el sector salud no era una prioridad para el gobierno etíope, tradicionalmente focalizado hacia el sector de la educación donde se han conseguido relevantes progresos en el acceso a la educa- ción primaria. Entre 1990 y 1998, por ejemplo, el número de niños y niñas escolarizadas en educación primaria se incre- mentó de 5 a 13,5 millones gracias a la creación de cerca de 10.000 nuevas escuelas y la contratación de 100.000 nuevos profesores y profesoras. Esto no quiere decir que en salud no se hayan producido algunos progresos impor- tantes pero con un mayor compromiso político, hubiera sido posible avanzar más rápidamente en la lucha contra la mortalidad materna y el fortalecimiento del sistema de atención primaria de salud.
El sistema de salud etíope tiene cuatro fuentes principa- les de financiación: 1) Gobierno federal y gobiernos regio- nales; 2) comunidad de donantes bilaterales y multilatera- les; 3) ONG locales e internacionales; y 4) contribuciones privadas. Desde 1999, la comunidad donante ha multipli- cado por 2,5 la financiación destinada al sector y según los últimos datos disponibles, el Gobierno es el segundo financiador del sector sanitario a través de los presupues- tos anuales, aportando un total del 31% del gasto total del sector; mientras que las contribuciones de donantes, ONG internacionales y Fondo Mundial contra el Sida, la Tubercu- losis y la Malaria suponen el 37%.
Es importante señalar que, a pesar del incremento de la inyección de fondos dirigidos a fortalecer el sistema de sa- lud, el sector carece todavía de la financiación adecuada para prestar un servicio efectivo a todos los segmentos de la población. La mayor parte del presupuesto a nivel de wo- reda se utiliza para el pago de salarios y a nivel federal, para la construcción y rehabilitación de infraestructura y centros, quedando muy pocos recursos para los costes operacio- nales del propio sector. La Estrategia de Financiación del Sector Salud de 2005, introduce algunas reformas al sis- tema de financiación del sector, que es necesario reforzar, entre las que destacan por ejemplo la retención y uso de impuestos generados en centros de salud y hospitales; la revisión y ajuste de tarifas de co-pago por parte de los usuarios; y el establecimiento de un plan piloto para poner en marcha un sistema de seguridad social en el país.
El fortalecimiento del sistema de salud se articula en torno a un Plan de Desarrollo del Sector Salud (PDSS) a 20 años, integrado a su vez con la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza (PASDEP), que recoge las estra- tegias del país para impulsar el desarrollo del sector y sirve de marco de referencia para el gobierno, los donantes y los demás actores de cooperación. Hasta el momento se han desarrollado dos etapas del Plan de Desarrollo del Sec- tor Salud (PDSS I y PDSS II) y está en ejecución la tercera (PDSS III). A diferencia de sus predecesores, el PDSS III sienta las líneas de trabajo a seguir por las regiones y wore- das en la planificación e implementación de actividades en el sector sanitario y establece las pautas para la armoniza- ción entre administraciones, donantes y organizaciones de la sociedad civil mediante el Manual de Armonización del Sistema de Salud.
El sistema de salud se organiza en torno a cuatro niveles de atención sanitaria: las Unidades de Salud de Atención Primaria, donde se encuentran el centro de salud y cinco puestos de salud, todas ellas dependientes del woreda; los hospitales distritales que dependen de las Oficinas Re- gionales de Salud; los hospitales de zona adscritos a las Oficinas Regionales de Salud y, por último los hospitales especializados, bajo control del Ministerio de Salud. La distribución de los recursos sanitarios existentes no es, sin embargo, proporcional a las necesidades de cada zona ni a los niveles de atención. A la cantidad insuficiente de perso- nal sanitario disponible se une la concentración de la ma- yoría del mismo en las zonas urbanas, lo cual provoca que las zonas rurales sufran con mayor dureza la imposibilidad de llevar a cabo los programas de salud diseñados. Para incentivar al personal desplazado, algunas regiones como Oromiya y Amhara están facilitando medidas positivas para la integración familiar, el alojamiento y transporte y bonifi- caciones salariales. Así, por ejemplo, las jefas de enferme- ría ganan hasta 3,5 euros más en su salario mensual y los directores médicos hasta 14 euros.
El país tiene el índice más bajo de doctores por pobla- ción y, especialmente, el número de matronas disponibles es muy reducido en ciertas regiones, donde, por ejemplo, existe únicamente una matrona por cada 100.000 perso- nas. Los indicadores revelan que hay un médico por cada 30.000 personas, una cifra muy por debajo de lo exigido por la OMS, y aunque durante la implementación del PDSS
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