emergencia)
En Colombia, muchas comunidades han recibido procesos de Educación en el Riesgo de las Minas antipersonal (ERM), que consiste en desarrollar procesos dirigidos a la población civil, encaminados a reducir el riesgo de daños provocados por minas y municiones sin explotar, mediante la sensibilización y el fomento de una cultura de comportamientos se- guros a través del desarrollo de los componentes de difusión de información pública, edu- cación, capacitación y la adopción de un enfoque de participación y empoderamiento comunitario para la acción integral contra minas38.
A pesar de los grandes esfuerzos que se hacen para prevenir los accidentes, la capacidad existente no alcanza a llegar a todas las comunidades que viven en una amenaza latente o en riesgo inminente por la contaminación de sus territorios. Generalmente, donde ocu- rren los eventos por minas antipersonal son lugares apartados de las cabeceras munici- pales, con precarias condiciones a nivel de vías de acceso e infraestructura comunitaria y donde las condiciones de seguridad no garantizan el desplazamiento de los equipos de trabajo dedicados a desarrollar los procesos de ERM.
Actualmente, las víctimas de accidentes por MAP y REG cuentan con un marco legislativo que contiene los derechos mínimos para recibir una asistencia médica, quirúrgica, hos- pitalaria y un proceso de rehabilitación física y psicológica. A pesar de que se han logrado avances con la definición de esta “ruta de atención”, aún persisten vacíos e inaplicacio- nes en los elementos que la componen, que terminan por obstaculizar la completa apli- cabilidad de estas prerrogativas evitando que se logre el fin último y máximo propósito con que ha sido diseñada: la reincorporación social de la víctima.39
Para optimizar la probabilidad de una ruta de atención integral, se hace necesario que las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas de ayuda humanitaria acompañen a las víctimas y sus familias en la orientación, remisión y complementariedad de los procesos de atención.
Las dificultades en el acceso a los servicios inicia con el transporte de las víctimas a un primer lugar de atención. El tiempo transcurrido antes de una atención especializada puede ser determinante no solo para evitar la amputación y salvar los miembros afectados, sino también para limitar el grado de amputación, lo que representa una condición a favor en la futura movilidad de las víctimas.
En general, son los compañeros de trabajo, los vecinos o personas de la comunidad, que se encargan de llevar a las víctimas hacia un centro de atención o hacia la carretera para conseguir un transporte hasta un centro de atención a la salud. En otros casos es el ejér-
38http://www.accioncontraminas.gov.co/Accion/Paginas/EducacionenelRiesgo.aspx
39HANDICAP INTERNATIONAL. Minas antipersonal en Colombia: El camino hacia la rehabilitación e inclusión so-
cito, cuando se tiene conocimiento, el encargado de prestar los primeros auxilios y el transporte hacia el centro médico más cercano.
Las grandes distancias entre el lugar de vivienda de las víctimas y los centros especializados en salud y de rehabilitación que se encuentran en las capitales de los departamentos, son otro obstáculo que las víctimas deben enfrentar para acceder a procesos de atención y seguimiento que les per- mita alcanzar el bienestar físico y mental. Dicha necesidad no se encuentra cubierta por la legislación colombiana, de ahí que se haga nece-
sario buscar apoyo entre la comunidad civil e internacional para recibir la asistencia hu- manitaria (transporte, alojamiento y alimentación) tanto para la víctima como para sus familiares o acompañantes.
El abordaje del proceso de rehabilitación sigue siendo aún limitado (tiempo de atención) y de difícil acceso, la falta de atenciones integrales y el desconocimiento de los derechos, tanto por las víctimas como de los actores responsables, son la principal causa para no lo- grar una adecuada rehabilitación.
A pesar de que la calidad y el acceso a los procesos de adaptación protésica han mejorado en los últimos tiempos, el cubrimiento de estos elementos está supeditada a los docu- mentos y requisitos necesarios que exige la Ley para acceder a estos servicios. Si la víc- tima no cuenta con la documentación requerida (certificación que acredita su condición, historia clínica y documento de identificación) no podrá acceder a sus atenciones. Es una prevalencia la atención oportuna a las lesiones físicas visibles (amputaciones, que- maduras, fracturas) y se dejan a un lado las lesiones a nivel ocular, auditivo y psicológico, que por lo general, se manifiestan tiempo después de haber ocurrido el accidente, agra- vando aún más su situación de salud.
Es el Estado el primero en garantizar el acceso a los derechos de las víctimas, sin embargo mientras la capacidad de respuesta no sea oportuna y la capacidad local siga siendo limi- tada para responder a las necesidades reales de las víctimas, se mantendrá una situación de crisis humanitaria en el país.
En consecuencia, se hace necesario seguir avanzando en el desarrollo de políticas que, bajo un enfoque de derechos, puedan superar los obstáculos de una verdadera rehabilita- ción. Al menos, esto es uno de los grandes desafíos generados con la implementación de
la nueva Ley de Víctimas en Colombia, aprobada en el año 201140.
Las grandes distancias entre el lugar de vivienda de las víctimas y los centros especializados en salud y de rehabilitación son otro obstáculo que las víctimas deben enfrentar para acceder a procesos de atención y
seguimiento que les permita alcanzar el bienestar físico y mental.
40Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral
La Ley de Víctimas será un avance siempre y cuando se realice una adecuada divulgación de su contenido y su implementación se convierta en una participación activa y verdadera de las diferentes entidades del Estado, incluyendo la participación de las víctimas, de las organizaciones no gubernamentales y de las comunidades en general.
Mientras que el proceso avanza, el apoyo de la cooperación internacional seguirá siendo fundamental para seguir atendiendo los vacíos de atención de las víctimas y fortalecer la gestión y coordinación de la red de servicios.