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El hambre es el emergente de una necesidad básica para la reproducción humana. Esto significa que si bien, es una necesidades a satisfacer en el ámbito privado, de una u otra manera la alimentación ha tomado estado público (como problema social) en casi todas las sociedades más o menos constituidas. Sin embargo no siempre el Estado ha intervenido a través de políticas públicas. En Argentina, la problemática en un principio, se abordó a través de las instituciones de la caridad y de la filantropía (la sociedad civil). Hasta bien entrado el siglo XX el Estado no tomó decididamente intervención directa sobre el problema. Con la Ley Palacios de 1936 se inicia del programa materno infantil y la política alimentaria sistematizada. Sin embargo anteriormente en el ámbito escolar se llevaron adelante iniciativas con el objeto de atender las deficiencias alimentarias detectadas ante los bajos rendimientos escolares. Intercaladas con estas dos grandes políticas del Estado se encuentran una gran variedad de iniciativas surgidas en el ámbito comunitario e impulsadas por asociaciones civiles, como los comedores populares israelitas en 1922 o los comedores industriales en 1946 a cargo de la Fundación Eva Perón (Britos y otros, 2003). En el ámbito de la política social la intervención del Estado toman dimensión con el Programa Alimentario Nacional en 1984 conocido como la “Caja P.A.N.” que si bien en un principio era transitorio, se transformó en el punto de partida de una política que con idas y vueltas continúa hasta la actualidad. El P.A.N.

“es la primera política de asistencia alimentaria dirigida a suplir en el marco de la pobreza creciente, la imposibilidad de muchas familias de cubrir sus necesidades nutricionales” (Ierullo, 2009: 9). A fines de la década del ‘80 y principios del ‘90 se recrudeció la dependencia de las familias para garantizarse el sustento alimentario y en paralelo se produjeron las estrategias de colectivización del consumo. A su vez como en otros ámbitos de la política pública, los programas alimentarios, sufrieron un proceso de descentralización. Por lo que desde ese momento el grueso de los fondos destinados a programas alimentarios son ejecutados por los niveles provinciales, municipales y por organizaciones sociales (Ierullo, 2010). Durante la crisis de 2001, ante la agudización de las condiciones de pobreza se multiplicaron los comedores comunitarios y otras estrategias populares de autogestión. Desde el Estado se siguieron ejecutando todos los programas, e incluso se aumentaron partidas pero dejaron de ser la principal política asistencial a partir de la implementación de Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.

La masividad y profundidad que adquirieron los procesos de empobrecimiento que derivaron en la crisis del año 2001 favorecieron el surgimiento de nuevos comedores comunitarios y otras organizaciones destinadas al abordaje de las necesidades básicas en los barrios populares. Estas organizaciones facilitaron la reproducción social de las familias como complemento de las estrategias de supervivencia implementadas por las unidades domésticas y los planes de asistencia familiar. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria lanzado a partir de 2003 en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación supuso un aumento considerable del gasto afectado y una profundización de la descentralización del sistema de asistencia alimentaria (Iurello, 2010) estima que el 80% del presupuesto se ejecuta a través de provincias, municipios, y en menor medida organizaciones sociales. Otro punto de inflexión se generó a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la moratoria jubilatoria. Estas políticas de transferencia de ingresos con movilidad en su monto, implican un aumento en la disponibilidad de los ingresos para el consumo familiar.

A partir del año 2009 con la AUH se amplía la cobertura del régimen de asignaciones familiares, invocando el principio de “universalidad” de la seguridad social. Incorporando a trabajadores/as desocupados/as, trabajadores/as del sector informal o que perciben un ingreso inferior al mínimo vital y móvil, y a las personas bajo el régimen de trabajadoras domésticas. La AUH, es una política de condicionalidad vinculada a la educación y la salud, dos aspectos que en su gran mayoría recae en el cuidado de las madres hacia sus hijos.

Por otro lado, la moratoria previsional incluyó a aquellas personas que no habían logrado realizar sus aportes durante sus trayectorias laborales. De esta manera se incorporó al sistema previsional argentino, en su gran mayoría a las mujeres. Duplicó prácticamente la cantidad de beneficiarias sobre el total de varones beneficiarios, incluyéndolas en su condición de trabajadoras ligadas generalmente al trabajo no remunerado, o informal a la seguridad social, asignándoles un ingreso y la cobertura de salud. Estas moratorias se llevaron adelante entre los años 2005-2007 y 2014 a septiembre de 2016.

No obstante cabe resaltar que la puesta en marcha de estas políticas de ingresos, no se tradujo en la reducción de los programas alimentarios. En la actualidad el Plan de Seguridad Alimentaria en el MDS incluye el programa de Abordaje Comunitario (ex- FOPAR- PNUD). El programa Pro Huerta y Educación alimentaria nutricional. En el ámbito de la Provincia de Bs. As. se trabaja principalmente con las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y con el Plan Más Vida, además de la asistencia en comedores escolares.

En el municipio de La Plata la estrategia de los últimos años estuvo orientada a fomentar la comensalidad doméstica a través de incentivar la utilización de una tarjeta alimentaria ya sea para el comedor o para que cada una de las familias, que concurran a los comedores, tengan una tarjeta particular. Esta iniciativa se lleva a cabo con fondos nacionales y provinciales. Entre las actuales medidas respecto al acceso a los alimentos y servicios básicos podemos tomar la medida recientemente anunciada por el gobierno nacional, donde se aplica una devolución del IVA por la compra con tarjeta de débito, a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y los beneficiarios de la AUH con el fin de atenuar el impacto social regresivo de la devaluación, la quita de retenciones y el aumento en los servicios públicos. Esta medida pierde efecto ante la aceleración del proceso inflacionario, el cual impacta sobre las economías familiares de estos dos grupos y la creciente pérdida del valor adquisitivo de sus haberes. Al respecto un estudio de CIFRA (2016) explica que “La eficiencia de la medida de devolución del IVA para recomponer el poder de compra de los ingresos es, al menos, dudosa, tanto por la elevación de los precios al consumidor como por el hecho de que los hogares de menores ingresos suelen cobrar el beneficio a través de cajeros automáticos o por ‘ventanilla’ y realizar la mayor parte de sus gastos en comercios informales o parcialmente formalizados, que no tienen sistemas de venta con tarjeta de débito. Aún si la medida lograse alterar estos patrones de comportamiento, tendría un efecto negativo sobre las ventas de los comercios y comerciantes informales. De esta manera, la aplicación de una medida que busca mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables e informales traería aparejados efectos “no deseados” sobre el mismo segmento social” (p. 6).

Es así, que si el proceso inflacionario no se detiene, en el caso de las Jubilaciones y Pensiones, el poder de compra del haber mínimo de estas, cae significativamente a pesar de la actualización de sus montos a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria, lo mismo sucede con la Asignación Universal por Hijo.

Podríamos decir que las políticas de ingresos que se han tomado hasta el momento no alcanzan para amortiguar el duro impacto de las medidas y decisiones económicas que se vienen tomando en los últimos meses. Lo que nos pone nuevamente en la discusión sobre el origen, y objetivos de las políticas sociales.