5.3 High throughput secondary electron imaging of organic residues on
5.4.3 Layer dependence of graphene SE contrast and work func-
Con Estados Unidos como líder mundial, los líderes y elites políticas latinoamericanas, inmersos en el contexto de la Guerra Fría, interpretaron y derivaron a partir del comunismo, un nuevo instrumento para salvaguardar la seguridad nacional. Este nuevo instrumento ideológico, más conocido como la DSN, modificó de forma dramática sus relaciones con el mundo, y a su vez, la manera en que los Estados orientaron gran parte de la actividad de seguridad nacional hacia la defensa y contención del enemigo interno (Sánchez Cano, 1999).
Como consecuencia de lo anterior surge una teoría militar del Estado, conocida como la DSN, la cual buscaba la supervivencia de la nación frente a todas las fuerzas adversas y el triunfo de los objetivos nacionales, a partir de la militarización e ideologización de la seguridad, incluyendo en su instrumentalización la ocupación de las instituciones estatales (Comblin, 1978).
La anterior definición, siendo fundamental para los fines de esta investigación, dado el énfasis que Comblin le otorga a la variable institucional, señalando la institucionalización que dicha doctrina ocupa en los espacios de gubernamentalidad y el uso de dicha doctrina por parte de las instituciones del Estado, como instrumento para militarizar e ideologizar el concepto de seguridad.
De igual forma como señala Luis Maira, “la DSN, afirma ciertos criterios que son indispensables para la configuración del modelo político autoritario. En primer término, la idea de que los conceptos de seguridad y desarrollo están íntimamente ligados, pero que el concepto de desarrollo, está subordinado al concepto de seguridad. Mas la palabra seguridad, adquiere un sentido preciso de restricción de los DD.HH y de los movimiento sociales como de la protesta social, para orientar la economía hacia el desarrollismo y la preeminencia del gran capital” (Maira, 1986) Lo interesante, será señalar la importancia de dicha ideologización en la redefinición de la estructura y el papel de las FF.AA en el manejo del Estado que, siendo señalado en el marco teórico bajo el concepto de IT, es una de las variables claves para atestiguar la presencia de un régimen híbrido.
La unificación ideológica en torno al comunismo como enemigo, redefinió tanto la estructura táctica de las FF.AA, como su postura política, “siendo ésta mucho más consciente de su participación (…), desarrollando así una tendencia a permanecer en el centro del poder, al debilitar el control de los entes civiles” (Leal, 1989).
En segundo lugar, es importante enfatizar en la importancia que tuvo el enemigo interno para fundamentar el accionar de la DSN, pero también para entender los niveles de represión y violación de LC en países como Colombia, durante las décadas de los 70 y los 80. La instrumentalización del enemigo interno operaba bajo la lógica de categorizarlo como cualquier adversario que operara dentro de las fronteras de la nación y que pudiera llegar a ser una amenaza contra los objetivos nacionales (Comblin, 1978)19.
En este sentido, al fundirse el concepto de enemigo clásico con la del enemigo interno, cualquier opositor o crítico al Estado colombiano era una seria amenaza a los valores políticos trascendentales que conformaban y caracterizaban la nación. Dando a entender que cualquier ofensiva por parte del Estado, hacia esta nueva amenaza, era considerada como legítima defensa.
Esta redefinición del enemigo (absolutización del enemigo) y de la seguridad, en últimas no procuraba tener algún límite, ya que en vez de crear una seguridad absoluta, creó mayores niveles de inseguridad en la medida en que todos los ciudadanos podrían eventualmente ser considerados una amenaza y podrían crear un problema de seguridad (Jiménez, 2009).
Lo anterior explicando por qué la aplicación de la DSN, bajo el argumento de la existencia de una amenaza subversiva, justificó y legitimó un reordenamiento del aparato estatal a nivel legislativo y judicial, por medio de decretos que ampliarán la jurisdicción de los militares sobre la administración de la justicia con el fin de tener un mayor nivel de libertad para el despliegue de acciones represivas y contrainsurgentes con el pretexto de mantener el orden de la sociedad.
19 Según Comblin, estos objetivos nacionales se pueden agrupar en 3 categorías, el primer objetivo, el cual defiende
un legado de valores morales (y en casos espirituales); la segunda, los elementos que construyen la idiosincrasia o características nacionales; y la última, los atributos de la soberanía en su sentido clásico (Comblin, 1978).
b) Desmonte del Frente Nacional
Las elecciones de 1978 llegan como un episodio de apertura y esperanza política para muchos sectores de la sociedad, dado el contexto de posterior desmonte del Frente Nacional en el cual se llevaban a cabo. La situación política a la cual se enfrentaba el país durante los últimos años del Frente Nacional, no era muy alentadora, ya que la participación de otros partidos, distintos al Partido Liberal y Partido Conservador, se veía peligrosamente limitada y desincentivada, un tema que generaba un sentimiento de exclusión en vastos sectores de la sociedad colombiana. En este sentido se resalta el hecho de que las elecciones de 1978 fueron distinguidas, dado su carácter pluripartidista a través de la apertura del sistema político a distintas alternativas políticas, que lograron actuar en la legalidad, como lo fueron La Unión Nacional de Oposición (UNO), Movimiento de Renovación Nacional, Frente por la Unidad del Pueblo y la Unión Obrera y Socialista. Una situación que no se presentaba luego de casi 20 años del sistema bipartidista hegemónico.
Sin embargo, y de manera paradójica, los periodos del post-frente nacional, también se caracterizaban por asumir las riendas del Estado en una etapa de escalada conflictiva donde, a finales de 1978, se visibilizaba un descontento generalizado y etapas de exclusión política elevada, que de hecho propiciaron la irrupción de nuevas organizaciones revolucionarias en la vida nacional, las cuales pretendían reivindicaciones sociales, que confrontaron, mediante la lucha armada, los intereses de la clase política dominante (Ahumada, 1970).20
Sumado a lo anterior, el periodo que asumía la presidencia de 1978, se caracterizaba por enfrentarse a una cantidad de dificultades económicas que venían tanto de los periodos del Frente Nacional -como del periodo de López Michelsen (1974-1978)-,
20 Esta coyuntura conflictiva, a la cual se enfrentaba Colombia a finales de la década de los 70 e inicios de la década
de los 80, era una de las más acentuadas en la historia del país. En este lapso, los movimientos revolucionarios se fortalecieron, no solo en el número de integrantes sino también en el desarrollo de las técnicas de combate y su expansión en el territorio Nacional, demarcando zonas propias de acción (Ahumada, 2007). Si bien organizaciones revolucionarias como las FARC (que entre 1979 y 1983 pasó de tener 9 a 26 frentes) y el EPL, que ya habían emprendido para ese entonces un camino de más de 10 años de lucha armada, seguían creciendo, a estos se le sumaban los movimientos guerrilleros considerados de segunda generación (Pearce, 2005), los cuales desarrollaron la configuración de movimientos beligerantes de carácter político-militar como el M-19, el Quintín Lame y la ADO (Autodefensa Obrera), con capacidad de negociación.
producto de la ola inflacionaria nacional, ocasionada por la crisis económica mundial de la década de 1970. Este periodo inflacionario21, que afectó tanto a la población
urbana como rural, terminó por agudizar las desigualdades económicas a razón de la subida de precios generales, que no se vieron compensados en el salario real de los obreros y sectores populares, los cuales, sin más remedio, fueron devorados por la inflación.
Ante la petición popular del alza en los salarios, el control de precios y el cese de los abusos de autoridad, la respuesta del Gobierno Nacional, fue la declaratoria del Estado de Sitio, y la toma de medidas fuertemente represivas (Semanario Voz, 2000). Una situación que promovió un terreno fértil para que las condiciones políticas de la región favorecieran el surgimiento de movilizaciones y de organizaciones sociales laborales como lo fue la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las cuales, si bien tenían un carácter de lucha sindical urbana, participaron colectivamente a través de distintos conglomerados sociales, en luchas populares y reivindicaciones sociales de distinta índole (Archila, 2000).22
c) Julio César Turbay Ayala
Bajo este presagio, y coyuntura política turbia, al darse las elecciones presidenciales de 1978, sale victorioso por el Partido Liberal, el candidato JCTA (1978-1982). Para llegar a la Presidencia ascendió, uno a uno, todos los peldaños: concejal, diputado, representante, senador, ministro, embajador, dos veces designado y jefe del Partido Liberal, donde se destaca su posesión a los 21 años de edad, como
21El pe iodo de o a za afete a , lla ada así po los altos p e ios del afé e el e ado i te a io al, oi ide o la llegada al país de iles de illo es de dóla es p o ede tes de la e o o ía su te á ea : di e os del
narcotráfico, el contrabando, las mafias, donde el Banco de la República recibía dólares sin preguntar por el origen, ocasionando una ola inflacionaria sin precedentes en Colombia.
22 Este fue el caso de FENSUAGRO y su participación en la defensa de los obreros agrícolas; el caso de las
organizaciones campesinas, como lo fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en solidaridad con los movimientos y cabildos indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el liderazgo continuo de Quintín Lame, en la reivindicación a la defensa de los derechos territoriales y en protesta a la desintegración de comunidades y la pérdida de sus medios de producción a causa del despojo de tierras por parte de terratenientes. Así como el caso de organizaciones cívicas y estudiantiles, en constante movilización frente a las deficientes garantías laborales y educativas, por medio de huelgas en el sector público y movilizaciones masivas; y el caso de los movimientos guerrilleros, con la radicalización de los discursos, de los partidos y movimientos de izquierda (Archila,2000).
alcalde de Girardot en Cundinamarca y su nombramiento como concejal de Usme. Hizo parte del movimiento “Revolución en Marcha” fundado por el expresidente Alfonso López Pumarejo en 1938, y posteriormente fue nombrado como ministro de Minas Y Energía durante la Junta Militar que encabezó el General Gustavo Rojas Pinilla en 1953. En 1967 fue designado a la Presidencia y asumió la dirección del Estado durante la estadía del titular Carlos Lleras Restrepo en los Estados Unidos. Se decía que durante su larga carrera política, JCTA se destacaba como un ciudadano que había estado en permanente contacto con las gentes de todas las categorías sociales, erigiéndose como un hombre de pensamiento democrático y progresista de avanzada, llevando siempre una vida austera y republicana, con una preocupación siempre constante por aquellos compatriotas que no habían alcanzado todavía el bienestar social (Echavarría, 1978).
Para JCTA, la autoridad pública se debía imponer cuando fuese producto de la democracia, pues ni la fuerza militar, ni la fuerza civil podrían hacer felices a los hombres si maltrataban las libertades ciudadanas y las garantías sociales a que el pueblo tiene derecho (Echavarría, 1978).
Un augurio que, lamentablemente iba a ser cuestionado – y con gran razón- dados los mecanismos de represión y autoridad desmedida que, una vez conseguida la presidencia de la nación, usaría para hacer frente a las contingencias sociales y políticas del país. Hechos que, durante y posterior a su mandato, iban a ser fuertemente criticados, tanto como para ser declarado por intelectuales y académicos del momento como “el peor gobierno de la historia” (García Márquez, 1981).
Elecciones Presidenciales de 197823
Estas elecciones tuvieron la particularidad de llevarse a cabo durante un periodo de ruptura política en el país, donde se designaban, por primera vez, elecciones presidenciales y legislativas de carácter pluripartidista, posteriores a la aparición del Frente Nacional y su desmonte.
23 El domingo 4 de junio de 1978 se realizaron en Colombia las votaciones para elegir Presidente de la República,
Esto no solamente significaba un cambio fundamental en las reglas de juego que se configuraban al interior del entramado institucional para dar como presidente a un candidato elegido en las urnas, sino también una apertura del sistema político que se vería reflejado en la apertura de canales de participación democrática, así como en el número de opciones políticas materializadas en el nacimiento de nuevos partidos políticos que posibilitaron a un sinnúmero de facciones políticas, ingresar en la arena y el juego político de aquel momento.
Las elecciones de 1978 se dieron por medio de la vía democrática y la elección popular a través del sufragio universal, donde se dio por primera vez en la historia nacional, la participación de votantes que adquirieron la ciudadanía a los 18 años, de acuerdo con lo establecido en la reforma constitucional de 1975. 24
Si bien la participación electoral de estas elecciones fue baja en comparación a periodos inmediatamente anteriores 25 (Melo, 1978), la novedad frente a los periodos
que datan de 1956 a 1974, es la ampliación en cuanto a las opciones y facciones políticas que se postularon para la presidencia de 1978-1982 (Noriega, 1994). Aunque, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, se posicionaban como las opciones de mayor popularidad electoral, se sabía también que dichos partidos estaban entrando, para ese entonces, en una crisis política de progresivo desapego a los sectores populares a causa del empobrecimiento ideológico y la ausencia de proyectos atractivos de cambio social y político, entre otros factores.
A causa de lo anterior y dadas las condiciones coyunturales, las elecciones de 1978 entrañaban la pluralidad política en su seno electoral, a través de la postulación de distintas candidaturas de diversas facciones políticas que albergaban ante todo el descontento y las demandas sociales que venían acrecentándose en aquel momento en el país.26
24 Acto Legislativo No. 1 del 18 de diciembre de 1975.
25 El número de votantes fue casi igual al registrado en 1958, cuando el censo electoral era la mitad del establecido
en 1978.
26 Entre los políticos que se inscribieron como candidatos estaban Julio Cesar Pernía, por la coalición conocida como
Unión Nacional de Oposición (UNO), integrada para esos comicios por el Partido Comunista, sectores disidentes de la ANAPO (Partido de Pernía) y el Movimiento Independiente Liberal.
De igual forma, se presentaron como candidaturas de izquierda, la campaña de Jaime Piedrahita Cardona del Frente por la Unidad del Pueblo (coalición integrada por el MOIR y pequeños movimientos sociales) y la campaña de Luz del
Como se mencionó anteriormente, estas elecciones se caracterizaron por la baja participación política de los votantes, jornada durante la cual se registraron un total de 5. 075. 719 votos en total. Sin embargo, es necesario resaltar que el número de votos obtenidos por las nuevas facciones políticas postuladas para dichas elecciones también demostraban el fortalecimiento de las bases electorales y populares de nuevos partidos políticos, especialmente de izquierda (ver anexo No.1, donde se muestran gráficamente los resultados electorales de 1978).
Posterior este análisis electoral, también se podrían indagar en las variables que posibiliten establecer la existencia de un Régimen Electoral a partir de lo sucedido en los comicios presidenciales de 1978. Como se establece en el marco teórico, las elecciones pluripartidistas competitivas, son aquellas en las que más de un centro de poder con diferentes intereses socioeconómicos pueden participar y “presentar una seria amenaza electoral a los titulares”. (Martínez Silva, 2007).
Teniendo en cuenta los resultados electorales, se podría establecer que para las elecciones de 1978, se evidenció más de un centro de poder además del Movimiento Nacional, resaltando particularmente el respaldo electoral que las candidaturas de izquierda y de oposición lograron obtener (alrededor de un 20% de los votos), afirmando una mayor distribución de los réditos electorales entre los distintos centros de poder, fundamentando el carácter pluripartidista de las elecciones. En adición a lo anterior, también señalan los autores que, otro factor importante para determinar la existencia de un Régimen Electoral, de acuerdo a la definición renovada, es la alternancia. En este punto, se sostiene que un régimen que experimenta una alternancia de poder es críticamente diferente a un régimen en el que un solo partido, durante un período sustancial de tiempo, gobierna. Lo anterior a causa de las amplias implicaciones que alternancias de poder pueden tener sobre la dinámica del régimen, tales como la formulación de las políticas públicas y las relaciones Estado-sociedad (Gilbert y Mohseni, 2011).
Socorro Ramírez por la Unión Obrera y Socialista, grupo liderado por el Partido Socialista de los Trabajadores. Adicionalmente, se presentó en representación de la facción derechista, el general retirado Álvaro Valencia Tovar, ex comandante del ejército, por el Movimiento de Renovación Nacional (MRN).
Como se estableció anteriormente, una forma de determinar cuantitativamente lo anterior, proponen los autores, es comprobar que exista una alternancia electoral, al menos de cuatro ciclos consecutivos o veinte años, ya sea en presidencia y/o en la legislatura, que sean capaces de distinguirse del requisito de longitud de un sistema de partido dominante. En este sentido, es necesario hacer énfasis sobre la envidiable e ininterrumpida tradición democrática que ha tenido Colombia [exceptuando el periodo de 1949 a 1957]27, durante los últimos 200 años, en términos electorales
(Gutiérrez Sanín, 2013).
Lo anterior a la luz de las experiencias latinoamericanas es cuanto menos un registro por poco impecable. De hecho, si dicha cifra fuese analizada con base en los estándares de la segunda posguerra, a nivel mundial, lo es aún más. Pocos países en el mundo, incluyendo a la mayoría de los capitalistas desarrollados, pueden exhibir una trayectoria semejante, ya que si bien se puede establecer que, en términos de desarrollo, Colombia es un país del Tercer Mundo, en términos de régimen político, Colombia pertenece a la “primera ola” de la democracia.28
(Gutiérrez, 2013).
Este análisis podría eventualmente llevarnos a señalar en primer lugar que los comicios presidenciales de 1978, e inclusive a nivel general el Estado colombiano, se rigió y se ha regido bajo los parámetros electorales señalados, los cuales posibilitan categorizarlo como un Régimen Electoral, que en el plano formal, celebra elecciones pluripartidistas competitivas.
En segundo lugar –y como consecuencia de lo anterior-, teniendo en cuenta las herramientas teóricas planteadas, es posible negar un eventual carácter autoritario del régimen JCTA, así como del Estado colombiano. Esto, debido a que es posible
27 Tomando como referencia temporal la Colombia republicana, después de la muerte de Bolívar, se puede establecer
que Colombia solamente sufrió ocho años de dictadura (entre 1949 cuando se cierra el Congreso, hasta 1957, cuando se instala una junta de transición), de los cuales cuatro fueron de régimen militar.
28 Teniendo como referencia la definición mínima procedimental de la democracia propuesta por Collier y Levitsky,
en primer lugar, es necesario establecer que, salvo unas excepciones, la rotación de las elites en el poder fue y es decidida a lo largo de la historia formalmente por medio de elecciones. Como señala Gutiérrez, aunque durante el siglo XIX estas elecciones estuvieron acompañadas por frecuentes guerras civiles, desde el comienzo hubo varios eventos en los que el partido en el poder entregó las llaves del palacio presidencial a su adversario político (1838, 1843, 1849, 1863, 1878).
comprobar que, durante el 95% de la historia republicana de Colombia, y durante el régimen de JCTA, los parámetros de un Régimen Electoral han regido gracias a la existencia elecciones pluripartidistas y competitivas legítimamente establecidas.