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Los procesos de ruptura coloniales y el advenimiento del Estado nacional en Colombia, como en el conjunto de América Latina, signifi- caron menos avances sustantivos en términos de democracia de lo que las elites criollas predicaban. En realidad ellas, a pesar del ideario liberal que las alimentaba, restringieron al máximo la universalización de los derechos civiles y políticos. Por lo común durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, el voto era restrictivo y solo lo podían ejercer los varones blancos o mestizos, mayores de edad, padres de familia, alfa- betizados y con recursos económicos. En consecuencia, se trató de una una ficción ciudadana en la que no contaba el grueso de la población.

Después de una larga hegemonía del Partido Conservador desde fines del siglo XIX, en 1930 ascienden los liberales al poder. A pesar de la inclusión ciudadana de sectores obreros y urbanos, el liberalismo no logra cerrar la brecha social con amplios sectores de la población, cuyo descontento será recogido por el líder populista Jorge Eliécer Gaitán. El marcado caudillismo de su movimiento hará que a su muerte, el 9 de abril de 1948, después del impresionante levantamiento urbano en la capital y las principales ciudades colombianas, no sobreviva el gaitanis- mo, salvo en la forma de un ideario frustrado. Con su asesinato Colom- bia perdió una oportunidad para enderezar los asuntos públicos hacia una mayor inclusión ciudadanía, aclimatando los derechos civiles y po- líticos, pero sobre todo socioeconómicos. Y como si fuera poco el trágico evento acrecentó la espiral de violencia partidista que venía presentán-

4 _{Por protesta entendemos toda acción social colectiva de más de 10 personas que puntual-}

mente expresa en espacios públicos inconformidad ante exclusiones, injusticias e inequida- des. Esta es la categoría central de nuestra principal fuente empírica: la Base de Datos de Luchas Sociales construida por CINEP desde 1975.

dose desde el retorno conservador al poder en 1946. El desborde de la guerra civil no declarada produce una gran resistencia campesina en las zonas liberales y comunistas que va pasando de autodefensa a guerrilla hasta poner en jaque a las fuerzas del orden (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1988).

En esas condiciones las elites recurren al arbitraje de las Fuerzas Armadas que se expresa en el golpe militar de junio de 1953. Aunque el dictador Gustavo Rojas Pinilla logra disminuir la confrontación arma- da, rompe con la tutela bipartidista y eclesial, lo que provoca la unidad de las elites en su contra hasta derrocarlo el 10 de mayo de 1957. A partir de ese momento se inicia una coalición bipartidista que consagra la paridad en todas las ramas del Estado por 16 años, y establece la alternación presidencial por cuatro periodos (Hartlyn, 1993). Dicha coalición permitió la estabilidad macroeconómica, disminuyó la violen- cia partidista mientras subordinó a las Fuerzas Armadas que, no obstan- te, tuvieron mucha autonomía en el manejo del orden público. La ex- clusión de los grupos políticos distintos del bipartidismo no permitió el libre juego de la democracia electoral y favoreció primero un disperso bandolerismo y luego la aparición de guerrillas revolucionarias: en su orden las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Libera- ción (EPL), las dos primeras activas hasta el momento.

En 1974 llega a su fin el pacto bipartidista y se inicia su desmon- te formal, aunque aún la Constitución exigía la paridad en el gabinete ministerial. De esta forma se retornaba al juego democrático competiti- vo pero a favor del bipartidismo. Entre 1974 y 1990 hay una serie de gobiernos que oscilan entre el reformismo y la represión; si el primero despierta expectativas entre la población, el segundo las cierra. Así se produce un ciclo de luchas con alta actividad al inicio y al final de esos años. En el primer subperiodo se lanzó el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, que para muchos analistas ha sido la protesta más significativa de la segunda mitad del siglo XX en Colombia (Medi- na, 1984: 123-186). Esta radicalización popular estuvo acompañada de una nueva oleada guerrillera protagonizada por el Movimiento 19 de Abril (M-19), expresión de una guerrilla más urbana y mediática.

Las medidas de excepción usadas para contener el desborde po- pular e insurgente marca un cuatrienio altamente represivo entre 1978 y 1982 (Gallón, 1979), para dar paso luego a una apertura reformista

en la que se hacen diálogos de paz con la insurgencia. Fruto de estos se produce una tímida reforma política que establece la elección popular de alcaldes y la descentralización presupuestal. Estos pequeños logros se vieron empañados por la “guerra sucia” que se desató contra sectores sociales y políticos de izquierda. A ello se agregó la irrupción del narco- tráfico que buscaba espacios políticos y militares para derrotar la extra- dición a Estados Unidos. A finales de los noventa el país estaba literal-

mente “al filo del caos”5_{, cuya solución exigía un nuevo pacto social. De}

esta forma en 1991 se expide una nueva Constitución que nace coja no solo por los aires guerreristas que la acompañan, sino por ser un difícil acuerdo entre tesis social-demócratas y neoliberales.

Lo que resta de los años noventa va a ser un reflejo de las tensiones de la sociedad colombiana en torno a tres ejes: la creciente violencia no solo de la insurgencia sino del paramilitarismo y el narcotráfico; la impo- sición del modelo neoliberal; y la difícil construcción de una democracia más plural e incluyente. La creciente intervención norteamericana en la lucha contra las drogas ilícitas y contra la insurgencia produce que el con- flicto armado colombiano se internacionalice. Además a finales del siglo XX el país sufre una gran crisis económica que deteriora la calidad de vida de los colombianos (Archila et al., 2002: 40). El pesimismo cundió en el país ante los precarios resultados económicos y sobre todo por el balance negativo de los diálogos con las FARC entre 1999 y 2002.

Estos serán los elementos que aprovechará el candidato disidente liberal Álvaro Uribe Vélez (2002- ), especialmente como alternativa militarista ante el conflicto armado. Su propuesta de Seguridad Demo- crática representa un esfuerzo militar para lograr el control territorial por parte del Estado, con sacrificio del ejercicio democrático. En el fue- go cruzado entre agentes armados estatales y no estatales la población civil es la mayor víctima, conformando una masa de desplazados que bordea el 10% de la población total. La negativa oficial a cualquier diá- logo con la insurgencia, hasta cerrar el intercambio humanitario, con- trasta con la mano tendida que el actual gobierno ha mostrado con los paramilitares. Todo ello conforma una dramática crisis humanitaria, lo que muestra las serias limitaciones de la democracia en Colombia. Como si fuera poco la agenda neoliberal continúa vigente durante el actual gobierno y aunque sigue recibiendo ayuda económica y militar de los

5 _{Como oportunamente se tituló una obra editada por Francisco Leal y León Zamosc}

Estados Unidos –la mayor de Suramérica–, no ha encontrado el eco deseado para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). De esta forma Uribe Vélez es hoy el más fiel aliado de la potencia del norte, desestabilizando el equilibrio regional.