Después del breve recuento de los avatares de la construcción de democracia en Colombia es hora de analizar con más detalle la partici- pación popular en este proceso. Lo haremos a partir de la información
sobre las protestas6. Vamos a comparar el periodo largo que cubre 1975-
2007 con el análisis de lo que va del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2007), con el fin de contrastar la tendencia histórica con la co-
yuntura reciente7.
6 En esta sección nos apoyamos en la Base de Datos de Luchas Sociales del CINEP que contiene información desde 1975 a partir de la lectura de diez periódicos y semanarios nacionales y regionales, además de otras fuentes noticiosas escritas, habladas y visuales. Agradezco a Martha Cecilia García su colaboración en la elaboración de los gráficos respec- tivos.
7 Para una visión sobre el periodo largo remitimos al lector a la página institucional del centro www.cinep.org.co en donde encontrará el sumario de las tendencias históricas, que además ya han sido analizadas ampliamente por nosotros (Archila et al., 2002 y Archila, 2003). En estas páginas presentaremos los gráficos correspondientes a la información de los Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales, CINEP.
En el Gráfico 1 se observa a grandes rasgos la trayectoria de la protesta en la historia reciente colombiana. Para los 33 años contabiliza- dos el promedio anual de luchas fue de 420, por encima de la media observada para el periodo 1958-1974 que fue de 173 (Archila, 2003,
133)8. En contraste, los siete años de lo que va del gobierno de Uribe
Vélez muestran un promedio de casi cercano a 500, lo que parece indi- car que a pesar del recorte de libertades democráticas, la gente sale a las calles a manifestar su inconformidad, rompiendo de hecho con el auto- ritarismo del actual mandatario.
Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales, CINEP.
La lectura del Gráfico 2 arroja aspectos interesantes sobre los ac- tores sociales, agrupados por el tipo de identidad que pregonan en las protestas. En contraste con la tendencia histórica, los siete últimos años muestran una variación notoria en el protagonismo de las protestas. Los pobladores urbanos, que habían ocupado el segundo lugar en cuanto a actores para el periodo largo desde 1975 –con 29% de las acciones– ahora saltan a un primer plano aumentando a 37% su participación porcentual. En cambio los asalariados ceden su primacía histórica –te- nían el 29% en el largo periodo– para representar hoy el 19%. Más
8 Lo que cuantificamos es el número de acciones no el de participantes ni la duración de los
eventos, información que enriquecería el análisis de la protesta pero que es difícil capturar a partir de las fuentes usadas, especialmente para acciones multitudinarias.
dramático es el caso de los campesinos, que habían adelantado el 12% de las luchas entre 1975 y 2007, para ahora protestar solo el 5%.
Estos datos ilustran una primera tendencia insinuada desde los años noventa: la pérdida de visibilidad de los actores con identidad de clase, mientras crecen en participación aquellos multiclasistas, lo que puede ser reflejo del impacto de las políticas neoliberales. Así, los proce- sos de flexibilización de la fuerza de trabajo y de precarización del con- trato salarial han debilitado el mundo del trabajo formal y el sindicalis-
mo9. Igualmente la crisis del agro de principios de los años 90, que
coincide con el declive de la economía cafetera, ha afectado a los campe- sinos. Pero también la violencia cuenta tanto para los asalariados como especialmente para los habitantes del campo. De hecho la mayoría de los tres millones de desplazados por el conflicto armado provienen de áreas rurales.
Dichos factores de orden estructural, sin embargo, no son una fatalidad insuperable. De hecho los asalariados siguen teniendo gran visibilidad en la protesta y son los grandes convocantes de jornadas con impacto político como ocurrió en 2003 contra el referendo uribista para modificar la Constitución, el TLC y la reelección del Presidente –luchas que tuvieron desigual éxito–. A su vez, la disminución de visibilidad del campesinado en parte es explicada por nuevas formas de identificación –por ejemplo como poblador de pequeñas aldeas o integrado a movi- mientos regionales–, las que a su vez hacen eco de las transformaciones identitarias de los últimos lustros en el campo (Salgado y Prada, 2000). La menor acción social colectiva de los campesinos es compensada por el destacado papel de las minorías étnicas, especialmente indígenas, en las luchas sociales. Si bien estos no representan más del 3% de la población, por años han librado el 4% de las luchas, una proporción nada despreciable especialmente cuando esta se concentra en ciertas re- giones. Ello sin tocar el papel político que han jugado desde que deci- dieron participar en la Asamblea Constituyente de 1991. Desde ese momento han contado regularmente con parlamentarios propios e in- cluso eligieron gobernador indígena en un departamento para el perio- do 2001-2003. Aunque algunos críticos aducen que han sido coopta- dos por el establecimiento, otra cosa muestran sus organizaciones y la
9 La tasa de sindicalización –afiliados a sindicatos sobre Población Económicamente Activa
(PEA)– ha descendido de 15% en los años sesenta y setenta a escasos 5% en tiempos recientes (El Espectador, 2005).
capacidad de movilización en donde acuden a formas novedosas de pro- testa como las “mingas” de 2004 y 2008, en las que salió también a relucir la “guardia indígena”; o las recientes “recuperaciones” de la “ma- dre” tierra desde el segundo semestre de 2005; o la convocatoria a una masiva consulta entre las comunidades sobre el TLC a principios del mismo año, que arrojó un rechazo casi total del mismo. Todas ellas son expresiones de un movimiento social fuerte y visible, a pesar de las inevi- tables tensiones internas por la diversidad cultural y política que alberga (Laurent, 2005).
Desde otro ángulo se puede señalar que la crisis de los asalariados y campesinos repercute en la mayor visibilidad de los pobladores urba- nos y los trabajadores independientes, sectores que han aumentado en los últimos años su participación en las protestas a 37% y 6% respecti- vamente. El contingente de quienes laboran en forma “independiente” se incrementa por el desempleo y subempleo que marca el mundo del trabajo. A simple vista se observa, por ejemplo, el creciente número de vendedores ambulantes: más de uno por semáforo en las grandes ciuda- des. El rebusque se convierte así en el “otro sendero” de sobrevivencia en una economía que arroja cada vez más pobres a las calles.
Por su parte los pobladores urbanos, antes designados “cívicos”, son por definición multiclasistas. Recogen muchos de los sectores que en el pasado se identificaban como asalariados o campesinos y las más difusas capas bajas y medias urbanas. Esta categoría puede reflejar una ambigüedad conceptual, pues sus contornos son difíciles de precisar ya que abarca a todos los protestatarios de ciudades y aldeas, incluidos los cada vez más numerosos desplazados por la violencia. A pesar de esa imprecisión conceptual, o tal vez por ella, los pobladores urbanos ad- quieren un protagonismo que también se deriva de los esfuerzos de dis- tintos sectores sociales por realizar acciones unitarias. En parte sus lu- chas reflejan la crisis urbana en cuanto a la precaria dotación infraestruc- tural y social de las ciudades, pero también muestran la convergencia de muchos actores sociales en torno a políticas nacionales y locales resul- tantes del desarrollo desigual y combinado regional.
Los estudiantes mantienen su visibilidad en las luchas sociales cer- cana al 13%, tanto en el periodo largo como en la reciente coyuntura. Aunque a ellos el neoliberalismo les toca directamente –por privatización de la educación, aumento de cobertura sin garantías de mejorar la calidad y transformaciones curriculares guiadas por las fuerzas del mercado–, tam-
bién son los actores más solidarios con las demandas de otros sectores sociales. Los estudiantes además son una gran cantera de renovación orga- nizativa, aunque no hayan consolidado una estructura de carácter nacio- nal una vez ella fue prohibida en los años sesenta, así como de los reperto- rios de protesta que van desde acciones confrontacionales más clásicas has- ta el uso de las nuevas tecnologías de comunicación.
Hay otros actores que poco protestan, por obvias razones, como los gremios empresariales –no les conviene enfrentarse con las autorida- des– y los reclusos –son una pequeña población, que se hace visible cuando es menester–. El caso de las mujeres es distinto. Históricamente ellas hacían parte del rostro de las multitudes, pero no eran visibles por asuntos propios de su género. Recientemente han sido muy hábiles en lograr conquistas por medios legales, políticos y simbólicos. Con ello enseñan que para ampliar la democracia hay múltiples repertorios de acción colectiva diferentes de la protesta. Pero en los últimos tiempos la degradación de la violencia las ha afectado al punto de hacer presencia pública con un nada despreciable 10%, cuando la media histórica no llegaba al 4%. En sus luchas contra la violencia familiar, criminal y política, o por los derechos reproductivos, ellas hacen un despliegue de innovación discursiva –por ejemplo, resignificar su maternidad– y sim- bólica –con atuendos llamativos o sin ellos– de gran impacto en la opi- nión pública.
En términos de las demandas de las luchas sociales en Colombia hay también modificaciones recientes notorias con relación a la tenden- cia histórica del último cuarto del siglo XX. La primera modificación destacada es el cambio de énfasis en los once motivos cuantificados por CINEP: de las exigencias más materiales a aquellas más políticas y cul- turales. En efecto, entre 1975 y 2001 tenían mayor peso las reivindica- ciones sobre tierra y vivienda, los pliegos laborales –relacionados a su vez con salario, empleo y prestaciones sociales, entre otras peticiones sindi- cales–, a las que se agregarían los incumplimientos de pactos y leyes – que principalmente eran retenciones salariales–, y los servicios públicos domiciliaros e infraestructura urbana. Por el contrario, la observación del Gráfico 3 muestra que entre 2002 y 2007 adquieren relevancia los temas de derechos humanos y políticos –las decisiones tomadas por el Estado en sus distintos ámbitos–. Como hemos señalado en escritos anteriores (Archila, et al., 2002 y Archila 2003), esta transformación en las demandas –que ya se manifestaba desde fines de los años 80– res- ponde tanto a factores estructurales –flexibilización del mundo laboral y especialmente la violencia– como a decisiones de los actores. Todo ello se traduce en lo que hemos designado como una politización creciente de las luchas sociales por dos vías: porque los movimientos sociales tras- cienden sus luchas particulares en pos de asuntos más universales, y porque formulan sus demandas cada vez más en términos de derechos exigibles al Estado, especialmente después de la Constitución de 1991. Si lo señalado es la modificación más protuberante en cuanto a los motivos de la protesta, la mirada en detalle de los principales temas en disputa arroja otros rasgos importantes. El ascenso de la demanda en tor- no a los derechos humanos civiles y políticos ya se insinuaba desde los años 80, precisamente cuando el conflicto armado comenzó a fragmentar- se y degradarse en forma dramática. Esta prioridad aumentó desde 1991 por la ya señalada apelación a derechos exigibles al Estado, lo que incluyó los derechos económicos, sociales y culturales. Así la presión por el nuevo tipo de ciudadanía que encierra este motivo pasó de 18% en la tendencia
histórica a 27% durante el mandato de Uribe Vélez10.
10 Una observación detallada de la Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP para 2002-
2007 desglosa en esta categoría exigencias por el respeto a la vida, el cese de detenciones arbitrarias por las fuerzas del orden y la búsqueda de la paz. También se apela a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente para exigir a las fuerzas irregulares la liberación de los secuestrados o la realización de un Intercambio Humanitario con las FARC. En el terreno cultural figuran demandas en torno a los derechos reproducti-
El tema de la violencia vuelve a aparecer en las demandas de los desplazados por reubicación digna o retorno a sus lugares de origen. En este terreno las acciones de “resistencia civil”, si bien no son numerosas, llaman la atención por la valentía de sus protagonistas al oponerse –sin más protección que sus propios cuerpos– a los actores armados, requi- riéndoles que no los involucren en la confrontación. En estos actos se han distinguido de nuevo las comunidades indígenas (Peñaranda, 2006). En algunas ocasiones han sido convocados por autoridades locales o re- gionales, y no han faltado vagos llamados del presidente Uribe a ejercer- la, lo que cuestiona su carácter “civil”, lo que muestra la complejidad del conflicto colombiano. Algunos grupos campesinos han acudido tam- bién a la modalidad de crear “comunidades de paz” con la intención de alejar de sus territorios la guerra (García Villegas y otros, 2005).
En 2008 se vieron además multitudinarias movilizaciones contra los actores armados irregulares, especialmente contra las FARC el 4 de febrero. En cambio la del 6 de marzo, que denunciaba a los paramilita- res y agentes oficiales involucrados en crímenes de Estado, no contó con aval gubernamental ni con el despliegue mediático de la anterior. Pero el mensaje de ambas fue contundente: ¡el rechazo de la violencia en todas sus manifestaciones! Todo ello habla de una riqueza de repertorios para oponerse al conflicto armado, al menos para que no se involucre a la población civil en él, para atenuar sus efectos y, sobre todo, para buscar- le una salida negociada. Por esta vía la llamada sociedad civil, además de víctima, puede retomar un papel protagónico para exigir la solución política a la guerra interna que vive Colombia.
Las demandas propiamente políticas sufrieron también un incre- mento desde 1975 hasta nuestros días: pasaron de ser el 16% de las causas de protesta en la tendencia histórica al 25% en los últimos siete años. Los asuntos más ventilados en este periodo reciente han sido las relaciones internacionales con Estados Unidos en torno al Plan Colom- bia y la negociación del TLC. Igualmente resaltan los debates sobre políticas internas, en particular la de Seguridad Democrática de Uribe Vélez, el Referendo que pretendía modificar aspectos sustanciales de la Constitución y que fue derrotado en 2003, y la reelección inmediata en la que el presidente Uribe Vélez salió airoso en 2006. No faltaron movi- lizaciones contra sucesivas propuestas fiscales del gobierno o contra po-
vos y de preferencia sexual en donde cobra alguna visibilidad el sector LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales o transgeneristas).
líticas sectoriales, especialmente agrarias. En el plano local llaman la atención dos temas que mueven a la gente: las disposiciones de movili- dad vehicular y la disputa por el espacio público, en especial alrededor de las ventas callejeras.
El motivo que titulamos Autoridades se refiere a acciones a favor o en contra de las personas que ocupan cargos de poder en diferentes nive- les del Estado o de las instituciones privadas o públicas. Por tanto, com- plementan las demandas políticas, sin que históricamente ocupen un lugar destacado –4% en promedio histórico y en los últimos años–. Este recorrido somero por los temas políticos enseña que los actores sociales en Colombia se involucran crecientemente en asuntos que tras- cienden su ámbito particular para incursionar en los más generales, e
incluso hasta globales11.
Como ya se señalaba, algunas reivindicaciones relacionadas con dimensiones más materiales han cedido visibilidad en los últimos años. Así la exigencia de tierra o vivienda pasó del 14% en el cuarto final de siglo al 3% en los últimos siete años. Este era un tema que venía en descenso después del auge de las luchas campesinas de los años 70, tendencia que se agudizó tanto por el peso de la violencia en los campos –que ha traído, entre otras cosas, una mayor concentración de la tierra en manos del narcotráfico–, como por la recomposición del campesina- do. En todo caso, este motivo no desaparece como lo ilustran las men- cionadas “recuperaciones” de tierra por los indígenas de los últimos años. Algo similar ocurre con los pliegos laborales que pasaron de ser el 13% de todas las protestas entre 1975 y 2000 a un escaso 2% en los últimos siete años estudiados. Ya se ha señalado el impacto negativo que han tenido las políticas neoliberales en los aslariados, afectando no solo al sindicalismo sino la negociación colectiva. Pero también habrá que decir que no desaparecen estos temas laborales de la agenda de las luchas sociales. Lo anterior se consolida si incluimos aquí los llamados incum- plimientos de pactos y leyes, que corresponden esencialmente a las re- tenciones salariales que hacen entes públicos –la mayoría de las protes- tas en este rubro– y privados. De hecho muchas de las acciones sociales colectivas de los trabajadores estatales desde mediados del siglo XX res-
11 Aunque no hay en el país un gran número de luchas contra la globalización neoliberal,
muchas de las que se dieron por temas internos la tocaban directa o indirectamente como en el caso de la oposición al Plan Colombia. Incluso no faltaron protestas contra las guerras en Afganistán y en Irak o el conflicto en el Oriente Medio.
pondían a este motivo que históricamente representaba el 17%. La leve tendencia al descenso reciente –13% en los últimos siete años– se expli- ca porque el Estado parece haberse vuelto más eficiente en el pago de sus asalariados.
La hipótesis de que Colombia sigue siendo una nación con preca- rias condiciones materiales de existencia, pero que, por factores estruc- turales y de decisión de los actores, vira hacia reivindicaciones de orden político, es ratificada por la relevancia que mantienen no solo los asun- tos laborales y de tierras, sino los de infraestructura urbana y territorial. Así las demandas en torno a servicios públicos domiciliarios, infraes- tructura y transporte conservan un porcentaje levemente superior al 10% del total de luchas en los dos periodos estudiados. Dentro de ellas se destaca el reclamo por calidad y cobertura de acueducto y energía eléc- trica. Salta a la vista que es un motivo propio de los pobladores urbanos, los más visibles en tiempos recientes. Otra reivindicación relacionada con estos actores, pero que cubre a otros como los estudiantes y los trabajadores asalariados e independientes, es la de servicios sociales. Ellos son, en su orden de importancia: educación, salud y seguridad ciudada- na. El reclamo por estos servicios, que enseñan mucho sobre las condi- ciones de vida urbana, mantiene en tiempos recientes el peso histórico de 6%.
Los otros motivos de protestas que aparecen en el Gráfico 3 como ambientales, conmemoraciones de eventos pasados y acciones de solida- ridad siguen manteniendo bajos índices de visibilidad entre 2 y 3%, lo que no significa que sean despreciables, especialmente por los valores humanos y democráticos que encierran.
Corresponde ahora indagar otro ángulo de las luchas sociales en Colombia: ¿contra quién se dirigen ellas? Como se observa en el Gráfico 4, en tiempos recientes el mayor peso lo tienen los entes públicos de carácter nacional con 27% y municipal con 19%, mientras el regional se ubica lejos con 6% –tal vez por menor control presupuestal–, para totalizar el 52% de los adversarios de las protestas en los últimos siete años. Si a ello le sumamos el 10% de las empresas estatales y el 2% de