Para que el acceso mejore se necesitan inversiones para aumentar la difusión informativa y las oportunidades de participación, y que los ciudadanos, las organizaciones de la comunidad y los grupos de inte- resados demanden mayormente sus derechos de acceso.
M e j o r a r e l s u m i n i s t r o d e “ a c c e s o ”
Algunos pasos de vital importancia para lograr una participación pública activa en las decisiones ambientales son el fortalecimiento de la legislación que regula el acceso a la información, a la participación y a los recursos legales, y trabajar con las organizaciones de la socie- dad civil para implantar dichas leyes. Por otra parte, los gobiernos también deben mejorar su capacidad de generar y publicar informa- ción, y de exigir la reacción pública y responder a ésta, lo cual implica asegurarse de que la población tenga siempre acceso adecuado a la
información, incluido a las declaraciones del impacto ambiental, antes de participar en las deliberaciones públicas (véase Recuadro 3.4). El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Convención de Aarhus subrayan la necesidad de que los países mantengan un servicio centralizado de información ambiental y que se comprometan a realizar consultas públicas tempranas a los interesa- dos en las decisiones ambientales. El PNUMA estableció la red INFO- TERRA de los centros de información sobre el medio ambiente, con un número de 177, para facilitar el acceso integrado a la información.
Todos los países deben mejorar la preparación de sus funcionarios para facilitar el acceso a la información básica sobre el medio ambiente. Los organismos de algunos países, como Hungría e Indonesia, crean ba- rreras burocráticas y mantienen actitudes de secreto que pueden agotar fácilmente a un ciudadano cuando, por ejemplo, intenta luchar contra la ubicación de una nueva fábrica o solicita la revisión de una decisión de política forestal. Los gobiernos no están preparando a su personal ade- cuadamente de modo que los funcionarios sean conscientes de que existe nueva legislación y de las implicaciones de la misma en su trabajo, o no ayudan al personal a entender el valor de la participación del público en la toma de decisiones. Sudáfrica e India fueron los únicos países de entre los examinados en donde tres de los organismos gubernamentales elegi- dos ofrecían preparación del personal sobre las nuevas normas de infor- mación ambiental y de participación pública.
Los donantes extranjeros pueden ayudar en la tarea de construir la infraestructura y la capacidad del gobierno para hacer realidad el acceso; por ejemplo, rastrear y difundir la información ambiental resulta oneroso. Los países más pobres que mantienen inventarios centralizados de la información ambiental integrada dependen nor- malmente de los fondos extranjeros. Así, el sistema de información sobre el medio ambiente chileno se sostiene con la ayuda de contri- buyentes, y Uganda mantiene –con el apoyo de donantes– un sis- tema de información muy eficaz y accesible al público sobre las situa-
L
a Iniciativa de Acceso evaluó la facilidad con que los grupos de interés público pueden formarse y operar en Botswana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Uganda y Zimbabue. Cada uno de estos países tiene disposiciones constitucionales que garantizan la libertad de asociación, pero también tienen leyes que restringen la actividad de los grupos de interés público. En todos los países, los gobiernos centrales asignaron exclusivamente a los ministerios la vigilancia de registrar o anular del registro a las ONG. Por ejemplo, la Ley sobre lasOrganizaciones Voluntarias Privadas de Zimbabue, concede al ministro
de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social el poder de retirar de su puesto a todo el personal de una ONG sin dar explicaciones (Viet 1999).
Algunos gobiernos de África oriental han creado mecanismos que ponen cortapisas al procedimiento de registro de las ONG. Por ejemplo, en Uganda, éstas deben obtener una carta de autoriza- ción del ministerio competente antes de poder registrarse oficial- mente.
Este poder de vigilancia y regulación permite a los gobiernos actuar contra los grupos de interés que les desafían. En Tanzania, BAWATA (Concilio Nacional de las Mujeres) fue registrado en 1995 sólo después de una batalla para convencer al secretario del Registro
de Sociedades que concediese su aprobación. Su trabajo desde el ini-
cio –según se articulaba en su constitución– se centró en los temas de los derechos de herencia, el derecho a poseer la tierra y la representa- ción política de las mujeres en el Parlamento. No obstante, el gobierno pronto acusó a BAWATA de ser un partido político. En septiembre de 1996, el gobierno, sin permitir a BAWATA dar explicaciones, anuló su inscripción como ONG y exigió que el grupo enmendase su constitu- ción y se convirtiese en un instituto de investigación. En marzo de 1997, en una junta general, BAWATA produjo y enmendó su constitu- ción de acuerdo con las demandas. Aún así, el gobierno anuló la regis- tración de BAWATA. Aunque el caso todavía está pendiente en los tri- bunales, la larga batalla legal ha pasado factura a la organización: su carismático líder la ha abandonado y los donantes ya no la apoyan.
Recuadro 3.5. Grupos de interés público en África: ¿son apoyados o desalentados?
Bajo el reflector: el acceso y los medios de comunicación
Los medios de comunicación pueden impulsar la demanda de acceso a la información y a las oportunidades de participación del ciudadano (véase Recuadro 4.4). Por desgracia, en las eva- luaciones por países sobre la cobertura de los temas ambien- tales por parte de estos medios realizada por la Iniciativa de Acceso, sólo tres países obtuvieron puntuación “alta” para el nivel de cobertura informativa; y cuatro “alta” por la calidad de la cobertura. Tailandia fue la única con puntuación “alta” en ambas categorías debido a que durante tres semanas elegidas al azar y no consecutivas, las muestras de varios medios de comunicación brindaban temas y análisis sobre el medio ambiente desde varias perspectivas.
ciones de emergencia para salud. La dedicación del gobierno y la dis- ponibilidad de recursos también afecta al tema de la adecuada pre- paración de los funcionarios por parte del gobierno para poder pro- porcionar información, involucrar a los ciudadanos o juzgar casos relacionados con el medio ambiente.
Mejorar el acceso es imposible sin los esfuerzos de las institucio- nes financieras, tales como los financiadores de la reforma energé- tica, la electricidad, la infraestructura del agua y otros proyectos de desarrollo que producen impactos ambientales, que ayuden a los paí- ses a aplicar los principios de una correcta gestión ambiental. Las instituciones que financian el desarrollo deben primero adoptar y aplicar los elementos de la participación pública a sus propias ope- raciones y después promover la adopción transparente de decisiones por parte de sus clientes a través de sus políticas de préstamos y de exigencia de requisitos. En Uganda, por ejemplo, los organismos con acceso a la financiación del Banco Mundial están más abiertos a la implicación del público en la toma de decisiones que los que no la tie- nen, pues el Banco Mundial ha fomentado la transparencia explíci- tamente a través de sus políticas de préstamo a dicho país.
I n c r e m e n t a r l a
d e m a n d a d e
“ A c c e s o ”
La mayor parte de los equipos de investigación de la Iniciativa de Acceso comentó el escaso nivel de concienciación del público en temas de medio am- biente y de derechos de acceso. Las autoridades públicas tienen responsa- bilidad de crear en los ciu- dadanos –directa o indi- rectamente– la capacidad de ejercer sus derechos a la información y a la par- ticipación. Entre las me- didas representativas de la seriedad con que el go- bierno se toma dicha res- ponsabilidad figuran las inversiones en educación ambiental y los esfuerzos por crear climas favorables a los grupos de presión ciudadana y a otras organizacio- nes no gubernamentales. En su mayoría, los gobiernos están invir- tiendo en educación ambiental: en Sudáfrica, por ejemplo, se ha pre- parado a los funcionarios para desarrollar material sobre educación ambiental e incorporarlo a los planes de estudios de todos los niveles educativos. Chile, Hungría, India, México y Tailandia también están llevando a cabo esfuerzos en este sentido.
Sin embargo, los países examinados por la Iniciativa de Acceso difieren en su trato y tolerancia de las ONG ecologistas (véase Recua- dro 3.5). Estos grupos actúan a menudo como catalizadores vitales de la participación pública en la toma de decisiones pro ambiente ayu- dando a los ciudadanos a entender sus derechos de acceso a la infor- mación y dónde encontrar dicha información ambiental, además de representar a menudo a los individuos y a las comunidades en las deli- beraciones públicas y en los juicios. Así, la “Coalición de Apoyo al Desarrollo y Medio Ambiente” de Uganda educa a las comunidades sobre sus derechos, los representa en juicio y se compromete a promo- ver el acceso y la participación en la Comunidad de África del Este.
Sudáfrica es un buen ejemplo de lo que es un clima favorable a las ONG: éstas no tienen que inscribirse en el juzgado ni en ningún orga- nismo estatal para ser reconocidas como organizaciones legales, y se les permite el acceso a una gran variedad de fuentes de financiación tanto nacionales como internacionales. No sucede lo mismo en otros países. Los requisitos de la onerosa inscripción en Chile, Hungría y Uganda; la ausencia de fuentes de financiación en Uganda; y las restricciones para la financiación de ONG en India, limitan la capacidad de los grupos de interés públicos para formarse u operar en dichos países. Por tanto, la mayoría de los gobiernos pueden promover un mayor acceso mejorando la capacidad de las ONG locales y trabajando con ellas para redactar la nueva legislación, dirigir programas educativos y evaluar los puntos fuertes y débiles del acceso en los organismos de gobierno.
Para más información
Todos los resultados de la evaluación piloto de la Iniciativa de Acceso se pueden encontrar en la página Web:
http://www.accessinitiative.org. Esta página brinda el in-
forme completo: Closing the Gap: Information, Participation,
and Justice in Decision-making for the Environment; y suma- rios de las evaluaciones por países. También contiene un Guía para grupos interesados en evaluar la actuación de sus