Model evaluation

Como se ha destacado, la actividad minera juega un papel importante en los procesos comunitarios, sociales, políticos y económicos de Marmato y Quiruvilca. Esto, a su vez, ha facilitado la inserción de las mineras transnacionales en el esquema de gobernanza local.

Como señala Bebbington et al. (2008), el modelo de desarrollo rural implementado está en parte determinado por las relaciones entre el Estado, los negocios y los movimientos sociales, y las características de esas relaciones dependen a menudo de la postura del Estado. A su vez, la postura del Estado depende de la importancia de la minería para el país, del tamaño de la industria y de la eficiencia de los grupos de interés a favor de la minería. Si se aplica este planteamiento a los casos estudiados, teniendo en cuenta la tradición minera, el tamaño de las empresas mineras que operan en esas zonas y el papel central que juega la minería en la economía peruana y colombiana, se constata que el Estado tiene pocas alternativas frente a la inclusión de la actividad minera en su modo de acción, a través del otorgamiento de privilegios y prerrogativas necesarias para que desarrolle sus actividades con facilidad.

EL CHOQUE DE INTERESES

Como plantean Gordon y Webber (2008), la actividad minera casi siempre despoja una comunidad de su territorio. No solamente el territorio físico, sino el territorio entendido como construcción social instrumental en la conformación y el logro de los intereses de los actores que lo habitan. En la era del capitalismo globalizado, el interés principal de las empresas transnacionales es la integración de territorios y de su población al sistema de economía de mercado a través de la reconfiguración de dichos territorios (Mançano, S/F).

Por otro lado, los intereses de las comunidades aledañas a las operaciones mineras no son claramente definidos. En Marmato, la comunidad lucha por preservar el casco urbano y para defender las actividades de los mineros tradicionales, sobre todo. En el caso de Quiruvilca, la defensa del agua constituye el principal foco de protesta contra la minera Barrick Gold. Sin embargo, esos puntos de fricción con la empresa no constituyen objetivos como tal o intereses de la comunidad para mejorar su bienestar a futuro, sino que son actitudes defensivas contra las acciones de las empresas mineras para preservar el statu quo de su bienestar. En este sentido, mientras las mineras establecen y articulan prioridades y objetivos, la comunidad está atrapada en la lógica de la defensa y le resulta complejo definir sus intereses fuera de la lucha contra la empresa minera.

CONSULTACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Por esto, los procesos de consulta con la comunidad elaborados por Gran Colombia Gold y Barrick Gold deben ser interpretados como otra forma, por parte de la empresa, de

intervenir la población y el territorio donde operan. Por lo tanto, “el interrogante es si los intereses y las acciones de los proyectos de inversión canadienses apoyan o menoscaban

la capacidad de las comunidades para entender los proyectos propuestos y participar de manera significativa en procesos de toma de decisiones no distorsionados y democráticos”

(MiningWatch & CENSAT-Agua Viva, 2009: 22). Esos procesos, que pretenden otorgar cierto poder de decisión a la comunidad sobre los proyectos sociales desarrollados por la empresa, dependen directamente de las compañías mineras y funcionan bajo su lógica. Es decir que, si bien la relación entre las mineras y las poblaciones locales se define cada vez más en términos de lucha, en la cual los intereses de ambos son irreconciliables (Gordon & Webber, 2008), el hecho de que la comunidad no pueda definir por sí misma sus prioridades deja la puerta abierta a que la empresa minera oriente las aspiraciones y la conducta de la comunidad, y que imponga sus modalidades de funcionamiento a la misma. En este sentido, la inclusión de la comunidad en ciertos procesos de toma de decisión es otra forma de orientar la conducta de la población y ejercer sobre ella relaciones de poder que, interpretadas bajo el marco de la gobernanza, minimizan la capacidad de la comunidad para decidir su futuro, y maximizan la capacidad de la empresa para establecer prioridades y objetivos, y, sobre todo, imponerlos (Sibille, 2006). En suma, las interacciones hasta aquí descritas, contribuyen a consolidar la relación de poder a favor de la empresa minera en el esquema de gobernanza.

SUSTITUCIÓN DEL ESTADO POR LA EMPRESA

Con sus programas sociales, su estrategia corporativa que intenta “conducir la conducta”

de las poblaciones y su incidencia en la reconfiguración territorial, las empresas mineras estudiadas en este trabajo han tomado responsabilidades generalmente asociadas con el

Estado. Como lo señala Crouch (2008), las “corporaciones transnacionales se han

convertido en fuente importante de gobernanza, rivalizando con los Estados y los

mercados”. A raíz de esto, se han transformado en actores políticos (Crouch, 2008; Utting & Marques, 2009) que ocupan un lugar cada vez más importante en las dinámicas socio- políticas de las zonas donde operan. Según MiningWatch y CENSAT-Agua Viva (2009), las poblaciones locales apuntan cada vez más a las empresas para llenar vacíos en términos de servicios básicos que serían responsabilidad del Estado.

Además, la mineras estudiadas tienen precauciones para no dar la impresión de que está tomando el papel del Estado, y para distanciar sus intervenciones sociales de las responsabilidades del Estado. En Marmato, la empresa Gran Colombia Gold tiene un discurso inequívoco sobre su estrategia social:

Gran Colombia nunca va a reemplazar al Estado. Gran Colombia, lo único que hace es apoyar esas iniciativas que el gobierno municipal tiene para desarrollar. Somos un actor más que genera iniciativas. Pero en ningún momento vamos a desarrollar aquí las obligaciones que son del Estado. (Entrevista con representante de Gran Colombia Gold, 2012)

En el caso de Quiruvilca, la postura de la empresa Barrick Gold es más ambigua y refleja la importancia para la compañía de involucrarse en los procesos de desarrollo comunitario:

En algunos casos, es prácticamente imposible evitar [tomar el papel del Estado]. […] En condiciones como la nuestra donde el Estado realmente está, no voy a decir “ausente”, pero es muy débil fuera de

las ciudades más grandes, en esos casos, la expectativa de las comunidades y las necesidades de las comunidades son tan grandes que es imposible hacerse la vista gorda en relación con esto. Y muchas veces hay que tomar una decisión y asumir algunas funciones que sabemos que no nos corresponden pero que contribuyen sustancialmente a mejorar la calidad de vida a nivel local, que es parte de nuestra misión como institución digamos, es parte de nuestro mandato corporativo, generar beneficios locales. (Entrevista con representante de Barrick Gold, 2012)

Si bien Gran Colombia Gold quiere ser percibida como un actor que toma distancia con el Estado y que se inserta en la dinámica local como otro participante que quiere contribuir al

desarrollo local, la postura de Barrick Gold es más “pragmática” en el sentido que la

empresa reconoce que existen algunas lagunas estatales que la minera se propone remediar. El discurso de Barrick Gold plantea que la empresa no quiere necesariamente asumir esas funciones, pero que el entorno de baja presencia estatal, combinado con su mandato corporativo de “generar beneficios locales”, le ha obligado a asumir dichas responsabilidades. En otras palabras, esa situación donde se sustituye al Estado no fue deseada, según Barrick, sino que el contexto se le ha impuesto. En suma, ambas empresas mineras quieren proyectar la imagen de que no es su intención sustituir el Estado.

4.2 Contraste de los casos